El poderoso ministro Melvin Jimenez y el presidente Luis Guillermo Solis

Por Francisco Quesada

A raíz del supuesto ofrecimiento de varias embajadas a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, por parte del ex viceministro de la presidencia, Daniel Soley, como una forma de presión para que aquella renunciara a su cargo, se desató una gran alharaca y se agudizó la lucha por el poder en el gobierno. Las versiones, desde el gobierno y del lado de la procuradora, son diversas y contradictorias. Este conflicto y los virulentos ataques desde el sector neoliberal, produjeron la caída de Daniel Soley. Asimismo, fueron renunciados dos embajadores por emitir opiniones sobre este caso. En este artículo no pretendemos determinar quién tiene la razón, sino analizar el trasfondo político de este enfrentamiento y pleitos intestinos inter-institucionales e inter burgueses.

La Lucha por el Aparato Estatal

El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Socialcristiano (PUSC), antiguos partidos del bipartidismo destruido, gobernaron, controlaron y usufructuaron a su gusto y antojo por sesenta años el aparato del Estado. El PLN, sufrió una derrota histórica y contundente en las elecciones pasadas, que prácticamente lo ha dejado en crisis y coma. A pesar de la gran derrota sufrida por el PLN, éste mantiene el control de ciertos poderes del Estado, así como de casi todas las instituciones descentralizadas y de los mandos medios de todos los Ministerios. Es un hecho cierto y comprobado que los jueces, magistrados del poder electoral, jerarcas de las instituciones contraloras y otras instituciones estatales son fichas directas del PLN. Públicamente se conoce que muchas directrices de los ministros de Estado, son boicoteadas y desobedecidas por los mandos medios en los ministerios.

La procuradora general de la República, como abogada del Estado, se ha opuesto a los dos vetos presidenciales realizados por Solís, así como a que el ministro de la presidencia, Melvin Jiménez, obispo luterano y hombre de confianza del Presidente, ejerciera dicho cargo. En el fondo, esta procuradora obedece a las posiciones del PLN y del empresariado, no actúa en sintonía con el gobierno. Por tanto, todo indica que el gobierno se quería deshacer de ella, como lo hicieron con la viceministra de educación. Sin embargo, el problema y diferencia con este caso es que la procuradora es electa por el consejo de gobierno por un periodo de cuatro años, según la legislación y entonces, su expulsión del aparato estatal es muy difícil.

Por otro lado, en el interior de los ministerios existe una política del PAC por cooptar a los viejos funcionarios del PLN y al que no puede cooptar buscan cómo sacarlo, mediante diferentes maniobras y medidas. Como se puede observar, en realidad lo que existe es una fuerte pugna entre el PAC y PLN por el control del aparato estatal. El gobierno-PAC procura ejercer plenamente el control institucional, ministerial y de los poderes del Estado y el PLN se resiste a entregar y perder el control que aún maneja del aparato estatal.

Las Razones de los Ataques Virulentos de los Neoliberales

El periódico La Nación, representantes de la oligarquía, el PLN y demás sectores neoliberales han realizado un sistemático y violento ataque en contra del gobierno de Solís sobre el caso Soley-Brenes. Lograron la salida del viceministro de la presidencia, pero querían más, la cabeza del ministro de la presidencia, Melvin Jiménez. En la reunión realizada por Solís con la fracción legislativa del PLN el día 4 de febrero, este partido planteó la salida del ministro de la presidencia, lo cual fue rechazado por el Presidente. Efectivamente, las pretensiones políticas de toda la jauría neoliberal es procurar debilitar al gobierno de Solís. Políticamente el más interesado en debilitar y evitar la consolidación del gobierno de Solís es el PLN, ya que ello le facilitaría, en las próximas elecciones poder recuperar el poder. Esos son los cálculos políticos del PLN. Por el lado de La Nación, periódico oligárquico que logró la caída de dos presidentes del PUSC, y del empresariado el objetivo es imponerle al gobierno su agenda, es obligar al Presidente a que obedezcan sus mandatos y directrices.

La Renuncia del ministro de Seguridad Pública

El día martes 3 de febrero renunció el ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, quien tuvo el cargo de viceministro de Seguridad Pública en el gobierno de Laura Chinchilla. Este personaje se caracterizó durante el gobierno de Chinchilla como represor de los movimientos sociales. Aunque públicamente Celso Gamboa no planteó diferencias con el gobierno de Solís, sin embargo, todo parece indicar que existían roces entre éste y funcionarios del gobierno. Recientemente, Gamboa, había reprobado la participación del ministro del ambiente, Édgar Gutiérrez, en la manifestación contra la Corte por la absolución de los asesinos del ambientalista Jairo Mora. Todos estos movimientos dentro de la administración del PAC, con renuncias y renunciados del gobierno más bien profundizan los problemas y contradicciones en el interior dentro del aparato estatal y el gobierno.

La Postulación de Ottón Solís a la Presidencia de la Asamblea Legislativa

Recientemente, como parte de los conflictos y contradicciones internas dentro del PAC y gobierno, el fundador del PAC, Ottón Solís, lanzó su postulación a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Es importante señalar que el candidato oficial del gobierno a seguir ocupando ese puesto es Henry Mora, actual presidente del Congreso. Son bien conocidas las diferencias y oposición del diputado Solís hacia el gobierno, así fue con el caso de la discusión y aprobación del presupuesto de la República, sobre el caso de la procuradora y muchas otras situaciones. En realidad, el diputado Solís tiene su propio juego. Procura que, con sus posiciones en contra del gobierno, la oligarquía, los empresarios y otros sectores neoliberales, lo vean y, eventualmente, lo apoyen como ficha de recambio y candidato presidenciable en las próximas elecciones. Se cotiza, con sus críticas, diferencias y ataques hacia el gobierno de Solís, para ser un candidato confiable de la burguesía.

El Desgaste del Gobierno de Solís

Los pocos meses de estar en el poder, el gobierno de Solís se ha caracterizado, debido a su inexperiencia en el manejo del Estado y su carácter de clase pequeñoburgués, por una serie de contradicciones, ambivalencias e incapacidad para gobernar. Primero, tiene serias contradicciones internas, tanto dentro de su propio gobierno y partido, tal es el caso de la férrea oposición que mantiene, desde la Asamblea Legislativa, por parte del diputado Solís. Desde el interior del aparato del Estado y otras instituciones, tiene resistencia y oposición soterrada del PLN. Por parte del empresariado ha tenido una fuerte oposición, más allá de que en algunos momentos éstos lo han alabado, a un conjunto de decisiones (presupuesto, vetos presidenciales, tarifas eléctricas y otras).

En varias situaciones, lejos de resolver los problemas, el actuar del gobierno los profundiza. Lo que dice un ministro, lo contradice otro ministro o el Presidente. No existe una coordinación y coherencia en el funcionamiento de las instituciones y de los jerarcas. Por otra parte, el cacareado y prometido cambio, ofrecido durante las elecciones, no se asoma por ningún lado y el movimiento de masas comienza a percibirlo y, todo ello, genera descontento que aún no se manifiesta en movilizaciones y luchas. Las actuaciones y el manejo del Estado y la cosa pública por parte del PAC y su gobierno se parecen, cada vez más, al bipartidismo del PLN y el PUSC. El gobierno del “cambio” comienza a reeditar y repetir los vicios de sus antecesores. De aquí surge la necesidad de salir a enfrentarlo y dar la pelea en contra de sus políticas, claramente en contra de los trabajadores, como fue el caso del último miserable reajuste salarial del 0,94% al sector público.

Movilización contra el miserable reajuste salarial del 0,94%

Recientemente el gobierno, en contubernio con un bloque sindical minoritario (Centrales Sindicales Rerum Novarum, Juanito Mora y otros cascarones de centrales), decidió otorgar un mísero incremento salarial del 0,94%, para el primer semestre del año 2015, a los empleados del sector público. Ese 0,94% de aumento es para los profesionales, mientras que para los no profesionales llegará hasta 1,60%. Es necesario decir que el gobierno otorgó ese miserable reajuste basándose en la actual metodología, aprobada por la mayoría de las dirigencia sindicales en años anteriores, que contempla pagar los incrementos salariales del presente semestre con base a la inflación del semestre anterior.

Los sindicatos agrupados en el bloque sindical BUSSCO (ANDE, APSE, UNDECA y otros), se retiraron de la mesa de negociación y solicitaron tiempo para consultar a sus bases sobre el miserable incremento salarial, sin embargo, el gobierno terminó aprobando esa alza salarial en acuerdo con el otro bloque. Sobre este problema que se presenta cada semestre es necesario y urgente que las cúpulas sindicales, le exijan e impongan al gobierno una nueva metodología, para calcular los salarios del sector público. Echar abajo la metodología actual es el primer paso para avanzar en una política de salarios crecientes.

Proponemos implementar una metodología basada en el cálculo de la inflación proyectada para el próximo semestre, con un porcentaje adicional, calculado con base en el crecimiento de la producción, con el objetivo de recuperar, no solo el deterioro de los salarios por el costo de la vida, sino también que exista un incremento salarial sobre los salarios reales. Este sistema de cálculo ya existe en el país desde el año 2012 para el cálculo de los salarios mínimos en el sector privado. A su vez, es importante destacar que el otorgamiento de los reajustes salariales basándose solamente en el índice de inflación, ya sea anterior o adelantada, es un grave error. La inflación, dependiendo del sector de trabajadores, golpea más a unos que a otros. En algunos casos, mientras la inflación general en un año puede ser del 6%, sin embargo, para los trabajadores de menor ingreso esa inflación puede llegar a ser hasta un 8% y 9%, producto del peso que tienen algunos aumentos de precios en estos sectores.

Emplazamos a las dirigencias sindicales del bloque sindical BUSSCO a convocar de inmediato a una movilización nacional en contra del reajuste salarial miserable del 0,94%. Les exigimos pasar de la crítica, las palabras y las poses mediáticas a la acción. También se deben convocar a asambleas sindicales para que las bases decidan un plan de luchar a seguir para enfrentar, no solo el problema salarial y el cambio de metodología, sino también el acuerdo del gobierno con el FMI en cuanto a los salarios, la ley de empleo público, el plan fiscal y otras cuestiones urgentes.

Por José René Tamariz

En el mes de diciembre, el presidente de la república, Luis Guillermo Solís, levantó el veto parcial a la Reforma Procesal Laboral (RPL), el cual había sido impuesto en el año 2012 por el gobierno de Laura Chinchilla. Esta ley reforma más del 50% del Código de Trabajo, desde el artículo 371 hasta el artículo 713, así como otras disposiciones contempladas en diversos artículos del mismo Código. Asimismo, es importante señalar que la RPL regula el derecho individual, colectivo y otros aspectos laborales discriminatorios en contra de las y los trabajadores. El veto parcial de Laura Chinchilla a la RPL fue a cinco artículos, a saber: la huelga en servicios públicos esenciales, artículo 377; el plazo máximo de 30 días de huelga en los servicios públicos esenciales, artículo 379; la definición e identificación de los servicios públicos esenciales, artículo 382; los trámites sobre el plan de prestación de servicios esenciales mínimos durante la huelga, artículo 383 y la prohibición de contratar personal temporal (rompehuelgas), en tanto la huelga no haya sido declarada ilegal, artículo 395.

Posición Sobre la RPL

Es importante, antes de avanzar en el análisis de la RPL, plantear una posición sobre esas reformas. Estamos en contra de dicha reforma, ya que, en sus aspectos medulares y más importantes, ejemplo, para realizar las huelgas en los servicios públicos esenciales sus requisitos y limitaciones son tantas que hacen casi imposibles que los procesos huelguísticos se realicen en dichos servicios. En la RPL se deja intacta la existencia de llamados “comité de trabajadores” que constituyen una maniobra patronal para evitar y sustituir la organización sindical, así como un conjunto de artículos que limitan una serie de derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El Ataque de los Neoliberales a la RPL

Debido al levantamiento de ese veto, toda la jauría neoliberal, encabezada por el diario La Nación, ha impulsado una intensa, rabiosa y virulenta campaña en contra de esa decisión del Ejecutivo. Varios plumíferos del capital, entre ellos, Jorge Guardia, Luis Mesalles y otros personajes de la misma especie, sostienen que, con el levantamiento del veto a la Reforma Procesa Laboral, se produjo un giro a izquierda por parte del gobierno de Solís.

¿Viraje a la Izquierda por Parte de Solís?

Esa acusación contra el gobierno de Solís es totalmente infundada y falsa. En primer lugar, se debe dejar claro que los autores intelectuales de los cinco artículos de la RPL vetados por Chinchilla son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nadie en su sano juicio podría decir que esos magistrados estaban a la “izquierda” cuando elaboraron esos cinco artículos. Además, esa Reforma Procesal Laboral fue consensuada entre empresarios, dirigentes sindicales y gobierno. Posteriormente, ese anteproyecto fue enviado por parte del poder ejecutivo a la Asamblea Legislativa, la cual la aprobó, tanto en primero como segundo debate. Los que antes la apoyaron, aprobaron y aplaudieron la RPL hoy la critican y desaprueban.

¿Por Qué es tan Violenta la Oposición de los Neoliberales al Levantamiento del Veto a la RPL?

La cuestión de fondo sobre la Reforma Procesal Laboral (RPL) es que, a pesar de todas las críticas y ataques que, desde la izquierda, le hagamos y tengamos, los empresarios y sus cámaras empresariales, consideran que con el levantamiento del veto a esa ley se podría abrir los espacios legales para que en sus empresas se realicen huelgas y un proceso de sindicalización de sus trabajadores. A estos dos procesos le tienen terror los empresarios. Asimismo, los capitalistas también se oponen a otras disposiciones de la RPL como son el plazo de 48 horas que los trabajadores tendrían para reincorporarse a sus labores, una vez que la huelga sea declarada ilegal; el porcentaje de trabajadores para convocar a una huelga en una empresa, así como la no contratación de trabajadores rompehuelgas, en tanto, la huelga no haya sido declarada ilegal. Los empresarios le tienen terror a las posibilidades de que en sus empresas se hagan huelgas y a la sindicalización de la clase trabajadora, porque por hoy ellos tienen totalmente controlados a los trabajadores de sus empresas. Actualmente, si los trabajadores de las empresas privadas osan por hacer alguna protesta, reclamo o cualquier otro tipo de resistencia laboral a la patronal de inmediato son despedidos.

Las Maniobras y Mutilaciones a la RPL por Parte del Presidente Solís

En realidad lo que Solís hizo, al levantar el veto parcial a la RPL, fue una maniobra política para cumplir con los compromisos políticos adquiridos por su gobierno con el Frente Amplio (FA) que les dio sus nueve votos para elegir como presidente de la Asamblea Legislativa a Henry Mora y, a su vez, mantener el apoyo de los nueve votos en el Congreso del Frente Amplio, dada su debilidad numérica en ese poder del Estado. Sin embargo, seis días después el mismo Solís firmó un decreto que –tendrá vigencia de 18 meses– reglamenta las huelgas ilegales en los servicios públicos esenciales y permite la contratación de esquiroles durante la huelga en dichos servicios. Al mismo tiempo, “El Gobierno acordó con el Frente Amplio (FA) hacerle un cambio al proyecto de ley con el que pretende ajustar la Reforma Procesal Laboral…La idea es incluir un artículo que prohíba de manera absoluta las huelgas, pero únicamente en la Policía y en los servicios de emergencia e internamiento de los hospitales”. (La Nación, 17 de diciembre del 2014). Evidentemente lo anterior constituye una capitulación del Frente Amplio al gobierno, ya que mutila aún más la Reforma Procesal Laboral. Por otra parte, según el ministro del trabajo, Víctor Morales, se plantea “…reducir el plazo de 48 horas a 24 horas, conservando la posibilidad de retornar a su trabajo cuando la huelga se declare ilegal…”. (La Nación, 14 de diciembre del 2014). Por otra parte, es muy probable que el gobierno aumente el porcentaje mínimo de trabajadores para hacer la declaratoria de huelga en una empresa. En realidad, todos los cambios que le hagan a la RPL se ubicarán por debajo y constituirían un retroceso mayor, desde el punto de vista de los derechos colectivos de los trabajadores, con respecto a las propuestas que hicieron los propios autores intelectuales de ese proyecto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El Centrismo del Gobierno de Solís

En una entrevista al diario La Nación el día 5 de setiembre, el Presidente Solís plantea la necesidad de “recuperar el centro costarricense”. Es decir, el reivindica a su gobierno como “centrista” entre la derecha y la izquierda. Las maniobras políticas que caracterizan al gobierno de Solís y sus variadas oscilaciones de ubicarse por encima de las clases sociales, empresarios y trabajadores, reflejan fielmente el carácter de clases, típicamente, pequeñoburguesa de la composición social de dicho gobierno. El mismo Solís es un gran artífice de la maniobra política, que lo diferencia en mucho de sus antecesores; mediante ella intenta mantener un equilibrio inestable entre diversos sectores sociales, principalmente, capitalistas y sindicalistas, que podría durarle por corto tiempo, dependiendo de los límites económicos impuesto por el sistema capitalista. Solís, en algunos momentos es alabado y aplaudido por toda la derecha por promover la inversión extranjera en los Estados Unidos y reprimir violentamente la huelga de los trabajadores de JAPDEVA, mientras que es criticado violentamente por esa misma derecha por el presupuesto de la República del 2015, el levantamiento del veto a la Reforma Procesal Laboral y ciertos manejos del Estado como es el caso de la procuradora. De forma parecida se produce en los sectores sindicales y sociales.

Sin embargo, por más maniobras, malabares y oscilaciones políticas que haga el Presidente Solís para ubicarse por encima de las clases sociales y que, con sus medidas, pretenda “recuperar el centro costarricense”, la realidad es que toda la arquitectura y el andamiaje institucional del Estado, así como el sistema económico, lo conducen más hacia la derecha que a la izquierda reformista. De ahí la represión contra la huelga de Sintrajap; todas las mutilaciones que hará el gobierno de Solís a la Reforma Procesal Laboral (RPL); el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de dar reajustes salariales semestrales a los trabajadores del sector público por debajo del índice de inflación en los próximos cuatro años y el miserable reajuste salarial del 0,94% a los empleados públicos en el primer semestre del 2015.

Por Francisco Quesada

Desde hace varios años, la jauría neoliberal, encabezada por el periódico La Nación y sus plumíferos a sueldo, las cámaras empresariales y los demás sectores neoliberales, desarrollan una campaña despreciable y sistemática en contra de las condiciones de vida, salarios y empleo, de los trabajadores del sector público. El objetivo de semejante campaña es reducir los salarios, mediante la eliminación de anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional y otros incentivos, así como eliminar las conquistas económicas y sociales incorporadas en las convenciones colectivas y el despido masivo de los trabajadores del sector público. El pretexto para orquestar semejante campaña contra los trabajadores es acusarlos de ser los causantes del déficit fiscal. El amplio debate sobre el presupuesto de la República para el año 2015 busca en el fondo reducir los supuestos disparadores del gasto público, los salarios y pensiones.

El gobierno de Solís, demostrando su carácter cada vez más neoliberal, se comprometió con la misión del FMI que vino a supervisar el comportamiento económico y social de Costa Rica a “moderar” los incrementos de los salarios de los empleados públicos. Este compromiso consiste en que “El Gobierno planteó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan fiscal que incluye una moderación en los aumentos salariales de empleados públicos en los próximos cuatro años. Tal moderación implica que el alza del salario total, incluidos beneficios extra o pluses, no sobrepasarán la inflación.” (La Nación, 11/11/14). Se supone que la política salarial que se implementa en el sector público debe ser “discutida y aprobada” en el seno de la Comisión Nacional de Salarios, integrada por el gobierno, empresarios y sindicatos, sin embargo, como se puede observar, esa política salarial “nacional” fue acordada entre el FMI y el gobierno.

Continuando con los ataques en contra de los salarios y el empleo público, el periódico La Nación, en un editorial reciente, sostiene que “Las convenciones colectivas del sector público reescriben el Código de Trabajo para ampliar los derechos de sus beneficios al punto de crear una clase privilegiada con fondos públicos…” (La Nación, 21/11/14). Es importante señalar que actualmente existen 77 convenciones colectivas vigentes en diferentes instituciones estatales, ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Estas cobijan a unos 124 mil empleados públicos. En los últimos meses, varias instituciones y empresas públicas, tales como Japdeva, Recope, CNFL, la universidad UNA y otras, están denunciando las convenciones colectivas con el propósito claro de cortar los denominados pluses salariales de sus empleados. Es más, la Universidad Nacional (UNA), en una posición reaccionaria y anti-obrera, recientemente introdujo ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la convención colectiva para eliminar el pago de las horas extras a sus empleados. Es necesario señalar que la hora extra en esa institución se paga doble y no a medio tiempo como señala el código del trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que en realidad ese pago no es “irracional”, como lo señalan las autoridades universitarias y La Nación, ya que incluso en algunas empresas privadas como HP la hora extra se paga doble, tal como debe ser.

Este ataque masivo y generalizado en contra de las convenciones colectivas es dirigido desde el despacho del mismo Presidente de la República. Según La Nación “La inusual actividad en torno a las convenciones colectivas responde, en buena parte, a una directriz del presidente, Luis Guillermo Solís, emitida en septiembre, para exigir la revisión de los acuerdos vigentes en 20 instituciones públicas.” (Ídem). Ningún gobierno neoliberal del PLN o del PUSC se había atrevido a realizar de forma tan masiva la revisión y, eventual, eliminación de las conquistas salariales, llamadas por los neoliberales como “abusos”, contempladas en las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público.

El gobierno de Solís constituye la más peligrosa amenaza en contra de los trabajadores del sector público. La credibilidad y legitimidad del gobierno, ganada en su amplia victoria electoral, aunque ha comenzado a deteriorarse rápidamente, lo ha animado a reprimir los movimientos huelguísticos, tal como ocurrió con la huelga de Sintrajap, así como a lanzar una fuerte ofensiva en contra de las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público. De ahí que, entre las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra la siguiente: “La misión insta al Gobierno a aprovechar su capital político para iniciar el proceso de reforma (fiscal) temprano en su mandato.” (La Nación, 11/11/14). Precisamente, aprovechando ese “capital político”, el gobierno está intentando realizar lo que ningún gobierno neoliberal se había atrevido a realizar: hacer reajustes salariales sobre el salario total, eliminar las conquistas de los trabajadores en las convenciones colectivas, hacer la reforma fiscal y la ley de empleo público.

Emplazamos a los bloques sindicales de Patria Justa y BUSSCO a convocar a un encuentro nacional de todas las organizaciones sindicales, sociales, populares y estudiantiles para discutir la situación nacional y votar un plan de lucha que enfrente y derrote la ofensiva del gobierno de Solís en contra de los trabajadores del sector público. Este es el momento de actuar, ya que después puede ser demasiado tarde.

Gran marcha universitaria por la defensa del FEES

Por José René Tamariz Corea

El proyecto de ley de presupuesto para el año 2015 ha generado una amplia y fuerte discusión en el país. Dicho presupuesto crece, respecto al año 2014, un 18,9%, lo cual ha creado alarma en los sectores neoliberales. Sin embargo, según fuentes oficiales, semejante incremento, en gran parte, se explica por los gastos en amortización por un 48,2% de la deuda pública. Entonces, el servicio de la deuda, amortización y pago de intereses, crece en el nuevo presupuesto un 38,6%. Si se excluyen estos pagos, el presupuesto sólo crecería un 10,9%, es decir, que esos gastos representan el 8% del incremento del presupuesto. Este es el resultado del creciente endeudamiento tanto interno como externo que realizaron los gobiernos del PLN desde el año 2009. La deuda del gobierno central es de un 37,4% respecto al PIB, mientras que toda la deuda del sector público representa un 54,6%.

En realidad, los rubros que crecen significativamente en el plan de gastos para el año 2015 son el servicio de la deuda en un 38,6%; el ministerio de agricultura, en un 24,6%; el ministerio de comercio exterior, un 18,1%; educación en un 13,6%; el ministerio del trabajo, en un 12,6% y las pensiones en un 11,5%. De todos ellos, los aumentos, en términos absolutos, mayoritarios lo constituyen los de servicios de la deuda, educación, pensiones y trabajo.

Presupuesto: Ingreso, Gasto Público y Endeudamiento

El presupuesto de la República para el año 2015 se financiará en un 53% con recursos financieros obtenidos de los impuestos, mientras que el 47% restante se obtendría mediante endeudamiento interno y externo. Los ingresos del Estado son insuficientes, producto de la bajísima carga tributaria del 13% del PIB, para financiar los planes de gastos del gobierno. Esa insuficiencia creciente de los ingresos estatales, llevó a los dos gobiernos anteriores del PLN a triplicar la deuda bonificada a partir del año 2009 hasta el 2012, representando para ese año el 51,2% del PIB. La diferencia entre los insuficientes ingresos del Estado y sus gastos, cada vez mayor, produce el denominado déficit fiscal que, para su financiamiento, el gobierno ha venido recurriendo de forma sistemática y creciente al endeudamiento público, lo cual acarrea nuevas presiones sobre las finanzas públicas y la economía nacional.

El Déficit Fiscal: Un Problema Cíclico y Crónico

La historia económica de Costa Rica de las últimas cuatro décadas indica que el problema del déficit fiscal se ha convertido en una cuestión permanente y crónica, es decir, es un problema estructural del sistema capitalista en Costa Rica.

Veamos. En el año 1980, en medio de la crisis fiscal y económica, el déficit fiscal fue del 8,2% respecto al PIB; una década después, en el año 1990, había bajado al 4,4%; nuevamente en el año 1994, ese déficit se incrementó hasta el 7%, para el año 2000 se ubicaba en el 3,8%; una década después, en el año 2010 era del 5,4%; para el presente año 2014 se tiene previsto un déficit cercano al 6% y para el 2015 se prevé un 6,6%.

Por tanto, como se puede observar, con base en la información anterior, el Estado costarricense han convivido siempre, excepto los años 2007 y 2008 que hubo superávit fiscal (0,6% y 0,2%, respectivamente), con déficits fiscales. El déficit fiscal en el año 1994 fue incluso, mucho más grande que el actual, mientras que el del año 2010 fue un poco inferior al actual y el país no estuvo ni en crisis fiscal, ni al borde de la bancarrota o la catástrofe, en esos periodos, tal como lo quieren hacer aparecer actualmente los neoliberales.

¿Cuál es el Trasfondo del Debate del Presupuesto de la República?

El proyecto político de Luis Guillermo Solís es “recuperar” el Estado social de derecho o de un Estado benefactor potente, según las propias palabras del Presidente de la República. En la dirección de darle oxígeno a ese proyecto, que es como revivir un muerto, el gobierno elaboró y diseño un presupuesto para incrementar el financiamiento de sectores sociales y actividades económicas estratégicas que constituirían la base social de su proyecto político. Es por ello, que negoció un convenio de FEES con los rectores de las cuatro universidades públicas, en el cual se compromete a incrementar en un 14% el presupuesto de dichas universidades y, a su vez, estas se comprometen a colaborar con el gobierno en diversas áreas. Asimismo, le aumenta en un 24,6% el presupuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer el área de la producción nacional de alimentos básicos.

Por otro lado, el Presidente de la República, pretende desarrollar su proyecto político en un ambiente de “paz social”, la cual busca alcanzar a través de algunas “concesiones materiales” a sectores sindicales claves, tales como otorgar reajustes salariales acordes con los niveles de inflación, tanto para el presente año como para el año 2015; para ello se presupuestó para el próximo año un alza salarial del 9,9%. Esta política que, constituye un intento serio de consenso y colaboración de clases con las dirigencias sindicales, es cuestionada por diversos sectores neoliberales. En la comparecencia del día martes 7 de octubre en la Comisión de Hacendarios “Marta Acosta, contralora general de la República, encaró a los diputados… Sin titubeos, ella disparó contra los incrementos en los salarios públicos, pues dijo que están por encima de la inflación”. (La Nación, 8 de octubre del 2014). Obviamente, esa política de “concesiones materiales” se complementa en el terreno político con las mesas de diálogo y negociaciones intensas que el gobierno desarrolla con las cúpulas sindicales, para prevenir y desmontar procesos de movilizaciones, luchas y huelgas que ponga en riesgo su proyecto. En esto es clave el rol y función de las dirigencias sindicales.

No obstante lo anterior, el gobierno de Solís, también incrementa el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y financia, con fondos públicos del presupuesto, a una institución privada como es CINDE, como una muestra de fortalecer también el modelo neoliberal que existe en Costa Rica. Esto refleja las intenciones quiméricas y pequeñoburguesas de Solís de hacer coexistir dos tipos de proyectos, el Estado benefactor y el neoliberal, que constituyen objetivamente proyectos contrapuestos y, por ende, inviables de realización.

Por el lado de los sectores neoliberales, puros y duros, el sector más neoliberal del gobierno, encabezado por el diputado del PAC, Ottón Solís, quintacolumnista y látigo del gobierno de Solís, pretende con su nefasta “revolución violenta y radical del gasto”, despojar el presupuesto de la República de cualquier contenido que tenga tufo social. Existe, en los hechos, una mancuerna entre Ottón Solís, el diario La Nación, las cámaras empresariales y demás sectores neoliberales por imponer drásticos recortes presupuestarios a costas de diversos sectores sociales. Ottón Solís, pretende volarse con su “megamoción” grandes montos del presupuesto para la educación, del FEES, las anualidades del gobierno central (reconocimiento de las calificaciones) y otras instituciones estatales. A esta se suma la propuesta de la Contralora de recortar los reajustes salariales para el próximo año y la revisión integral del sistema de empleo y salarios en el gobierno, léase imposición del salario único. Todos los neoliberales a pie juntillas hacer coro, esfuerzo y mociones para liquidar cualquier beneficio económico de sectores sociales contemplado en el presupuesto. Poco a poco, Luis Guillermo Solís, Presidente de la República, comienza a ceder a las presiones neoliberales y “…respaldó ayer la revisión del sistema de pago extra por año laborado (conocido como anualidad) en el Gobierno” (La Nación, martes 7 de octubre). A su vez, Helio Fallas, Ministro de Hacienda, prepara, entre otros, un proyecto de ley para revisar los salarios de los empleados públicos.

¿Se Encuentra Costa Rica al Borde de una Crisis Fiscal y Económica?

Según Ottón Solís “No se puede jugar con las finanzas públicas. Si no se hace algo radical ahora, solo será posible evitar una crisis fiscal dentro de dos años o tres años, si la economía mundial comienza a crecer en unos 2 puntos adicionales y la nuestra lo hace a tasas superiores al 6% anual…” (La Nación, 8 de octubre del 2014). Como esos dos últimos hechos económicos no se van a producir, entonces según Ottón Solís, la crisis fiscal es inevitable. Esta visión apocalíptica de los neoliberales, parecida a la versión catastrofista de corrientes seudo marxistas que plantean la crisis inminente del capitalismo, se viene anunciando desde hace varios años y todavía no ha llegado. El primer Ministro de Hacienda del Gobierno de Chinchilla, Fernando Herrero, frente al déficit fiscal del 5,4% del año 2010 planteo en aquella época, que “… Si la reforma fiscal no pasa, estamos al borde de una crisis seria de carácter fiscal”. (La Nación, 25 de febrero del 2011). La historia se repite, no como tragedia sino con nuevos comediantes. Las diferencias entre los déficits fiscales del año 2010 y el proyectado para el 2014 no son sustancialmente diferentes, pero han pasado casi 4 años, desde aquella “previsión” de la “seria crisis fiscal” y ésta no ha llegado. Entonces, las “previsiones” de Ottón Solís, no son más que una nueva versión de la política del miedo, para imponer las nefastas políticas neoliberales.

El déficit fiscal hay que reducirlo mediante impuestos a los exportadores, la eliminación de las exoneraciones fiscales a sectores económicos poderosos y el combate a la evasión fiscal, para evitar problemas económicos hacia el futuro. La solución para disminuir el déficit fiscal no es mediante las recetas de los neoliberales, recortes de los gastos sociales y eliminación de las conquistas sociales. El déficit fiscal y sus consecuencias, los neoliberales, lo enarbolan y sobredimensionan en su provecho, para implementar sus políticas en contra de los trabajadores en general, y, en particular, contra los trabajadores del sector público y otras actividades sociales, para imponer la reducción de los salarios, la eliminación de los pluses salariales, aprobar la ley de empleo y sistema de los salarios, en síntesis, salario único y eliminación de todas las conquistas sociales y trasladar estos recursos, sacados de los trabajadores y demás sectores populares, a las actividades privadas, es decir, a los capitalistas nacionales y transnacionales.