Por Manuel Sandoval

El gobierno de Luis Guillermo Solís no tiene una fracción legislativa con suficiente peso como para hacer pasar sin problemas sus proyectos. Esto implica que tiene que negociarlos, y para el 1º de mayo, que se elige el directorio legislativo, tratar de armar una coalición con las fracciones legislativas más cercanas: la del PUSC y la del Frente Amplio, que servilmente ha dicho que podría apoyar un directorio del partido del gobierno, el PAC.

Sin embargo, la situación se le ha complicado al gobierno. Aunque al asumir su mandado el 8 de mayo del año pasado Luis Guillermo Solís se comprometió a no aumentar impuestos antes de dos años, optando por “racionalizar” el gasto público, de esta promesa ya se olvidó, y siguiendo las recomendaciones del Informe del FMI de noviembre el año pasado, pretende pasar un paquetazo de impuestos, que la burguesía trata de que no la afecte. Aunque es un calco de los proyectos de la anterior administración, el Partido Liberación Nacional, los libertarios y el PUSC se oponen alegando que el gobierno sigue gastando a manos llenas y no hace recortes al presupuesto nacional.

La situación fiscal del país no es tan grave, hemos dicho varias veces que es manejable mientras la situación económica internacional no se deteriore más. Pero la burguesía costarricense, temiendo verse desplazada si avanza el proyecto de canal interoceánico en Nicaragua, trata de recuperar terreno construyendo infraestructura para el desplazamiento de mercancía por el territorio nacional, bajando el costo salarial del país (este gobierno ha definido una política de hacer los reajustes salariales un punto por debajo de la inflación reconocida oficialmente, que siempre es menor a la inflación real); pero también permitiendo la evasión y el fraude fiscal en que incurren las grandes empresas, que algunos aseguran que se da por una cifra semejante al presupuesto del gobierno central.

La opción del gobierno para aumentar los ingresos y reducir el déficit fiscal, es entonces profundizar la estructura tributaria regresiva del país, descargar aún más el peso de la carga tributaria sobre los sectores populares. El proyecto central es transformar el impuesto de ventas en un Impuesto al Valor Agregado (IVA), aumentarlo del 13 al 15% en dos años y extenderlo a muchísimas actividades no gravadas, lo que indudablemente va a disparar el costo de la vida, a la par que se gravan con el impuesto a la renta los ingresos de sectores medios acomodados, pequeños empresarios y sectores fuertes del capital como las grandes cooperativas.

Calculamos que la aplicación del IVA puede provocar una reacción en cadena de alzas, que mínimamente va a aumentar el costo de de vida en 4 o 5 puntos. La canasta básica de productos exonerados del impuesto va a ser una burla. El gobierno calcula recoger unos 600 000 millones de colones (un 2% del PIB), para que el déficit fiscal baje a un 3,75% del PIB en los próximos tres años. La sangría que va a sufrir el bolsillo de los sectores populares (450 000 millones de colones) es tanto como lo que derrocha el Estado en la piñata multimillonaria de las famosas asesorías con las que se premia a los amigos de los jerarcas de las instituciones públicas.

Junto a los proyectos para eliminar los pluses salariales en el sector público (como el pago de anualidades y dedicación exclusiva), ataques se están realizando ya por la vía de denunciar las convenciones colectivas de trabajo en las instituciones donde existen; en la agenda del gobierno está golpear las pensiones de la Caja y todos los regímenes especiales de pensiones (disminuirlas), como en el caso de los judiciales o el Magisterio Nacional, y asimismo un proyecto para prohibir totalmente las huelgas en los servicios “esenciales”.

Aunque finalmente, las otras fracciones pueden “dejar” que el gobierno defina el directorio legislativo porque la voluntad de golpear a los sectores populares es patente y, como decíamos al principio, se están calcando proyectos del gobierno de Laura Chinchilla y el PLN, no pareciera que está resultando tan fácil llegar a esta componenda.

El gobierno ha sido golpeado por el escándalo que se ha levantado en torno a un proyecto para una nueva ley de Radio y Televisión, que le daba la potestad hasta de cerrar emisoras por criticarlo. Ya tuvieron que renunciar la Ministra y el Viceministro del MICITT (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones), y está siendo atollado el Ministro de la presidencia y brazo derecho de Solís, el exobispo luterano Melvin Jiménez.

Es una coyuntura de enfrentamientos en las alturas, que debería ser aprovechada por el movimiento obrero y popular para salir al frente, a rechazar los proyectos. Desgraciadamente, todas las burocracias sindicales están postradas, siguiendo la política del Frente Amplio, de no enfrentar al gobierno y apoyar proyectos oscuros como el de la ruta 32.

Gracias, sin embargo, a la presión de las bases de la APSE, que impusieron en una Asamblea Nacional de Presidentes de Base la convocatoria a una marcha contra los proyectos, el viernes 24 de abril saldrán a la calle las y los trabajadores de la Educación que agrupa este sindicato, abriéndose así la posibilidad de que comiencen a salir otros sectores. En el Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores trabajamos en este sentido.