Luis Guillermo Solís, primer presidente de Costa Rica por el PAC

Por José René Tamariz Corea

Luis Guillermo Solís, como candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), llegó a la Presidencia de la República con la más alta votación de la historia de Costa Rica. Un poco más de un 1,3 millones de votos. Esta histórica y gran votación le ha dado una fuerte credibilidad y legitimidad entre amplios sectores de la población. Sin embargo, el PAC solamente obtuvo 480 mil votos a nivel de la Asamblea Legislativa, constituyendo la segunda bancada parlamentaria desde el punto de vista numérico, ya que la primera la conforma el Partido Liberación Nacional (PLN) con 18 diputados. Esta gran diferencia entre la votación a la Presidencia de la República y al Congreso y la cantidad de diputados obtenidos por el PAC, constituye la primera gran debilidad del gobierno de Solís, ya que está sometido a las presiones de otras fracciones y obligado a hacer concesiones en las negociaciones y pactos

Por otro lado, aunque la alta votación de Solís constituye una gran fortaleza de este gobierno, ese resultado es frágil y volátil, ya que en la actualidad no existen, como en el pasado, lealtades políticas partidarias estructurales y permanentes; esto se constituye en otra fuerte debilidad del actual gobierno. La desaparición del bipartidismo (PLN-PUSC) es la más clara y contundente manifestación de la crisis del sistema de partidos políticos, base sobre el cual se asentaba el funcionamiento fluido del Estado, régimen y gobiernos en Costa Rica. El surgimiento del sistema multipartidista, y por ende, de los partidos emergentes, como el PAC, es endeble, raquítico y sin cohesión; lejos de resolver los grandes y serios problemas que enfrenta la población, ha empantanado y empeorado los problemas tanto de la población como del sistema económico, social y político.

¿Por qué triunfó el PAC?

El triunfo y ascenso al poder del PAC y Solís es el producto de la combinación de múltiples factores, que ha generado un descontento masivo en la población. Entre esos factores se encuentran, la corrupción generalizada y masiva del aparato del Estado por parte de los partidos tradicionales (PLN-PUSC); el estancamiento de la pobreza por dos décadas continuas; el crecimiento año tras año de la desigualdad y, por ende, el aumento de una pequeña capa de empresarios súper ricos y la incapacidad de las diversas instituciones estatales de brindar servicios básicos de calidad a la ciudadanía. Un ejemplo de ese “estilo de desarrollo” lo constituye el sector privado, en donde el número de multimillonarios aumentó de 85 a 100 del 2012 al 2013 “Un estudio de la firma Wealth X, originaria de Singapur, detectó que la cantidad local de individuos que registra como mínimo $30 millones en activos pasó de 85 a 100 en los últimos meses. Estos millonarios serían poseedores de cerca de $14.000 millones, un 16,7% más de lo reportado en 2012 y alrededor de una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) del país.” (Semanario El Financiero N° 950, del 16 al 22 de diciembre del 2013, página 12). Asimismo, en el país se encuentra un reducido y selecto grupo de individuos denominados de “alta renta” que “… registran ingresos mensuales por encima de los $60.000”, es decir que tienen ingresos mensuales por más de ¢ 30 millones al mes (Ídem).

La base estructural y económica del descontento social y político de la población está determinado por el “nuevo estilo de desarrollo”, iniciado, desarrollado y consolidado desde los años 80 que ha producido una sociedad cada vez más desigual, excluyente y menos democrática. La democracia en una sociedad no solo se mide por las libertades formales, políticas e individuales, sino también por los derechos económicos, es decir, las relaciones económicas y el trabajo. Lo anterior significa tener asegurado el derecho a un trabajo digno para todas las personas, lograr un salario mínimo que permita la subsistencia de los trabajadores y sus familias, obtener una jornada de trabajo que no sea extenuante y embrutecedora, que permita el tiempo para que los trabajadores participen activamente en la política. Todo esto no existe en Costa Rica.

La gran cantidad de personas que le dan su voto al Presidente Solís, lo hace no porque sean bases del PAC, sino bajo las grandes expectativas de que su gobierno resuelva los grandes problemas generados por ese injusto y desigual “estilo de desarrollo” impuesto desde los años ochenta. La gran votación a favor de Solís, no es un cheque en blanco otorgado por la ciudadanía hacia él, su partido y gobierno, sino que, en el fondo, está condicionado al cumplimiento de las promesas realizadas durante la campaña electoral, así como en la solución de los graves problemas de la injusta distribución de la riqueza y de las posesiones materiales que se han producido en detrimento de las grandes mayorías a lo largo de 30 años.

Una “tregua política”

La población de forma espontánea le ha otorgado al Presidente y su gobierno un chance y tiempo prudencial para que resuelva los problemas que son graves y serios. En los hechos se vive una especie de “tregua política” que, potenciada por la política de conciliación y confianza de las dirigencias sindicales en el gobierno de Solís, ha disminuido significativamente el nivel de lucha y de movilización de los trabajadores y otros sectores populares en contra del nuevo gobierno. El otorgamiento de algunas “concesiones” materiales a los trabajadores (ajustes salariales), al movimiento estudiantil (incremento del FEES), aumento del régimen de pensiones no contributivas (15%) y algunas poses favorables hacia el movimiento diversidad, han logrado, con el apoyo de las dirigencias de esos sectores, prevenir y desmontar las movilizaciones, luchas y huelgas, bajando significativamente el nivel de conflictividad social, es decir, de la lucha de clases. Además, la política del gobierno de montar mesas de diálogo y negociaciones con los diversos sectores sociales apunta a prevenir y evitar las luchas y movilizaciones. No obstante, así como el gobierno de Solís ha creado grandes expectativas, de no cumplir sus promesas y resolver los problemas que aquejan a la población, asimismo puede ser su desgaste, deterioro y caída.

El gobierno pierde confianza

La pérdida de confianza del gobierno de Solís en los primeros cien días fue mayor que cualquier gobierno anterior. Según el Semanario Universidad “El arranque del gobierno de Solís reportó la caída más grande en la confianza de los consumidores en sus primeros 100 días, al pasar de 49,6 puntos de confianza en mayo a 43,7 puntos para el mes de agosto”. (Semanario Universidad, 03/09/14). Esta pérdida de confianza en el gobierno de Solís fue compensada coyunturalmente por las denuncias de corrupción que realizó el Presidente de la República en su discurso de los 100 días brindado el jueves 28 de agosto.

Sin embargo, una reciente encuesta de CID-Gallup, muestra una nueva caída en el respaldo de Solís. Éste pasó de una opinión favorable del 65% al 61% del mes de mayo al mes de setiembre. Ese respaldo se ubica entre los más bajo de las tres últimas administraciones (Pacheco, Arias y Chinchilla). Estas encuestas solo son sintomáticas de lo que puede ser el futuro inmediato del gobierno de Solís si no cumple con sus promesas.

¿Cuál es el proyecto de Solís?

En una entrevista realizada al Presidente Solís por el periódico “La Nación”, él esboza su proyecto político estratégico para Costa Rica. Él plantea que su proyecto es “Recuperar el Estado social de derecho es recuperar el centro costarricense. Nunca hemos tenido miedo a un Estado benefactor y potente. Hay que recuperar la conciencia de que hay que invertir en la gente, y eso es algo que habíamos hecho desde hace mucho, por el modelo de desarrollo y por la ineficiencia. Hay programa clientelares que no estaban cumpliendo”. (La Nación, 05/09/14). Está claro el proyecto económico-político, el cual pretende resucitar el Presidente Solís. Sin embargo, la pretensión de Solís es como la de querer revivir un muerto. No es viable. Debemos recordar que la “Segunda República”, creada y desarrollada por el bando triunfador, encabezado por José Figueres Ferrer, en el conflicto político-militar del año 1948, impuso el denominado “Estado benefactor”. En el fondo y en los hechos, este fue el resultado de la lucha de clases más intensa que se ha producido en la historia nacional.

En el fondo, el proyecto de Solís es tratar de que convivan el modelo neoliberal y el Estado social de derecho, lo cual es imposible. Es una visión y concepción típicamente pequeñoburguesa, irrealizable. Como parte del intento de revivir el cadáver del Estado benefactor, el gobierno de Solís está aumentando el presupuesto en un 24% para el año 2015 del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). De ahí que “El Gobierno dará prioridad a la producción de arroz, frijoles, maíz blanco, carnes de res y de cerdo, leche, papa y cebolla…”. (La Nación, 12/09/14). Esta política apunta a apoyar a los sectores pequeños y medianos productores del sector rural, es decir, a la pequeña burguesía del campo. Asimismo, el gobierno de Solís tiene como política a nivel centroamericano, tratar a este mercado como una extensión del mercado interno. De conjunto su política apunta a potenciar y desarrollar el mercado interno.

Para volver al “Estado benefactor” el Presidente Solís tendría que desmantelar toda la estructura estatal, institucional y política creada y desarrollada por el neoliberalismo, encabezado y dirigido por el PLN-PUSC, desde los años 80. Lo anterior significaría, en primer lugar, sacar del aparato del Estado “… a los sectores empresariales y a un conjunto de fundaciones y asociaciones de tecnócratas estrechamente vinculados con las cámaras empresariales,… cuyos integrantes son reconocidos dirigentes de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana se han valido del control monopólico de la institucionalidad estatal para hacer valer sus intereses sectoriales como si fueran el interés general, lo que representa un proceso novedoso de corporatización de sectores estatales..”. (Blanco, 2014: 5). En segundo lugar, también significaría cambiar el llamado “estilo de desarrollo”. Todo ello conllevaría a un enfrentamiento con la oligarquía, la burguesía y el imperialismo, lo cual Solís, su partido y su gobierno burgués no están dispuesto a realizar.

Las contradicciones del gobierno de Solís

Producto del intento timorato de realizar algunas medidas en la dirección de implementar su proyecto de “Estado social de derecho” y, por ende, de “invertir en la gente”, así como de otras poses socialdemócratas, el gobierno de Solís enfrenta contradicciones y ataques tanto internos, dentro del PAC, dirigidos por el diputado Ottón Solís, como externos: cámaras empresariales, diario La Nación, calificadoras de riesgos y partidos burgueses de oposición. Estas contradicciones y ataques se han manifestado tanto por el ajuste salarial al sector privado y sector público (2,35% y 4,14%, respectivamente), como por el incremento del 14% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y por el aumento del 18,9% del presupuesto de la República para el año 2015. En estas críticas y contradicciones coinciden, en unas sí y en otras no, los sectores internos y externos al gobierno. Como se puede observar, los sectores corporativos neoliberales no están dispuestos a aceptar y permitir ni siquiera que el gobierno de Solís “invierta en la gente”, aunque sea un poquito.

Sin embargo, existen críticas y contradicciones hacia el gobierno de Solís que son propias de la burguesía y sus cámaras empresariales. Entre otras, se encuentran los siguientes señalamientos: el levantamiento del veto de la calle 13, las dos medidas del plan anti evasión fiscal, contempladas en el Proyecto para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y la retención, por parte de los bancos a todos los comercios, del 2% por todos los pagos que se realicen con tarjetas de débito y crédito, esto último, debido a la presión de los banqueros será reducido al 1,77%. Al final, todas estas contradicciones y presiones de los diversos sectores neoliberales, tanto dentro del PAC como externas, terminarán llevando al redil neoliberal al gobierno de Solís. El margen de maniobra de Solís es limitado y su capacidad para seguir haciendo concesiones económicas, producto del alto déficit fiscal y bajo crecimiento económico, se agotan rápidamente, lo cual lo llevará a una política neoliberal pura.

Caracterización del gobierno de Solís

En realidad, desde el punto de vista sociológico, el gobierno de Solís es un gobierno de la pequeño burguesía académica, ilustrada. Tanto por la composición física y social este es un gobierno de las clases medias. Por un lado, el 34% del gobierno está conformado por académicos de la UCR y la UNA. Un 24% está integrado por mandos medios de los ministerios e instituciones públicas que, probablemente pertenecen o pertenecían al PLN-PUSC y se pasaron al bando ganador. Un 8% de los integrantes del gobierno provienen directamente del sector privado, aunque no existe dentro del gobierno ninguna figura o personaje puesto directamente por sectores empresariales.

Por otro lado, desde el punto de vista de la base social de apoyo, el gobierno de Solís es un gobierno de sectores de clases medias de las zonas centrales del país. El triunfo de Solís y del PAC constituye un hecho y fenómeno del valle central. Recordemos que la votación tanto de Solís como del PAC fue muy baja en las zonas costeras, ubicándose en segundo o tercer lugar en esas zonas, de ahí que el PAC no logró sacar diputados en Guanacaste, Puntarenas y Limón, lo cual también constituye otra de las debilidades del nuevo gobierno.

Sin embargo, desde el punto de vista político-programático es un gobierno que representa los intereses generales del sistema capitalista, ya que sostiene dicho sistema y su modelo neoliberal, aunque tenga contradicciones con este último. Es decir, el gobierno de Solís constituye claramente un gobierno burgués, que pretende ubicarse en el centro, entre la derecha y la izquierda. Este intento de ubicación política y social y de su aspiración de proyecto político, Estado social de derecho y Estado benefactor, choca con la realidad del modelo de desarrollo existente y el cual dirige.

El gobierno de Solís: entre las mentiras de la campaña y… la realidad

Todas las promesas realizadas durante la campaña electoral por Solís crearon grandes expectativas en grandes sectores de la población que votó por él. Entre esas promesas destacan los ofrecimientos de generación de empleos, disminuir la pobreza, otorgar viviendas, bajar las tarifas eléctricas, no aplicar durante los primeros dos años de su mandato planes fiscales y otras mentiras más. A escasos cuatro meses de su mandato el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, se ha tenido que tragar todas sus mentiras electorales prometidas durante la campaña electoral y, por ello, la población comienza a perder la confianza en su gobierno. Las dos mentiras más evidentes han sido la de bajar las tarifas eléctricas y la de los planes fiscales.

El 1 de abril Solís dijo “No quiero bajar la luz dentro de seis meses. Debe ser ¡YA!”. (La Nación, 06/06/14). Sin embargo, el flamante Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el jueves 3 de julio declaró con desfachatez que “Tenemos cuatro años (para bajar tarifas)” (Ídem). El día 27 de enero, durante un debate televisivo, Solís declaró con “seriedad” que en los dos primeros años de su mandato no habría planes fiscales, pero a escasos cuatro meses ya está preparando y enviando a la Asamblea Legislativas sus primeras propuestas de planes fiscales, convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y otras iniciativas. Tamañas mentiras y engaños a la población han sido las promesas de Luis Guillermo Solís, que sus verdaderos planes y la realidad se están encargando de desenmascarar y evidenciar.

El informe de los 100 dias reflejó la impotencia del PAC

Por Ramón Sibaja

Después de un forcejeo dentro de la Asamblea Legislativa, ante la evidente hostilidad de la mayoría de los diputados, el presidente Luis Guillermo Solís tuvo que empacar maletas e ir a rendir su informe de los primeros 100 días de su gestión al modesto Teatro “Mélico Salazar”.

El origen de la división del PAC

El Partido Acción Ciudadana (PAC) ascendió al gobierno, rompiendo el bipartidismo (PLN-PUSC) en crisis, en medio de grandes expectativas de cambio de parte de los costarricenses, lo que quedó reflejado en el 1,300.000 votos en la segunda vuelta electoral, la votación más alta de la historia de Costa Rica.

Al gobierno del PAC comienzan a complicársele las cosas. Existe un cisma dentro del PAC que se refleja en la lucha de poder entre el equipo del presidente Luis Guillermo Solís, y la vieja guardia representada por Ottón Solís. Esta lucha interna hizo renunciar recientemente a Rodrigo Alberto Carazo como presidente del PAC. Otros han caído también producto del canibalismo político.

Además de las luchas propias de los grupos por el poder en los partidos burgueses, el problema central que afronta el gobierno del PAC es qué rumbo debe tomar la administración, ante las enormes expectativas de cambio, alimentadas durante la campaña electoral. Y en este punto es donde observamos que el presidente Luis Guillermo Solís va a ciegas, a tientas, tratando de encontrar un rumbo distinto a los gobiernos neoliberales del PLN, pero sin lograrlo. Por ello debe adoptar poses un tanto demagógicas, sostener un discurso populista extremadamente “ligth” (tanto que casi no se nota) que glorifica valores éticos y morales como la virtud, la honradez y la necesidad de devolver la grandeza a Costa Rica.

En esta lucha política, el presidente Solís prefiere apoyarse en las dirigencias del movimiento sindical y popular, en las ilusiones democráticas de las masas populares, antes que perder popularidad con la aplicación de medidas draconianas. Y es que la fuerza del PAC deviene de la votación, ya que no tiene estructuras de poder consolidadas. Por eso es muy sensible a los vaivenes de la opinión pública.

Por el otro lado, está la corriente de Ottón Solís que viene de experimentar un giro pragmático a la derecha, en relación a los postulados originales de la fundación del PAC. Basta recordar que Otton Solís negoció la implementación de la agenda complementaria del CAFTA-DR y el Plan Fiscal con el gobierno de Laura Chinchilla, situaciones que provocaron un desgaste político del PAC y del propio Ottón Solís.

Ahora que el PAC está en el gobierno, Ottón Solís pelea por recuperar el poder y además, como economista burgués, está muy claro que deben aplicarse ajustes, y por ello ocupa la estratégica posición de Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, encargada de tramitar el presupuesto de la nación. Las últimas declaraciones de Ottón Solís de hacer recortes presupuestarios han contado con el apoyo de los diputados del PLN, y han provocado airadas reacciones de la dirigencia sindical, siendo la más beligerante la oposición de Albino Vargas, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

El Eje de ataque: la lucha contra la corrupción

Este fue el contexto desfavorable que obligó al presidente Luis Guillermo Solís a rendir su informe de los 100 días en el Teatro “Mélico Salazar”.

Ante la imposibilidad de hacer concesiones materiales al movimiento de masas, el presidente Solís ha denunciado la corrupción existente, algo que es visible para la mayoría del pueblo. Ha comenzado una cruzada por el cumplimiento de la ley: “Costa Rica tiene que vencer sus rezagos y debe progresar bajo el imperio de la Ley. Tenemos que restablecer un auténtico Estado Social de Derecho. (…) los costos directos de los principales casos de corrupción de los últimos quince años ascienden a cerca de 60 mil 100 millones de colones (…).podrían representar (…) alrededor de un 7% de la producción nacional” (…)

El problema es que el PAC no puede cambiar esta corrupción, que es intrínseca al sistema capitalista.

Sobre el déficit fiscal

En su informe, el presidente Solís reconoció que “En el 2012, la recaudación de impuestos alcanzó el 13.18 % de la producción nacional, pero la evasión y la elusión tributaria, juntas, representaron un porcentaje mayor: el 13.37 % del PIB (…) seguimos desconfiando de los "paquetazos” fiscales que primero traban la Asamblea Legislativa y luego mueren en la Sala Constitucional. Preferimos una reforma integral pero paulatina, que no frene el crecimiento de la economía y que resulte justa para todos los sectores productivos”.

El Presupuesto del año 2015 enviado por el presidente Solís a la Asamblea Legislativa es el más alto de la historia. Aquí es donde afloran las verdaderas diferencias entre Ottón Solís y los otros partidos burgueses.

Las sonrisas de la campaña electoral han quedado atrás, ahora hay una intensa lucha de poder entre Otón Solís y el presidente Luis Guillermo Solís.

Por Ramón Sibaja

Ha comenzado una pugna por el control del gobierno y del aparato partidario del PAC. Los grupos dentro del PAC batallan por el control del poder. Existe una crisis y un enfrentamiento cada vez más abierto entre una parte de los diputados de la bancada del PAC en la Asamblea Legislativa, jefeados por el patriarca Otton Solís, y el presidente Luis Guillermo Solís. Esta pugna llevó a la caída de Iván Barrantes Ruiz, ex asesor de la imagen del presidente Solís, quien ha denunciado una conspiración contra el presidente de la república, originada en su propio partido. Luis Guillermo Solís es considerado por la vieja guardia del PAC como un advenedizo, que dio un golpe de timón en la última Asamblea Nacional del PAC y logró quedarse con el poder. Este pleito por el control del gobierno es entre dos individuos que representan diferentes políticas, lo cual todavía no es visible para costarricense común y corriente.

La bancada del PAC de 13 diputados es minoría dentro de la Asamblea Legislativa, pero ahora se encuentra prácticamente dividida, metiendo en aprietos al presidente Solís, el cual se lamenta en público: “Es importante contar con el músculo legislativo, que tenga una buena habilidad de asociarse con otros partidos. Yo prefiero una bancada fuerte, pero no me voy a quedar viendo el ocaso.” (La Nación, 13/8/2014).

Estas declaraciones del presidente Solís confirman una abierta lucha dentro de los grupos del PAC por el poder. El detonante ha sido la supuesta denuncia contra el diputadoVíctor Morales Zapata, fiel al nuevo grupo que ha tomado las riendas del poder: El presidente Luis Guillermo Solís y Melvin Jiménez, polémico pastor luterano y ministro de la presidencia, acusado de financiar la campaña del actual presidente, en detrimento del patriarca Ottón Solís, fundador y caudillo del PAC, el cual fue relegado en la Asamblea Nacional del PAC que eligió al candidato presidencial.

De hecho la alianza de diputados que permitió la elección del Directorio Legislativo el pasado 1 de mayo saltó por los aires. Por ello el diputado Gerardo Vargas, jefe de la bancada del FA, ha dicho que “ahora hay que sentarse a conversar con los grupos y convencerlos de los proyectos.(La Nación, 13/8/2014).

UCCAEP golpea la mesa

La crisis dentro de la bancada del PAC coincide en el tiempo con los reclamos de los empresarios agrupados en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Los reclamos en los pasillos se han hecho públicos.

La clase empresarial de Costa Rica creció bajo el amparo del sistema bipartidista PLN-PUSC. Están preocupados porque Costa Rica continúa perdiendo peso en el mercado regional. Las condiciones favorables que permitieron el desarrollo de la manufactura costarricense han llegado a su fin con la implementación del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR. Existe desconcierto y desesperación entre la burguesía costarricense.

Ronald Jiménez, presidente de UCCAEP, sintetiza el descontento de los empresarios: “Cuando el Partido Acción Ciudadana ganó las elecciones, hubo una buena comunicación de parte de don Luis Guillermo con los sectores, sin embargo hoy no percibimos la misma disposición, sino que se envían señales que generan incertidumbre e inseguridad en el sector”.

UCCAEP no está conforme con el último aumento de salarios del 4% para los trabajadores públicos, decretado por el gobierno en un afán de consolidar su base social electoral y dinamizar el mercado interno.

Las exigencias de los empresarios son claras: tarifa eléctrica y combustibles, déficit fiscal e impuestos.UCCAEP ha golpeado la mesa para presionar al gobierno del PAC a abrir “más espacios de diálogo a futuro para la toma de decisiones que requiere el país en el corto, mediano y largo plazo”.

Sin recursos, comiendo democracia

El tiempo transcurre y las expectativas de cambio siguen pendientes entre las masas. Por eso, la estrategia del presidente Luis Guillermo Solís, ante la imposibilidad de dar concesiones materiales significativas al movimiento de masas, es dar de comer democracia.

Existen dos temas, con los cuales ha mantenido en vilo a la opinión pública, mientras el quehacer del gobierno se estanca: el tema de igualdad religiosa y las concesiones al movimiento de la diversidad sexual, muy poderoso en este país.

Costa Rica es un Estado confesional. El artículo 75 de la Constitución establece que “La Religión Católica, apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento”. A pesar de ello, la cantidad de católicos ha descendido hasta un 57% de la población. El número de feligreses de las iglesias protestantes ha subido casi a la mitad de la población, transformándose en un tema muy sensible.

Debido a que no tiene los votos suficientes para una reforma constitucional, el presidente Solís ha enseñado un caramelo: un proyecto de ley de igualdad religiosa, para así ganarse a un gran porcentaje de la población. Pero aunque sea una ley ordinaria, tampoco tiene los votos necesarios, convirtiendo el tema de igualdad religioso en una campaña de propaganda política nada más.

EL gobierno del PAC es incapaz de llevar a cabo una tarea democrática elemental de las revoluciones burgueses como es la instauración de un Estado laico, donde se separa la fe religiosa del rol que supuestamente debe jugar el Estado. La consigna de Estado laico ha quedado en manos solo de grupos de izquierda, todavía minoritarios.

Otro tema candente ha sido la repuesta al movimiento de la diversidad sexual. En una actitud demagógica, Luis Guillermo Solís hizo ondear la bandera del “arco iris”, símbolo del movimiento LGBTI. Pero eso no ha sido suficiente. El respeto a la igualdad y la diversidad sexual obliga a ciertas políticas del Estado. La primera concesión material fue dada recientemente a las parejas del mismo sexo, que ahora podrán recibir atención médica en las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pero de hecho es la única.

Para calmar el descontento del movimiento por la diversidad sexual, el presidente Solís creó una mesa de diálogo que comenzará sus sesiones el próximo 16 de septiembre, maniatándolo a la incapacidad del gobierno.

El conflicto por el informe de los 100 días

No hay duda que el gobierno del PAC está chorreando sangre, no porque tenga una fuerte presión de las masas en lucha, sino por la puñaleada entre sus propios grupos. Con la división de la bancada del PAC, de hecho ha desaparecido la alianza legislativa, y se han producido increíbles reacomodos y nuevas alianzas temporales que coinciden en su crítica contra el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Sin apoyo de su propio partido dentro de la Asamblea Legislativa, sin posibilidades de defenderse ante posibles ataques, el presidente Solís tuvo que recular en su pretensión de dar un informe ante el parlamento, y conformarse con presentarlo en el modesto teatro “Mélico Salazar”, para el día 28 de agosto. La soledad de Luis Guillermo Solís crece y los grupos parlamentarios se unen en su contra.

El PUSC propone concertación

En rio revuelto hay ganancia de pescadores. La bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), trata de aprovechar las divisiones, erigiéndose como el principal grupo “bisagra” a la hora de los momentos críticos.

Rodolfo Piza, excandidato presidencial y secretario general del PUSC, ha planteado una concertación. No obstante, cualquier recomposición de la alianza legislativa implicaría alguna concesión de parte del gobierno: puestos, ministerios, etc. Los partidos burgueses negocian cuotas de poder y prebendas, y eso es lo que menos puede dar el presidente Solís.

El reformismo parlamentario del FA

En estos meses hemos visto algunos roces y reclamos discretos de la dirección del Frente Amplio (FA) al gobierno del PAC, pero no ha llegado a producirse una ruptura de la alianza política. La estrategia electoralista de la dirección del FA se concentra en enarbolar las principales demandas que agitaron durante la campaña electoral, y que por cierto ayudó mucho a obtener semejante caudal de votos, para conservar y ampliar la base social electoral del FA.

El FA ha retomado el proyecto de ley, impulsado originalmente por José María Villalta, que permita a los Inspectores del Trabajo a cerrar empresas que no cumplan con el Código del Trabajo. Aparentemente es una posición muy progresiva, pero realmente no lo es, porque le estaría dando mucho poder a la burocracia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los Inspectores del Trabajo casi siempre son comprados o sobornados por los empresarios. En vez de darle poder a los sindicatos y centrales obreras, para obligar a los empresarios a cumplir con la ley laboral, que de por sí es desventajosa para los trabajadores, este proyecto del ley la da poder a una burocracia corrupta, ineficiente y antiobrera.

Es posible que hayan algunos Inspectores del Trabajo que quieran hacer cumplir la ley, pero son una minoría, la excepción de la regla general. El FA, que se reclama como partido de izquierda, debe impulsar proyectos que le den mayor poder a las centrales obreras y sindicatos en la lucha cotidiana contra los voraces empresarios. Otra proyecto de ley presentado por los diputados del FA pretende regular los aumentos de matrículas en las universidades privadas, permitiéndole al Consejo Nacional de Educación Universitaria Privada (CONESUP) tomar medidas al respecto. Si ese proyecto de ley se aprobara, sería algo así como poner a los gatos a cuidar la leche.

En Costa Rica vivimos una situación muy particular en relación a la educación superior. La Universidad de Costa Rica (UCR) es la principal universidad estatal, pero a diferencia de otros países de Centroamérica, en ella estudian los hijos de las clases pudientes. Los hijos de los trabajadores tienen muy pocas oportunidades para entrar, y por ello terminan graduándose en las “universidades de garaje”, de baja calidad educativa, lo que se convierte en un verdadero negocio para sus dueños.

Nuevamente observamos una estrategia basada en el reformismo parlamentario y no en darle mayor beligerancia a los trabajadores y estudiantes. Debemos luchar por darle mayores recursos a la educación pública, y no por poner parches a un sistema de educación superior privada que es un negocio, tan lucrativo y tan inmoral como lo es narcotráfico. Más bien hay que cerrar las universidades privadas porque estafan a los hijos de los trabajadores, el Estado debe recuperar el monopolio de la educación pública superior, de calidad.

 Las luchas contra el Combo de privatizacion del ICE han sido las mas importantes del siglo XXI

Por Carlos A. Abarca Vásquez

INTRODUCCIÓN

La sociedad costarricense experimento otra fase histórica entre 1980 y el 2010. En ese período surgió otro ciclo económico depresivo que condensó y acentuó los efectos de la crisis de 1973-75 y de la coyuntura de revolución popular y contrarrevolución imperialista en Centroamérica. Bajaron los indicadores de crecimiento de la economía que impulsó desde 1960 la expansión capitalista, mediante diversificación de las exportaciones y la sustitución de importaciones. El pueblo nicaragüense barrió al régimen dictatorial y en los otros países los gobiernos perdieron legitimidad, hasta la firma de los acuerdos de desmilitarización de Esquipulas I y II en 1986-1987.

La restauración económica se logró en alguna sincronía con la hegemonía del capitalismo neoliberal e imperialista europeo y norteamericano durante los gobiernos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher. A través de las agencias internacionales de crédito, el “Consenso de Washington” activó una estrategia de reproducción del capital con estímulos y subsidios a las inversiones financieras, reducción de salarios e ingresos de las capas medias y alzas en los impuestos indirectos. De esa manera se crearon nuevas condiciones para pagar la deuda externa, reducir la inversión directa del Estado en funciones consensuales y ampliar el crédito exterior destinado a modernizar la infraestructura vial, la gestión administrativa, la importación de tecnologías y a mejorar obras públicas imprescindibles al comercio exterior y la circulación del capital.

Esta estrategia configuró la década 1980-1990 como un período de transición, en el cual se gestaron otros cambios. Concomitante a las crisis financieras de fines del decenio del 90 y principios del siglo XXI se impulsó en Centroamérica un neoliberalismo feudatario con una modalidad de dominación erigida sobre el bipartidismo burgués. El “modelo” tuvo vigencia entre 1995 y el 2013, pero en un clima de zozobras provocado por la inestabilidad monetaria y el alza en los precios del petróleo, como consecuencia de la expansión imperialista en el Medio Oriente y Asia.

Desde 1985 surgió otra ola de protestas laborales y sociales, y emergieron nuevos actores de clase media y popular. Al mismo tiempo, surgió una modificación estructural en las luchas sociales, sus actores y tipos de conflictos. Después de la huelga bananera del Pacífico Sur, de julio-setiembre 1984, se produjo la derrota política del sindicalismo clasista y de las luchas campesinas contra los latifundios. Entre 1976 y 1986 declinó medio siglo de exitoso desempeño del movimiento obrero y campesino de inspiración socialista.

Simultáneamente, tomaron auge el solidarismo, el cooperativismo y el sindicalismo gremial, un trípode bastante funcional a la reproducción del capital. Las asociaciones de productores agrícolas y las cámaras empresariales se volvieron beligerantes. Gremios, asociaciones y coaliciones de trabajadores del sector público tuvieron mayor protagonismo en las protestas laborales, sin liderazgos políticos claros ni unitarios. La insubordinación se volvió rasgo común entre los pobladores de barrios y comunidades relegadas. Repuntaron los grupos ambientalistas, de género y por la diversidad sexual.

Hacia 1910 la burguesía neoliberal perdió la hegemonía electoral. El ascenso al gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y una importante fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio (FA) delinearon otra correlación de fuerzas políticas en el gobierno, instituciones estatales y la gestión municipal.

Este artículo forma parte de ese entramado histórico y porta los siguientes objetivos:

  1. Observar las protestas y la diversidad del descontento popular y ciudadano en relación con la coyuntura histórica y los cambios económicos internos.
  2. Caracterizar la transformación de los procesos de disenso social entre 1980 y 2010.
  3. Describir el movimiento de cambios ocurridos en esas fases del desarrollo capitalista en conexión con la dominación global del imperialismo.    

II. REIVINDICACIONES DE LAS PROTESTAS SOCIALES

Entre 1980 y 1990 hubo en Costa Rica al menos 385 eventos de protesta laboral y conflicto social. El 45% ocurrió hasta 1985; un lapso marcado por la crisis de 1979-1983, la derrota de la dictadura somocista, la guerra contra la revolución, la controversial administración de Rodrigo Carazo y el inicio de los programas económicos neoliberales en el gobierno Monge Álvarez, con la firma del primer Plan de Ajuste Estructural. En esencia el cambio eliminó controles y normas legales a la economía de mercado, abandonó la intervención del Estado en inversiones productivas y debilitó las instituciones del Estado Benefactor.

El conflicto y las protestas de diversos sectores cubrieron toda la geografía política. Casi el 80% de eventos de inestabilidad social se concentró en el valle central, entre Turrialba y San Ramón. Hacia 1983 toma vistosidad en la región atlántica, en Puntarenas y en menor grado en Guanacaste, San Carlos y Upala. Desde 1985 estas manifestaciones irradiaron con más intensidad de la periferia del Valle Central. Asimismo, fue progresivamente en aumento entre pobladores de barrios y comunidades de San José, Limón, Cartago, Turrialba y Upala.  

La reivindicación de las condiciones de trabajo y del nivel de vida fue una lucha recurrente. El tema salarial en relación con el alza en el costo de la canasta básica y, en menor grado, con las alzas en las tarifas de buses, agua, electricidad y vivienda fue la consigna central de 136 eventos que ocurrieron entre 1980 y 1990, equivalente al 35.3% de las protestas, las cuales se expresaron en mayor número entre 1983 y 1987.

En los tres años siguientes varios sindicatos gremiales reivindicaron el salario profesional y los “pluses” por dedicación exclusiva, anualidades y escalafón. Hubo 9 eventos, en donde el tema salarial se reivindicó junto a la protesta por el alza en las tarifas de buses y/o la mala calidad del servicio de las empresas. Los habitantes de tugurios en situación legal precaria realizaron 33 protestas, entre 1980 y 1990, un ciclo que culmina hacia 1985, pues entre 1985 y 1990 se registran dos tomas de parcelas en latifundios propiedad de corporaciones bananeras.  

El deterioro de la atención hospitalaria, en particular los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, componente de las necesidades básicas de vida, tuvo escasa resonancia en las demandas y se expresó en 5 eventos. Hubo 32 reclamos por el desfinanciamiento de las universidades públicas, de la Dirección de Desarrollo Comunal y de programas de obras públicas. En ese descontento intervinieron las propias autoridades de las instituciones. En estrecho ligamen, en 10 ocasiones figuró la queja por irrespeto a las garantías sindicales y sociales, como el derecho ciudadano a protestar con bloqueos de vías públicas.      

En los primeros años del 80 el campesinado y el productor agrícola para el mercado interno, se vio afectado por la apertura al mercado mundial. En todo el país se activó la organización de los propietarios de pequeñas empresas agrícolas y de unidades productivas campesinas, a los cuales se sumaron organizaciones indígenas que defendían sus reservas territoriales de la expansión de los exportadores. (Mora A. 1992:48).

No obstante, hay que observar y distinguir los matices de clase social de esas protestas de productores. A partir de 1983 sobresale la beligerancia de la burguesía agraria. Grandes y medianos empresarios protagonizaron 38 eventos, la mayor parte dirigidos por UPANACIONAL y a buena distancia, UPAGRA. Hubo otros seis: uno que promovió la Unión de Productores de Jabillos en Buenos Aires de Puntarenas, dos de los productores de cacao de la zona norte. Demandaron mejores condiciones para producir café, maíz, arroz, sorgo, cacao, banano y papas. Exigían al Estado mejores precios o reclamos por no pago en el CNP; vías de comunicación, crédito bancario preferencial, control de precios de fertilizantes, subsidios por huracanes y reducción de impuestos. Hasta las federaciones sindicales “democráticas” lanzaron críticas a las políticas de sujeción al FMI.

En conjunto, el malestar por la desprotección estatal al sector agropecuario se manifestó en 53 acciones colectivas y hubo otras 15 en defensa del territorio e las reservas indígenas. En el Área Metropolitana, por último, los revendedores ambulantes fueron desalojados de las aceras y calles en 10 ocasiones, un fenómeno que indica el aumento de la proletarización y el auge de la economía informal como medio de subsistencia.

En esas variantes de conflicto, antiguas y nuevas agrupaciones laborales y de productores mantuvieron autonomía respecto al gobierno, instituciones del Estado y partidos políticos; no así de las centrales sindicales, y combinaron reclamos con proyectos productivos propios o financiados con deuda externa. Esa modalidad se aplicó, asimismo, en la atención parcial a demandas de casas y lotes urbanos. En 1990 estaban activos 142 sindicatos campesinos y pequeños agricultores, 126 creados entre 1983 y 1990. Otras uniones de productores que se fundaron en los años 60-70 ampliaron su radio de acción cantonal. Entre 1980 y 1988 la Unión de Productores Agropecuarios de Pérez Zeledón (UPIAV) negoció ocho pliegos de demandas con los gobiernos. (1992:49-53).  

III. VIEJOS Y NUEVOS PROTAGONISTAS

El cambio en el tipo de organizaciones que se involucran en la protesta social se percibe hacia 1980. Resurgen movimientos dirigidos por instancias con larga trayectoria de lucha en el terreno sindical, estudiantil, magisterial y profesional. Entre 1980 y 1990 los sindicatos públicos y gremios dirigieron 163 protestas laborales, el 42.3%; el mayor número promovido por trabajadores del Estado. No obstante, se acentuó la desaparición o reducción de las huelgas en la agricultura, industria, construcción, comercio, electricidad y finanzas pues éstas se declararon en el sector público. Entre 1984-87 hubo 42 huelgas: 27 en el sector público y 15 en el privado. (CEPAS, 1987: 12-13). Otras cuatro en los años 1989-90, dos de obreras textiles y dos de obreros bananeros.

En el período emergen nuevas organizaciones que se insertaron en las luchas por vivienda, la producción agrícola y pecuaria. En el primer caso hubo 32 marchas y/o mítines. Desde 1983 sobresalen las movilizaciones que impulsó Coordinadora Patriótica Nacional, COPAN, una organización trotskista creada al comenzar la década al calor de las luchas dispersas de vecinos muy pobres ocupantes precaristas de tugurios. En 1985, el 70% de la población del país afrontaba problemas de vivienda. Entre 1980-1990 COPAN dirigió 15 marchas y conciliaciones; decaen desde 1986. Habían surgido organizaciones ligadas al gobierno o al PLN, como el Frente Democrático de la Vivienda (FDV) y el Frente Nacional de la Vivienda (FNV). Los gobiernos, a la vez, tomaron el tema por la arista de la reproducción del capital y la expansión de los centros comerciales urbanos.

En 1985 las confederaciones, federaciones, asociaciones, cooperativas agrícolas y uniones de productores impulsaron muchas protestas y conciliaciones con el gobierno. Entre 1980 y 1990 se documentan 64 eventos con participación de instancias como FENAC, AICR, FESIAN, UPANACIONAL, UPIAN, UPIAV, UPAGRA, UPACOB, FEDECOOP UNACOOP y algunas uniones agrícolas de pequeños productores. Hay que incluir otros casos: uno promovido por la Unión de Productores de Jabillos en Buenos Aires Puntarenas, dos de los productores de cacao de la zona norte, cinco tomas de parcelas en los latifundios de la SFCo y la UFCo, otro por reclamo de títulos de propiedad y 15 protestas dirigidas por organizaciones indígenas. Hubo en total, alrededor 89 eventos en el sector agropecuario, lo que representa el 23% del total de protestas del período.        

Por otra parte y con intereses más articulados a la burguesía, al menos en siete protestas fueron promovidas por la Unión de Cámaras, la Cámara Agricultura, UPANACIONAL, UPAGRA, la Unión de Productores Agrícolas de Cartago, FEDEAGRO, Asociación de Productores de Guanacaste y el Frente Agrícola Nacional. Solo en el año 86 ocurrieron 20 movimientos de presión de empresarios agricultores, medianos o pequeños productores de maíz, arroz, sorgo, azúcar, ganado, banano, cacao y café. En el gobierno de Monge, en tres ocasiones dieron apoyo público al Ministro de Agricultura, Fernando Esquivel, partidario del proteccionismo. Asimismo, respondieron a las cámaras opuestas a los subsidios agrícolas. Así, la mediana burguesía agraria figura en el campo de las fuerzas sociales como disidente activo y la fracción de clase más beligerante en el conflicto entre productores y el gobierno o entre comerciantes y vendedores ambulantes.

La dinámica del conflicto social involucró a jefaturas y autoridades de instituciones como INVU, IMAS, MAG, CNP, JPS, AA, ICE, CONAI y los municipios. Esos actores se sumaron a las protestas, además de ser puntos de choque, de negociación de acuerdos y mediadores ante el gobierno central. La observación es relevante porque muestra un Poder Ejecutivo, incluido el Presidente de la República, que pretendían desmarcarse de la agitación y la presión social y dispersan las responsabilidades por el mal gobierno teniendo en mente razones electorales.

En el nivel de las luchas ciudadanas la mayor presencia corresponde a las uniones, juntas de vecinos con metas específicas, comités de barrios y asociaciones de desarrollo comunal. Entre junio de 1981 y 1990 esos organismos realizaron 87 eventos. Actuaron como frentes de choque, a veces articulados a otras comunidades y dieron las luchas contra las alzas en las tarifas de buses, de agua y electricidad. Las ASODECO fueron institucionalizadas por Ley 3859 del 7 de abril de 1967 y actuaron como entidades funcionales a las políticas de control social y extensión de las funciones del Estado en los cantones y regiones del país. Por ello, la consigna de autonomía con respecto a los gobiernos figuró en varias protestas. El 17 de junio de 1989 se creó la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, CONADECO.

IV. INNOVACIÓN Y TENSIONES DE LAS PROTESTAS

En el campo de las relaciones sociales, el clímax revolucionario en Centroamérica, tanto como la crisis económica de 1979-1983 delimitan los conflictos de clase y los movimientos populares. En esa fase de transición al neoliberalismo surgen innovaciones en la fisonomía del descontento social y en las formas de protestar. Los sujetos del conflicto convergen o se distancian de los abismales intereses de clase que separan a la burguesía y sus fracciones dominantes, de las necesidades de la clase trabajadora, grupos sociales y de la ciudadanía como sujeto político y de consumo de mercancías.        

Después de la represión que derrotó la huelga bananera del Pacífico Sur en julio-setiembre del 84, del fallido intento de huelga nacional solidaria con la UTG, de la división del PVP y las fracturas en las células, sindicatos y las coaliciones campesinas de filiación comunista, en el escenario de las luchas antagónicas entre capital y trabajo el Estado acentuó su papel mediador en beneficio de la burguesía. En el lustro siguiente también entraron en crisis otros partidos de izquierda y sus aliados electorales.    

No es casual entonces que en adelante la exaltación disidente la expresaran nuevos actores del conflicto, en apariencia carentes de filiación e ideologías contestatarias. Desplegaron otras organizaciones que reivindicaban desde años remotos derechos de las mujeres, diversidad sexual y el rechazo a la desprotección del hábitat natural. Tomaron fuerza otras luchas para mejorar la reproducción de la fuerza trabajo desde el nivel familiar. Y con ellos la diversidad de actores, reclamos, tipos de protesta y búsquedas de consensos para la conciliación política. Ahí se ubica el recio timbrar de las advertencias ciudadanas político-electorales, así como las luchas inéditas en frentes defensivo del interés cultural y la soberanía nacional.

Una muestra de 138 protestas extraída de 385 conflictos entre 1980 y 1990 evidencia cómo los habitantes más pobres del área metropolitana, trabajadores del Estado y los productores agrícolas introdujeron en sus métodos de lucha los bloqueos de rutas de libre tránsito, las marchas masivas de varios miles de personas y las huelgas cívicas o de no pago del precio de consumo del agua, electricidad o de las cuotas de vivienda con el INVU o las mutuales de crédito. Eran casi inéditas hasta 1983.

En el contexto de luchas por la vivienda la prensa dramatizó seis huelgas de hambre. El 29 de marzo de 1988 el periódico La Nación alertó: “Unas 300 personas, afiliadas el Comité de vecinos de la localidad de Chacarita-Puntarenas, destruyeron unos 200 postes de cemento y otras obras construidas por una empresa privada contratada por el MOPT, en las orillas de la pista de aterrizaje: solicitan que el campo sea destinado a obras de bien comunal”. Otro caso. El mismo periódico informó el 2 de marzo de 1988: “Vecinos de Lomas del Río de Pavas retuvieron a los ministros de Educación y Obras Públicas, quienes se hallaban en la comunidad inaugurando el curso lectivo, como protesta contra la forma de pago que impone el INVU por sus viviendas”. (Valverde: 1991: 143 y 141).    

La cifra de presentación de pliegos de demandas a las autoridades o de reuniones para afrontar conatos de protestas indica no solo una forma de presión; también fue efectiva para exigir la negociación política de las peticiones y obligar al consenso. Los empresarios y productores agrícolas utilizaron con más frecuencia ese recurso y sus demandas fueron catalizadas rápidamente, más que analizadas en conjunto con las autoridades.

Más de un tercio de la muestra confirma la persistente actividad sindical y la negociación juridicial del conflicto laboral. Sólo en el Pacífico Sur los trabajadores de las plantaciones de banano, palma africana y otros servicios fueron a la huelga en 11 ocasiones y firmaron 3 convenciones colectivas con la UFCo en los años 1980-1988, acompañados de varios conflictos agrarios y toma de predios para viviendas. (Abarca, 439 y 443). En los años 1989- 90 están documentadas 20 huelgas; una de carácter cívico y dos en el sector privado.

Asimismo, en la región atlántica también fue recurrente la invasión de latifundios y huelgas bananeras en fincas de productores y plantaciones de la Standard Fruit Co. En Limón hubo 9 movimientos de rescate de la propiedad, entre junio del 80 y diciembre del 81. Fuentes oficiales registran 35 huelgas en el sector público y las empresas privadas, en el lapso 1984-86. (Donato E. y Rojas B. 1987:123). Entre 1980 y 1987 hubo 500 casos de invasión de tierra en posesión privada, que involucró más de 7.000 familias” (Román, Isabel. 1994:68).

Conforme con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Departamento de Relaciones Laborales) de 62 huelgas producidas en Costa Rica durante el período 1986 - 1990, solamente 11 de ellas no afectaron al sector público, es decir, del total, el 82.26 % se produjeron dentro del sector.

En síntesis. La hostil coyuntura económica, la guerra contrarrevolucionaria, la retirada inicial del reformismo burgués, el implante del neoliberalismo con la apertura del mercado con subsidios al capital privado y la aprobación del PAE I y el PAEII ampliaron brechas sociales, exacerbaron antagonismos entre trabajadores y capitalistas, estimularon el malestar de pobladores, ciudadanos y otros grupos muy pobres.  

VI. PROTESTAS Y CONFLICTOS EN EL CICLO NEOLIBERAL

Después de 1995 el epicentro del neoliberalismo quedó atrapado entre ciclos depresivos y restauraciones poco duraderas. La bonanza de la década anterior se resquebrajó y vino el derrumbe monetario: “en 1994 en México, Asia del Este en 1997, Rusia en 1998 y Brasil en 1999. Entre 1994 y 1999, diez países en desarrollo de ingreso mediano experimentaron crisis financieras que deterioraron los niveles de vida, y en algunos casos hicieron caer los gobiernos y empobrecieron a millones de personas". La depresión del 2001 puso en aprietos el centro del capitalismo, seguida de los sucesos del 11 de Setiembre, y las crisis financieras en Turquía y Argentina que estallaron en el 2002. Desde el 2003 la República Popular China ocupó el tercer lugar en el volumen comercial mundial. Decayó el proyecto de dominación unipolar.

Ligado a esos ciclos, las invasiones a Afganistán e Irak aceleraron las competencias entre las corporaciones de Europa y Estados Unidos en torno a la producción y comercio de gas natural, petróleo y las posesiones sobre el continente asiático y el Medio Oriente. Luego vino la contrarrevolución norteamericana en Filipinas y Colombia. Esas ofensivas catapultaron desde octubre 2001 el repudio antiimperialista y enervaron las luchas por la paz. En el 2003 comienzan las grandes movilizaciones contra los convenios del ALCA y el TLC negociados por Estados Unidos y las élites políticas a espaldas de los Parlamentos en América Central, los países de la Triple Frontera, el MERCOSUR, CAN y en Colombia, por separado.

Como parte de la resistencia al “Consenso de Washington” en los años 2004-2006 fueron convocados los Foros Sociales Mundiales de Mumbay, Porto Alegre y Venezuela. En el 2004 se discutió la exclusión social y los intocables; en el 2005, reunidos en Venezuela, la política y el poder en perspectiva liberadora. El Primero de Mayo del 2004 tuvo carácter de celebración mundial del día de los trabajadores, con marchas espectaculares de más de 2 millones de inmigrantes en unas 35 ciudades de los Estados Unidos.

Esa coyuntura favoreció los emergentes procesos revolucionarios en Venezuela y Bolivia; la continuidad de la lucha insurgente en Colombia, acosada por El Plan Colombia y la ofensiva norteamericana sobre la Triple Frontera. Renació el reformismo de Estado en Argentina, Brasil, Chile y posteriormente en Ecuador. (Cfr. Abarca V. Carlos. Monografía destacada en: http://www.monografias.com/trabajos37/cafta-y-alca/cafta-y-alca.shtml) En Centroamérica, el Frente Sandinista recuperó el poder político en el 2006 y en El Salvador una facción del movimiento FMLN logró un rotundo triunfo electoral en el año 2009.

Este es otro ángulo del contexto mundial y latinoamericano en el cual los conflictos sociales y las protestas populares se intensifican. Entre marzo y mayo de 1995 hubo nueve huelgas en instituciones del Estado. El mismo año, en el gobierno Figueres Olsen se produjeron casi 800 marchas y la “huelga de maestros” de julio-agosto de 1995. http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

En el 2000 los medios de prensa informaron acerca de 589 acciones de protesta social. http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=dia001-04. Al año siguiente aumentó el número de organizaciones sociales. Solo ante el Registro Nacional fueron inscritas casi 1.200 asociaciones civiles, la mayor cantidad en Guanacaste y Puntarenas. Aunque, frente a la escalada de protestas, en el 2001 hubo 118. El 22% corresponde a las comunidades, al magisterio 20.3%, a los trabajadores 19.5%, a estudiantes 7.6%, ambientalistas y mujeres el 9.3%, productores 10.2% y cámaras patronales el 4.2% (Estado de la Nación. VIII Informe 2001:296-297)

En los primeros ocho meses de 2002, el periódico La Nación informó acerca de 79 eventos de protesta. De ellas, el 63,3% se desarrolló en un solo día y tuvieron proyección local en el 77,2% de los casos. Las formas de protesta más utilizadas fueron la declaración pública 31,6%, bloqueos de vías públicas 13,9%, reuniones con autoridades 13,9%, mítines o concentraciones 12,6%, denuncias ante el gobierno 12,6%, huelgas o paros el 10%.

Los actores con más presencia en las protestas de ese año fueron los trabajadores 31,6%, quienes canalizaron la mayoría de las demandas a través de los sindicatos (60,1%). El 39.9% de otras protestas no tuvieron esa organización. Las comunidades ocuparon el segundo lugar con 29,1%; seguidas de las agrupaciones ambientales, municipalidades y los estudiantes de colegios. El grueso de los móviles de conflicto fue el mejoramiento de las condiciones de trabajo y del nivel vida, como la calidad de los servicios de la CCSS e infraestructura, http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/regionorte.pdf

Desde finales de enero de 2003, hasta la realización del referéndum, en abril de 2007, hubo gran agitación contra la aprobación del TLC. En el 2003, se dieron 417 protestas con ese objetivo. Entre mayo y julio se produjeron las huelgas de trabajadores del ICE, magisterio y de profesionales del MOPT. (Costa Rica. Cronología del conflicto social. mayo – julio 2003. Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).

El 2004 hubo 648 protestas. El 41.35%por parte de trabajadores; 5.56% de estudiantes de universidades y colegios; 10.2% de vecinos; 31% de productores agrícolas y el 15.6% de empresarios y agricultores. El 18.52% fueron bloqueos; el 12% marchas y mítines; el 1.7% huelgas y un 42.28% declaraciones públicas. Estos datos recogen más o menos el 75% de los casos de protesta anual. (Fuente. Estado de la Nación. Zindy).

En síntesis, entre 1998 y 2004 se reportaron 3002 acciones de protesta; en promedio 500 eventos cada año, en contraste con la década anterior. En 1998 ocurrieron 342 protestas, en el 2000 y 2004 se registra un crecimiento de 20.4% y 21.6%. Esos dos años surgieron las protestas contra la eliminación del monopolio estatal del ICE, en marzo del 2000 y en agosto del 2004 por la eliminación RITEVE, monopolio de capital español, en la revisión técnica vehicular. Esas luchas coincidieron con las demandas por salarios en el sector público, el alto costo de la vida y contra la aprobación del TLC.

Esos procesos surgió una actitud de apertura para construir agendas y alianzas políticas, un proceso derivado de la huelga de 1995 con la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales FOM y el Comité Cívico Nacional. En el 2004 varias agrupaciones gremiales del sector público se aliaron con los productores agrícolas de San Ramón y los estudiantes universitarios. También, por primera vez se involucró la Cámara de Transportistas Unitarios.

En esas protestas predominaron la presentación de pliegos de demandas y el bloqueo. En ese lapso hubo 978 peticiones públicas y 626 bloqueos. Las marchas, mítines y bloqueos suman 1065. Otras, como huelgas de hambre, invasión de latifundios y actos contra la propiedad privada tuvieron poca intensidad. Los trabajadores del sector público promovieron el 42.7% de las protestas, los vecinos de barrios y comunidades el 11% y un 7% contra la revisión técnica vehicular. En 1999 y 2000 el bloqueo fue utilizado por obreros bananeros retirados que habían quedado estériles por el uso del fungicida Nemagón.

En 1999-2001 los productores de arroz y de cebolla bloquearon las calles para oponerse a la importación y descarga de esos productos proveniente de EUA y Canadá. Productores agropecuarios y trabajadores del sector informal promovieron el 5.6% y 4.2% de los eventos de conflicto. Grupos ambientalistas, de género, de derechos humanos y sectores indígenas registraron las cifras más bajos. Además, el 0.3% de las protestas contra las guerras imperialistas y para que el Presidente Pacheco rectificara el apoyo a la invasión de Irak.

http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2007/vol1/9_accioncolectiva_smora-vb.htm

Entre el 19 de julio y el 15 de octubre de 2005, trabajadores de instituciones del Estado declararon siete huelgas y hubo otra en la Cooperativa de Productores de Electricidad COOPELESCA que duró 32 días. Varios sindicatos organizaron tres grandes marchas de oposición al TLC, en San José y Nicoya. (Diario Extra.) De julio a octubre del 2005 hubo gran agitación, presiones, amenazas y marchas contra la aprobación del TLC.  

Entre junio y agosto de 2006 estallaron 17 huelgas en instituciones del Estado. Continuaron las marchas y otras protestas contra el TLC y la apertura del monopolio del ICE. El 7 de octubre de 2007, se realizó el primer referendum en la historia de Costa Rica para decidir la a probación o no, del TLC con Estados Unidos. La oposición se expresó ante todo en la movilización callejera, un recurso ciudadano que crecía en magnitud y diversidad, como se pudo apreciar en las marchas en todo el país durante los días 23 y 24 de octubre de 2006, y en la gigantesca manifestación de repudio, del 26 de febrero de 2007.

En el 2004, las principales movilizaciones del magisterio se articularon a organizaciones sociales, campesinas, sindicales y partidos políticas, en una lucha mancomunada contra el TLC. Las protestas de agosto de ese año forzaron la renuncia del Ministro de Comercio Exterior y el Jefe del equipo de negociación del TLC con Estados Unidos.

Se creó la estancia Encuentro Popular, como principal red de organizaciones sociales. Fue el foro que llevó adelante la difusión de las consecuencias del TLC. El 16 de mayo, el Movimiento Cívico Nacional y la Comisión Nacional de Enlace llamaron a una paralización del país para impedir la ratificación del TLC por parte del Congreso, la privatización del ICE, el monopolio de RITEVE y el alza en el precio de los combustibles. La APSE, SEC, ANDE y los profesores universitarios de Heredia, apoyados por el SITUN se unieron a la huelga.

El 21 de octubre, don Abel Pacheco envió el TLC al Congreso y, días después, diferentes sindicatos y organizaciones crearon La Coordinadora Nacional contra el TLC. Aquí se centralizó la agenda de lucha, como la manifestación de cuarenta mil personas que rechazaron la ratificación del Tratado. La oposición militante hizo posible postergar la aprobación inmediata del Tratado. Costa Rica fue el país en donde las negociaciones en torno al TLC se vieron más entorpecidas. Los parlamentos de El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana ya lo habían ratificado. http://www.foro-latino.org/flape/boletines/boletin_referencias/boletin_19/Doc_Referencias19/Debate/Conf_educ_FLAPE.pdf. La Coordinadora Nacional venía proponiendo otras opciones políticas para derrotar la aprobación del TLC, entre ellas el referéndum, una iniciativa que cooptó Oscar Arias y se celebró el primer domingo de abril del 2007.  

En 2008-2009 hubo 702 protestas. El 41.3% por parte de trabajadores, desempleados u en el sector informal. El 25.8% promovidas por vecinos, grupos de ciudadanos y organizaciones de lucha por la vivienda. El 15.1% de productores, empresarios y profesionales. El 9.7% de estudiantes y jóvenes y el 6.7% de grupos de ambientalistas, género, derechos humanos e indígenas. http://issuu.com/estadonacion/docs/politicas_protestas_sociales

Desde el 2008, el país se vio afectado, como el resto del mundo, por la crisis económica que e prolongó hasta el 2011. EL año 2012 presentó un pico de 771 protestas y fue el más largo de los últimos años pues duró 22 meses, en coincidencia con el proceso electoral, según el analista Vargas Cullel. Atribuye el aumento a la ausencia cada vez mayor de espacios de negociación; el aumento en la falta de oportunidades de trabajo, acceso a la educación y alto costo de vida; así como la ruptura de los partidos tradicionales con las comunidades. http://www.youtube.com/watch?v=-Qr3VX6KdpY Dos años atrás se discutió el proyecto de ley para criminalizar la protesta social. Solo en 2011, la Presidente Chinchilla enfrentó más de 630 manifestaciones, un promedio de 1,7 diarias y 53 mensuales. Fue el gobierno más inestable, de las últimas cuatro administraciones. http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

Desde el punto de vista político, la intensidad de la protesta social entre 1980-2013 es un valioso soporte, entre otras, para las siguientes hipótesis:

Las instituciones de la sociedad actual son interdependientes, pero contradictorias. Los estados dependen de mecanismos democráticos para legitimar sus decisiones, aplacar y hacer rutinario el medio político…Pero a la vez, el mercado de trabajo puede recortar la capacidad de las familias para minimizar el costo de provisión de la fuerza de trabajo…aunque el mercado recorta la capacidad familiar para mantener la reproducción…El análisis social debe recordar esas premisas.

Algunas luchas enfrentan a grupos, organizaciones y clases… y alteran las relaciones interinstitucionales… A la vez, estas luchas sociales alteran las relaciones entre sociedad e instituciones… Por ejemplo, la demanda feminista que subraya el potencial del valor monetario no pagado, del trabajo doméstico. O bien, la democratización de los lugares de trabajo y la extensión de los derechos ciudadanos a los centros de producción… Ello establece contrastes entre las organizaciones sindicalizadas y las que no lo son. Ello confirma que el conflicto de clase funciona no solo en los puntos de producción, sino también sobre las prácticas empresariales en relación con la legalidad…

“Cuando los obreros luchas por sus salarios, por sus derechos de representación, por la influencia en su lugar de trabajo, por el control público sobre las inversiones del capital, se están apropiando de la lógica de otras instituciones para transformar el sitio en el que trabajan: la lógica de familia y de las necesidades humanas, la lógica de la ciudadanía democrática y de la participación ciudadana, la lógica de la racionalidad impuesta por el Estado.” (55) La premisa de la contradicción institucional procede de la teoría de las clases…El conflicto de clases es algo generado a la vez cultural y materialmente por la contradicción institucional. (Friedland Roger y R. Alford. 1995:74)

A MODO DE EPÍLOGO

Ayer, los cambios políticos profundos de la historia nacional se forjaron en hombros y brazos del movimiento obrero y campesino de inspiración marxista y socialista. Hoy, una vez más, las luchas sociales y las protestas populares confluyen, cual savia renovadora, en los ramajes de nuestra historia social y política. Tanta fuerza y energía tuvo esta vez un norte histórico preciso: arrancarle a la plutocracia el ejercicio del poder del Estado y devolver al pueblo el principio de representación democrática, un viejo ideal muy cercano a la utópica vivencia de la soberanía popular.

Tal podría ser una observación con acento de filosofía política. O quizás, la hipótesis que nos permita entrever los cursos de la historia en la abrumadora estadística de sociólogos y economistas sobre la protesta social contemporánea, otrora un tema casi tabú. Tan valiosa información, esfuerzo con saldo deudor en favor del periodismo crítico es, con mucho, la variable más significativa para posteriores análisis de coyuntura política. Porque el gran ausente en este y otros trabajos, sigue siendo el examen de los cambios en la conciencia social en la era del neoliberalismo imperialista. También la viabilidad de otros programas políticos, alternativos al que están configurando las nuevas fracciones burguesas partidarias de que renazca el reformismo burgués.

BIBLIOGRAFIA

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http://www.latindex.ucr.ac.cr/descargador.php?archivo=dia001-04.

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal8/regionorte.pdf

http://www.forolatino.org/flape/boletines/boletin_referencias/boletin_19/Doc_Referencias19/Debate

http://issuu.com/estadonacion/docs/politicas_protestas_sociales

http://www.youtube.com/watch?v=-Qr3VX6Kdp

http://www.crhoy.com/solo-en-el-2011-laura-chinchilla-enfrento-mas-de-630-protestas/

  

 

Por Ramón Sibaja

Costa Rica, el otrora modelo de democracia y de crecimiento económico de la región Centroamericana, está en una profunda crisis. La economía navega como barco a la deriva en medio del huracán de la crisis fiscal, y el nuevo capital de ese barco a punto de naufragar, el presidente Luis Guillermo Solís, se muestra aturdido ante la magnitud del desastre que se avecina.

 Crisis económica y declive del IDH

En el último año las cifras indican un declive de la industria manufacturera en Costa Rica, la que representa una cuarta parta del Producto Interno Bruto (PIB). El año pasado el índice mensual de actividad económica (IMAE) era del 9% ahora no llega al 2%. Las exportaciones decrecen y el mercado interno se ha contraído.

El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) prevé que bajo el gobierno del PAC, las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 19% menos en relación con el periodo de Laura Chinchilla.

La caída paulatina de los niveles de vida no preocupa al gobierno, lo que preocupa es contener el creciente déficit fiscal que ya alcanzo el 2,6% del PIB, o sea ¢699.555,5 millones. La crisis económica y el declive de las conquistas sociales han hecho descender el Índice de Desarrollo Humanos (IDH) de Costa Rica del puesto 68 al puesto 64.

Crisis en la coalición legislativa

El PAC es minoría dentro de la Asamblea Legislativa, una alianza con los diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), permitió al PAC obtener los votos necesarios para elegir Directorio, sin someterse a las presiones de su histórico rival, el Partido Liberación Nacional (PLN).

Pero los diputados del PUSC han comenzado a manifestar su descontento, muy probablemente porque no obtienen las prebendas prometidas. Luis Vásquez, diputado del PUSC, sonó la trompeta: “Hay una angustia por parte de la fracción del PUSC respecto al arranque del gobierno. (…) Podríamos tomar la decisión de que en ciertos temas y votación el PAC ya no podría contar con los votos de una fracción solidaria como hemos sido en la Unidad”. (Extra, 23/7/2014)

Ante la escasez de recursos, un partido burgués como el PUSC supedita las alianzas a las prebendas económicas, y hasta en eso tiene problemas el gobierno del PAC, no puede garantizar recursos materiales a sus aliados de ruta.

El problema es mucho más grande en relación a los trabajadores y la clase media, la base social electoral que el dio el triunfo al PAC y que permitió que Luis Guillermo Solís se colocara la banda presidencial

 

Ridículo aumento de salarios para el sector privado

La negociación salarial para los trabajadores del sector privado terminó en un punto medio, entre la posición intransigente de los empresarios de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) que planteaban el 1,33%, y la moderada reivindicación de los sindicatos y centrales obreras., los cuales mostraron su división al plantear diferentes cifras: 3,15%, 4,15% hasta 6%

En Costa Rica los sindicatos son muy débiles en el sector privado, por la nefasta influencia del Solidarismo, un mecanismo de ahorro y conciliación obrero-patronal inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica, que ha permitido a los empresarios mantener a los trabajadores en la completa desorganización.

El Consejo Nacional de Salarios (CNS) bajo el control del gobierno del Partido de Acción Ciudadana (PAC) impuso unilateralmente un punto medio: 2,35% para los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado y un incremento de adicional de ¢5.000 para los trabajadores no calificados, semi calificados y calificados. Una ridiculez total. El resultado final fue un aumento escalonado de 2,35%, 4%, 4,09% y 4,22% que mitigó un poco las necesidades de los trabajadores que tenían salarios inferiores a los ¢302 mil.

Esta negociación reflejó lo que ocurre realmente en Costa Rica: los trabajadores presionan por aumento de salarios, debido a la carestía de la vida, los empresarios se resisten, y el gobierno del PAC maniobra e intenta conciliar un punto medio, procurando cohesionar a su base social electoral, pero en el fondo causó frustración e inconformidad en ambos sectores. Los trabajadores consideran insuficiente el aumento, mientras los empresarios lloran y reclaman volver a la metodología de cálculo acordada en el año 2011.

La negociación con los trabajadores del sector publico

Antes de irse, el gobierno de Laura Chinchilla autorizó un aumento miserable de 0,43% para los trabajadores del sector público, valido para el primer semestre del año 2014.

A diferencia de la inexistente organización sindical en el sector privado, en el sector público se han desarrollado poderosos sindicatos y asociaciones que luchan constantemente por mejorar sus salarios. Por ello cada semestre, ante la inminente negociación salarial, el gobierno – ahora le toca el turno al PAC—recurre al trillado argumento del déficit fiscal y de la falta de recursos.

José Francisco Pacheco, Viceministro de Egresos, comenzó a justificar porque el gobierno del PAC no podría dar un significativo aumento de salarios: “Si no logramos ver una mayor recaudación, es complicado comprometerse a incrementos sustanciales; en principio, lo veo con ojos positivos, sin que esto sea endosar una fórmula que se tenga pensada”. (La Nación, 16/7/2014)

Para reforzar la sensación de apuros de las finanzas públicas, el presidente Luis Guillermo Solís emitió el Decreto N° 009-H, el pasado 14 de julio, igual a la Directriz 040-H que dictó Laura Chinchilla en Diciembre del 2013, decretando congelar 2,500 plazas y ahorrar ¢22.000 millones con orden de no contratar personal, aunque la verdadera meta es ahorrar por lo menos ¢42.000 millones.

Lamentablemente, en un asunto tan crucial como es la lucha por aumento de salarios, los sindicatos y centrales de trabajadores del sector público, se muestran divididos ante el gobierno del PAC. Un sector significativo, como la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) está planteando un aumento de 4,14% como punto de partida y un 1,86 adicional para las categorías de trabajadores de estratos operativo, calificativo y técnico, pero la realidad es que ese punto de partida de transforma en el techo. La Central Genera de Trabajadores (CGT) pidió un 6,64%

La patronal se opone a los aumentos salariales

Ya conocemos la reiterada oposición de los empresarios de UCCAEP a los aumentos de salarios en el sector privado, pero en relación al sector público el mejor consejero del gobierno del PAC es el diario La Nación, el cual en un editorial del día 21/7/2014 expresó lo siguiente:

Enfocar el ajuste salarial del sector público exclusivamente bajo el prisma de la “disponibilidad presupuestaria” es erróneo (…) No hay tal disponibilidad presupuestaria (…) hay un faltante de ingresos que ronda el 6% del producto interno bruto (PIB) en el 2014, con posibilidades de aumentar en el 2015, si no se adoptan medidas para evitarlo (…) el efecto de abusivas negociaciones salariales con los sindicatos y el efecto de ciertas cláusulas y normas, tienden a incrementar los salarios por los denominados “pluses salariales”, que disparan el aumento a la base sobre la cual se aplican”.

El ataque de La Nación no es pues contra el miserable aumento que pueda otorgar unilateralmente el gobierno del PAC, sino contra los pluses, que es el mecanismo que los trabajadores utilizar en cada entidad pública para negociar un mejor aumento de salarios. Pero lo que más teme La Nación es el ejemplo sobre los trabajadores del sector privado, ese pequeño gigante adormilado por la droga del Solidarismo.

El gobierno coloca a la defensiva a los sindicatos

De la misma manera que el gobierno del PAC superó la propuesta de la patronal para los trabajadores del sector privado, el 24 de Julio el gobierno retomó la propuesta de ANEP y planteó a los sindicatos subir los salarios entre el 4 y 5,14%. De esta forma, colocó a los sindicatos a la defensiva, estos se limitaron a estudiar la propuesta y solicitar un listado detallado de aumento por cada puesto.

El tema del “desenganche” de los médicos y personal calificado en los hospitales, del resto de los trabajadores del sector público, como lo ha propuesto reiteradamente Albino Vargas de ANEP, es motivo de división dentro de la dirigencia sindical.

Si tomamos en cuenta que durante el primer semestre el aumento fue de 0,43%, la propuesta de aumentar entre el 4 y 5,14% se queda muy atrás en relación a la carestía de la vida aumentó 3,7% en el año 2013, y 4,14% durante el primer semestre del año 2014, la cifra más alta en los últimos 6 años, según un reciente informe del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR). El aumento de precios se va acumulando con los años, provocando un deterioro del salario real, empobreciendo a los trabajadores y sus familias.

 

Rechazar la propuesta del gobierno

Los sindicatos y asociaciones de empleados públicos (magisterio, salud, ICE, etc) debemos discutir en asambleas democráticas la propuesta del gobierno del PAC, y rechazarla por insuficiente. La unidad de acción de los sindicatos debe ser exigida a los dirigentes.

Las cifras de inflación van retrasadas en relación a la realidad, cuando el aumento propuesto por el gobierno se materialice, los precios habrán vuelto a subir, provocando un incontenible espiral de alza de precios. Lo menos que se deben aumentar los salarios es un 10%.

La trampa que ha tejido el gobierno consiste en la aprobación de una metodología de cálculo que no corresponde a la realidad. Esa metodología debe cambiar. Los trabajadores y empleados públicos no pueden depender de las oscilaciones en el PIB. Por eso negocian por parte con el sector privado, separándolo de los empleados públicos. Nuestra respuesta debe ser luchar en sentido contrario, por la unidad de los trabajadores del sector privado y público, por un aumento salarial del 10% y por aumentos de salarios cada vez que suba el costo de la vida.

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