Por José René Tamariz Corea

El gobierno de Solís tiene un año de haber asumido el poder. Ese triunfo histórico tenía varios significados muy importantes y trascendentales. Primero, se rompía el control del aparato del Estado y del gobierno que por 60 años ejerció el bipartidismo corrupto del PLN-PUSC. Segundo, el cambio prometido por Luis Guillermo Solís creó grandes expectativas e ilusiones en más de 1,3 millones de ciudadanos. Tercero, ese espectacular triunfo, fue una consecuencia distorsionada del poderoso ascenso del movimiento de masas que venía luchando incesantemente desde el combo del ICE en el año 2000. A un año el balance es negativo. El gobierno de Solís ha dilapidado lo ganado por semejante triunfo electoral. La izquierda revolucionaria, el movimiento sindical y los trabajadores debemos sacar las enseñanzas de este año de gobierno y derivar una política de movilización y lucha, que impida que las propuestas económicas y otras de Solís se aprueben en la Asamblea Legislativa.

De las falsas promesas de cambio al plan de ajuste: ¿Garrote por Zanahoria?

Entre las promesas ofrecidas por Solís, destacan la generación de empleos, disminuir la pobreza, otorgar viviendas, bajar las tarifas eléctricas, no aplicar durante los primeros dos años de su mandato planes fiscales y otras. ¿Cuál es el balance a un año de su mandato? Veamos. El desempleo lejos de disminuir, más bien ha aumentado. Actualmente existen más de 270.000 mil desempleados; la pobreza se mantiene estancada en más del 20%; las tarifas eléctricas lejos de bajar, más bien el gobierno las quiere aumentar con la reforma y transformación del impuesto de venta a impuesto al valor agregado. Actualmente por el consumo de 250 kwh o más se paga el 5% y con esa modificación la pretende subir al ¡15%!, es decir, un incremento del ¡200%! El primero de abril del año 2014 Solís dijo: “No quiero bajar la luz dentro de seis meses. Debe ser ¡YA!”. (La Nación, 6 de julio del 2014) ¡Esto se llama: estafa política! El 27 de enero del 2014, durante la campaña electoral, Solís declaró con “seriedad” que en sus primeros dos años de gestión no habría plan fiscal, sin embargo, ahora tiene nueve planes fiscales en curso, que empobrecerán aún más a los trabajadores y sectores populares, algunos en la Asamblea Legislativa, mientras que otros ya pasaron la consulta pública y otros están en proceso de elaboración. Al respecto de la baja de la tarifa eléctrica, el flamante ex-Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, declaró con desfachatez que “Tenemos cuatro años (para bajar tarifas)” (La Nación, 3 de julio del 2014). Ahora el gobierno hace lo contrario, ¡pretende aumentar las tarifas eléctricas para finales del presente año!

La Salida de Melvin Jiménez e ingreso de Sergio Alfaro: El reacomodo del gobierno

Melvin Jiménez, obispo luterano, desde que ingresó al gobierno tuvo la oposición y resistencia de la iglesia católica y demás sectores conservadores. Al final, la sala IV dirimió esa oposición mediante la resolución de que era constitucional dicha elección. Este obispo luterano, mantiene nexos con las organizaciones sindicales, populares y sociales. De ahí también el rechazo de los sectores neoliberales. Sin embargo, este religioso es un neófito en el manejo de las cuestiones de Estado y cometió una serie de errores y metidas de patas (ofrecimientos de embajadas a diestra y siniestra, mal manejo de la ley mordaza y otras) que, al final de cuentas, le costaron el puesto de Ministro.

La entrada de Sergio Alfaro como nuevo Ministro de la Presidencia, hombre fundador del PAC y cercano a Ottón Solís, refleja, por un lado, un mayor acercamiento del gobierno Solís a las estructuras partidarias del PAC, buscando más apoyo político en el partido que lo llevó al poder y, por el otro lado, le ha tendido un puente a Ottón Solís, neoliberal puro y duro, para que lo apoye en el parlamento en la aprobación de sus planes fiscales. Todo pareciera indicar una reconciliación de Luis Guillermo Solís con el sector neoliberal del partido, en detrimento del sector “social” (el G-3 que denomina Ottón Solís: Melvin Jiménez, Víctor Morales y Mariano Figueres).

El fracaso del proyecto de Solís: del ideal “Estado benefactor” al real “Estado neoliberal”

En sus inicios idílicos y de ensueño, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, presentó su proyecto político, planteando que “Recuperar el Estado social de derecho es recuperar el centro costarricense. Nunca hemos tenido miedo a un Estado benefactor y potente. Hay que recuperar la conciencia de que hay que invertir en la gente, y eso es algo que no habíamos hecho desde hace mucho, por el modelo de desarrollo y por la ineficiencia. Hay programa clientelares que no estaban cumpliendo”. (La Nación, viernes 5 de setiembre del 2014). A un año de gestión ese proyecto político no pasó de ser más que una declaración de buenas intenciones. No era viable ni económica ni políticamente, primero, porque la arquitectura e institucionalidad del Estado es de tipo neoliberal; segundo, dado los bajos niveles de crecimiento económico, el alto déficit fiscal y enriquecimiento de los grupos económicos, no existen los márgenes y capacidad económica de hacer concesiones al movimiento de masas. La implementación de un Estado benefactor significaría golpear a los grupos de poder y eso este gobierno no era capaz de hacerlo. Por ello, termina capitulando al gran capital nacional y transnacional.

¿A dónde va el Gobierno de Solís?

La ruta del gobierno de Solís no la marca ni él, ni el PAC, a menos que rompieran con el Estado neoliberal, sino que ya estaba predeterminada antes de que ellos asumieran el poder. El rumbo del Estado capitalista costarricense está determinado por las fuerzas burguesas, tanto políticas como económicas, así como por las instituciones imperialistas transnacionales como el FMI, BM, las Calificadoras de riesgo y otras. Veamos dos ejemplos significativos y representativos. En cuanto a la cuestión del déficit fiscal, el gobierno se ha tenido que tragar una y otra vez las tonterías y mentiras que había dicho y prometido. ¿Quién marca el rumbo? Las calificadoras internacionales de riesgo. Al respecto “Las calificadoras Fitch Ratings, Standard & Poor´s (S&P) y Moody´s esperan la aprobación de las reformas fiscales en los próximos 18 meses.” (La Nación, 7 de abril del 2015). Es decir, si o si, en año y medio máximo los planes fiscales tienen que estar aprobados, de lo contrario “De no avalarse los cambios legales para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público, Costa Rica tiene altas probabilidades de sufrir un deterioro en sus calificaciones, confirmaron las tres agencias…”. (Ídem). Por eso, Solís quiere que sus planes fiscales estén aprobados para finales de año, ¡para pasar el examen de las calificadoras! Triste función y papel de un Presidente de la República.

Por otra parte, el rumbo del proyecto-país, no es el de Solís, sino el que dejó marcado Laura Chinchilla con el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así lo plantea y dice Anabel González, una neoliberal confesa, cuando señala que “El ingreso de Costa Rica a la OCDE es el principal proyecto-país de los próximos años.” (La Nación, 13 de abril del 2015). Más claro no canta un gallo. La ruta está trazada para Solís, su función es sola aplicarla. ¿Qué significa el ingreso a la OCDDE? Reformar la Administración Pública, la política ambiental, comercial, la política educativa, el empleo, las finanzas, la gobernanza, la inversión, el transporte, en otras palabras, la reforma total del Estado nacional, en lo cual Solís es simplemente un ejecutor.

Por José René Tamariz Corea

El día viernes 24 de abril, el sindicato magisterial denominado Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), dirigió la primera huelga de un día directamente en contra del gobierno de Solís. Esta huelga fue votada e impuesta a la directiva de APSE por Asamblea de Presidentes de Bases el día 20 de marzo, ya que la propuesta de la dirigencia era realizar una “gran jornada de lucha” a partir del 1 de mayo, lo cual como es sabido por todos que los trabajadores de la educación no tienen tradición de marchar en su día y lo toman como un día feriado más.

La huelga de un día y movilización, desde el parque la merced hasta la Asamblea Legislativa tuvo dos aspectos de gran importancia y trascendencia. En primer lugar, se rompe con la política de desmovilización del movimiento obrero y de masas que han impuesto todas las dirigencias sindicales, producto de acuerdos, ya sea implícitos o explícitos con el gobierno. En segundo lugar, se enfrenta de forma directa, mediante la huelga y movilización, los salvajes planes de ajuste, léase planes fiscales, ley de empleo público y otras, que el gobierno de Solís y la jauría neoliberal quiere imponerles a los trabajadores en general. Si esos planes de ajuste se llegaran a aprobar e implementar, conllevarían a un empobrecimiento y disminución de los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y las clases medias.

El gobierno intentó evitar que dicha huelga y movilización se realizara, pero no lo logró. Entonces, la patronal del Ministerio de Educación Pública (MEP), como es usual, señaló que no habían motivos para realizar el movimiento y, por tanto, comenzó a amenazar a los trabajadores de la educación que si participaban de dicho movimiento les sería rebajado el día de salario. Esta es una amenaza que está en curso y que debemos enfrentar con la lucha, ya que se levantaron listas de los trabajadores huelguistas en todos los colegios. Llamamos a todos los trabajadores a dejarse amedrantar por la patronal del MEP que tiene como objetivo evitar futuros movimientos huelguísticos contra su política hambreadora.

Es necesario destacar la participación, dentro del proceso de la movilización, de un buen sector de trabajadores de la salud, lo cual refleja también el descontento no solo del magisterio nacional sino también de otros sectores laborales. Llamamos a las dirigencias del SEC, ANDE y otras centrales sindicales a romper su política de diálogo, negociaciones y tregua que, en los hechos, mantienen con el gobierno de Solís y convoquen, conjuntamente, con la APSE otras movilizaciones contra los planes de ajuste del gobierno, ya después puede ser demasiado tarde. Llamamos a los diferentes bloques sindicales a convocar a un Encuentro Nacional para discutir y votar un plan de lucha nacional que impida que los planes de ajuste del gobierno sean aprobados en el Congreso.

Por José René Tamariz Corea

Actualmente existe un proceso mancomunado y coordinado entre los sectores y fuerzas neoliberales, incluido el gobierno, para hacer retroceder la historia nacional, hasta antes de los años 40. Es decir, es un proceso reaccionario profundo en diversos terrenos: el social, el económico y laboral. Se pretende “reformar” el sistema de empleo público y de los salarios, pero hacia atrás, eliminando los denominados pluses salariales y homologar los salarios hacia abajo; denuncia, revisión y eliminación de artículos, supuestamente “abusivos”, de las convenciones colectivas; el intento de aprobación e implementación de un paquetazo fiscal, integrado por nueve proyectos, tres de los cuales disminuirían, aún más, los niveles de vida de los trabajadores, sectores populares y clases medias (reforma del impuesto de ventas a impuesto al valor agregado, reforma al impuesto sobre la renta y contención del gasto público).

Sin embargo, algunas propuestas de fuerzas reaccionarias como el PLN y el Movimiento Libertario, van mucho más lejos. Por ejemplo, el proyecto de ley 19.506, de la diputada liberacionista Sandra Piszk, no solo busca eliminar los componentes salariales (mejor conocidos como “pluses salariales”), sino también modificar algunos artículos del Código de Trabajo, que vienen desde el año 1943, en cuanto a las convenciones colectivas. Por ejemplo, el artículo 58 de dicho Código en su inciso e) plantea que “La duración de la convención… Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si ninguna de los partes la denuncia con un mes de anticipación la respectivo vencimiento…”. (Código de Trabajo, 2013: 29). Mientras que el artículo 7 de ese nefasto proyecto de ley propone que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto se negocie una nueva, entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación. (Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, página 29). En caso de aprobarse semejante artículo reaccionario y anti-obrero, las muchas convenciones colectivas que han sido denunciadas por el Estado y, que no se han podido renegociar, expirarían y, por ende, se perderían todas las conquistas contenidas en ellas, ya que se tendrían que volver a negociar de cero.

Este proceso reaccionario en desarrollo, en caso de consumarse, no sólo vendría a deteriorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, sectores populares y clases medias, sino que también podría generar un proceso recesivo en la economía nacional, ya que significaría la baja de los salarios y el aumento de los precios y servicios, lo cual provocaría una contracción masiva del consumo como efecto de esa tenaza, salarios y precios. No hay posibilidad de detener este proceso profundo reaccionario y contrarreformas con negociaciones y mesas de diálogo, sino solamente mediante la movilización y lucha en las calles, utilizando los métodos de la clase trabajadora. Las organizaciones sindicales y sus dirigencias deben convocar a una gran Asamblea Nacional para discutir este proceso reaccionario en desarrollo y votar un plan escalonado de lucha que, concluya en una huelga general, para enfrentarlo, combatirlo y derrotarlo. No existe otro camino, ni otra vía.

Por José René Tamariz Corea

El régimen de pensiones del magisterio nacional se encuentra dividido en dos tipos de regímenes: el régimen transitorio de reparto al cual pertenecen los trabajadores de la educación nombrados antes del 15 de julio del año 1992; el régimen de capitalización colectiva (RCC) en el cual están ubicados los empleados de la educación que ingresaron a laborar por primera vez después del 15 de julio de 1992. Dentro del régimen transitorio existen varias leyes, al cual está amparado, ley 2248, 7268, 7531, 7946 y 8536, mientras que el régimen de capitalización está cubierto por las leyes 7531, 7302, 7946 y 8721.

En el régimen transitorio de reparto “La declaración de derechos… está a cargo de la Junta de Pensiones, bajo la supervisión y el control de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La administración financiera y económica del Régimen Transitorio de Reparto está a cargo del Estado. El Ministerio de Hacienda creará las partidas presupuestarias correspondientes a las pensiones en curso de pago”. (Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de JUPEMA: Folleto, 13/11/12). Por otra parte, el régimen de capitalización colectiva se encuentra bajo la administración total de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA), siendo únicamente supervisado por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

Los Requisitos y Beneficios de los Regímenes

En el régimen transitorio cotizan tanto los trabajadores de la educación como los pensionados, adscritos a dicho régimen. El monto de la cotización oscila, dependiendo del salario y la pensión, entre el 10% y 16%. El déficit que exista en dicho régimen es financiado por el Estado. El requisito para poder jubilarse es haber acumulado 400 cuotas, 240 de las cuales como mínimo deben pertenecer a la labor del magisterio nacional. El salario de referencia para el cálculo de la pensión es el promedio de los mejores 32 salarios devengados en los últimos 60 meses y el trabajador de la educación se pensiona con el 80% del salario de referencia.

En el régimen de capitalización colectiva el trabajador de la educación cotiza para la pensión el 8% de su salario, mientras que el patrono, ya sea el MEP, centros privados, universidades y otras instituciones educativas, cotizan el 6,75% y el Estado aporta el 0,41%. El requisito para jubilarse es tener 55 años y un mes con 395 cuotas o 65 años con un mínimo de 180 cuotas. El salario de referencia que se utiliza para el cálculo de la pensión es el promedio de los salarios devengados, ajustados al índice de precios al consumidor (IPC). El trabajador de la educación se pensiona con el 60% del salario de referencia por las 240 primeras cuotas, más el 0,1% por cada cotización adicional.

La Sostenibilidad del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC)

En los últimos años se ha producido un intenso y fuerte debate, en el seno de las organizaciones magisteriales y sus afiliados, sobre el futuro y sostenibilidad del RCC. Por parte de los directivos de JUPEMA, a veces apoyados por las dirigencias sindicales de las organizaciones magisteriales, se han cometido y producido dos intentos graves, tanto de aumentar las cotizaciones y edad para pensionarse, como de realizar inversiones riesgosas en el extranjero del 30% del fondo del RCC y de otras figuras de inversión cuestionadas tal como los “contratos de concesión de obra pública” y otras, los cuales fueron abortados, parcialmente, por las presiones de las bases magisteriales.

En realidad, el régimen de capitalización colectiva (RCC) constituye el régimen más sólido y sostenible de todos los existentes en el país. La publicación del periódico La Nación denominada “Pensiones”, especializada en dicho tema, sostiene que “Mientras estudios actuariales colocan puntos críticos relativamente cercanos para los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (entre 2025 y 2038) y del Poder Judicial (2017), el del Magisterio Nacional, por el contrario, gozaría de un margen de maniobra mayor para esquivar la amenaza de aguas turbulentas (2060)”. (Pensiones, 2015: 18). Por tanto, con semejante solidez, capacidad, solvencia y sostenibilidad del régimen de capitalización colectiva, los intentos fallidos de los directivos de JUPEMA, con aval de las dirigencias sindicales, y, sin mediar ninguna consulta a las bases magisteriales, por aumentar las cotizaciones, la edad para pensionarse y de realizar inversiones riesgosas, constituyen, a toda vista, maniobras peligrosas en contra del jugoso fondo del RCC y, por ende, el futuro de las pensiones de los trabajadores de la educación.

No podemos negar la necesidad de diversificar las inversiones del fondo del RCC, así como de incrementar los rendimientos para una mayor solidez del régimen. Sin embargo, cualquier medida que se pretenda realizar en esa dirección por parte de los directivos de JUPEMA y de las dirigencias sindicales, debe ser sometida a la discusión democrática y aprobación por las bases de las organizaciones magisteriales (ANDE, APSE, SEC y otras). Lo contrario debe ser rechazado y combatido.

De último, es necesario exigirle al gobierno la exoneración del impuesto de la renta (IR) sobre los rendimientos del régimen de capitalización colectiva (RCC), ya que anualmente se paga unos 8 mil millones de colones por concepto de IR, dinero que podría contribuir al fortalecimiento del fondo. Esta es una lucha que debe incorporarse a la agenda de las organizaciones sindicales magisteriales, ya que ninguno de los otros regímenes de pensiones paga impuesto de renta sobre sus rendimientos.