Por Gerson de la Rosa

El gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa ha aplicado una serie de medidas de corte neoliberal para reducir el excesivo gasto público. El incremento del salario mínimo ni siquiera logra equilibrar la pérdida de la capacidad adquisitiva por el fenómeno inflacionario. No olvidemos que el mismo fue pactado por el gobierno y los dirigentes de las centrales obreras en enero del año anterior.

No obstante, el mismo gobierno a través de un mandato ejecutivo ha orientado a las distintas empresas e instituciones del Estado a no realizar ningún incremento salarial por el costo de vida, por lo que los trabajadores gubernamentales no recibirán ningún incremento durante el 2013, a pesar de que sus ingresos reales se han reducido por el elevado costo de la vida.

El déficit fiscal y sus consecuencias dentro de la economía burguesa

El déficit fiscal es la diferencia entre el gasto y los ingresos, en otras palabras es el saldo negativo del Estado al  aumentar sus gastos frente a sus reducidos ingresos. El déficit fiscal es bastante grande pese a la aplicación de medidas económicas durante los dos primeros años de gobierno, a pesar de una serie de  paquetazos del gobierno, de la creación de nuevas tasas e impuestos y del congelamiento de salarios.

El déficit se ha disparado de forma desproporcionada hasta el punto de no hacer efectivo el pago de servicios contratados y salarios para miles de trabajadores del aparato estatal.

En los meses de gestión administrativa de Porfirio Lobo Sosa el endeudamiento del Estado con la banca privada ha crecido de forma desproporcionada, hasta el punto de casi igualar a la deuda externa. Esto demuestra el mal manejo de las finanzas estatales, pese que es un Estado que gobierna en función de las corporaciones, es decir, su política de Estado no es la de favorecer los intereses de las grandes mayorías, al contrario, ha profundizado la miseria y reducido la calidad de vida de miles hondureños.

Persecución política contra los gremios y sindicatos

Desafortunadamente el gobierno de Porfirio Lobo y sus representantes ha impuesto sin oposición alguna sus políticas económicas. Es lamentable que durante el año las centrales obreras ni siquiera se han manifestado en contra de las medidas que atentan contra los derechos de organización y movilización de los trabajadores. Hemos experimentado grandes retrocesos; las autoridades aplican y censuran hasta la libertad de crítica, como ha ocurrido de forma reciente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

El ministro de educación Marlon Escoto ha emprendido una brutal cacería contra el gremio magisterial, afectando la estabilidad laboral y las grandes conquistas del magisterio nacional. Por otro lado, el Decreto Legislativo de Emergencia Fiscal y Financiera es prueba de la arremetida económica del actual gobierno, dicha Ley fue aprobada en el año de 2010 y tipifica congelar  “….los aumentos salariales en la administración pública, incluyendo los derivados de Estatutos y Contratos Colectivos”. “Las instituciones del sector público no pueden afectar fondos provenientes de cualquier clase de préstamo o donación, con el fin de efectuar complementos o aumentos salariales u otorgar sobresueldos a los servidores públicos”, indica otra disposición.

Asimismo, “los aportes tanto patronales como laborales de los servidores públicos deben ser enterados íntegramente a tales institutos en el mes que corresponda, quedando terminantemente prohibido destinarlos para otros fines.” (La Tribuna, 18 de enero 2013).

Pese a esta emergencia fiscal, los aumentos selectivos son una realidad para los funcionarios y la burocracia privilegiada. Sin embargo, los trabajadores no pueden gozar de un aumento digno que les permita sufragar los altos costos de vida debido a los índices de inflación.

Frente a las fuertes medidas económicas impuestas por el debilitado gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa se hace necesaria la más amplia unidad del magisterio y de las organizaciones sindicales, barriales y patronales para frenar la arremetida económica política. Además de ello, se debe impulsar un plan de lucha por la defensa de la educación pública, por una escala móvil de salarios e impulsar comités de autodefensa comunitarios en los barrios y colonias de Tegucigalpa a manera de proteger y salvaguardar los bienes y la vida de los trabajadores.

Este plan de lucha puede ser emprendido desde el magisterio, por cierto, el sector más golpeado en la actual administración, este pequeño Plan puede ser el inicio de una agenda más amplia del movimiento obrero y sindical.

 

Por Maximiliano Fuentes

Durante las últimas semanas se han manifestado un sinnúmero de desacuerdos y contradicciones entre los distintos grupos de poder y el gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández. Dichos desacuerdos han sido plasmados en los medios de comunicación de la derecha golpista, aquella que emprendió, defendió y colaboró para la defenestración del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales y la  manutención del gobierno de facto de Roberto Michelleti.

Los medios adversan al gobierno

Acá nos referimos concretamente a la línea editorial del Grupo Opsa, quienes han emprendido un enconado ataque contra la política económica y sobre todo de seguridad del actual régimen. Estos desacuerdos se manifiestan en los distintos encabezados de las noticias que se dirigen a cuestionar de forma profunda la actual gestión administrativa del Estado. Por ejemplo, el día lunes 21 de enero del presente año se publica la siguiente noticia: “Agenda inconclusa marca último año del gobierno de Porfirio Lobo”, argumentando que “en 36 meses, el actual gobierno no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad prometidas al pueblo hondureño. Política educativa no ha dado resultados y los servicios de salud a la población siguen siendo deficientes”.

Sin embargo, eso no fue todo, dado que la noticia de ese momento continúa: “En medio de una enorme deuda con los hondureños llega a su cuarto y último año de gobierno el presidente Porfirio Lobo…El gobierno nacionalista comienza la recta final (últimos 12 meses) con más promesas incumplidas que con respuestas a las grandes mayorías…Todo indica que durante 36 meses los esfuerzos de la gestión Lobo han sido insuficientes para mejorar las expectativas de los hondureños que resienten a diario la falta de oportunidades de empleo, los índices de violencia, la carencia de medicamentos en los hospitales, el cierre de las aulas de clases y el encarecimiento de la canasta básica”.

La actitud confrontadora de uno de los medios de comunicación de mayor consolidación de la burguesía hondureña ha creado malestar en casa de gobierno. Por ello, el Heraldo y diario La Prensa publicaron el día domingo 10 de febrero la siguiente noticia: “Lobo Sosa es intolerante a las críticas”, dado que “...el nivel de confrontación que mantiene el presidente Porfirio Lobo Sosa con los medios de comunicación, en especial EL HERALDO y La Prensa, tiene su origen en la intolerancia a la crítica del gobernante. “Lo que está pasando es lo mismo que ha pasado en Nicaragua, en Ecuador y Venezuela, donde hubo un afán de controlar las sociedades y una intolerancia a la crítica de los medios de comunicación”, dijo el analista…“siempre es mejor -o es menos malo- el exceso de libertad de expresión que cualquier forma de restricción”…“resulta verdaderamente preocupante la forma sistemática, permanente, en que se pretende acusar no solamente a medios sino a periodistas individualmente identificados como responsables de una especie de conspiración mediática contra el gobierno”.

Aquellos que una vez fueron los más radicales aliados del régimen, se dieron la tarea de divulgar a través de sus propios medios un video que muestra una terrible masacre por parte de sicarios equipados con armas de alto calibre contra tres jóvenes estudiantes que, de acuerdo a declaraciones, trabajaban dentro de ese espacio. El video fue captado por una de las cámaras instaladas por el actual gobierno en uno de los mercados de Comayaguela el pasado 21 de noviembre de 2012, y  fue divulgado la semana anterior habiendo causado consternación entre distintos sectores de la sociedad.

El Grupo Opsa, empresa de comunicación propiedad del sampedrano Jorge Canahuati, en su momento fiel colaborador de los gobiernos que han favorecido su grupo empresarial, manifestó  el pasado  jueves 07 de febrero: “Ministro de Seguridad ataca a El Heraldo en vez de buscar sicarios” “la virulenta reacción del ministro Pompeyo Bonilla se da en momentos en que la sociedad en general exige al gobierno esclarecer los crímenes. Diversos sectores han cuestionado que en lugar de anunciar una profunda investigación para determinar por qué la Policía mantiene el caso en la impunidad, Bonilla anuncie investigaciones, pero para determinar quién filtró el video a EL HERALDO”.

Pero este desacuerdo ha ido más allá de los medios impresos, también ha tocado las puertas de la televisión, ya que el presentador de televisión, quien en su momento fue uno de los más grandes defensores del régimen espurio y del golpe de Estado, Renato Álvarez, también ha dejado ver sus molestias con el actual régimen.

Lucha entre fracciones de la burguesía

Claro está, como marxistas debemos distinguir entre lo sustancial y lo adjetivo y por ello debemos entender que las declaraciones de los voceros de la burguesía arrastran las críticas y las diferencias de fracciones y grupos en desacuerdo con la política del actual gobierno. En noticia publicada el lunes 21 de enero, también por diario El Heraldo, se manifiesta que el  “periodista Renato Álvarez, director de prensa de TN5 y Frente a Frente, acusó a Juan Orlando Hernández, titular del Congreso Nacional, de fomentar una campaña de odio contra él, que ha puesto en riesgo su seguridad por las críticas que ha vertido contra el funcionario.”

La historia política nos ha enseñado que en el momento en que se manifiestan contradicciones y diferencias entre los distintos sectores de la burguesía y el Estado es por un problema de orden económico, es decir, por negocios frustrados o muy probablemente por la pelea por el control del aparato estatal, fuente generadora de riqueza. Tal es el caso del sector liderado por el actual edil capitalino Ricardo Álvarez, de corte nacionalista y en su momento también vinculado a los sectores ultraconservadores y derecha de la sociedad hondureña.

Álvarez se resiste a reconocer el triunfo de su contendiente del Partido Nacional Juan Orlando Hernández, quien según Ricardo le montó un enorme fraude electoral en conspiración con los organismos electorales, razón por la cual interpuso un recurso de apelación para exigir el conteo de voto por voto del anterior proceso electoral interno, recurso que fue rechazado por la corte de apelaciones liderada por su opositor ante la destitución de los magistrados en diciembre del año anterior.

Las trampas de la Constituyente

Frente a este panorama de amplias contradicciones, el gobierno de Porfirio Lobo ha emprendido una serie de reformas constitucionales, tales como la reforma al artículo 5 que introduce el referéndum y el plebiscito, la creación del juicio político y se ha dicho por parte de los máximos representantes del ejecutivo y del legislativo la instalación de una cuarta, quinta y hasta sexta urna en el próximo proceso electoral. Estos cambios en el régimen generan una serie de dudas entre los distintos sectores de la sociedad hondureña, sobre todo de aquellos que han emprendido una férrea lucha contra el actual modelo político.

Muy probablemente el régimen, fuertemente cuestionado  (la crisis inmensa y pavorosa del Estado, que ni siquiera asegura el pago de sus propios empleados, la consolidación del narco y su vinculación con distintas instituciones del Estado como la policía y los organismos administradores de justicia, el descrédito y el debilitamiento del gobierno ante la falta de empleo y de oportunidades, así mismo la división interna de los dos partidos tradicionales que se manifiesta en la no adhesión de Ricardo Álvarez al movimiento “Salvemos Honduras” de su más grande opositor Juan Orlando Hernández, como la crisis interna del debilitado Partido Liberal), desee emprender una negociación interna con la oposición y de esa manera constituir un régimen pluripartidista en el Congreso Nacional y bajo la figura de cualquiera en el Ejecutivo. Claro está, lo anterior se manifiesta como una hipótesis y no como una realidad concreta, pero por ello abrimos la discusión ante las distintas probabilidades.

El camino de la movilización y de la reorganización de la lucha

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos sido muy críticos con el papel del Frente Nacional de Resistencia (FNRP) y su expresión política LIBRE, por haber abandonado la movilización y la lucha e incursionar dentro de la institucionalidad corrupta de la burguesía golpista. Es de aclarar que dicha incursión ha traído consecuencias funestas para los intereses de gremios, sindicatos, organizaciones populares, empleados públicos, dado que el actual gobierno ha introducido una serie de medidas que han puesto en detrimento las grandes conquistas sociales y sindicales. Por ejemplo, los aumentos de salario son raquíticos y para varios sectores ni siquiera se han hecho ni se harán, dado que para el magisterio desde hace varios años los salarios están congelados.

Por otro lado, la crisis económica y social conlleva el flagelo de la delincuencia y de la criminalidad; por el momento Honduras es el país con mayores crimines violentos en el mundo, situación que expone a cada ciudadano, a dirigentes políticos, gremiales, campesinos, sindicales, barriales y populares a ser víctimas de la delincuencia. Es por ello, que proponemos reorganizar la lucha y los objetivos de transformación de la sociedad hondureña, donde solo el camino de la lucha y la movilización podrán abrir nuevos senderos.

 

Por Justo Severo Izquierdo

Honduras enfrenta hoy en día la peor crisis jamás vista en la historia del país. El 2013 no se presenta nada halagüeño para enfrentar la debacle financiera en la que está inmerso el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Por otra parte, el poder legislativo que encabeza Juan Orlando Hernández ha emitido una serie de leyes y decretos que atentan contra la soberanía nacional y van en detrimento de las conquistas más elementales de los gremios y sectores populares del país. El poder judicial no es la excepción a la regla, también atraviesa uno de sus peores momentos al perder su independencia como poder del Estado.

Las maniobras ejecutadas por Lobo-Hernández han permitido que todo el aparato que rodea la corte y sus demás dependencias, estén a su disposición para dar luz verde a todos los proyectos de “desarrollo” impuesto por los regentes del ejecutivo y legislativo.

Repercusiones nefastas

Los tres años de gobierno de Lobo-Hernández se han caracterizado por la represión ejecutada contra los sectores populares y el alto índice de violencia; el espantoso nivel de desempleo y la asfixia económica a través de paquetes fiscales que eleva el alto costo de la vida; la inasistencia total del sector salud y educación y demás dependencias estatales; deficiencia en la ejecución de programas de desarrollo.

En el 2013 no parece que mejore el panorama, al contrario, el gobierno en estos dos primeros meses ha recrudecido las medidas que afectan a todos los sectores del país; por ejemplo, las empresas constructoras de todo el país, un gremio que casi nunca se pronuncia, se vieron en la necesidad de paralizar sus labores por falta de pago. Los empresarios de la construcción, afiliados a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) y la Cámara Hondureña de Consultores y el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, se vieron afectados por el incumplimiento del gobierno.

Por otro lado, el gremio magisterial se mantiene en lucha por la suspensión de licencias a sus dirigentes, el incremento del 9% a las tarifas de la ENEE, la aceleración en el proceso de devaluación del Lempira con respecto al Dólar, y para rematar, la injerencia de los organismos de financiamiento internacional y los países cooperantes acuerpados en el G16, quienes imponen las políticas de control, en el manejo de las finanzas públicas. Dentro de estas recomendaciones está el plan de austeridad del gobierno, que obliga al mismo a despedir a una gran cantidad de hondureños que laboran en diferentes dependencias del Estado.

Panorama de lucha incierto

La sociedad hondureña se encuentra en un hervidero ante la crisis imperante en todos los sectores. El pueblo demuestra a diario su descontento con el gobierno; eso lo obliga a manifestarse con entusiasmo cada vez que se le convoca. El 24 de enero del presente año se vio el espíritu de lucha de una amplia mayoría de compatriotas en distintos puntos del país.

El pueblo sigue confiando en una dirección (específicamente en LIBRE) que los oriente y saque del atolladero; creemos que esa dirección permanece dormida, y no ha actuado con el verdadero protagonismo que le corresponde a un partido de masas. Sus dirigentes, al olfatear el descontento popular, se integran al llamado de los demás sectores y aprovechan para su proselitismo político. En los discursos impera una efusiva campaña de ataque contra las medidas neoliberales y contra todo plan que atente contra el pueblo, pero en la práctica es distinto.

Se protesta después que han ocurrido los hechos y de esa forma eluden el compromiso de acercar al pueblo a una reacción contundente de desbaratar toda una estructura nefasta para los intereses del pueblo. El punto de la dirección de Libre es maniobrar y llevar todo este descontento de masas al plano electoral y desde ahí centrar una política reformista y de negociación con los sectores oligarcas. La estabilidad social fue uno de los puntos de negociación bajo la mesa entre Mel y Pepe Lobo en Colombia, por lo tanto, Libre no quiere incumplir lo pactado, por eso las reacciones sin contundencia.

Por lo tanto, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todos los luchadores y luchadoras aglutinados en todos los sectores organizados y no organizados del país, a que se convoque a un paro cívico nacional, para desbaratar todo plan que atente contra el pueblo de parte de Lobo-Hernández.


Por Gerson de la Rosa

Lo ocurrido el 28 de junio de 2009 no solo rompió de forma violenta el Estado de derecho, sino también fracturó la endeble institucionalidad democrática. Fue tan grande la ruptura experimentada que el hecho logró dividir a un más a una sociedad fragmentada por las enormes desigualdades imperantes.

Por un lado, se nuclearon los hondureños que pedían la restitución del gobernante defenestrado, y por otro los defensores del nuevo régimen y de la constitución quebrantada.  La división social y política generada tras la ruptura del orden democrático trajo consecuencias funestas para el Estado y la sociedad en su conjunto: decrecimiento económico, polaridad social, desconfianza en la institucionalidad y las instituciones políticas, situación que aún prevalece a nivel de las percepciones.

¿Golpe de Estado técnico?

Ante el caos generado, los administradores del Estado no aprendieron las lecciones obtenidas, y a pesar del cambio a nivel de las mentalidades de una sociedad que aspira a una nueva práctica política, los funcionarios públicos continúan ultrajando la institucionalidad y desmembrando el Estado. Lo realizado por el Congreso Nacional de la República en confabulación con el poder ejecutivo es prueba de esta fallida práctica política. Lo que para muchos es un golpe técnico, sobre todo porque un poder del Estado irrumpe y se impone sobre otro, es una hábil medida para desbaratar la oposición del poder judicial y desde esa perspectiva fortalecer el control de Juan Orlando Hernández.  La medida de destituir a un grupo de magistrados persigue la intención de dejar a un lado la oposición del partido liberal y de esa manera introducir los proyectos de ley sin incurrir en la posibilidad de que sean declarados inconstitucionales, tal y como ocurrió con el proyecto de Ley de las ciudades modelos y de la depuración de la policía.

La destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le permite al régimen de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández retomar proyectos que fueron desechados por la oposición liberal dentro de la Corte; precisamente durante la semana se reinició la discusión sobre las ciudades chárter o modelo, así mismo se aprobó por mayoría el proyecto de exoneraciones fiscales.

La Bonapartización del régimen

El control casi absoluto de Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo sobre la institucionalidad del Estado es un hecho que no se puede negar. La crisis del Estado y las medidas introducidas para echar a andar el modelo económico impulsado, han determinado la necesidad de eliminar a la oposición e incluso a sectores y corrientes de su propio partido. Esto ocurrió con la corriente del alcalde capitalino Ricardo Álvarez, quien, a pesar de  los múltiples intentos de la oficialidad de establecer una negociación interna, se resiste a aceptar la derrota cuestionando el fraude electoral montado por el candidato oficialista del Partido Nacional de Honduras.

La concentración del poder en manos de Juan Orlando y de los sectores que éste representa conlleva un peligro para las conquistas sociales de los trabajadores, dado que ante la enorme crisis por la que atraviesa el Estado, existe una política de reajuste fiscal aplicada a los trabajadores públicos. Por ejemplo, nuevamente el magisterio no recibirá el apreciado aumento salarial durante el presente año.

¿Una Constituyente negociada?

Así mismo, esta concentración del poder y confabulación entre los poderes del Estado ha permitido que Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández hablen de una Constituyente a partir de la instalación de una cuarta, quinta y sexta urna en los próximos comicios electorales. Lo curioso de este proceso es que la constituyente que se aspira a instalar no es la deseada por el valiente pueblo de Honduras, por la que luchó durante los últimos meses de 2009.

A diferencia del proceso iniciado por Manuel Zelaya durante el 2009, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo se amparan en la reforma del artículo 5, donde se introducen las figuras del plebiscito y el referéndum. Al parecer existe una amplia alianza entre varios sectores del gobierno y los máximos dirigentes de Libre en este asunto, situación que pone en evidencia el silencio y las acciones desmovilizadoras de la dirección de Libre y del FNRP. 

Solo la unidad y la movilización pueden detener los planes y las políticas de ajuste fiscal que atentan contra las grandes conquista de los trabajadores, por ello es necesario rehabilitar el Frente Nacional de Resistencia y lograr su independencia del zelayismo, para hacer frente a la embestida política y económica del régimen de Lobo-Hernández.


Por Carlos Alberto Fúnez    

El magisterio hondureño pasa actualmente una de sus peores crisis en la historia hondureña. Atrás quedaron las luchas épicas que realizaron dignos maestros en la huelga bananera de 1954 o en las décadas posteriores, como en los ochentas, donde lo más fácil era ser secuestrado, torturado o asesinado por leer un libro de Ramón Amaya Amador. En el gobierno de Roberto Suazo Córdoba (1982-1986) el magisterio emprendió una lucha por ganar el Estatuto del Docente.

El feroz y represivo régimen de Suazo Córdoba y Gustavo Álvarez Martínez reprimieron al magisterio y destituyeron varios docentes. El Estatuto del Docente fue aprobado en el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1996), y apenas  habían pasado 6 años cuando ya el gobierno de Ricardo Maduro  (2002-2006) inició sus ataques directos al magisterio para abolir esta conquista social y económica.

El Estatuto del Docente es la Ley que regulaba el sistema educativo en todos sus aspectos, pero quedó derogado con la Ley Fundamental de Educación aprobada a inicios del 2012. Sin duda alguna que el mayor interés por derogar la Ley de parte de los sectores políticos y económicos radica en lo referente al régimen económico, la afiliación sindical y el régimen social.

Frontal y despiadada represión en contra del magisterio

El frontal ataque en contra del magisterio de parte del régimen Lobo-Hernández no es casual; éste inició en el  gobierno de Maduro (2002-2006), en ese tiempo Porfirio Lobo era el presidente del Congreso Nacional y Juan Orlando Hernández era el secretario del Congreso. Cuando intentaron abolir el Estatuto, el Magisterio lo defendió graníticamente con todo lo que tenía, y al final el régimen dejó fisurada la Ley con otra que aprobaron y que llamaron Ley de Reordenamiento Retributivo, pero el magisterio hizo tambalear al régimen con la masiva toma de la ciudad capital durante varios días.

Posteriormente al golpe de estado del 28 de junio de 2009, y una vez que asumió el régimen Lobo-Hernández al poder, reanudaron una estrategia mucho más afinada y mucho más represiva para derrotar al sector más beligerante de la última década. Los años 2009, 2010 y 2011 serán recordados por los docentes como días de gloria que terminaron en cruenta derrota; ésta terminaría de consumarse en el 2012 y 2013.

Los mártires del magisterio nuevamente darían su vida por las reivindicaciones

Con la derrota del FNRP y luego las oscuras negociaciones a espalda de la base, entre Zelaya y Porfirio Lobo terminaron de allanar el camino para que ley tras ley fueran lacerando la mayor reivindicación de los docentes en la historia hondureña y centroamericana. Actualmente el Estatuto Docente es un cascarón vacío y resquebrajado, aún tomado en cuenta por el Congreso Nacional solo para cuidarse de un juicio internacional.

La sangre derramada por los maestros asesinados desde el golpe de estado sigue penetrando estas tierras, sigue infiltrándose hasta el más recóndito hueco. Primero fue Róger A. Vallejo, luego fue Félix Murillo, el turno le llegó a nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo y en marzo del 2011 en una dura represión fue asesinada Ilse Ivania Velásquez, todos ellos murieron en la lucha y de frente contra un régimen oprobioso y asesino.

Conformación del Colectivo “José Manuel Flores Arguijo”

El compañero Manuel Flores se destacó en la lucha desde sus años de estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional, luego en el magisterio como miembro del Copemh. Organizado políticamente, fue miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA). Fue un constante analista de la situación nacional y educativa y  dejó plasmada sus ideas en sus múltiples artículos.

En este momento en que el magisterio se encuentra postrado y en cuidados intensivos, se vuelve necesaria la reflexión y la discusión de las preguntas que afloran a nuestra mente, ¿Por qué hemos sido derrotados? ¿Somos capaces de revertir la derrota?

Con el merecido respeto de los demás compañeros mártires de la resistencia, llamamos a todos los docentes y afines a conformar parte del espacio de reflexión y discusión Colectivo “José Manuel Flores Arguijo”. Este 23 de marzo se cumplen 3 años del vil asesinato de nuestro camarada, la mejor forma de reivindicar la memoria de nuestros mártires es emulando su lucha y su ferviente deseo por transformar la sociedad en una que sea justa e igualitaria.

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