Por Francisco Quesada

Desde hace varios años, la jauría neoliberal, encabezada por el periódico La Nación y sus plumíferos a sueldo, las cámaras empresariales y los demás sectores neoliberales, desarrollan una campaña despreciable y sistemática en contra de las condiciones de vida, salarios y empleo, de los trabajadores del sector público. El objetivo de semejante campaña es reducir los salarios, mediante la eliminación de anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional y otros incentivos, así como eliminar las conquistas económicas y sociales incorporadas en las convenciones colectivas y el despido masivo de los trabajadores del sector público. El pretexto para orquestar semejante campaña contra los trabajadores es acusarlos de ser los causantes del déficit fiscal. El amplio debate sobre el presupuesto de la República para el año 2015 busca en el fondo reducir los supuestos disparadores del gasto público, los salarios y pensiones.

El gobierno de Solís, demostrando su carácter cada vez más neoliberal, se comprometió con la misión del FMI que vino a supervisar el comportamiento económico y social de Costa Rica a “moderar” los incrementos de los salarios de los empleados públicos. Este compromiso consiste en que “El Gobierno planteó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un plan fiscal que incluye una moderación en los aumentos salariales de empleados públicos en los próximos cuatro años. Tal moderación implica que el alza del salario total, incluidos beneficios extra o pluses, no sobrepasarán la inflación.” (La Nación, 11/11/14). Se supone que la política salarial que se implementa en el sector público debe ser “discutida y aprobada” en el seno de la Comisión Nacional de Salarios, integrada por el gobierno, empresarios y sindicatos, sin embargo, como se puede observar, esa política salarial “nacional” fue acordada entre el FMI y el gobierno.

Continuando con los ataques en contra de los salarios y el empleo público, el periódico La Nación, en un editorial reciente, sostiene que “Las convenciones colectivas del sector público reescriben el Código de Trabajo para ampliar los derechos de sus beneficios al punto de crear una clase privilegiada con fondos públicos…” (La Nación, 21/11/14). Es importante señalar que actualmente existen 77 convenciones colectivas vigentes en diferentes instituciones estatales, ministerios, instituciones autónomas y empresas públicas. Estas cobijan a unos 124 mil empleados públicos. En los últimos meses, varias instituciones y empresas públicas, tales como Japdeva, Recope, CNFL, la universidad UNA y otras, están denunciando las convenciones colectivas con el propósito claro de cortar los denominados pluses salariales de sus empleados. Es más, la Universidad Nacional (UNA), en una posición reaccionaria y anti-obrera, recientemente introdujo ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la convención colectiva para eliminar el pago de las horas extras a sus empleados. Es necesario señalar que la hora extra en esa institución se paga doble y no a medio tiempo como señala el código del trabajo. Sin embargo, es importante mencionar que en realidad ese pago no es “irracional”, como lo señalan las autoridades universitarias y La Nación, ya que incluso en algunas empresas privadas como HP la hora extra se paga doble, tal como debe ser.

Este ataque masivo y generalizado en contra de las convenciones colectivas es dirigido desde el despacho del mismo Presidente de la República. Según La Nación “La inusual actividad en torno a las convenciones colectivas responde, en buena parte, a una directriz del presidente, Luis Guillermo Solís, emitida en septiembre, para exigir la revisión de los acuerdos vigentes en 20 instituciones públicas.” (Ídem). Ningún gobierno neoliberal del PLN o del PUSC se había atrevido a realizar de forma tan masiva la revisión y, eventual, eliminación de las conquistas salariales, llamadas por los neoliberales como “abusos”, contempladas en las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público.

El gobierno de Solís constituye la más peligrosa amenaza en contra de los trabajadores del sector público. La credibilidad y legitimidad del gobierno, ganada en su amplia victoria electoral, aunque ha comenzado a deteriorarse rápidamente, lo ha animado a reprimir los movimientos huelguísticos, tal como ocurrió con la huelga de Sintrajap, así como a lanzar una fuerte ofensiva en contra de las convenciones colectivas de los trabajadores del sector público. De ahí que, entre las recomendaciones de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), se encuentra la siguiente: “La misión insta al Gobierno a aprovechar su capital político para iniciar el proceso de reforma (fiscal) temprano en su mandato.” (La Nación, 11/11/14). Precisamente, aprovechando ese “capital político”, el gobierno está intentando realizar lo que ningún gobierno neoliberal se había atrevido a realizar: hacer reajustes salariales sobre el salario total, eliminar las conquistas de los trabajadores en las convenciones colectivas, hacer la reforma fiscal y la ley de empleo público.

Emplazamos a los bloques sindicales de Patria Justa y BUSSCO a convocar a un encuentro nacional de todas las organizaciones sindicales, sociales, populares y estudiantiles para discutir la situación nacional y votar un plan de lucha que enfrente y derrote la ofensiva del gobierno de Solís en contra de los trabajadores del sector público. Este es el momento de actuar, ya que después puede ser demasiado tarde.