Por: Alberto Castro

’’El policía es un juez en la calle que tiene criterios para poder, identificar e individualizar a cualquier persona’’, esto fue lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, durante la solicitud para otra prorroga más del régimen de excepción, posteriormente este mismo extracto del discurso fue replicado en un tuit por la misma PNC, como una forma de robustecer lo expresado por el titular de dicha institución, ante una inminente avalancha de reacciones que ineludiblemente habría de provocar.

Profesionales del Derecho, representantes de organizaciones que velan por los derechos Humanos y hasta el máximo representante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía MTP, Marvin reyes, han rechazado tal aseveración haciendo mostrar las diferencia en funciones que existen entre policías y jueces, dadas a partir de preceptos legales. Más allá de las críticas basadas en el ordenamiento jurídico que correctamente conducen a mostrar lo equivocado que está Arriaza Chicas, en sus declaraciones, pero más atención merece la declaración de intenciones que están por encima y, es ahí donde debemos centrarnos.

Dimensionando las palabras de Arriaza Chicas       

Lo que el director de la PNC dijo no debe medirse únicamente bajo el marco normativo, sino más bien por lo que de facto se le ha atribuido a la PNC desde el inicio del régimen de excepción, porque es a partir de ahí que ha sido develado con más descaro su naturaleza como cuerpo represivo, además se puede ver la orientación clasista bajo la cual actúa junto a la Fuerza Armada de El salvador (FFAA), enfocados de manera enfática sobre las áreas territoriales donde las organizaciones pandilleriles ejercían, hasta hace unos meses atrás control de territorios, de modo que las operaciones represivas, que son ejercidas con métodos de guerra civil se están desarrollando donde viven la clase trabajadora y los sectores populares, la guerra contra las pandillas es al fondo una violencia política orgánica, donde se exime de ella a la clase media y burguesía. Todo el que viva donde antes controlaban las maras y pandillas son objeto de sospecha, al mismo tiempo preventivamente se ha disminuido la posibilidad de respuesta ante tal acecho.

Prestemos atención al hecho que el bukelismo reprime mediante el encarcelamiento/asesinato de líderes y dirigentes sindicales y populares,  pero es indemne a respuestas, esto porque con su propaganda ha convencido incluso a sus propias víctimas que su proceder es necesario, se apoya en la muestra de las estadísticas de homicidios y en la evidente desaparición física de las organizaciones pandilleriles en las calles, por tranquilidad  se ha concedido la tolerancia  a los abusos del Estado, pero esta tranquilidad no es duradera y con el tiempo conoceremos que no ha sido una solución real, es otro problema que toca cuanto antes tratar. Entre tanto los agentes de la policía tienen la carta blanca para reprimir y ejercer violencia sin ninguna consecuencia legal, de modo que tienen impunidad, la que es garantizada por el bukelismo.

La seguridad es una artimaña que esconde el verdadero mal

Las palabras del director de la PNC son declaración de intenciones, las debemos dimensionar al nivel mismo de la amenaza que encierran, porque es de prestar cuidado al peligro que envuelve el que, elementos de la PNC tengan amplias facultades para actuar con  criterios no determinados por razonamientos ajustados al ordenamiento jurídico, en su lugar se dejen guiar por la simple libertad de actuar según se les antoje; ser juez y parte ante cualquier circunstancias que se les presente.

  La libertad discrecional quedaría relevada por  la arbitrariedad dictada por el capricho o la voluntad del agente policial que podría ser racional o no irracional. Esto es un retroceso el cual se supone había sido superado, donde los cuerpos represivos persiguen y juzgan sin las garantías ni el debido proceso, por tanto la clase trabajadora que ha sufrido durante décadas el accionar de las pandillas, y ahora ha sido cubierta por la falsa idea que se debe apoyar el régimen de excepción, pues todos los atropellos por parte del Estado son necesarios y convenientes, es momento de rechazar tal farsa y combatirla.