Por Sebastián Ernesto González
El día miércoles 17 de octubre la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inconstitucional el decreto legislativo que creaba las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como “Ciudades Modelo”, con 13 votos a favor, uno en contra y el voto particular del magistrado-presidente Jorge Rivera Avilés. Con la aprobación del decreto legislativo 283-2010, que fue ratificado en abril de 2011, se pretendía reformar los artículos 304 y 329 de la Constitución y crear las Regiones Especiales de Desarrollo.
El decreto que daba lugar a la creación de las RED fue aprobado en el 2010 y ratificado en el 2011. En todo ese  tiempo transcurrido, fueron las organizaciones sociales  y políticas que conforman el Espacio Refundacional las que iniciaron una serie de actividades en contra de la aprobación de las RED; pero también hubo diversas personas que de forma individual pertenecen al Espacio Refundacional, que también emprendieron esta lucha de manera frontal y sin escatimar esfuerzo.
Actividades sistemáticas y progresivas que se planificaron y ejecutaron desde el ER
Desde el 2011, se introdujeron a la Corte Suprema de Justicia los recursos de inconstitucionalidad, luego se avanzó a los plantones que se realizaban los días miércoles frente a la CSJ, también se inició la recolección de firmas y se siguieron presentando más recursos de inconstitucionalidad. Fue precisamente el abogado Antonio Trejo el que presentó una acusación de traición a la patria, en contra de los 126 diputados que aprobaron el decreto que creaba las RED y contra el mandatario Porfirio Lobo. Trejo fue brutalmente asesinado la noche del 22 de septiembre por desconocidos en las inmediaciones del aeropuerto internacional en Tegucigalpa.
Si bien es cierto que la lucha fue impulsada desde el ER, también es válido señalar que muchas personas militantes de Libre se sumaron de forma individual a las actividades realizadas. Sin embargo, ni el extinto FNRP ni el nuevo partido político Libre asumieron como suya esta lucha. Cuando la presión de las bases fue creciendo para que Libre se pronunciara, la candidata Xiomara Castro se limitó a emitir un comunicado donde en esencia manifestó que “En aras de plantear alternativas de solución, invitamos al presidente del Congreso Nacional y a su Partido Nacional, a que con base en el artículo 5 constitucional, que regula el Plebiscito y el Referéndum, sometamos la Ley de las “Ciudades Modelo” a la consulta del soberano y que sea el pueblo el que decida”. En otras palabras, se le pide al Congreso Nacional que le consulte al pueblo la aprobación o no de la venta del territorio.
La campaña iniciada desde el ER fue creciendo poco a poco y convergiendo con posiciones comunes con otros sectores. Sin embargo, nunca se tuvo el apoyo institucional de Libre a nivel de convocatoria ni a nivel de logística. Es de reconocer que en esta lucha muchos de los militantes de base superaron a la dirigencia sumándose a las actividades convocadas desde el ER en contra de las RED.
Golpe político para el candidato nacionalista Juan Orlando Hernández
Sin duda alguna, que con solo  la lucha emprendida desde el ER no se hubiera revertido la decisión de la CSJ. Sin embargo, las diferencias políticas a nivel de la ultraderecha que asestó el golpe de estado del 28-J de 2009 han comenzado a aflorar, tal y como lo dijera el asesor del Congreso Nacional, Ebal Díaz quien  declaró “El ex presidente Manuel Zelaya presionó a la corte con su partido Libre y la ultraderecha del país sesgaron la decisión de inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia en contra de las Ciudades Modelo…” LT (19/10/2012). Este sector de ultraderecha se refiere a los grupos aglutinados alrededor de los otros candidatos, principalmente aglutinados alrededor de Ricardo Álvarez por el Partido Nacional.
Libre debe retomar la movilización y la lucha para revertir las innumerables leyes que laceran a los trabajadores
Es el momento para que la plataforma sindical, las Centrales Obreras y Libre convoquen a movilización nacional en contra de los planes de miseria del régimen Lobo-Hernández. El Espacio Refundacional ya demostró que ante ciertas coyunturas, una lucha por muy débil que sea puede traer resultados positivos. Es el momento de un plan estratégico de lucha para defender a los trabajadores.

Por Maximiliano Fuentes
El gobierno de Porfirio Lobo en sus casi tres años de gobierno ha emprendido brutales ataques contra los trabajadores públicos. Uno de los sectores más lastimados ha sido el magisterio, prueba de ello es la desindexación salarial que se aprobó en el año  2010, que ultrajó la más grande conquista del magisterio nacional: el estatuto docente.
Los aumentos salariales no se han realizado de acuerdo a lo tipificado por el estatuto, sino según criterios establecidos por el gobierno; pero el magisterio no recibió ningún tipo de aumento durante los dos primeros años debido a que rechazó la  cantidad ofrecida por el gobierno pues se encontraba por debajo de lo señalado por Ley y debajo del costo de vida. Por tanto, el salario de los docentes se mantuvo congelado durante una buena cantidad de tiempo, hasta que en julio de este año el actual presidente del Congreso Nacional y precandidato en las elecciones internas por el Partido Nacional Juan Orlando Hernández,  adoptó la medida electorera de realizar un incremento de 900 LPS.
Pero el magisterio no es el único sector que se ha visto afectado. También lo han sido las enfermeras, los médicos, empleados de Hondutel y de la ENEE, así como los empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). En el caso de la UNAH, la fecha de pago se ha venido acomodando a los intereses de las autoridades universitarias, evidentemente, sin realizar ningún tipo de notificación a los trabajadores y docentes universitarios.
El caso de los médicos
Esta embestida económica se ha establecido en cada una de las instituciones del Estado, y la razón es concreta y sencilla. El Estado no dispone de los medios para hacerle frente a sus obligaciones debido al enorme déficit fiscal que arrastra, que se ha incrementado de forma cuantiosa en el actual gobierno. Los egresos del Estado son mayores que sus ingresos, en una palabra: se gasta más de lo que se tiene. Razón por la cual el Estado ha incrementado de forma cuantiosa la deuda interna, es decir la deuda con la banca privada nacional. Sin duda alguna, el crecimiento de la deuda interna representa uno de los problemas más graves de la economía nacional; la misma se ha duplicado en los últimos dos años, sobrepasando en la actualidad los 51 mil millones de lempiras.
El retraso en los pagos de cada una de las instituciones del Estado ha creado inconformidad y descontento entre los trabajadores estatales. En lo que va del año se han dado una variedad de paros, tomas de establecimientos y pequeños enfrentamientos de los trabajadores estatales y el gobierno de turno. Esta vez, le ha tocado emprender la lucha a los médicos del servicio público nacional, quienes desde inicios de la semana han anunciado el paro de labores por la falta de pagos. En ese sentido la amenaza se mantiene debido a que la Secretaria de Salud no ha realizado los pagos del mes de septiembre. “Los galenos habían otorgado un plazo de 20 días a la nueva ministra de Salud para que iniciara a resolver los problemas de pago de 400 médicos por contrato, cerca de 400 médicos por interinato y más de 100 galenos que reciben pagos con fondos externos y a quienes se les adeuda el mes pasado….”(El Heraldo 20/10/12).
El aumento generalizado de los precios de la canasta básica
Al atraso de los pagos de los correspondientes salarios se suma el aumento generalizado de los precios de la canasta básica producto del aumento de los precios del combustible. En los últimos meses han aumentado los precios de las productos de primera necesidad, razón por la cual las familias han reducido su consumo y por ende su calidad de vida. De la misma manera, ha subido de forma estrepitosa la tarifa de la energía eléctrica deteriorando los ingresos de las familias promedio.
Nuestra propuesta
Ante el retraso de salarios y el aumento generalizado de los precios de los productos de la canasta básica, se hace necesario impulsar una jornada de lucha para frenar el aumento generalizado de los precios, congelar la canasta básica, exigir la creación de fuentes de empleo y demandar el pago inmediato a cada uno de los trabajadores estatales que no han recibido su sueldo. Para ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los sindicatos, gremios, federaciones, centrales obreras y emplazamos al Partido Libertad y Refundación LIBRE para que convoquen a una jornada de lucha exigiendo el pago inmediato de los salarios y el congelamiento de los precios de la canasta básica.

 Por: Claudia Morales

El absolutismo nacionalista está en el pináculo de su historia, la cachurecada recalcitrante ya destapó la caja de Pandora de su verdadera ideología: destruir la nación hondureña mediante la imposición de medidas arbitrarias contra el pueblo, la práctica del absolutismo en los tres Poderes del Estado y obviamente, la sumisión a los preceptos de los organismos internacionales.

¿Será que la oligarquía y sus afines quieren exterminar al resto de la población y van cometiendo genocidio a plazos? Tenemos en desbalance de la báscula de la Justicia, la protección policial se ejerce solo en las altas esferas de la sociedad, los servicios públicos se van privatizando, los moles y centros comerciales inundan las ciudades, las zonas rurales se van tornando pueblos fantasmas, la inmigración se vuelve una necesidad y quienes quedamos en estas honduras los decretos de emergencia, asesinatos y amenazas a muerte son el desayuno, almuerzo y cena de todos los días.

Desde el golpe de Estado el régimen resultante ha venido fraguando toda clase de agravios contra el proletariado: las medidas económicas con el alza de los combustibles, el cambio en la venta de los mismos (de galones a litros), las regulaciones en el “orden social” mediante decretos legislativos y cambios en las leyes gremiales junto a las medidas de represión son una vuelta al esclavismo. Podemos enlistar una letanía de quejas y se nos quedarían tantas sin mencionar. En el caso específico del magisterio, se tiene el deber de trabajar pero no de gozar ningún derecho pues todos han sido retocados para “mejorar” la calidad de la educación pública.

En días pasados el Ministro de Educación Marlon Escoto, anunció un nuevo decreto ejecutivo en el cual se prohíbe la toma de centros educativos a alumnos, docentes y padres de familia bajo pena de expulsión, suspensión del salario mensual y cárcel respectivamente, además del posible cierre del centro. Esto genera un motivo más de descontento y otra forma de represión contra el sector gremial que más se pronunció contra el golpe de Estado en 2009. Así violentan el derecho a la protesta (Artículo 79 de la Constitución de la República de Honduras) acentuando la humillación de cerrar la boca cuando se quiera gritar las injusticias.

Lo anterior se sumó a la imposición del ministro de alargar el año lectivo hasta el 21 de diciembre, sin dar lugar a negociaciones con el magisterio ni a razones justas pues “Durante este año el sistema educativo público ha perdido unos 15 días de clases, en promedio” (El Heraldo, Sábado 13 de octubre de 2012) mientras que el señor Escoto pretende recuperar el tiempo perdido en 21 días de diciembre esto incurre en gastos extras para padres y docentes por igual, lo que agrava la situación de calamidad doméstica en la que ya se encuentran las familias de estos últimos, so-pena de que si no cumplen su mandato serán despedidos. Así mantienen la inseguridad en la base del magisterio. Nadie quiere perder su trabajo.

Mientras tanto los Centros de salud se encuentran sin mantenimiento ni medicinas en buen estado pues las pocas existentes en sus farmacias están vencidas o por vencerse. El 12 de octubre los empleados de varios centros de salud de la capital se tomaron la calle junto a la comunidad para declararse en peligro de muerte porque las instalaciones de dichos centros de trabajo se encuentran en precariedad, totalmente insalubres y a punto de derrumbarse, lo que puede ocasionar una tragedia e incluso, iniciar una epidemia en el sector.

Vuelvo a preguntar: ¿Pretenden liquidarnos? laborando sin derecho a descanso, ni gozando de salarios dignos, con el riesgo de perder el trabajo por clamar justicia, dejando que los establecimientos de los centros de trabajo –literalmente- se vengan encima de la pobrería que busca salud a riesgo de contraer enfermedades en lugar de contrarrestarlas, sin faltar las llamadas y mensajes de texto que reciben dirigentes campesinos y demás ciudadanos que no necesitamos dirigir grupos para tropezar con la eventualidad de no volver a casa después de un día de trabajo.

Nos corresponde la unidad y renovar fuerzas para contraatacar ante las arbitrariedades e imposiciones del gobierno heredero del golpe de Estado. Unidos el pueblo, sectores organizados y familias en general podremos vencer el totalitarismo que encamina el gobierno de turno y su partido en particular.

Por Sebastián Ernesto González

Durante las últimas semanas los asesinatos ligados al conflicto en el Bajo Aguán o a defensores de derechos humanos se han incrementado en el país. Los últimos casos más sonados son los del abogado Antonio Trejo, Apoderado Legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y el de Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, un fiscal en la oficina de derechos humanos del gobierno, quien estuvo entre los abogados que hicieron una huelga de hambre en 2008 protestando por  la corrupción de la fiscalía. En esta semana fue asesinado el joven Douglas David Peña, en Santa Bárbara, quien se manifestaba por los derechos de su comunidad y contra las “Ciudades Modelos”.

El viernes 5 de octubre las organizaciones Copinh y Ofraneh distribuyeron un comunicado donde señalan que ante una acción de recuperación de tierras contra la empresa  CAISESA-FRISCO del reconocido terrateniente René Morales, fueron asesinados dos compañeros campesinos y aproximadamente 18 fueron detenidos.

El último artículo que escribió el Camarada Manuel Flores

Cada vez que asesinan a un compañero campesino o un profesional ligado a la recuperación de tierras en el Bajo Aguán, experimentamos el dolor que nos sigue ocasionando el vil asesinato del Camarada Manuel Flores, hecho que ocurrió el 23 de marzo del 2010 en su centro de trabajo, dos días después de que Manuel escribiera su último artículo. En ese artículo titulado “El conflicto agrario en el Bajo Aguán”, en uno de los párrafos escribiría “La lucha de las organizaciones campesinas por tener un pedazo de tierra se ha teñido de sangre, varios son los asesinados por las fuerzas al mando de los terratenientes de la zona del Bajo Aguán…el conflicto en Honduras se da entre 300,000 campesinos sin tierra y tres reyes de la tierra; Miguel Facusse, René Morales y Reynaldo Canales…”

Hasta ahora, el asesinato del compañero ha quedado en el olvido, al igual que la de todos los mártires que han sido asesinados.

César Ham denuncia amenazas

El conflicto se ha agudizado tanto que el mismo director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, ha denunciado públicamente al empresario Miguel Facussé como responsable por si algo le ocurre. Según el director del INA, el presidente Porfirio Lobo Sosa, el martes, le informó de viva voz “que había amenazas a mi vida, queriendo hacer un atentado con sicarios que ya estaban en Tegucigalpa pagados por adelantado para quitarnos la vida… cualquier situación que me ocurra a mí, a mi familia, responsabilizo de manera directa a Miguel Facussé Barjum”.

Ante esta ola de asesinatos que sigue aumentando, el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, del Congreso de los Estados Unidos, Howard Berman  envió una carta a Hillary Clinton en la que denuncia “El asesinato de Trejo fue más que un crimen espantoso. Él había representado satisfactoriamente a campesinos que reclamaban tierras ilegalmente obtenidas por Miguel Facussé, quien fue descrito por la embajada de EE.UU. como "el más rico, más poderoso hombre en Honduras" y quien tiene guardias de seguridad que son acusados de supuestamente haber matado a docenas de activistas de derechos de tierra en los últimos tres años. Trejo había recibido amenazas de muerte repetidamente por su teléfono celular, y anunció que si fuese asesinado, Facussé sería responsable.”

Movilización Nacional para detener asesinatos y por una Reforma Agraria

Sin duda alguna que esta represión con la venia del gobierno de Lobo no se detendrá a menos de que se inicien actividades de protesta para detener la represión selectiva contra los sectores campesinos organizados. Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a toda la plataforma sindical, gremial y popular para convocar a una jornada de protestas para detener los asesinatos selectivos.

Manuel Flores terminó su artículo con lo siguiente “…el Estado debió expropiar sin ninguna indemnización dichas tierras y entregarlas a los campesinos organizados. Igualmente debe ofrecer asistencia técnica y crédito para que en el futuro no caigan en la tentación de vender a los mismos terratenientes las tierras recuperadas. Hoy más que nunca se hace necesaria la aprobación de una Ley de Reforma Agraria que resuelva la problemática de la tenencia y la producción de la tierra en el agro”.