Por José René Tamariz Corea

El gobierno está realizando una maniobra para impulsar y aprobar, eventualmente, un paquetazo fiscal. Aprendiendo de las experiencias de los gobiernos neoliberales que enviaban a la Asamblea Legislativa un solo proyecto de ley de Plan Fiscal y fracasaban, el gobierno del “cambio” fragmentó los proyectos fiscales fallidos (Consolidación Fiscal, Solidaridad Tributaria, Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural y otros) del gobierno de Chinchilla en nueve proyectos, para intentar pasar en el Congreso, al menos, algunos de ellos. Con esas medidas el gobierno pretende reducir el déficit fiscal en 3,75% del PIB en sus cuatros años de administración. De esos proyectos varios representan una arremetida violenta en contra del nivel de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Tales son los casos de la reforma al impuesto de venta, la reforma al impuesto sobre la renta e incluso, el proyecto de “responsabilidad fiscal”, ya que este último impondría topes legales al crecimiento del gasto corriente de los presupuestos del sector público. Esto último podría afectar el crecimiento de los salarios, el empleo público y el gasto social.

Esos planes en contra de los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias, van a la par de medidas de carácter administrativas nefastas, entre las cuales, se encuentran el “congelamiento de plazas” y la aplicación de un acuerdo del año pasado entre el gobierno de Solís con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de “que el aumento salarial para el sector público para el 2015 sea menor en un punto porcentual a la inflación del año.” (La Nación, 16 de marzo del 2015). Lo anterior significa que el próximo reajuste salarial para el segundo semestre del 2015 será menor que el índice de inflación, es decir, un reajuste salarial miserable, casi llegando a niveles de “congelamiento” salarial.

Mientras el gobierno de Solís tiene como objetivo aplicar una política de tenaza salvaje, proyectos fiscales y medidas administrativas, en contra de los trabajadores y demás sectores populares, mantiene intactas las exoneraciones para el gran capital nacional y transnacional. Además no se atreve a aplicar planes fiscales de “renta global” y “renta mundial” en contra de los capitalistas, para no enfadarlos y que de esa manera, apoyen sus tétricos proyectos fiscales en contra de los trabajadores.

La estructura tributaria regresiva de Costa Rica

En primer lugar, se deber ser claro que la estructura tributaria de Costa Rica, relación entre los impuestos directos e impuestos indirectos, es totalmente injusta. La mayor parte de los impuestos descansa sobre el impuesto de venta, el cual pagan los consumidores que son la mayoría de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Al final, son los asalariados los que pagan la mayoría de los impuestos del país. Tanto por el lado del impuesto de venta como por el pago del impuesto a los salarios. Por tanto, el plan del gobierno de aumentar el impuesto de venta, convertido en impuesto al valor agregado, del 13% al 15% es un ataque canalla en contra de los trabajadores y sectores populares. Profundiza el carácter regresivo de los impuestos. Si el gobierno quiere impuestos para las profesiones liberales, entonces que se los imponga, pero sin aumentar los impuestos de venta a los trabajadores y sectores populares.

Las reformas al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Las propuestas de reformas del gobierno de Solís al impuesto de ventas, para transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA), y, al impuesto sobre la renta, constituyen, en caso de aprobarse, un violento ataque en contra de las condiciones de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es un plan que no toca para nada a los capitalistas nacionales y transnacionales. Veamos en detalle esas salvajes y canallas propuestas del gobierno del “cambio”.

El aumento del impuesto a los servicios de electricidad y agua, también es un ataque contra los trabajadores y clases medias. Actualmente el consumo de energía eléctrica y agua, sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es del 5% y con el nuevo IVA se pretende llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría un salvaje incremento de un 10%, igual pasaría con el alza del impuesto al consumo del agua. Por otra parte, el cobro del IVA sobre los alquileres de casas igual o inferior al salario base de 403.400 colones es un golpe al consumo y condiciones de vida de sectores de clases medias. Es cierto que no cualquier persona puede pagar ese tipo de alquileres, pero muchos sectores de clases medias lo hacen porque no tienen la capacidad para comprar casas.

Las reformas al Impuesto sobre la Renta

Por otro lado, el pago escalonado (10%, 15%, 20% y 25%) del impuesto de renta sobre los salarios aparenta ser un impuesto progresivo, pero en el fondo sigue afectando los salarios de sectores de los empleados públicos y sectores de clases medias. Los salarios de un millón de colones no deben pagar impuestos. De tal modo que los salarios superiores a un millón de colones deben pagar impuesto, pero en proporciones menores a los planteados por el gobierno. Aquí el problema de fondo es que la renta de los grandes capitalistas nacionales e internacionales, continúa gozando de la exoneración del pago de impuesto. De nuevo aquí se plantean las preguntas ¿Quiénes pagan los impuestos? Los trabajadores, sectores populares y clases medias. ¿Quiénes dejan o continúan sin pagar los impuestos? Los grandes capitalistas nacionales y las empresas transnacionales.

De otro lado, el pago del impuesto de renta a la cesantía sobre el exceso del tope máximo de 8 años es un ataque a los trabajadores que tienen convenciones colectivas. Es un ataque que ni siquiera los gobiernos neoliberales del PLN se habían atrevido a plantear y el gobierno del “cambio” lo está intentando hacer. No lo permitamos. Debemos ser claros, la cesantía de ocho años es una porquería miserable, muchos trabajadores no profesionales, después de trabajar 30 años, reciben una miseria de apenas 3 millones de colones.

Es cierto que se va cobrar el impuesto de renta del 30% a las grandes cooperativas, lo cual está bien. Sin embargo, en el gobierno no existe acuerdo sobre los impuestos a las grandes cooperativas. El Presidente Solís declaró al respecto que “Se están colocando cosas fuertes. Para mí, ver puesto en una propuesta fiscal la intención de Hacienda de cobrarles impuestos a las cooperativas grandes, ideológicamente me produce una cosa fuerte…”. (La Nación, 18 de marzo del 2015). No obstante lo anterior, la realidad es que muchas grandes cooperativas se dedican a la actividad comercial y financiera, generando grandes utilidades que no pagan impuestos. Lo perverso y desigual es que el gobierno exonera del pago de impuesto a las grandes empresas de zonas francas y otros regímenes especiales, como el sector turismo. Todo ello refleja inequidades del sistema tributario, lo cual debe terminar.

Propuestas de Lucha

De último, los trabajadores y sectores populares, así como las organizaciones sindicales, debemos movilizarnos para exigirle al gobierno de Solís el inmediato retiro y archivo de ese anti-trabajador y anti-popular plan de reformas del impuesto de venta y de renta. Exigir un nuevo plan en el que sean los ricos, los grandes capitalistas nacionales y transnacionales, los que paguen los impuestos y financien el déficit fiscal, no los trabajadores y sectores populares.

Las organizaciones sindicales y las dirigencias sindicales deben convocar a asambleas a sus afiliados para discutir y rechazar los salvajes planes fiscales y las nefastas medidas administrativas en contra de los niveles de vida y de trabajo de los trabajadores. Asimismo, deben impulsar una amplia unidad de acción, convocando a una Asamblea Nacional de Trabajadores y de otras organizaciones populares, en la que se discuta y vote un plan de lucha que concluya en el desarrollo de una gran huelga general para echar abajo los salvajes proyectos fiscales del gobierno en contra de los trabajadores y sus nefastas medidas administrativas. Hay que iniciar desde ya la campaña en contra de esa política gubernamental, porque después, puede ser muy tarde.