Por Manuel Sandoval

Para terminar con el régimen de pensiones del Magisterio Nacional a cargo del Presupuesto Nacional (Régimen de Reparto), se creó un Fondo de Capitalización, al que están adscritos más de 75 000 trabajadoras(es) de la Educación que comenzaron a laborar a partir de julio de 1992. Se trata, en realidad, de un fondo privado, que ha acumulado ya más de 2 000 millones de dólares, pese a que por ley las inversiones que ha realizado, han sido básicamente en títulos del Estado, de poco rendimiento.

Mediante el proyecto de ley 18 888, el gran capital financiero presente en Costa Rica, quiere echarle mano a los recursos del Fondo, con la complicidad de las dirigencias magisteriales, que han ocultado el proyecto a las bases de las organizaciones.

En el presente artículo se analizan los tropiezos que han logrado provocar en el trámite legislativo del proyecto, las primeras reacciones de las bases del Magisterio Nacional. Con el apoyo de la diputada Ligia Fallas, se introdujeron varias mociones, obligando al gobierno a retirar el proyecto temporalmente, para no entorpecer el trámite de otros.

Sin el inciso e, ¿es bueno el proyecto de ley 18.888?

Evidentemente, es un logro positivo que las dirigencias magisteriales dieran un paso atrás y se planteen ahora la eliminación del inciso e) del proyecto de ley 18.888, que abría el Fondo de Capitalización a inversiones bursátiles en el extranjero. Es bastante irrisorio, si no hubiera mucho cinismo de por medio, que ahora los dirigentes de la ANDE y del SEC están compitiendo para aparecer como los campeones de la oposición al inciso e, cuando estuvieron dedicados en cuerpo y alma a que el proyecto se aprobara rápidamente en la Asamblea Legislativa. Reconocemos que esta lucha fue posible, porque la dirigencia de la APSE no apoyó el proyecto y muchas compañeras y compañeros comenzaron a pronunciarse en contra.

Sin embargo, no creemos que el proyecto cambie de naturaleza, aunque se elimine este inciso. Sigue estando planteada la apertura del Fondo, mediante figuras jurídicas difusas, como los fideicomisos, a una mayor injerencia del gran capital financiero presente en el país en las inversiones que haga JUPEMA a nivel nacional.

Llamamos la atención sobre esta afirmación que hacemos, porque la ley actual (con la reforma del 25 de febrero del 2009) abre esta posibilidad y el proyecto 18.888 lo que hace, a nuestro modo de ver, es abrir de par en par las puertas que quedaron entreabiertas en el 2009.

En el 2009, cuando se tramitó la primera reforma a la ley 7531, la dirigencia de la APSE no alcanzó a ver el alcance que podía tener la inversión en fideicomisos, de los que se hablaba poco en aquel momento. Esta despreocupación continúa, porque ya hay algunos miles de millones de colones invertidos en proyectos de esta naturaleza, aparentemente de obra pública, y para valorar los alcances del proyecto 18.888 no se han analizado, en ninguna de las instancias dirigentes de la APSE, estas inversiones.

Hemos dicho reiteradamente que nos parece correcto prestarle al Estado para que ejecute proyectos de obra pública. El estado es el mejor garante de que nuestro dinero se recuperaría y con creces. Desgraciadamente, el proyecto 18.888 (emanado de la cúpula de funcionarios neoliberales que dirige JUPEMA) apunta en otra dirección. Si se trata de promover el desarrollo del país en beneficio de las grandes mayorías populares, invertir en títulos y valores de La Nación, el grupo Sama o la Florida Ice and Farms es inaceptable (y lo grave es que está planteado en los incisos c y d del proyecto). Así como la posibilidad de invertir en un proyecto como Autopistas del Sol o en las torres chinas (inciso f).

Para justificar el trámite de este proyecto, se ha traído a colación nuevamente, el estudio actuarial de la firma argentina Melinsky Pellegrinelli, en el 2012, que proyectaba que el fondo no iba a poder cubrir las pensiones de la primera oleada de educadoras y educadores que se acogieran a la pensión en quince o veinte años. La Junta Directiva de JUPEMA acogió este informe, pese al sesgo neoliberal del mismo (que condicionaba las proyecciones), y avaló la recomendación de subir la edad para pensionarse, la cotización y disminuir el perfil de beneficios. Sólo cuando la APSE reaccionó y desautorizó al compañero Edgar Durán, nuestro representante de entonces, la Junta Directiva de JUPEMA dio un paso atrás.

Ahora, la cúpula que administra JUPEMA, arrastrando a la Junta Directiva, da a luz este engendro del proyecto 18.888.

Analizar y discutir para no lamentarnos

Tenemos que analizar muy cuidadosamente la situación. El Fondo de Capitalización es un fondo privado, que si no capitaliza, no va a garantizar las pensiones de las y los compañeros adscritos al mismo. Sacar a estas compañeras(os) del Régimen de Reparto es una de las grandes injusticias que se han cometido contra el Magisterio Nacional.

Creemos, sin embargo, que no se puede actuar a la ligera, bajo la presión de la cúpula neoliberal que dirige JUPEMA.

Frente a los portillos que abre el proyecto para los grandes bancos y las transnacionales, la APSE debería orientarse a mocionar en la Asamblea Legislativa (aprovechando a la compañera Ligia Fallas y otros diputados que se han sumado a hacerle oposición al proyecto, como el compañero Carlos Hernández) para introducir válvulas de seguridad para las inversiones que se hagan a nivel nacional. No hay que tener miedo de que el trámite del proyecto se retrase. Insistimos, tal y como está redactada, la Ley actual permite que se haga inversión en obra pública y fideicomisos. El proyecto introduce multas a los patronos que no depositen puntual y completas las cuotas (aspecto progresivo aunque insuficiente), pero más vale que avance lentamente, a precipitar su aprobación tal y como está.

Por declaraciones públicas de Ana Doris González, la Presidenta, y de Sonia Ulate, la representante de APSE en la Junta Directiva de JUPEMA, inferimos que la política de la dirigencia actual es controlar las inversiones mediante reglamentación interna. Estamos de acuerdo con esto, pero no con el método con que lo propugnan. Sonia Ulate no entiende que los altos funcionarios de JUPEMA siguen orientaciones neoliberales, ajenas a los intereses del Magisterio Nacional. Confiar en ellos es engañarse sola. Sin presión de las bases, es poco lo que va a lograr dentro de las paredes del quinto piso de JUPEMA.

Proponemos a la dirigencia de la APSE, que invite a la Asamblea Nacional de Presidentes de Base del viernes 20, a la Junta Directiva en pleno de JUPEMA para que asuma su responsabilidad ante las bases del Magisterio Nacional.

NADIE TIENE DERECHO A DISPONER DE LOS FONDOS DEL MAGISTERIO NACIONAL SIN CONSULTAR A LAS Y LOS TRABAJADORES AFECTADOS