Por José René Tamariz Corea

El gobierno está realizando una maniobra para impulsar y aprobar, eventualmente, un paquetazo fiscal. Aprendiendo de las experiencias de los gobiernos neoliberales que enviaban a la Asamblea Legislativa un solo proyecto de ley de Plan Fiscal y fracasaban, el gobierno del “cambio” fragmentó los proyectos fiscales fallidos (Consolidación Fiscal, Solidaridad Tributaria, Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural y otros) del gobierno de Chinchilla en nueve proyectos, para intentar pasar en el Congreso, al menos, algunos de ellos. Con esas medidas el gobierno pretende reducir el déficit fiscal en 3,75% del PIB en sus cuatros años de administración. De esos proyectos varios representan una arremetida violenta en contra del nivel de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Tales son los casos de la reforma al impuesto de venta, la reforma al impuesto sobre la renta e incluso, el proyecto de “responsabilidad fiscal”, ya que este último impondría topes legales al crecimiento del gasto corriente de los presupuestos del sector público. Esto último podría afectar el crecimiento de los salarios, el empleo público y el gasto social.

Esos planes en contra de los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias, van a la par de medidas de carácter administrativas nefastas, entre las cuales, se encuentran el “congelamiento de plazas” y la aplicación de un acuerdo del año pasado entre el gobierno de Solís con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de “que el aumento salarial para el sector público para el 2015 sea menor en un punto porcentual a la inflación del año.” (La Nación, 16 de marzo del 2015). Lo anterior significa que el próximo reajuste salarial para el segundo semestre del 2015 será menor que el índice de inflación, es decir, un reajuste salarial miserable, casi llegando a niveles de “congelamiento” salarial.

Mientras el gobierno de Solís tiene como objetivo aplicar una política de tenaza salvaje, proyectos fiscales y medidas administrativas, en contra de los trabajadores y demás sectores populares, mantiene intactas las exoneraciones para el gran capital nacional y transnacional. Además no se atreve a aplicar planes fiscales de “renta global” y “renta mundial” en contra de los capitalistas, para no enfadarlos y que de esa manera, apoyen sus tétricos proyectos fiscales en contra de los trabajadores.

La estructura tributaria regresiva de Costa Rica

En primer lugar, se deber ser claro que la estructura tributaria de Costa Rica, relación entre los impuestos directos e impuestos indirectos, es totalmente injusta. La mayor parte de los impuestos descansa sobre el impuesto de venta, el cual pagan los consumidores que son la mayoría de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Al final, son los asalariados los que pagan la mayoría de los impuestos del país. Tanto por el lado del impuesto de venta como por el pago del impuesto a los salarios. Por tanto, el plan del gobierno de aumentar el impuesto de venta, convertido en impuesto al valor agregado, del 13% al 15% es un ataque canalla en contra de los trabajadores y sectores populares. Profundiza el carácter regresivo de los impuestos. Si el gobierno quiere impuestos para las profesiones liberales, entonces que se los imponga, pero sin aumentar los impuestos de venta a los trabajadores y sectores populares.

Las reformas al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Las propuestas de reformas del gobierno de Solís al impuesto de ventas, para transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA), y, al impuesto sobre la renta, constituyen, en caso de aprobarse, un violento ataque en contra de las condiciones de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es un plan que no toca para nada a los capitalistas nacionales y transnacionales. Veamos en detalle esas salvajes y canallas propuestas del gobierno del “cambio”.

El aumento del impuesto a los servicios de electricidad y agua, también es un ataque contra los trabajadores y clases medias. Actualmente el consumo de energía eléctrica y agua, sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es del 5% y con el nuevo IVA se pretende llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría un salvaje incremento de un 10%, igual pasaría con el alza del impuesto al consumo del agua. Por otra parte, el cobro del IVA sobre los alquileres de casas igual o inferior al salario base de 403.400 colones es un golpe al consumo y condiciones de vida de sectores de clases medias. Es cierto que no cualquier persona puede pagar ese tipo de alquileres, pero muchos sectores de clases medias lo hacen porque no tienen la capacidad para comprar casas.

Las reformas al Impuesto sobre la Renta

Por otro lado, el pago escalonado (10%, 15%, 20% y 25%) del impuesto de renta sobre los salarios aparenta ser un impuesto progresivo, pero en el fondo sigue afectando los salarios de sectores de los empleados públicos y sectores de clases medias. Los salarios de un millón de colones no deben pagar impuestos. De tal modo que los salarios superiores a un millón de colones deben pagar impuesto, pero en proporciones menores a los planteados por el gobierno. Aquí el problema de fondo es que la renta de los grandes capitalistas nacionales e internacionales, continúa gozando de la exoneración del pago de impuesto. De nuevo aquí se plantean las preguntas ¿Quiénes pagan los impuestos? Los trabajadores, sectores populares y clases medias. ¿Quiénes dejan o continúan sin pagar los impuestos? Los grandes capitalistas nacionales y las empresas transnacionales.

De otro lado, el pago del impuesto de renta a la cesantía sobre el exceso del tope máximo de 8 años es un ataque a los trabajadores que tienen convenciones colectivas. Es un ataque que ni siquiera los gobiernos neoliberales del PLN se habían atrevido a plantear y el gobierno del “cambio” lo está intentando hacer. No lo permitamos. Debemos ser claros, la cesantía de ocho años es una porquería miserable, muchos trabajadores no profesionales, después de trabajar 30 años, reciben una miseria de apenas 3 millones de colones.

Es cierto que se va cobrar el impuesto de renta del 30% a las grandes cooperativas, lo cual está bien. Sin embargo, en el gobierno no existe acuerdo sobre los impuestos a las grandes cooperativas. El Presidente Solís declaró al respecto que “Se están colocando cosas fuertes. Para mí, ver puesto en una propuesta fiscal la intención de Hacienda de cobrarles impuestos a las cooperativas grandes, ideológicamente me produce una cosa fuerte…”. (La Nación, 18 de marzo del 2015). No obstante lo anterior, la realidad es que muchas grandes cooperativas se dedican a la actividad comercial y financiera, generando grandes utilidades que no pagan impuestos. Lo perverso y desigual es que el gobierno exonera del pago de impuesto a las grandes empresas de zonas francas y otros regímenes especiales, como el sector turismo. Todo ello refleja inequidades del sistema tributario, lo cual debe terminar.

Propuestas de Lucha

De último, los trabajadores y sectores populares, así como las organizaciones sindicales, debemos movilizarnos para exigirle al gobierno de Solís el inmediato retiro y archivo de ese anti-trabajador y anti-popular plan de reformas del impuesto de venta y de renta. Exigir un nuevo plan en el que sean los ricos, los grandes capitalistas nacionales y transnacionales, los que paguen los impuestos y financien el déficit fiscal, no los trabajadores y sectores populares.

Las organizaciones sindicales y las dirigencias sindicales deben convocar a asambleas a sus afiliados para discutir y rechazar los salvajes planes fiscales y las nefastas medidas administrativas en contra de los niveles de vida y de trabajo de los trabajadores. Asimismo, deben impulsar una amplia unidad de acción, convocando a una Asamblea Nacional de Trabajadores y de otras organizaciones populares, en la que se discuta y vote un plan de lucha que concluya en el desarrollo de una gran huelga general para echar abajo los salvajes proyectos fiscales del gobierno en contra de los trabajadores y sus nefastas medidas administrativas. Hay que iniciar desde ya la campaña en contra de esa política gubernamental, porque después, puede ser muy tarde.

Por José René Tamariz Corea

Actualmente en Costa Rica existe un intenso y fuerte debate sobre las pensiones y sus diversos regímenes. Los neoliberales, encabezados por el diario La Nación, vienen planteando, desde hace mucho tiempo, que el pago de las pensiones, en términos generales, constituye, junto con los salarios del sector público, los denominados disparadores del gasto público. De ahí plantean tanto la eliminación de los pluses salariales como reformas a los regímenes de pensiones que, entre otras medidas, proponen el aumento del número de cuotas, el incremento de la edad para pensionarse, disminución del monto de la pensión e imponer topes a los regímenes de privilegios. Es decir, en muchos casos, constituye una verdadera arremetida en contra de los trabajadores.

El gobierno de Solís ha escogido para golpear los niveles de vida de los trabajadores los flancos más débiles, tales como, las convenciones colectivas y los regímenes de pensiones. También existe una política salarial, en los hechos, de congelamiento de los reajustes salariales semestrales. Lo anterior, es el producto de la política del Banco Central de mantener bajos los niveles de inflación, resultado de la manipulación hacia abajo del índice de precios al consumidor (IPC), como maniobra para reducir, cada vez más, los incrementos de los salarios por costo de vida y, por ende, reducir el déficit fiscal, vía reducción salarial, entre otros mecanismos económicos.

El Sistema Nacional de Pensiones

La Ley de Protección al Trabajador (LPT), aprobada en el año 2000, creo el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el cual se sostiene en cuatro pilares: el Régimen Básico, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), el Régimen de Pensiones Complementario Voluntario y el Régimen No Contributivo. Es necesario señalar que el Régimen Básico, está conformado por cuatro tipos de regímenes, a saber, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Régimen del Poder Judicial cuyo gestor es el fondo de jubilaciones y pensiones, el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional, junto al de Reparto del Magisterio Nacional (transitorio), administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y el Régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, dirigido por la Dirección Nacional de Pensiones.

Los Requisitos y Beneficios de los Regímenes

El Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS es el más importante del país, ya que agrupa a toda la clase obrera del país y otros sectores sociales que, en total, suman 1.450,000 cotizantes y 217,345 pensionados. Lo anterior representa al 63% de la población económicamente activa (PEA). El trabajador cotiza el 2,84% de su salario para la pensión, el patrono paga el 5,08% y el Estado el 0,58%, para un total del 8,5%. Los requisitos para la jubilación es tener 65 años y 300 cuotas, es decir, 25 años de cotización. El cálculo para la pensión se obtiene del promedio de los últimos 240 salarios cotizados, actualizados por la inflación, o sea, ¡el promedio de los sueldos de los últimos 20 años! En realidad, de todos los regímenes el IVM es el peor que existe, puesto que el trabajador termina obteniendo una pensión miserable, de hambre, tan solo entre el 43% al 52,5% del salario de referencia (promedio de 240 cotizaciones) más el 0,0833% por cada cotización adicional. El IVM cuenta con un fondo de reserva de 1,9 millones de colones

Sobre el futuro del IVM se ha producido una fuerte discusión y choque de posiciones entre las autoridades de la CCSS y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en cuanto a la sostenibilidad de dicho régimen. La CCSS plantea que el IVM está en capacidad de sobrevivir hasta el año 2036 sin que sea deficitario, mientras que la SUPEN sostiene que el punto de quiebre del régimen se prevé para el año 2025. Debido a esas diferencias y contradicciones, se contrató a la firma argentina Melinsky para que realizara un estudio actuarial, el cual ya fue realizado y terminado para el año 2015, aunque no han sido publicados sus resultados. A pesar de que no se han hecho públicos los resultados de dicho estudio, ya se está hablando de aumentar el número de cuotas, incrementar la edad para pensionarse y reducir, aún más, los beneficios para 1,4 millones de trabajadores. A este plan macabro y miserable contra la clase obrera hay que oponerse y combatirlo con todas las fuerzas.

Por otro lado, es importante denunciar que la empresa del argentino Eduardo Melinsky ha venido realizando, viviendo a costa de los diferentes regímenes de pensiones, diversos estudios actuariales en el poder judicial, en el magisterio nacional, en la CCSS, así como en el magisterio de Honduras y muchos otros países. Debido a una denuncia del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica (CPCECR), el poder judicial anuló el contrato del estudio actuarial de este sujeto y su compañía. En cuanto al estudio actuarial realizado al IVM por este señor y su empresa, ha habido fuertes cuestionamientos. La Dirección Actuarial y Económica de la CCSS ha cuestionado y señalado, en tres oficios, inconsistencias y errores técnicos de dicho estudio. En el mes de enero, se suspendió el contrato de la CCSS con Melinsky, para que entrara la Escuela de Actuariado de la UCR a verificar la pertinencia del estudio y estimaciones realizadas por Melinsky. En otras palabras, este señor y su empresa, han sido duramente cuestionados por sus estudios y resultados, bastante dudosos en los diferentes regímenes de pensiones.

Sobre las Reformas al IVM

El diario La Nación, respecto a las reformas al IVM, plantea que “Como lo hemos venido apuntando durante largos años de debate sobre la sostenibilidad del IVM…Es inevitable pensar en extender la edad de jubilación en un país con expectativas de vida cada vez más largas. El aumento de las cuotas… donde también figurará la posibilidad de recortar beneficios.” (La Nación, 7/03/15). Ya en el año 2005 se había incrementado las cuotas en el IVM de 240 cuotas a 300 y se incrementó, para cada quinquenio, la cotización de los trabajadores, patrones y Estado. Volver a incrementar las cuotas para pensionarse y, por ende, la edad, lo cual la podría llevar hasta los 70 años, prácticamente significaría que los trabajadores no se podrían pensionar y, por tanto, morirían en sus puestos de trabajo, sin derecho a disfrutar una pensión. Esto no lo debemos permitir.

Frente a esas reformas anti-obreras del IVM, consideramos necesario levantar un plan alternativo de reformas. Entre otras propuestas, planteamos las siguientes: eliminar la evasión patronal del pago de las cuotas al IVM, lo anterior constituye una fuga masiva de dinero para la CCSS; cobrar eficientemente todas las deudas millonarias que tienen los patronos con la CCSS; incrementar la cotización de los patronos y el Estado para el IVM, no así a los trabajadores; eliminar las exoneraciones fiscales a las zonas francas y otros sectores económicos poderosos para que sean utilizados para fortalecer el fondo de reserva del IVM.

El Régimen de Pensiones del Poder Judicial

Este régimen fue creado en el año 1937 y tiene unos 12 mil cotizantes, 2,613 jubilados y 687 pensionados activos. En dicho sistema tanto los jubilados como pensionados activos siguen cotizando, a pesar de que estén retirados. La cotización del salario para la pensión es del 9% para el trabajador como para el pensionado, el patrono cotiza el 11,75% y el Estado el 0,41%, para un total del 21,16%. La sostenibilidad de este régimen también ha sido cuestionada por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), ya que asegura que su reserva para el año 2014 se encontraba en cero.

En realidad, este es un régimen de privilegio. La pensión que reciben sus beneficiarios es cinco veces más alta que en el IVM y sus cotizantes se pensionan con el 100% de su salario, sin que medie tope alguno para el monto de la pensión. Ese salario se obtiene del promedio de los 24 mejores salarios obtenidos en los últimos cinco años. También los empleados del poder judicial pueden retirarse con pensión completa a la edad de 55 años. Producto de las presiones que se han producido contra este régimen de pensiones, los magistrados han realizados, vía administrativa, algunos cambios, pero que no modifican sustancialmente la situación de dicho régimen.

Por Manuel Sandoval

Para terminar con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional a cargo del Presupuesto Nacional (Régimen de Reparto), se creó un Fondo de Capitalización, al que están adscritos más de 75 000 trabajadoras(es) de la Educación que comenzaron a laborar a partir de julio de 1992. Se trata, en realidad, de un fondo privado, que ha acumulado ya más de 2 000 millones de dólares, pese a que por ley las inversiones que ha realizado, han sido básicamente en títulos del Estado, de poco rendimiento.

Mediante el proyecto de ley 18 888, el gran capital financiero presente en Costa Rica, quiere echarle mano a los recursos del Fondo, con la complicidad de las dirigencias magisteriales, que han ocultado el proyecto a las bases de las organizaciones.

En el presente artículo se analizan los tropiezos que han logrado provocar en el trámite legislativo del proyecto, las primeras reacciones de las bases del Magisterio Nacional. Con el apoyo de la diputada Ligia Fallas, se introdujeron varias mociones, obligando al gobierno a retirar el proyecto temporalmente, para no entorpecer el trámite de otros.

Sin el inciso e, ¿es bueno el proyecto de ley 18.888?

Evidentemente, es un logro positivo que las dirigencias magisteriales dieran un paso atrás y se planteen ahora la eliminación del inciso e) del proyecto de ley 18.888, que abría el Fondo de Capitalización a inversiones bursátiles en el extranjero. Es bastante irrisorio, si no hubiera mucho cinismo de por medio, que ahora los dirigentes de la ANDE y del SEC están compitiendo para aparecer como los campeones de la oposición al inciso e, cuando estuvieron dedicados en cuerpo y alma a que el proyecto se aprobara rápidamente en la Asamblea Legislativa. Reconocemos que esta lucha fue posible, porque la dirigencia de la APSE no apoyó el proyecto y muchas compañeras y compañeros comenzaron a pronunciarse en contra.

Sin embargo, no creemos que el proyecto cambie de naturaleza, aunque se elimine este inciso. Sigue estando planteada la apertura del Fondo, mediante figuras jurídicas difusas, como los fideicomisos, a una mayor injerencia del gran capital financiero presente en el país en las inversiones que haga JUPEMA a nivel nacional.

Llamamos la atención sobre esta afirmación que hacemos, porque la ley actual (con la reforma del 25 de febrero del 2009) abre esta posibilidad y el proyecto 18.888 lo que hace, a nuestro modo de ver, es abrir de par en par las puertas que quedaron entreabiertas en el 2009.

En el 2009, cuando se tramitó la primera reforma a la ley 7531, la dirigencia de la APSE no alcanzó a ver el alcance que podía tener la inversión en fideicomisos, de los que se hablaba poco en aquel momento. Esta despreocupación continúa, porque ya hay algunos miles de millones de colones invertidos en proyectos de esta naturaleza, aparentemente de obra pública, y para valorar los alcances del proyecto 18.888 no se han analizado, en ninguna de las instancias dirigentes de la APSE, estas inversiones.

Hemos dicho reiteradamente que nos parece correcto prestarle al Estado para que ejecute proyectos de obra pública. El estado es el mejor garante de que nuestro dinero se recuperaría y con creces. Desgraciadamente, el proyecto 18.888 (emanado de la cúpula de funcionarios neoliberales que dirige JUPEMA) apunta en otra dirección. Si se trata de promover el desarrollo del país en beneficio de las grandes mayorías populares, invertir en títulos y valores de La Nación, el grupo Sama o la Florida Ice and Farms es inaceptable (y lo grave es que está planteado en los incisos c y d del proyecto). Así como la posibilidad de invertir en un proyecto como Autopistas del Sol o en las torres chinas (inciso f).

Para justificar el trámite de este proyecto, se ha traído a colación nuevamente, el estudio actuarial de la firma argentina Melinsky Pellegrinelli, en el 2012, que proyectaba que el fondo no iba a poder cubrir las pensiones de la primera oleada de educadoras y educadores que se acogieran a la pensión en quince o veinte años. La Junta Directiva de JUPEMA acogió este informe, pese al sesgo neoliberal del mismo (que condicionaba las proyecciones), y avaló la recomendación de subir la edad para pensionarse, la cotización y disminuir el perfil de beneficios. Sólo cuando la APSE reaccionó y desautorizó al compañero Edgar Durán, nuestro representante de entonces, la Junta Directiva de JUPEMA dio un paso atrás.

Ahora, la cúpula que administra JUPEMA, arrastrando a la Junta Directiva, da a luz este engendro del proyecto 18.888.

Analizar y discutir para no lamentarnos

Tenemos que analizar muy cuidadosamente la situación. El Fondo de Capitalización es un fondo privado, que si no capitaliza, no va a garantizar las pensiones de las y los compañeros adscritos al mismo. Sacar a estas compañeras(os) del Régimen de Reparto es una de las grandes injusticias que se han cometido contra el Magisterio Nacional.

Creemos, sin embargo, que no se puede actuar a la ligera, bajo la presión de la cúpula neoliberal que dirige JUPEMA.

Frente a los portillos que abre el proyecto para los grandes bancos y las transnacionales, la APSE debería orientarse a mocionar en la Asamblea Legislativa (aprovechando a la compañera Ligia Fallas y otros diputados que se han sumado a hacerle oposición al proyecto, como el compañero Carlos Hernández) para introducir válvulas de seguridad para las inversiones que se hagan a nivel nacional. No hay que tener miedo de que el trámite del proyecto se retrase. Insistimos, tal y como está redactada, la Ley actual permite que se haga inversión en obra pública y fideicomisos. El proyecto introduce multas a los patronos que no depositen puntual y completas las cuotas (aspecto progresivo aunque insuficiente), pero más vale que avance lentamente, a precipitar su aprobación tal y como está.

Por declaraciones públicas de Ana Doris González, la Presidenta, y de Sonia Ulate, la representante de APSE en la Junta Directiva de JUPEMA, inferimos que la política de la dirigencia actual es controlar las inversiones mediante reglamentación interna. Estamos de acuerdo con esto, pero no con el método con que lo propugnan. Sonia Ulate no entiende que los altos funcionarios de JUPEMA siguen orientaciones neoliberales, ajenas a los intereses del Magisterio Nacional. Confiar en ellos es engañarse sola. Sin presión de las bases, es poco lo que va a lograr dentro de las paredes del quinto piso de JUPEMA.

Proponemos a la dirigencia de la APSE, que invite a la Asamblea Nacional de Presidentes de Base del viernes 20, a la Junta Directiva en pleno de JUPEMA para que asuma su responsabilidad ante las bases del Magisterio Nacional.

NADIE TIENE DERECHO A DISPONER DE LOS FONDOS DEL MAGISTERIO NACIONAL SIN CONSULTAR A LAS Y LOS TRABAJADORES AFECTADOS

Por José René Tamariz

El día 9 de febrero que se inició el curso lectivo, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, planteó que los docentes debíamos ser evaluados para medir nuestras capacidades como educadores. Además, fue más allá en el ataque a los docentes al plantear con desfachatez que “No puede enseñar bien quien no sabe lo que enseña.” (La Nación, 20/2/15). Esta expresión de Solís constituye un menosprecio total hacia los docentes, que no debemos tolerar y tenemos que repudiar. Podemos afirmar, sin equivocarnos, que la mayoría de los educadores “sabemos lo que enseñamos”, a pesar de la mala educación que se recibe en las universidades privadas, e, incluso, las públicas. Actualmente, existe un ataque de los medios de información de las autoridades gubernamentales en contra de los educadores. Se nos hace responsable de los malos resultados en las pruebas de bachillerato, de los aplazados y repitencia de materias en el sistema educativo, así como de la deficiente calidad de la educación. ¿Es cierto que somos los educadores los responsables de los malos resultados de los estudiantes y de la calidad de la educación? Lo anterior es totalmente falso. Lo demostramos a continuación.

El Problema de Fondo: La Mercantilización y Privatización de la Educación

El IV Informe Estado de la Educación señala que cada año en Costa Rica se gradúan a más de 10 mil educadores. De ellos, en el año 2011, 7.359 fueron graduados por las universidades privadas, mientras que 3.238 lo hicieron en las universidades públicas. Entonces, el 69,4% de los educadores graduados cada año salen de las universidades privadas, las cuales no son supervisadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). Es importante señalar que actualmente existen 52 universidades privadas y solamente 4 universidades públicas, que imparten 259 carreras de educación. Esta gigantesca cantidad de graduados en educación ha producido una saturación y sobreofertas de carreras educativas y sobredemanda de plazas para trabajar en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Entonces, como se puede observar con base en los datos anteriores, la educación de los educadores se encuentra, principalmente, en manos de las universidades privadas. En otras palabras, la educación universitaria se ha privatizado y, con ello, se ha mercantilizado en detrimento de la calidad educativa. A estas universidades privadas no les interesa la calidad de sus estudiantes ni de la educación, sino obtener la mayor cantidad de ganancias. El Estado, siguiendo los dictados del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), conscientemente ha delegado en manos de las universidades privadas la educación universitaria de los educadores y de muchos otros sectores sociales.

Ganancias y Lucros de las Universidades Privadas

En un reciente artículo, el historiador, Iván Molina Jiménez, se hace la siguiente pregunta “¿A cuánto ascienden las ganancias anuales de las universidades privadas costarricenses?... es posible aproximarse al tema por algunas vías indirectas… en el 2010 el costo promedio de la matrícula y de una asignatura en las universidades privadas ascendía a unos $194 por cuatrimestre ($582 en todo el año).” (La Nación, 26/9/14). En el siguiente párrafo de ese artículo, Molina señala “Si se multiplica ese ingreso anual por el número aproximado de estudiantes que atendían las universidades privadas en el 2010 (un mínimo de 98.000 alumnos), el ingreso total en ese año ascendió a unos $57 millones. Ahora bien, puesto que los estudiantes matriculan más de una asignatura por cuatrimestre, una estimación considerablemente conservadora… ubicaría el ingreso total de las universidades privadas en alrededor de unos $100 millones al año, sin incluir cargos por servicios administrativos.” (Ídem). Si a las cifras anteriores se le suma los cobros administrativos la cantidad de ganancias siguen aumentando.

Evaluación de las Universidades Privadas

Según Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, de esas universidades “Buenos y malos docentes salen de estos programas e ingresan al sistema sin mayor control de calidad. Estamos ante un problema neurálgico”. (La Nación, 29 de setiembre del 2013). Es reconocido públicamente por todo el mundo que la educación que brindan las universidades privadas en cuanto a la carrera de educación es mala y, en algunas universidades, llamadas de garaje es aún peor por no decir terrible. Una gran cantidad de estudiantes y educadores asisten a las universidades privadas porque, sencillamente, trabajan y estudian y, estas universidades facilitan horarios para este tipo de población pueda asistir a clases. Las universidades públicas no tienen ni los cupos necesarios para que una gran cantidad de estudiantes asistan a su facultad, ni los horarios flexibles para que trabajadores-estudiantes puedan cursar esa carrera. ¿Entonces, quien debe ser evaluado, las universidades privadas o las/los educadores?

El principal problema no está en los educadores que salen de esas universidades privadas, que asisten honestamente a ellas y haciendo grandes sacrificios pagando grandes cantidades de dinero para graduarse, sino principalmente, primero, en una política de Estado que ha inducido a la privatización y mercantilización de la educación superior y, en segundo lugar, en los empresarios y comerciantes dueños de esas universidades privadas cuyo principal interés es el lucro y la ganancias, no la formación y educación de calidad de sus “clientes”, es decir, los educadores. Frente a esta situación planteamos las siguientes medidas.

Propuestas

1. Evaluación de todas las carreras y programas de educación de las universidades privadas.

2. Cerrar las carreras de educación de las universidades privadas.

3. Que el Estado garantice de forma exclusiva, a través de las universidades públicas, para garantizar su calidad, la educación y formación de los educadores.

4. Demandar a las organizaciones sindicales impulsar conjuntamente la convocatoria de un Congreso Pedagógico para que, con la participación de los educadores, se discuta y vote un nuevo modelo alternativo de educación y se le imponga al Ministerio de Educación Pública ese nuevo modelo.