Por: Alberto Castro  

Desde que la criptomoneda digital bitcoin empezó gradualmente a caer finales de 2021, el bukelismo ha reducido la promoción de la publicidad masiva que había desarrollado alrededor de eso; en noviembre de 2022 el bitcoin descendió en un ritmo de 52 semanas a 15,000, para no dar su brazo a torcer Bukele en Twitter dijo que durante este lapso de baja El salvador compraría un bitcoin por día.

Esta moneda después de 9 meses volvió nuevamente a superar los 30,000 dólares, lo que en cierta medida vuelve alentar las expectativas al respecto, por tal motivo es importante separarse de la propaganda oficial que decora a esta criptomoneda como si fuese un regalo del cielo donde todo es positivo, pero con los resultados obtenidos solo podemos hablar de perdidas, sí, de pérdidas de fondos públicos utilizados irresponsablemente por el Gobierno de Bukele-GANA-NI.      

Las oscilaciones internacionales y las perdidas nacionales         

Cuando se ve a las criptomonedas resalta una característica, su volatilidad, entendiendo esto como la variación sobre la cotización que dichos activos producen en periodos de tiempo determinados. Bukele cuando hizo la publicidad previa a la legalización como curso legal, sin embargo, en ella no advirtió al pueblo salvadoreño sobre el riesgo que existe ante la inestabilidad de su precio. No obstante, las críticas externas lo hicieron, pero fueron diseminadas ante la enorme publicidad montada por su aparato propagandístico, sin oposición y sin rendición de cuentas claras Bukele ha comprado Bitcoins al nivel de apuestas. Según cálculos de analistas de riesgo, El Salvador ha comprado 2,546 bitcoins, a un precio de 108 millones de dólares, en este periodo de tiempo las oscilaciones se sitúan en dirección a la baja y no al alza, a propósito que su máxima la registró en noviembre de 2021 cuando alcanzó los $70,000, en la actualidad se cotiza, como se puede constatar a menos del 50% de aquel precio. De $108 millones El Salvador presenta una pérdida de $77 millones, lo que significa el 29% menos del precio que se pagó por cada unidad de bitcoin.         

¿Está beneficiando al pueblo esta criptomoneda?

En un inicio se presentaba al bitcoin como   una apuesta que atraería inversionistas, a través de la entrada como moneda de curso legal, se creía que resolvería los inconvenientes que la mayor parte de la población tiene en cuanto a las transacciones bancarias, al ser único requisito tener un teléfono smartphone para la instalación de la billetera digital CHIVO WALLET, que elimina cualquier obstáculo de acceso a la circulación de dinero y mercancías, siendo una alternativa para el envío remesas que constituyen el 20% de PIB pues sus transacciones son gratuitas, a pesar de eso solo el 2% del total de remesas han sido realizadas a través de Chivo Wallet. Otra de las proyecciones era el minado con energía geotérmica, dentro de la surrealista construcción del bicoincity que no es más que la visión de un paraíso fiscal, y como tal un paraíso para los bitcoiners a nivel mundial, pero la inversión extranjera no es la esperada. La veterinaria Chivo Pets fue creada y financiando a partir de préstamos y no por ganancias producidas por la venta de bitcoin, lo que esto tampoco es la mejor cara de este proyecto. Con las escasas regulaciones, el lavado de dinero y la corrupción se han favorecido de esta billetera digital.            

Lo que se esperaba y lo que se tiene          

El bitcoin era destinado principalmente para atraer inversionistas, por tal motivo todo el esfuerzo por mostrarse al mundo como un paraíso fiscal a los inversores de criptos, no estaba enfocado en favorecer a la mayor parte de la población en sí, sino que generalizar el uso del bitcoin a un nivel electrónico que equipare o supere al dólar, creando una atmosfera de seguridad al inversor y una imagen a nivel global del éxito de esta aventura. Nada de eso ha sido así. Como podemos constatar no hay ganancias para el país del bitcoin, al momento solo tenemos perdidas, tampoco la inversión extranjera amortigua los invertido. Lo más adecuado es que el Gobierno deje de invertir sin antes recuperar lo invertido, la testarudez de Bukele es bastante cara.

Por Erika Urbina

El jueves 30 de marzo la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto No 709 que faculta “…al Ministerio de Educación para nombrar a partir del 1 de enero de 2024, con plaza por Ley de Salarios, a los docentes interinos que hayan sido nombrados como tales hasta el 31 de diciembre de 2023…” (DEM. 31/03/23). Al momento de cerrar esta edición, el Decreto No 709 todavía no había sido publicado en el diario oficial

Al respecto Walter Alemán, diputado de Nuevas Ideas manifestó: “…Considero importante dignificar el sector de docente, su rol es muy importante porque forman en las personas una base de conocimiento que se transforma en cualquier profesión u oficio". Cabe señalar que dicho Decreto además de sus ilegalidades, en realidad no significa una verdadera significación del sector docente ya que solo beneficia un reducido número de Docentes, agregado a ello además de los docentes existe un sector administrativo y de servicio generales contratado por los CDE cuyo trabajo también es importante.

Reducido número de beneficiados.

Cómo parte de las disposiciones el decreto señala que: que la asignación de plaza no es aplicable a los profesores interinos que están cubriendo plazas en los casos de docentes suspendidos, inhabilitados, subsidiados o becados, igualmente a los que tengan licencias por enfermedad, maternidad o sin goce de sueldo.

Lo anterior implica que        los docentes interinos que están cubriendo dichas plazas, una vez las personas que están cubriendo lleguen de nuevo a ocupar su puesto, los interinos que no beneficio el decreto quedarán sin trabajo, mientras que otros de un solo se las darán, y no es que se esté en contra de que se las otorguen sino que dichas plazas deberían de ser para todos, más aún cuando las personas ya tienen tiempo laborando.

Trabajadores contratados por CDE también deben pasar a Ley de Salarios

Respecto a la aprobación de dicho Decreto Érick García manifestó: “En el pasado, se prometió dignificar a este sector y nunca se hizo nada. Hoy les estamos cumpliendo y saldado una deuda histórica”. En realidad, la histórica deuda que el Estado tiene con los docentes no se ha saldado con dicho Decreto. Pero no solo esa deuda histórica existe a nivel de educación sino también existe una deuda con los trabajadores contratados por los Consejos Directivos Escolares (CDE) los cuales funcionan desde 1997, entre dichos trabajadores se encuentran secretarias, conserjes, personal de limpieza, seguridad, docentes, niñeras, psicólogos, etc.

Trabajadores contratados por los CDE, se están pronunciando y le hacen el llamado al Presidente Bukele, a los Diputados y al Ministro de Educación a qué se salde la deuda histórica con ellos mediante la aprobación de un Decreto que les permita ser contratados por Ley de Salarios.

Los trabajadores contratados por los CDE consideran una buena noticia dicho Decreto para los docentes interinos beneficiados quienes realizan una importante labor en la formación académica pero también consideran importante el trabajo realizado por ellos y a la vez denuncian los atropellos sufridos cómo son: atrasos salariales, amenazas de despido, acoso laboral, discriminación, etc, es por ello que hace el llamado a ser contratados por Ley de Salarios.

Sindicatos señalan irregularidades

Dicho Decreto no ha sido bien visto por los sindicatos de Educación, quienes han señalado una serie de irregularidades, Jorge Villegas de Bases Magisteriales considera que “La Asamblea Legislativa violó una vez más la Ley de la Carrera Docente. Claro que la violó legalmente hablando" (LPG.1/04/23), Carlos Olano, secretario del Sindicato de Una Educación Para Todos (SINDOPETS) considera que el Decreto "solo viene a violentar los derechos (de maestros) que tienen años esperando una oportunidad para obtener una plaza en el sector público". Si bien todos necesitan del trabajo se debe respetar los procedimientos ya establecidos.

Daniel Rodríguez del Sindicato de Maestros y Maestras de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) hace señalamientos concretos manifestando: “a todas luces" se evidenció que la "desesperación" de los directores departamentales, de Pineda y el presidente Nayib Bukele "por nombrar interinos en todos los centros escolares, pasando por encima de los CDE era con esta intención: dejar con plaza a los docentes que son parte del comité de aplausos de Nuevas Ideas"( LPG. 1/04/23).

Lo grave del Decreto es que violenta procedimientos y organismos de Administración conjunta de la Carrera Docente establecidos en la Ley de la Carrera Docente. Así mismo, traslada funciones del Tribunal Calificador (integrado por tres miembros propietarios, nombrados: Dos por el Ministerio de Educación y uno por los educadores) al Ministro de Educación. De esta forma está dejando los organismos de dirección en donde tiene participación los trabajadores solo como figuras decorativas.

Todos a luchar unidos

Docentes, trabajadores administrativos y trabajadores contratados por los CDE debemos realizar acciones de cara a qué se respete la Ley de la Carrera Docente, se apruebe un Decreto en donde todos los trabajadores de los CDE y los Docentes interinos sean contratados por Ley de Salarios y se respeten los debidos procedimientos.

Por Raquel Fernández

El 14 de diciembre del 2022 el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) realizó su Asamblea General en donde fueron electas las personas que desempeñan los cargos de la Junta Directiva, Comisión de Honor y Justicia y Comisión de Hacienda. Durante la campaña solamente dos colectivos hicieron campaña, estos fueron Fuerza STISSS lidera por Ricardo Monge (padre) y NuevoSTISSS liderado por Ricardo Jesús Cornejo (hijo), quien logro aglutinar a la oposición, pero el día de las elecciones la bandera de dicho colectivo no apareció en las papeletas de votación, ante lo cual tuvieron que realizar una Asamblea paralela, siendo al final el Colectivo de Fuerza STISSS de Ricardo Monge (padre) quien obtuvo el reconocimiento legal por parte del Ministerio de Trabajo.

Un pequeño balance

Partiendo que ambos colectivos persiguen el mismo objetivo, lo ideal hubiese sido integrar una sola planilla. Entre otros aspectos a señalar es la confusión que en que entraron   las bases del STISSS desde el mismo hecho que padre e hijo se enfrentaban. La dirección del colectivo Nuevo STISSS en ningún momento hiso pública la planilla de los trabajadores que integrarían la Junta Directiva y las respectivas comisiones, agregados a ello la falta de negociación el día de la Asamblea para lograr que se incorporara la bandera del Colectivo Nuevo STISSS. En los hechos la Dirección del Colectivo Nuevo STISSS han aceptado el gane de Fuerza STISSS, lo cual ha sido la mejor decisión, aunque una parte de los simpatizantes de dicho colectivo les quedo un sin sabor.

Las cartas están tiradas, Fuerza STISSS continúa con la dirección del Sindicato. La realidad está haciendo reaccionar a los afiliados y están surgiendo diversas opiniones entre ellas las más importantes son: desafiliarse del STISSS o continuar afiliados. Lo anterior requiere un amplio debate entre las bases del sindicato.

La desafiliación no es opción

La falta de un bono o incentivo económico como el que están recibiendo los médicos, el aumento del costo de la vida, los abusos de las jefaturas son el argumento para desafiliarse, o frases como el Sindicato no está haciendo nada. Este sentimiento es instrumentalizado por quienes promueven la opción de la desafiliación, vale señalar que parte de los que promueven dicha opción en muchos casos no están afiliados al STISSS y/o pertenecen a otros de los sindicatos del ISSS e inclusive no mantienen ninguna relación laboral con el ISSS.

En quienes hacen eco el llamado a la desafiliación o bien terminan renegando de la organización sindical y terminan desarrollando un espíritu antisindical, o se integran a otros sindicatos ya creados quienes buscan llevar aguas para su molino. Las bases deben saber que al desafiliarse del STISSS, significa un debilitamiento, más aún cuando se está próximo a una negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

¿Un nuevo sindicato? ¿Para qué o quiénes?

En el interior del ISSS existen quienes bajo los mismos argumentos de la desafiliación están promoviendo la creación de un nuevo sindicato, el cual vendría a sumarse a los ya existentes creados en la época de los gobiernos del FMLN.

Para quienes plantean dicha iniciativa consideran que la administración del Sindicato, no está haciendo mayor trabajo por la defensa de los trabajadores y por mejoras prestaciones económicas y el sometimiento que tiene con el gobierno y las autoridades del ISSS, son de la idea que aunque le ganaran las elecciones del STISSS, el ministerio de Trabajo no los reconocería, olvidándose que de igual manera es el mismo Ministerio de Trabajo quien deberá dar el reconocimiento jurídico a un nuevo sindicato, y que la máxima autoridad del ISSS es el Concejo Directivo del cual Rolando Castro Ministro de Trabajo es miembro.

Los trabajadores y afiliados al STISSS deben luchar por qué se mantenga la independencia política respecto a los partidos políticos del régimen, aunque a nivel personal cada quien es libre de tener su opción política partidaria. El llamado es a todos los afiliados a mantener su afiliación y a quienes no están afiliados a afiliarse.

Sigamos afiliados, unidos, exijamos el bono y defendamos el Contrato Colectivo

Lo más indicado es que los trabajadores afiliados al STISSS se mantengan como tal y que hagan uso de sus derechos de optar a cargos de dirección dentro del sindicato, conformen sus colectivos o creen una amplia unidad con los ya existentes y participen en las elecciones ya sea bajo una misma planilla representativa de los sectores o planillas diferentes, lo importante es que se mantenga la Democracia sindical al interior del STISSS y que las bases no se vean amenazadas por el simple hecho de disentir con la dirección.

En estos momentos lo primordial es fortalecer al STISSS exigir un bono de $3000 para todos los trabajadores y empezar a trabajar en propuestas de mejoras al Contrato Colectivo de Trabajo, ejemplo es la defensa del Fondo de protección en donde se debe exigir que sea la patronal quien pague la gratificación del tiempo laborado. La dirección del STISSS debe mantener la democracia interna y evitar expulsiones sin el debido proceso y sin causa justificada. Este es el momento de la unidad y de lucha para obtener un Contrato Colectivo de Trabajo con mejores prestaciones económicas y laborales.

Por: Salvador Belloso          

El próximo viernes 27 de marzo cumplirá 1 año desde que El salvador está bajo régimen de excepción, Nayib Bukele, se alza sintiéndose victorioso de haber logrado (y en verdad lo ha logrado), encestar duros golpes a las pandillas que operan en el país, desmantelar el control territorial y operacional que estas agrupaciones tenían en buena parte del territorio es su mejor carta de presentación de cara a las próximas elecciones, a pesar de las críticas y de las denuncias por los abusos de las capturas arbitrarias e injustificadas, torturas y asesinatos en los recintos carcelarios, el bukelismo recurre a la trampa discursiva de justificar las violaciones a los Derechos Humanos de las personas capturadas en nombre de las mayorías, al presentarlo como necesario para el bienestar general, que los daños colateral son mínimos, si se piensa en lo positivo que resulta para la mayoría de la población.

Es necesario analizar con seriedad el régimen de excepción, pues al quedarnos únicamente con los resultados inmediatos, no habría más darle la razón a la propaganda oficial, y, se acabó el debate: militarizar el país, encarcelar en masas y torturar era la solución definitiva al problema de las pandillas. ¡Qué gran error! Porque con esta visión escasa solo se ve al fenómeno, si se descuidan las causas sociales históricas y estructurales que lo crearon habrá otras expresiones. El militarismo como solución es otro problema que es aún mayor al que tenemos que afrontar, más temprano que tarde, tomemos en consideración que la realidad es compleja y cambiante. 

El fracaso de las medidas de seguridad y el fin de las negociaciones     

El régimen de excepción como medida empleada para combatir a las pandillas surge a consecuencia de dos aspectos importantes: 1) El fracaso del Plan Control Territorial, y 2) El rompimiento de las negociaciones del Gobierno con las principales pandillas. El Plan Control Territorial, fue una extensión de los mismos planes de seguridad que se aplicaron desde las Mano Dura 1, 2 y 3, esquemas repetidos por los Gobiernos del FMLN y empleada tal cual por este Gobierno, sin embargo la variante era ampliar el empleo de elementos de la Fuerza armada de El Salvador (FAES), en el acompañamiento de las tareas de seguridad, pero tenía como complemento la focalización de territorios, siendo estos los municipios: 12 municipios priorizados son San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana.

Con el despliegue de 2,500 policías y 3 mil militares dio inicio la tarea de cercar las zonas y atacar frontalmente a las estructuras pandilleriles, en este plan también se realizaron traslados de reos pertenecientes a las pandillas para impedir que sus líderes quienes cumplen condena orquesten ordenes, así desorientar a los palabreros libres lo que permitiría a las operaciones tener mejores efectos. Las negociaciones fueron el detonante de la ola de asesinatos que en el último fin de semana de marzo de 2022 registró alrededor de 80 muertes violentas en tan solo dos días, las investigaciones periodísticas así como de la Fiscalía General de la República (FGR), antes del agente del Bukelismo Rodolfo Delgado, muestran que hubo negociaciones de este Gobierno, en 2020 se suscitaron negociaciones con las organizaciones de pandilla: Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18-fracciones Sureños y Revolucionarios-, según manifiesta dichas negociaciones traba la reducción de los homicidios, posteriormente se intentó ocultar las evidencias de esto, según la misma fuente periodística el Grupo Especial Antimafia, que dirigía la investigación “Catedral”, incautó en 2020 documentos oficiales de Centros Penales, esta investigación fiscal se detuvo con la entrada en funciones del fiscal servil a Bukele.

En un intento de ir por encima de las críticas del fracaso del Plan Control Territorial, el Fiscal general Rodolfo delgado, en octubre de 2022 manifestó que este plan fue una fase previa al régimen de excepción, porque le permitió a la FGR recabar importante información. Si tomamos como valido esto entonces habría que suponer que el régimen de excepción estaba dentro de un plan preconcebido y que las negociaciones caídas seguidas por la ola de asesinatos fue una obra maquiavélica para justificarlo.  

La suspensión de Derechos, un método represivo de antaño      

El poder político de la burguesía, dentro de los regímenes democráticos modernos dispone de un amplio repertorio de Derechos en favor del ciudadano, para el goce de estos Derechos se configuran las garantías como medios de ejercicio y protección incluso ante el mismo poder estatal, pero tiene una salvedad. En el constitucionalismo moderno se ha incluido una solución para aquellos casos en los que el Órgano Ejecutivo, no pueda solucionar ciertos problemas por las vías normales y permanentes, permitiéndole hacer uso excepcionalmente de medidas más violentas, pero que por su misma dimensión deben ser temporales y justificarse en atención a un inconveniente específico, siendo estas aquellas que suspenden las garantías de los Derechos civiles, no suspende Derechos en sí sino garantías para su defensa y ejercicio, un claro ejemplo de esto fue lo ocurrido en muchos países del mundo con la pandemia del COVID-19, en El salvador se decretó el régimen de excepción para obligar a las personas al confinamiento, proteger la propiedad privada de las grandes empresas e impedir movilizaciones organizadas de los desvalidos en esta crisis, este mecanismo lleva un año siendo utilizado pero bajo la especificad de ser usada para combatir a las pandillas.

En el pasado ya fueron utilizadas medidas que suspenden las garantías de Derechos civiles. Durante la dictadura militar el 28 de febrero de 1977 fue disuelta violentamente en la Plaza Libertad del centro de la capital, utilizando el fuego de la metralla en contra de los valientes manifestantes que se expresaban en contra del fraude electoral del 20 de febrero, en este contexto se decretó el Estado de Sitio mismo que fue prorrogado tres veces, estando vigente hasta el 27 de junio de 1977. Para tener más eficacia contra las organizaciones de masas en 1978, bajo la Ley de Defensa y garantía del Orden Público (Decreto 407 de 25 de noviembre de 1977), cuyo enfoque principal era coartar la libertad de expresión, reunión y asociación. En 1978, el régimen de Carlos Humberto Romero, decretó la Ley de Garantía del Orden Público, cuyo enfoque era concretamente combatir a las organizaciones guerrilleras en formación y doblegar al poderoso movimiento de masas, bajo el amparo de esta Ley el Gobierno persiguió, torturo y asesinó con total libertad, la fascista Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), del tipo paramilitar tuvo en todo este tiempo un papel importante en la aplicación de las embestidas represivas que dirigía la dictadura.

Todo esto fue una forma legal de tener un Estado de Sitio permanente con el cual las fuerzas de seguridad de esa época podían capturar e interferir la morada sin orden judicial, las masacres son la escala suprema de la violencia estatal. Para contener al movimiento de masas e impedir que el movimiento guerrillero se consolide en 1979, hubo un Golpe de Estado que dio falsas muestras de buena voluntad por parte del estado salvadoreño, La Junta Revolucionaria de Gobierno, como una nueva versión de las justas cívicas militares, nada más que un engaño que denunciaron las organizaciones revolucionarias, luego del contragolpe como consolidación de la alianza política entre las casta militar dirigente y la democracia cristiana retornaron los métodos de violencia.

El asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, dio lugar a una masiva asistencia del pueblo al funeral, esta enorme concentración fue disuelta con metrallas, tras la masacre de catedral la dictadura decretó Estado de Sitio, al año siguiente, el 10 de enero de 1981 fue lanzada la ofensiva general dirigida por el FMLN, y con ello la dictadura colocó junto al Estado de Sitio, el Toque de Queda, este último mecanismo no fue prorrogado tanto como el Estado de Sitio cuya duración finaliza junto con el nacimiento de la actual Constitución Nacional de 1983, en la cual se establece el Estado de Excepción, por cierto que también se dieron algunos cambios tras el asesinato de Cayetano Carpio en Managua en 1983, en 1984 el FMLN cambia el programa del Gobierno Democrático Revolucionario (GDR), por el Gobierno de Amplia Participación (GAP), concretiza el viraje de la toma del poder por un cambio en el régimen donde se prevé la participación política de sectores progresistas de la burguesía. De aquí en adelante no se volverá a saber hasta 1989 con la Ofensiva General Hasta el tope, tanto del Estado de Sitio como del Toque de Queda.       

El bukelismo se sustenta en el engaño      

Las pandillas, al igual que el bipartidismo, generaron hartazgo entre la mayor parte del pueblo salvadoreño, ha caído en el engaño que hace el bukelismo acerca de lo necesario que ha sido y la importancia que continúe el régimen de excepción para acabar con las pandillas, esto explica por qué pese a los abusos y de todo tipo de violaciones hacia la clase trabajadora y sectores populares, existe una alta aprobación popular. Ante esto Nayib Bukele, hace alarde de haber logrado lo que nadie más hizo antes que él; acabar con las pandillas y es ahí donde logra sobrellevar el que hayan sido expuestas las negociaciones que tanto él como algunos de sus funcionarios tuvieron con las maras y pandillas.            

Acabemos con el régimen de excepción     

A fecha de esta publicación son más de 65,000 capturas por el régimen de excepción, dentro de las cárceles 400 personas han sido asesinadas, esto es preocupante y debe ser detenido inmediatamente pues la forma de actuar de los agentes policiales y efectivos militares es de absoluta libertad e impunidad como en el pasado, su enfoque al ser de criminalizar la pobreza va encaminada a reprimir al pobre solo por su condición.