Por José Rene Tamariz

La jauría neoliberal, encabezada por el diario La Nación, realiza campañas sistemáticas y globales en contra de los trabajadores del sector público, exigiendo al gobierno la eliminación de los componentes salariales (anualidades, dedicación exclusiva, cesantía mayor a ocho años y otros). Ahora le tocó el turno a la educación pública en general. Los neoliberales exigen, algunos la reducción y disminución drástica del presupuesto para la educación que maneja el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otros, con sus propuestas trasnochadas y demenciales, exigen el cierre de las Universidades Públicas y la transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) y a las Universidades Privadas.

Veamos algunos de esos disparates y ataques perversos en contra de la educación que pueden llegar a convertirse en realidad si las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares no asumen una lucha unificada, centralizada, contundente y frontal en contra de los neoliberales, incrustados en diversos sectores, como la Asamblea Legislativa, medios de comunicación, Academia de Centroamérica y otras institución, así como en el gobierno de Solís.

El plumífero economista, Eli Feinzaig, del diario La Nación, en un ataque virulento a todos los niveles de la educación pública plantea como conclusión en un artículo que “… acerca de los salarios del MEP, se nos abre un panorama desconsolador: el incremento del gasto público en educación se ha convertido en un factor de desigualdad.” (La Nación, 15 de junio del 2015). Párrafo seguido plantea que “Esto no solo es todo lo contrario de lo que uno podría esperar, sino que demuestra que el crecimiento del gasto en educación se ha convertido en una política pública perversa.” (Ídem). Las negritas son mías. Este neoliberal, además de que miente en todo su artículo, en los hechos, está solicitando el recorte sustancial del llamado por él “gasto” en educación y, también, la reducción de los salarios de los trabajadores de la educación porque según él, se han constituido en un “factor de desigualdad” en la sociedad costarricense. Semejantes perversos ataques en contra de la educación, son parte de una bien orquestada campaña de desprestigio de la educación pública y de los trabajadores de la educación frente a la opinión pública y la ciudadanía, para hacerles creer que el siguiente paso debe ser la privatización de todos los niveles de la educación costarricense.

Este perverso ataque en contra de la inversión pública en educación y en contra de los trabajadores de la educación, se complementa con los otros disparates y ataques que se han lanzado en contra del fondo de la educación superior, desde el seno de algunos rectores de universidades privadas, diputados como Otto Guevara y otras lacras neoliberales. El candidato sempiterno y perdedor permanente de las elecciones, Otto Guevara, recientemente dijo “Hago un propuesta revolucionaria, que tomemos la plata del FEES y se la trasladamos toda a Conape y que el estudiante que no tenga recurso vaya y se financie sin hipoteca, sin fiadores. Solo firma una letra de cambio y luego le devuelve al Estado.” (La Nación, 12 de junio del 2015). A esta disparatada y demencial propuesta de Otto Guevara, le hacen comparsa personajes neoliberales, aparentemente, más “serios” como expresidente del Banco Central, Francisco de Paula Gutiérrez que plantea que “Que el nuevo FEES debe ser limitado y las universidades… deben poner su cuota de sacrificio…” (La Nación, 18 de junio del 2015).

Todos estos perversos ataques en contra de la inversión en toda la educación pública no deben verse y analizarse como algo aislado, sino que constituye la preparación para golpear, y reducir los montos, en primer movimiento, de los fondos de educación pública y, posteriormente, su privatización generalizada, así como también a los trabajadores de la educación en general. Debemos preparar unificadamente, los sindicatos del MEP, los sindicatos de las universidades públicas y las organizaciones estudiantiles, el combate en contra esa política e intentos que están en desarrollo.

Por José Rene Tamariz

Actualmente en la Asamblea Legislativa existen dos proyectos de ley (19.019 y 19.378), que tienen como objetivo la implementación legal del denominado “modelo de educación dual”; el impulsor del último de los mencionados proyectos es el neoliberal Otto Guevara. El editorial del semanario “El Financiero” define claramente este supuesto “modelo” como “Educación para el empleo” o dicho en otras palabras “Educación para el trabajo.” (El Financiero EF, No. 1.027, semana del 8 al 14 de junio del 2015). Aunque la legalidad de ese dizque “modelo educativo” no ha sido aprobada por el Congreso, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, corrió a solicitar a la canciller de Alemania, Ángela Merkel, le ayude directamente a implementar ese proyecto en Costa Rica. Es necesario señalar que Alemania es el país “creador” de la educación dual que ha exportado a otros países. Según el diario La Nación “Solís y Merkel acordaron que un equipo del Gobierno de Alemania, encabezado por la ministra de Educación y Ciencia Johanna Wanka, venga a Costa Rica a transmitir la experiencia de esa nación europea.” (La Nación, 12 de junio del 2015).

¿Cuáles son los argumentos para justificar la “educación dual”? Que este modelo es una opción para mitigar el desempleo en Costa Rica, que es muy alto: el 10.1%, lo cual en cifras absolutas representa a 217 000 personas, de las cuales el 25% lo constituyen jóvenes de entre 15 a 24 años. Recientemente el diario La Nación señaló en uno de sus editoriales que “En Costa Rica, persiste un déficit de técnicos medios y superiores, a pesar de la demanda que tienen las empresas, y la mitad de empleadores se quejan de que no pueden satisfacer los puestos vacantes con personal idóneo. Esta desarticulación, entre el perfil de los trabajadores y las necesidades del mercado, incide dramáticamente en la tasa de desempleo…” (La Nación, 28 de abril de 2015). Por otro lado, el semanario El Financiero argumenta que la “…formación dual se ha constituido en una herramienta para enfrentar el desajuste entre la oferta y la demanda laboral.” (EF). De acuerdo con esta concepción, el desempleo se debe a un desajuste entre la “oferta y demanda laboral”, entonces hay que ajustar la “oferta” educativa a las necesidades y “demanda” de las empresas. En realidad se está utilizando el incremento del desempleo, que es provocado por otras razones, como una racionalización y justificación para implementar y desarrollar en el sistema educativo costarricense el “modelo de educación dual”.

¿Qué es la educación dual? En primer lugar, los empresarios determinan y deciden los contenidos del currículum de los programas educativos. En segundo lugar, la educación teórica del estudiante-aprendiz es de un tercio en el centro educativo y los dos tercios restantes se hacen en las empresas. En tercer lugar, un aspecto de “gran relevancia es la forma de remuneración al estudiante-aprendiz…” (Ídem). Veamos un caso real ya existente en Costa Rica de formación dual, realizado por la empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco). Según “Gisella Sánchez, directora de relaciones Corporativas de Fifco… se trabaja con un contrato de aprendiz, que se firma con cada estudiante, donde se le da un apoyo económico entre un 50% (durante el primer año) y un 75% (durante el segundo año) del salario de un empleado regular.” (Ídem). Como se puede observar claramente, las empresas que desarrollan esos proyectos de “educación” dual en verdad lo que tienen son trabajadores sobreexplotados a los cuales les pagan salarios por dos o más años por debajo de los salarios de los empleados permanentes. Esta situación de explotación, los proponentes de la “educación” dual, para evitar demandas judiciales contra los empresarios por parte de los denominados eufemísticamente “estudiante-aprendiz”, pretenden convertir los “…los contratos de aprendizajes en figuras de índole civil, no laboral.” (EF).

La implementación de la “educación” dual en Costa Rica va a colocar la “educación técnica” en función directamente de los empresarios, así como proveer de mano de obra, con bajos salarios por dos o más años, a las compañías que la desarrollen. Desde las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional se debe exigir al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la Asamblea Legislativa y al gobierno no aprobar dichos proyectos de leyes. Asimismo, exigir que esos proyectos deben ser discutidos primero por las bases de las organizaciones magisteriales, para hacerles los cambios necesarios. Esto es urgente, ya que el gobierno está corriendo para ejecutar la “educación” dual en el país. Emplazamos, de forma particular, a la dirigencia de la APSE a iniciar la lucha contra el supuesto “modelo” de “educación” dual

Por José René Tamariz

Cada dos semestres de todos los años, se repite el mismo espectáculo en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), la supuesta discusión y, al final, la imposición de los reajustes salariales, tanto para los trabajadores del sector privado como público. Recientemente se impuso el reajuste salarial del 0,94% para los trabajadores del sector privado. En este sector, desde el año 2012, existe una metodología para aprobar dichos incrementos de los sueldos mínimos en la empresa privada. Esto se hace considerando la inflación proyectada más el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos cinco años. En el sector público, se hacen los reajustes salariales semestrales tomando en cuenta solamente la inflación pasada, es decir, del semestre anterior, pero de todos los trabajadores, mientras que en el sector privado, los reajustes salariales no se generaliza para todos los trabajadores.

En la supuesta discusión y aprobación del reajuste de los salarios del sector privado en el seno del CNS existían diversas propuestas por parte de los bloques sindicales y sindicatos. Por un lado, estaba la posición del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que proponía un incremento general a la base salarial del 1,46% y, un aumento adicional del 1% y 2%, para los trabajadores no calificados y empleadas domésticas, respectivamente. Por otro lado, estaba la posición de las centrales sindicales Juanito Mora y ANEP, que son parte de Patria Justa, Rerum Novarum (CTRN), la CMTC, la CUT, que demandaban un reajuste salarial del 2% en general y de un 2.5% para las trabajadoras domésticas. En tercer lugar, se encontraba la posición del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública (SITEPP) que planteaba un incremento salarial del 5% y adicionalmente el 2% y 0,25% por inflación proyectada e incremento del PIB, respectivamente. Como se puede observar, es una cuestión de locos todas las propuestas de tantas organizaciones sindicales. Lo peor de todo ello, es que en la mesa de negociaciones del CNS no había ningún trabajador de carne y hueso que representara los intereses de los diferentes sectores de la empresa privada y que hayan sido electos por ellos.

Al final, como era de esperarse, el gobierno y la patronal, impusieron su posición: otorgar un miserable reajuste salarial del 0,94%, es decir, apenas 940 colones para cada cien mil colones, porque la inflación interanual fue de ese mismo porcentaje. Para un trabajador que gana el salario mínimo, que es un poco más de 200 mil colones, significa comprar solamente una bolsa de arroz y una de frijoles. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la canasta básica en tres meses pasó de 126 885 colones a 130 093, o sea, un incremento del 2,52%, mientras que el incremento salarial fue del 0,94%. A lo anterior, hay que sumarle que Costa Rica ¡es el país de América Latina en donde el costo de la vida es un 20% más caro!

Frente a esa situación las dirigencias sindicales deben plantear y negociar de forma conjunta una posición unificada frente al gobierno y la patronal. Eso podría permitir una lucha conjunta de las organizaciones sindicales tanto en la mesa de negociaciones como en la calle para imponer una propuesta unitaria de reajustes salariales.

De otro lado, todas las organizaciones sindicales (confederaciones, centrales y sindicatos) y sus dirigencias deben unificar esfuerzos para definir y presentar al gobierno una política salarial nacional, desde el sector de los trabajadores, sean privados y públicos.

Se debe retomar algunas propuestas planteadas por el Informe Estado de la Nación al respecto. En primer lugar, exigir una inspección efectiva del Ministerio del Trabajo que garantice el pago del salario mínimo y otros derechos y garantías laborales (pagos por enfermedad, vacaciones, riesgos de trabajo, horas extras). En segundo lugar, luchar conjuntamente por una política nacional de salarios mínimos crecientes para las ocupaciones de sectores no profesionales, tales como obreros (urbanos y rurales) y trabajadores no calificados. En tercer lugar, luchar para que en la empresa privada se les garantice los reajustes salariales a todos los trabajadores, no solo a los que devengan el salario mínimo. En cuarto lugar, es necesario y urgente la unidad de todas las organizaciones sindicales para enfrentar los peligros que enfrentan los trabajadores del sector público (tanto por el lado del nuevo directorio de la derecha neoliberal que se apoderó del directorio y las comisiones de la Asamblea Legislativa como por parte del gobierno) de eliminar los componentes salariales conocidos como pluses salariales con el objetivo de que sean los trabajadores los que paguen el déficit fiscal. También en la lucha por los reajustes salariales se debe considerar el factor de país más caro para exigir una compensación salarial. De otro lado, se debe luchar por cambiar la metodología de los reajustes salariales semestrales en el sector público, que se paguen los reajustes con base en la inflación proyectada y no con base en la inflación pasada y tome en cuenta también el crecimiento económico.

Por Francisco Quesada

El control del directorio de la Asamblea Legislativa y de sus principales comisiones por parte del bloque de la derecha del PLN, PUSC, ML y otros partidos minoritarios, constituye un grave peligro para los derechos e intereses de los trabajadores, principalmente, para los empleados del sector público. Ese rejuntado de neoliberales, pretende implementar el procedimiento de la vía rápida en el Parlamento para tramitar un conjunto de proyectos de leyes que afectan directamente los niveles de vida de los trabajadores, tales como, la ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público, léase, eliminación de los pluses salariales; la ley de empleo público; la ley de contingencia eléctrica, léase, mayor privatización de la electricidad y, la ley de responsabilidad fiscal.

Para ejecutar la vía rápida se necesitan 38 votos. Ese mecanismo acorta los plazos de aprobación de los proyectos, reduce la cantidad de mociones y el uso de la palabra por parte de los diputados. La alianza neoliberal cuenta con sus 33 votos que le dieron el control de ese poder de la República, más tres votos del PAC y uno del PASE, es decir, que solo le hace falta un voto. En los próximos días ese voto u otros más serán logrados por el bloque derechista. El único partido que se opone a la implementación de ese mecanismo de aplanadora en la aprobación de leyes es el Frente Amplio. Así como está la situación en la Asamblea Legislativa, la coalición de la derecha tendría en los próximos días y meses la capacidad y potestad para iniciar la discusión y, eventual, aprobación de los proyectos antes mencionados y muchos otros. Para engañar al pueblo, los voceros de la derecha utilizan diversos eufemismos, para justificar la aprobación de la vía rápida, tales como, que “Queremos negociar con conciencia nacional en este segundo año. El país ya no aguanta más. No podemos pensar más en los colores políticos…”. (La Nación, miércoles 20 de mayo).

La ofensiva neoliberal avanza rápido

Toda la ofensiva del neoliberalismo, tanto del gobierno de Solís como del bloque derechista, se centra en disminuir los niveles de vida de los trabajadores, para reducir el déficit fiscal. Es decir, bajar el déficit fiscal a costa y en contra de los trabajadores, rebajándoles los salarios, eliminando los pluses salariales, eliminando las conquistas laborales, haciendo despidos camuflados, mediante reorganizaciones y muchas otras triquiñuelas. Lo peor y más detestable de todo ello, es que dirigentes sindicales pro-patronales se alían a los directores de las empresas públicas, en donde existen convenciones colectivas, para ejecutar los planes en contra de los trabajadores, tales son los casos del sindicato de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Asociación Sindical de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Astraa). Como parte del avance neoliberal también, se inscribe la entrega de los bienes y patrimonio nacional a las empresas transnacionales, como el caso de la entrega de los muelles en Limón a la empresa holandesa APM Terminals.

¿Cómo frenar la ofensiva neoliberal?

Debemos ser claros. No existen posibilidades de detener la discusión y aprobación de los proyectos en contra de los trabajadores en el seno de la Asamblea Legislativa, la derecha neoliberal en mancuerna con diputados del PAC son mayoría casi absoluta. El Frente Amplio (FA) está solo y aislado en el Parlamento para evitarlo. Tampoco existen las posibilidades de detener la aprobación de esos proyectos mediante el diálogo y la negociación, como han pretendido hacerlo algunas dirigencias sindicales. Precisamente, la maniobra de la coalición al tomar el control del directorio del Congreso tenía el objetivo de aprobar, aquellos proyectos anti-obreros que no lograron hacerlo en las administraciones del PLN. De ahí que la única vía para detener, frenar y derrotar los nefastos planes de los neoliberales en contra de los trabajadores del sector público es mediante la movilización y lucha conjunta de los trabajadores estatales y de sus organizaciones sindicales.

Es por lo anterior que llamamos a la fracción parlamentaria del Frente Amplio (FA) a colocar todos sus recursos y diputados a disposición de preparar y organizar la resistencia en la calle en contra la embestida que está en curso para disminuir los niveles de vida de los trabajadores. Asimismo, emplazamos a las dirigencias de los bloques sindicales de BUSSCO y Patria Justa a convocar, de forma conjunta, a un gran Encuentro Nacional Sindical y Popular en donde se discuta la situación nacional, la ofensiva neoliberal y se vote un plan de lucha nacional que enfrente y derrote las pretensiones de aprobación de los proyectos en contra de los salarios y el empleo de los trabajadores. El plan de lucha y resistencia organizado en dicho encuentro, para retener y mantener, los derechos y conquistas ganadas en épocas anteriores, debe concluir en el lanzamiento de una gran huelga nacional indefinida que logre conservar el actual sistema de los salarios, el empleo público y otras conquistas sociales. Es necesario establecer de inmediato la coordinación entre las dirigencias sindicales, para preparar ese Encuentro Nacional. Esto se impone como una necesidad urgente del movimiento obrero y popular de Costa Rica.