Por Melchor Benavente

Como una fiesta casi religiosa, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebró el 34 aniversario del triunfo de la insurrección popular contra Somoza, llenando completamente la plaza La Fe (antes Carlos Fonseca Amador) y desbordando la recién ampliada avenida Simón Bolívar.

Contrario al pronóstico de la oposición burguesa, que anunciaba un nuevo periodo de caos económico, como el vivido durante la revolución (1979-1990), este segundo gobierno sandinista vive su mejor momento: economía estable y en crecimiento, que garantiza una sólida base de apoyo social al FSLN.

Las cifras macroeconómicas indican que el país progresa lentamente, en relación a los 16 años de gobiernos neoliberales que sirvieron sólo para desmantelar la propiedad estatal y poner en orden las finanzas públicas, pero a un enorme costo social. Esta relativa estabilidad económica ha generado estabilidad política, y una bancarrota estrepitosa de la oposición política burguesa. El atisbo de mejoría económica ha generado grandes expectativas e ilusiones, ha recompuesto y aumentado la base social electoral del FSLN, que ha logrado cruzar el límite del tradicional 38% de los votos hasta obtener, en las últimas encuestas, una aprobación superior al 60%.

Por ello es que Nicaragua es actualmente el país que tiene menores índices de luchas obreras y sociales, en relación al conjunto de Centroamérica. Pero no todo lo que brilla es oro. En este marco de mejoría, la clase media y los trabajadores asalariados son los más castigados, porque las políticas igualmente neoliberales del gobierno de Daniel Ortega castigan duramente a la clase media (pequeños negocios, profesionales, etc.), con un aumento de la carga tributaria, y con una política de deslizamiento cambiario del 6% anual que devalúa constantemente al córdoba en relación al dólar.

El salario real ha descendido un 15% en los últimos 3 años, a pesar del crecimiento de la economía agroexportadora, como producto del deslizamiento y la inflación. Esta devaluación programada del Córdoba en relación al dólar estadounidense reduce los niveles adquisitivos de los trabajadores y de los sectores populares, produciendo una dolarización real de la economía. Entonces, la estabilidad macroeconómica se ha logrado a costa de la clase media y de los asalariados.

¿Cuál es la principal base de apoyo social del FSLN? Son los sectores más pobres, quienes han tenido algún tipo de mejoría como producto de los subsidios focalizados que son financiados con la ayuda venezolana. También están los empresarios pequeños, medianos y grandes, ligados al boom agroexportador de alimentos (carne, café, frijoles, mariscos,) que son beneficiados con la política de deslizamiento cambiario.

Los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indican que el PIB de Nicaragua crecerá el 5%, el segundo más alto de Centroamérica (después de Panamá) y el quinto en importancia en América Latina. Evidentemente que en relación al rezago de Nicaragua, este crecimiento del 5% es ultra mínimo.

Este contexto de pujanza económica brinda estabilidad política al régimen bonapartista, con rasgos autoritarios. Esta situación perjudica a la oposición burguesa que se ha quedado sin banderas de agitación política. La política económica del sandinismo es absolutamente burguesa, neoliberal. El único eje de ataque que tiene la dispersa derecha es la “lucha contra la dictadura”, pero una reciente encuesta de MyR demuestra que la absoluta mayoría de la gente prefiere la estabilidad económica a la institucionalidad democrática.

Por ello hay muy pocos movimientos sociales de lucha contra el gobierno sandinista. Y cuando estos existen, son desarticulados, como ocurrió recientemente con la lucha de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) por la pensión reducida de los trabajadores ancianos. El Bonapartismo sandinista, con la habilidad política que le caracteriza, cuando vio que la lucha iba a salirse de sus cauces, golpeó la mesa pero hizo concesiones parciales. El hecho de que el gobierno sandinista tenga todavía recursos económicos para hacer concesiones mínimas, en un periodo de agudización de la crisis del capitalismo a nivel mundial, nos brinda la clave de la estabilidad política en Nicaragua.

Los socialistas centroamericanos debemos analizar correctamente la realidad, por muy dura que esta sea. El margen de maniobra del gobierno sandinista irá disminuyendo en la medida en que las masas hagan su propia experiencia y se reduzcan los índices de crecimiento, producto de la crisis del capitalismo mundial.

 

Por Diego Lynch

Tras seis años de lucha constante y el fallecimiento de algunos de los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), la lucha se tornó más fuerte, hasta el punto que los adultos mayores se vieron en la necesidad de tomarse las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); esto con el fin de que se les pagara el dinero que durante muchos años cotizaron al mismo sin recibir un solo peso de vuelta.

El gobierno del Frente Sandinista y Daniel Ortega le dio largas a esta lucha con el fin de desgastarlos, engañándolos y negociando migajas (un bono solidario) que cuando querían les daban y cuando no querían simplemente no se los entregaban.

Apoyo masivo de jóvenes y población

Durante esta última lucha que incluyó la toma del INSS, la UNAM recibió el apoyo de la población y de la juventud nicaragüense. Sin embargo los jóvenes fueron reprimidos violentamente por la Policía Nacional y por las fuerzas de choque del gobierno sandinista, lo que ha sido un golpe político muy grande, ya que la población nicaragüense en general se volcó en apoyo a estos ancianos.

Luego de agredir y apresar a varios jóvenes, a los cuales les robaron y lesionaron a como lo hacía la guardia somocista, el gobierno se tomó las calles con la Juventud Sandinista y los trabajadores públicos para hacer un llamado a la paz y "apoyar la justa lucha", sin embargo el daño ya estaba hecho.

Decreto 28-2013

El 19 de Julio, en el 34 aniversario de la Revolución, Daniel Ortega comunicó en su discurso pronunciado en el acto oficial que daría la pensión reducida a los adultos mayores, y firmó frente a toda Nicaragua el Decreto Presidencial 28/2013, en cual establece: “Artículo 56. En los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional, de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas: C$ 1,200.00 (Un mil doscientos córdobas); b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00 (Dos mil córdobas); c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00 (Dos mil Ochocientos córdobas)” (El Nuevo Diario; 22 de Julio del 2013).

Una vez firmado el decreto, ha quedado la duda sobre de dónde saldrá el dinero para el pago del mismo, ya que semanas antes el presidente del INSS aseguró que no hay dinero y que de entregarlo, el INSS se iría a la quiebra. Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público aseguró que “Es un tema de seguridad social, que se atiende dentro de la seguridad social. Esto representa según mis cálculos, que puede andar en unos 600, 700 u 800 millones de córdobas. No los tengo, pero podría ser un poquito más, anual. Pero este es un tema en que estamos haciendo un análisis, vamos a compartir los números con el Seguro Social para tenerlos afinados” (La Prensa, 23 de Julio del 2013).

Según declaraciones brindadas por Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el dinero no saldrá del INSS sino de los trabajadores y de las empresas que aportan dinero al Seguro Social. De igual manera criticó la forma de pago que pretende hacer el gobierno, ya que no debería de ser por rangos (La Prensa, 25 de Julio del 2013).

Por una pensión reducida, justa y actualizada

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) emplaza al gobierno de Ortega y el Frente Sandinista a que entregue una pensión reducida justa y equivalente a las semanas cotizadas por cada uno de los adultos mayores; que sea actualizada y proporcional al deslizamiento de la moneda en la actualidad. Los salarios que recibían estas personas en sus años laborados no se comparan a los actuales ni al valor de la canasta básica el día de hoy, es necesario hacer un estudio económico que permita actualizar estos datos porcentualmente.

La pensión reducida que el gobierno pretende entregar es una burla más a estos ancianos, es la legalización del mal llamado bono solidario que les entregaban. Además de la pensión reducida la lucha del adulto mayor exigía atención médica gratuita y de calidad, una canasta básica, equipos médicos y prótesis, entre otras demandas.

No permitamos que el gobierno una vez más nos engañe con migajas, exijamos una pensión reducida justa, equitativa, proporcional y actualizada, así como seguro médico y alimentos para nuestros trabajadores ancianos.

 Trabajadores de Mayco durante la protesta contra la corrupción 

Por Adrián Laurel

“MAYCO intervenida Es una "huaca" dentro de la gran "huaca" de defraudadores, malversadores y lavadores de dinero del Estado”. Era el título de la noticia aparecida en el Nuevo Diario el 12 de agosto del 2002. Esta nota periodística recogía las denuncias hechas por los trabajadores de la empresa Materiales y Construcción   S.A. Mayco contra el antiguo gerente Sebastián Martínez, el ex presidente Arnoldo Alemán y otros funcionarios su administración, en la que les acusaban de saquear la empresa por medio de diversas operaciones fraudulentas con la finalidad de enriquecer sus bienes personales.

Trece años después, bajo un nuevo gobierno, ahora de “izquierdas”, nos encontramos ante un acontecimiento que difiere muy poco del descrito anteriormente. Los trabajadores de la fábrica de adoquines denuncian a la administración Orteguista de llevarles a la ruina, dando cuenta de varias irregularidades que implican al gerente actual, José francisco López, y sus allegados, quien funge dentro del FSLN como tesorero, además de ser vicepresidente de la junta directiva de Albanisa y presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense del Petróleo Petronic.

La fábrica de adoquines Mayco, inscrita como una constructora en 1996, funcionó como una empresa estatal hasta el año 2001, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua promulgó una ley que autorizó su privatización. Aparentemente se autorizaba, entre otras cosas, que a favor de los trabajadores se traspasaban los bienes, acciones y derechos del Estado, evidentemente con un monto de pago de éstos para con el Estado; sin embargo muchas fueron las voces que en su momento denunciaron dicha privatización como un mecanismo del gobierno de Alemán para ocultar anomalías dentro la fábrica que le vinculaban a él y su cúpula, con varias irregularidades internas.

¿Dirigentes del FSLN tras el fraude financiero?

En esta ocasión, el caso de corrupción que salpica a la empresa constructora radica en que “mediante una serie de situaciones que los trabajadores califican de “fraudulentas”, el tesorero del FSLN, Francisco López, constituyó otra empresa a partir de Mayco y ahora este, supuestamente, quiere quebrarla para absorberla totalmente” (La Prensa 16/)07/13); López trasladó el 35% de las acciones a la empresa Tecnologías y Sistemas SA TECNOSA, propiedad suya, lo que dio origen a, Mayco-Tecnosa, Matecsa. El mecanismo de ahogo económico se aplicó con el objetivo de invalidar las acciones que pertenecen a los trabajadores, para consolidar al FSLN como propietario mayoritario sin tomar en cuenta el consentimiento y beneficio de los obreros.

Dentro de las anomalías e irregularidades sucedidas en la fábrica recientemente, se encuentran: bienes materiales propiedad de Mayco han pasado a manos del consorcio de los López, cuyos intereses económicos responden evidentemente a la cúpula de gobierno del FSLN; un préstamo de 968,199 dólares proveniente de la cooperación venezolana que el ingeniero López autorizó a la sociedad Tectasa, en la que Tecnosa es socia mayoritaria”; fusión con otra sociedad anónima (Tecnosa) propiedad, también, de los hermanos López y una deuda de 7 millones a efecto de la constitución de Matcesa. No conocen los trabajadores la naturaleza de estas operaciones y las encuentran contradictorias ante la rentabilidad de la empresa, explicaba José García, presidente de la junta directiva, haciendo eco del estado de inconformidad latente entre los obreros, aunque luego se retractaría de sus palabras tras llegar a un acuerdo con miembros del FSLN.

La voluntad de los dirigentes no es la voluntad de los obreros

Lo que ha prevalecido oficialmente es el silencio. Ningún representante oficial del gobierno, a nivel legal o económico, se ha dignado a explicar, no solo a los trabajadores, sino a la población general, sobre lo que acontece realmente con la figura de Francisco López, su verdadera labor en el FSLN y su influencia en la ruina financiera de la empresa constructora. José Luis García, luego de dar cuentas sobre las evidentes irregularidades, se retractó de ello y acuso a La Prensa “derechista” de tergiversar la información obtenida con la intención de dañar al gobierno sandinista. Sin embargo, lo que permanece inmutable e imparcial ante la luz pública, es la intención del gobierno de turno de socavar los recursos de esta empresa para consolidar las arcas financieras de la clase dirigente emergente, ante la desorganización política y el estado vulnerable de los obreros, cuyos intereses no son tomados en cuenta cuando los representantes administrativos de la burguesía se dividen entre sí los beneficios económicos y materiales obtenidos a través de la corrupción.

 
Por Diego Lynch
En los años 80s Nicaragua contaba con un sistema de educación universitaria público y casi gratuito. Una vez finalizada la carrera los trámites de titulación eran accesibles para los egresados, lo que permitía a todos obtener sus títulos y convertirse en profesionales.
Después de 1990, se inició un proceso de privatización de la educación, y poco a poco surgieron un sinnúmero de universidades de garaje que a través de los años y mediante altos cobros a los estudiantes, han logrado crecer y enriquecerse; tal es el caso de la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) y la Universidad de Managua (UDM).
Este tipo de universidades privadas no solo cobra elevadas mensualidades y tarifas para que los estudiantes puedan tramitar sus títulos, sino que contrata docentes son escasa experiencia como educadores, lo que no brinda una educación de calidad.
Cursos de Titulación
Durante los últimos años las universidades han venido desplazando la monografía como método de culminación de estudios, y brinda al estudiantado la facilidad de un curso de titulación, lo que significa estar de 8 a 12 meses más en la universidad y de esta forma culminar la carrera. Sin embargo, dichos cursos tienen un valor elevado (de $ 500 a $ 2,000).
El rector de la UCC, Gilberto Bergman, asegura que cuando los estudiantes de su universidad terminan la carrera, deben llevar un curso de graduación de un año completo que es impartido por maestros de alta calificación y por eso la titulación puede llegar a costar hasta $ 800 en ese centro universitario; el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina, apunta que “la educación de calidad es cara” y de esa manera justifica los costos actuales. En esa universidad el título puede llegar a costar entre $ 900 y $ 1,600, según la carrera. (La Prensa; Archivo).
Iniciativa de Ley para regular altos cobros
Los altos cobros han impedido que muchos estudiantes al culminar su carrera puedan obtener su título, por lo que se han reportado un sinnúmero de denuncias ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, lo que llevó a preparar una iniciativa de Ley que regule los altos cobros en las universidades.
La iniciativa establece que una vez que el estudiante cumpla su pensum académico, los cursos de titulación en todas las instituciones de educación superior públicas, privadas o subvencionadas, no excederán el equivalente a seis meses de mensualidades pagadas durante los correspondientes estudios universitarios. “Las y los estudiantes egresados de las instituciones de educación superior que no han logrado obtener su título académico por limitaciones económicas para cancelar los cursos de titulación podrán acogerse a la presente ley”, afirmó José Antonio Zepeda, diputado y Secretario General de ANDEN.
Según Zepeda, se acordó hacer este esfuerzo que garantice ese derecho a la titulación, que le permita al muchacho conocer las reglas del juego cuando comienza su carrera y que esas reglas no varíen a lo largo del estudio y que al final de acuerdo a la modalidad que tome para hacer su trabajo de campo, este precio que pueda establecerse en caso de un curso de titulación no exceda a seis meses de mensualidades (WWW.correoparaciegos.com).
Engavetan iniciativa de ley
Ante esta postura, las universidades privadas, el Concejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) salieron a defender los cobros, alegando la autonomía universitaria y firmando un acuerdo de autorregulación, lo que fue aceptado por la Comisión de la Asamblea Nacional.
Los costos por los títulos de graduación de las universidades estatales y privadas serán auto- regulados por las mismas universidades, según Talavera (Presidente del CNU); las universidades consideran que no es necesario hacer una ley, ya que es un asunto que puede ser regulado entre estudiantes y universidades de común acuerdo y en forma favorable (Diario La Jornada; 26 de Abril de 2013.)
¡¡¡Educación de Calidad y Accesible!!!
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los estudiantes a exigir al Gobierno de Daniel Ortega y a los Diputados que “desengaveten” el proyecto de ley, lo discutan de cara al pueblo y los estudiantes, y que sea aprobado para beneficio de los estudiantes universitarios y futuros profesionales del país. Al mismo tiempo, llamamos a continuar con las movilizaciones, las únicas que pueden garantizar que la lucha triunfe.
Debemos desenmascarar los intereses personales de diputados dueños de universidades “de zaguán”. Solo los grandes empresarios pueden mandar a sus hijos a estudiar fuera con el dinero que paga la población estudiantil en Nicaragua. Luchemos por mejorar la educación, se necesita mayor calidad y docentes especializados para las universidades; que el CNU deje de ser juez y parte al permitir una autorregulación por parte de las universidades privadas. La educación debe ser pública, laica y estatal.
Por una educación pública gratuita con calidad, por los derechos de los estudiantes!


Por Diego Lynch

Nicaragua se ha caracterizado por ser un país con un gran problema dentro de su sistema de Seguridad Social, pero esto se debe al mal manejo y mala administración de dicha institución y de las cotizaciones de sus afiliados; ha sido manoseado el dinero que estos cotizan y muchos de ellos ni siquiera lo han recibido de regreso una vez se jubilan. La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) tiene alrededor de 6 años de lucha solicitando que se les entregue una pensión reducida proporcional al número de semanas cotizadas, ya que ellos no pudieron cumplir con 750 semanas que establece la Ley de Seguridad Social.

Cronología del Desastre

Entre los años 1957 a 1979; durante la dictadura Somocista, el seguro social en Nicaragua era diminuto y con un funcionamiento limitado. Se basaba solamente en la relación laboral y no existía un sistema de protección al trabajador. El seguro social no se encontraba en todo el país, solamente en algunos departamentos y constaba con apenas 120 mil asegurados, del cual solamente el diez por ciento eran mujeres. Fueron 25 años sin crecimiento alguno ya que no cubría a todo el país. (Dr. Manuel Ruiz; especialista en Seguridad Social).

Luego del triunfo de la Revolución, entre los años 1980 y 1990 se inició el proceso de expansión del seguro social en todo el país, ampliando los servicios brindados a los asegurados y fusionando el seguro social con el bienestar social, lo que dio paso a que surgiera el INSSBI. En los años 90 la administración fue muy mala, al punto de buscar la privatización, intento que fracasara; sin embargo se privatizó la atención en salud, creando así las Empresas Medicas Provisionales. Durante el gobierno de Violeta Chamorro hubo otros retrocesos importantes. El seguro social abandonó a los trabajadores del campo, y de 75 mil afiliados que existían en los años 80 el número se redujo a 3 mil. También se reformaron varios decretos, lo que conocemos como “las tres tristezas”. Se reformó el artículo 44 que brindaba Pensiones Mínimas Vitales a personas inválidas, las que no habiendo cumplido los requisitos de cotización sí cumplían con un tercio de ese período. Se reformó el artículo 56 referido a la pensión de vejez y se reformó el artículo 114, que beneficiaba a personas que habían solicitado pensión antes de 1982. Se redujo la cobertura y se abandonó un sinnúmero de programas sociales como los CDI. (FUENTE: http://www.envio.org.ni/articulo/4233).

Posteriormente, en el año 2000 se aprobó la Ley 340, Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. El punto más debatido de esta Ley fue la mayor dureza en los requisitos establecidos para tener derecho a pensión, se elevaron las cotizaciones del empleado y del empleador y desapareció el aporte del Estado. La tasa de cotización seria del 10.5%: un 6.5% corresponde al empleador y un 4% al trabajador. Anteriormente, la tasa era de 5.5%: 1.75% lo aportaba el trabajador, 3.5% el empleador y 0.25% el Estado. Se mantuvo la edad de retiro en 60 años, pero se duplicó el número de años de cotización requeridos: de 15 a 30 años. La pensión de invalidez total pasa del 56.3% al 70% del salario, pero el salario ya no se calcula en base al promedio de los últimos 5 años, sino de los últimos 10 años. (Informe Pastran; Domingo 23 de Junio del 2013).

Luego de que el Frente Sandinista volvió al poder en el año 2007, un gran número de adultos mayores iniciaron una lucha para que se les entregara una pensión reducida y proporcional a la cantidad de semanas cotizadas. Sin embargo el FSLN jamás les dio una respuesta y vino dando largas a las demandas presentadas, apostando al desgaste y cansancio de los ancianos, tratando de engañarlos con unas migajas: una canasta básica reducida, lentes y un bono solidario, sin embargo este no era constante y no se podía gozar de el mismo todos los meses, lo que hacía que la UNAM se activara en su lucha constantemente.

Instalaciones del INSS Tomadas

Ante las negativas y los engaños del Gobierno, que evita dar una solución a todos los ancianos miembros de la UNAM, estos decidieron arreciar sus protestas, organizándose en la capital y departamentos más importantes del país, procediendo el día lunes 17 de Junio a tomar las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a nivel nacional. Los miembros de la UNAM informaron que se habían tomado de manera permanente las cinco delegaciones del INSS en la capital y todas las delegaciones departamentales. Porfirio García, Presidente de la UNAM, expresó que seguirían con su protesta de manera permanente, y que incluso ellos dormirían en las delegaciones donde ellos mantienen presencia.

Policía reprime a golpes

Luego de tres días de protesta, los ancianos que se encontraban en las afueras de las instalaciones del INSS intentaron hacerle llegar comida y agua a los que se encontraban dentro, a quienes la administración les mando a cortar la luz y el agua para que estos desistieran de su lucha. Sin embargo, la policía reaccionó violentamente y mandó a cercar con cordones policiales los alrededores del INSS, agrediendo a golpes y empujones a todos los ancianos y decomisándoles la comida y toda la ayuda que intentaban hacerle llegar a sus compañeros de lucha.

Los adultos mayores y un grupo de jóvenes acompañados por representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, derribaron primero la cerca de hierro instalada a una cuadra al sur del edificio del INSS, y luego hicieron retroceder al cordón de policial para avanzar hacia el norte. Para evitar que los manifestantes entregaran agua y alimentos a los adultos mayores, la Policía formó otro cordón y replegó a los que realizaban el plantón en horas de la tarde. Los ancianos que se plantaron desde el lunes a las puertas del INSS Central, clamaban por agua alzando recipientes vacíos porque les cortaron el agua potable, según la UNAM, “como medida de presión para que abandonen el lugar”. (El Nuevo Diario; 20/6/13).

Según declaraciones brindadas por el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el Comisionado Mayor Fernando Borge, indico que ellos tienen órdenes de no dejar entrar alimentos ni agua ya que es una ocupación ilegal. “No se permiten las tomas de instituciones públicas, la Policía Nacional no ha agredido a nadie, solamente se han dado momentos de tensión”

Jóvenes y “sociedad civil” se unen a la lucha

Ante la represión de la que habían sido víctimas los ancianos, la población nicaragüense y en especial los jóvenes se volcaron de manera masiva a las instalaciones del INSS en apoyo a la lucha del adulto mayor. Grandes grupos de personas se hicieron presentes y se quedaron a dormir en las calles apoyando a estos ancianos, organizaron peñas culturales y gritaban consignas mientras los cordones policiales continuaban resguardando el edificio

Es importante el apoyo que la juventud nicaragüense brindó a los ancianos en esta lucha. Sin embargo los partidos políticos de derecha intentaron tomar ventaja de la misma y se quisieron montar en la protesta de la UNAM para sacar rédito político de la misma. Intentaron manipular e influenciar a los jóvenes y ancianos, sin embargo estos fueron expulsados a empujones de los plantones en los cuales se hicieron presentes.

De esta situación el Gobierno Central intentó sacar provecho y desvirtuó la protesta aduciendo que la derecha trataba de hacer quebrar al INSS, y durante la madrugada del domingo movilizó a sus brigadas de choques integradas por jóvenes antisociales de los barrios. De manera sorpresiva llegaron donde se encontraba el plantón y con tubos, bates y armas agredieron, golpearon y robaron a ancianos y jóvenes que protestaban de manera pacífica. Rosaura Berríos, de 64 años, aseguró ser víctima de robo por ser parte de la protesta a favor de la pensión reducida: “se llevaron mi bolso con ropa, se transportaban en vehículos de la Alcaldía de Managua, encapuchados y con garrotes, nos querían golpear y tuvimos que refugiarnos en una gasolinera”. Cercano al lugar donde los miembros de la UNAM mantenían su protesta, también se encontraban sus opositores a la protesta, incluyendo la rotonda de Plaza Inter y las cercanías del INSS, manteniendo en el centro al grupo de adultos mayores (El Nuevo Diario; 24/6/13).

Ancianos doblegan al gobierno

El líder de los adultos mayores, Porfirio García, acogió una propuesta del gobierno de restablecer las negociaciones para lograr su pensión reducida, al tiempo que agradeció la voluntad expresada por las autoridades después de una marcha que culminó cerca del edificio central del INSS, donde los demandantes cumplían ocho días de protestas (El Nuevo Diario; 25/6/13).

Pensión reducida de inmediato

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los ancianos integrantes de la UNAM a continuar su lucha; instamos a los jóvenes y a la población en general a continuar apoyando esta causa y no dejarse influenciar ni maniobrar por los políticos que lo que pretenden es sacar provecho de esta lucha. Exigimos al gobierno de Daniel Ortega y del Frente Sandinista a cumplir con este derecho, hay que devolverles el dinero cotizado, brindarles una atención médica gratuita y de calidad, entregarles mes a mes una canasta básica para su alimentación. Que la Policía Nacional no reprima más a la población; denunciamos el actuar de las autoridades policiales y del gobierno que utilizó la violencia para amedrentar a nuestros ancianos.

Por la lucha del adulto mayor ¡pensión reducida de inmediato!

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