Por Horacio Villegas e Ixcel Zambrano

Los datos que arroja el observatorio de la Violencia de la Universidad nacional Autónoma de Honduras al finalizar el año 2018, en el caso de homicidios, fueron los siguientes: 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes (Tiempo Digital, 23 de diciembre de 2018). Una cifra que pone al filo de la incertidumbre a la mayoría de jóvenes que recurre a espacios públicos como centros educativos, la universidad y los mismos barrios y colonias del país.

El auge de casos de violencia, robos y delincuencia común en la universidad, ha sido el aliciente perfecto para que las autoridades universitarias promuevan en la actualidad, un plan de seguridad interna en el campus; una política muy parecida al “barrio seguro” que enarboló el nacionalista Ricardo Álvarez, que no era otra cosa que colocar portones en las colonias y residenciales de la capital, amurallando pasos que antes eran de libre acceso, con el pretexto de reducir los asaltos. Esta política de aislamiento de la violencia no consiguió combatir este flagelo, pues fue más una medida de seguridad interna, que no preveía en lo absoluto el combate estructural de la violencia en el largo plazo.

Recientemente los encargados de la imagen de la universidad, entre ellos Armando Sarmiento, han dado declaraciones sobre el tema, arguyendo que es necesario redoblar las medidas de seguridad interna del campus instalando más cámaras de vigilancia. La construcción del edificio Alma Mater, aparte de tener las más opulentas oficinas, implicó la compra de cámaras de vigilancia que superaron a los demás países de la región en el tema. Este no tan nuevo discurso de equipamiento y gasto de fondos en cámaras de vigilancia, demuestra que los representantes de la universidad no tienen ninguna política que demuestre el combate de la violencia por otros medios que no sea el aislamiento y la huida del fenómeno.

El lunes 4 de marzo se llevó a realización el bloqueo de los portones de la Universidad y la regulación de la entrada a la misma, por parte de la nueva guardia de seguridad privada; esta acción fue anunciada días atrás por Ayax Irías –el encargado de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles VOAE. De ahora en adelante, el ingreso al Alma Mater será mediado por un carnet estudiantil. De inmediato los estudiantes universitarios protestaron por esta cortoplacista medida y algunos se mostraron reacios a este bloqueo que traerá muchas consecuencias si no se combate desde ahora.

La nueva política de seguridad de la UNAH: Combatir la violencia, mas no la cultura de la violación 

Esta medida de cerrar los portones de Ciudad Universitaria se asemeja a las políticas del gobierno nacionalista que pretende aprovecharse del estado permanente de violencia en el que nos encontramos, para justificar más fondos a las secretarias de Seguridad y Defensa. En el fondo estas medidas no demuestran un plan estructurado de combate a este fenómeno, más bien vuelven notoria la ineficacia y la falta de voluntad que tienen los burócratas administrativos en fomentar otras formas de prevenir un entorno violento, como ser el mantenimiento seguro de los edificios por personal de seguridad de la Unah en acompañamiento de profesores universitarios y también los mismos estudiantes, y ¿porqué no el fomento de prácticas de autodefensa que implique la seguridad personal ante estas situaciones?; en definitiva, una especie de gestión conjunta y preventiva de espacios frecuentemente utilizados por los que cometen delincuencia común e intentos de violaciones. Cerrando portones a otro público, no se concientiza a la gente del papel que tienen para prevenir estas situaciones.

Por el hecho de pertenecer a una sociedad que posee altos índices de violencia, y que de paso tiene un pasado violento lleno de crímenes de estado, represiones, y también violencia familiar; encarnamos la mayoría de hondureños, el germen de la violencia, ya sea para rechazarla o para reproducirla. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los perpetradores de violaciones en la universidad, podrían ser también ciertos estudiantes que son propensos a este tipo de actitudes deplorables. El mal lo tenemos dentro de la Universidad también, y con la medida de cerrar portones y regular entradas no se combaten estas realidades incómodas para los que administran la UNAH.

Con esta medida que vuelve paradójica y un tanto quimérica la casa de estudios superiores del “pueblo hondureño” –pues se ha olvidado la pregunta de ¿a quién se debe la Universidad?, y se cierra de tajo también la aclamada “vinculación Universidad-¿Sociedad?”–, se pregonan ciertas intenciones escondidas bajo un discurso que no ofrece ningún resultado efectivo en materia de reducción de la inseguridad. Las consecuencias directas de esta nefasta política son las siguientes:

1) Al cerrar el campus universitario, se le está privando y negando el ingreso a pueblos organizados en plataformas de lucha indígena y campesina, así como al pueblo garífuna organizado. Es decir, la Universidad no será el epicentro y casa de nuestros hermanos que vienen del interior del país a la ciudad por la exigencia de derechos usurpados por el Estado Hondureño. No habrá Alma Mater para los otros hijos iguales o más dignos, por el hecho de no portar un carnet estudiantil.

2) Si los estudiantes universitarios permiten estas medidas graduales de control, tendrán pronto otros mecanismos más sofisticados de persecución política. Habrá una pérdida paulatina del derecho a la protesta; y con esto la normalización de un régimen que, empleando todos los medios a su favor, pretende neutralizar cualquier disidencia estudiantil ante estas medidas antidemocráticas y excluyentes.

Por Horacio Villegas

El movimiento antorchero, que surgió hace ya cuatro años, y que agrupó a un considerable número de jóvenes, respondió a una agenda anticorrupción que denunciaba el saqueo de instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la creación de un organismo encargado de hacer las investigaciones y denuncias pertinentes sobre los casos emblemáticos de corrupción. Este organismo estaría precedido por la ayuda internacional, especialmente la OEA, y llevaría las siglas de CICIH (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras); pero los hechos llevaron este proyecto por otro cauce: el gobierno maniobró y trastocó la propuesta inicial, creando de esta forma la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras).

La denominada MACCIH, al mando del peruano Juan Jiménez Mayor, intentó sacar a la luz pública todas las implicaciones en actos de corrupción de varios funcionarios ―entre ellos una mayoría de diputados―, dejando claro un matiz inflexible que le costó su pronta destitución de dicho organismo. La última acusación que dio el golpe de gracia a la MACCIH fue la que revelaba el vínculo directo del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, en el drenaje de fondos públicos a través de ONGS.

Mientras tanto, en todo el recorrido de esta misión de apoyo, los nacionalistas fingían tener un falso patriotismo, que denunciaba la injerencia extranjera en las investigaciones sobre corrupción ―Fernando Anduray y Toño Rivera, encabezaron a estos risibles patrioteros―, y que no era otra cosa que un acto bestial de mostrar sus dentaduras feroces, para defenderse ante las acusaciones un tanto imparciales de la MACCIH. Las conspiraciones contra Jiménez Mayor ya estaban puestas en la mesa, y antes de evidenciar al corrupto Oliva, el peruano desistió ―por presiones y amenazas― de su labor en Honduras.

El movimiento indignado tuvo un considerable acompañamiento de jóvenes de la clase media urbana y también de otros sectores independientes. Fue un fenómeno que iluminaba las calles nocturnas de Tegucigalpa todos los viernes sin falta. Y daba una clara señal de molestia por la presencia de corruptos enquistados en el gobierno, el congreso y demás instituciones, libres y en total impunidad. La dirigencia de los antorcheros terminó claudicándole a Libertad y Refundación, y con sus nombramientos a cargos de elección popular finalizó la mejor etapa de estas manifestaciones multitudinarias. Los últimos dos años han demostrado el estado febril en que se encuentra el movimiento indignado, y las convocatorias viralizadas en las redes sociales desaparecieron del espectro público pese a la recurrencia que existe en los casos de corrupción y el vínculo con el narcotráfico ―por ejemplo, el caso Pandora y la captura de Tony Hernández, el hermano de JOH.

Una convocatoria en defensa del prolongamiento del mandato de la Maccih

El pasado viernes 15 de febrero, el representante del FOSDEH, Ismael Zepeda, convocó a una reunión que tenía como objetivo agrupar a todas aquellas personas que antes personificaran el movimiento de indignados o “antorcheros”. La convocatoria, un tanto inusual, puso como espacio de encuentro la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) y acaparó la atención de varios jóvenes universitarios y las personas afines a las posiciones del FOSDEH.

En un ambiente de desmovilización y desgaste, en que hoy se encuentran los sectores que levantaron la lucha desde noviembre del 2017 ―por la represión y las negociaciones partidarias en el Congreso Nacional―, surge esta convocatoria; la dictadura nacionalista se impuso a punta de bala y persecución, y ha quedado abierto un nuevo orden que se sustenta en la ilegalidad, en el fraude y en la impunidad. Y ante los atropellos que se siguen cometiendo, el FOSDEH y otros actores civiles, promovieron este espacio; la convocatoria decía lo siguiente: 

“Es más allá de Las Antorchas… es la transformación de los pronunciamientos y demandas de la sociedad de manera efectiva y eficaz ante los que nos (des) gobiernan, y la necesidad de fundar la autogestión del movimiento. Los ciudadanos no deben esperar a un dizque líder, cacique, mesías, príncipe, iluminado, intelectual, etc., [quien] se tome la molestia de salir de su comodidad y de sus negociaciones ocultas. Muchos de ellos viven parasitariamente bien de lo mal que pasamos la mayoría.” (Comunicado “Reencender Las Antorchas”, 15 de febrero de 2019).

Como veremos, se trata en el fondo de una petición para ampliar la estadía de la Maccih en Honduras; pues este organismo ―en coincidencia con el CNA y la UFECIC―, ha evidenciado casos como el “Pacto de impunidad”, el “Caso Pandora”, entre otros, lo que ha creado una especie de “esperanza” sobre el papel de las misiones internacionales. El FOSDEH, junto a otros organismos no gubernamentales como el CESPAD, sostienen que es necesario solicitar el seguimiento de la Maccih en el trabajo en contra de la corrupción.

“¿Hacia dónde vamos? Debemos proteger los cambios hasta ahora, debatibles desde luego, como la creación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Acuerpar las acciones de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) porque si se va la MACCIH quedan huérfanos, es de esta manera; imponernos ante el Poder Ejecutivo y Legislativo la discusión con diversos sectores para debatir la renovación, pero con la modificación de blindar su funcionamiento y ampliar sus obligaciones. Como acción primera.” (Comunicado “Reencender Las Antorchas”, 15 de febrero de 2019).

Han sido dos las convocatorias efectuadas por Ismael Zepeda, quien espera conseguir mayor número de gente para reiniciar las antorchas. Hasta el momento las acciones de la bancada de Libertad y Refundación, que rayan en acciones conjuntas con el partido de gobierno, no dan una pauta de verdadera resistencia popular, por lo que la ausencia de este partido en las convocatorias para el reinicio de las antorchas, es notoria.

Algunas reflexiones sobre el actual momento

Las peleas frontales en contra de la corrupción las enarbolan en la actualidad los organismos observadores en materia de democracia y transparencia como el FOSDEH, el CESPAD, el CNA, entre otras. Los partidos tradicionales no juegan un papel protagónico en la lucha contra la corrupción, pues en sus filas se encuentran los mayores perpetradores de saqueos al erario público. Los actores sociales más crédulos de las funciones que llevan a cabo las misiones de apoyo en contra de este flagelo, suponen que aquellos diplomáticos internacionales resolverán nuestros asuntos y sanearán las instituciones estatales de corruptos sin escrúpulos.

Lo cierto es que mientras nos aferremos a la idea más acomodaticia y sencilla, que supone hacer convenios con la OEA y el gobierno de turno, y luego crear una oficina auditora de instituciones, seguiremos, de esta manera, aguantando a los gobiernos que astutamente se adaptan ―ellos y sus prácticas de saqueo y robo―, al mismo juego que no los saca de la escena completamente, sino que los legitima y los vuelve los dadores de garantías como el “combate a la corrupción”.

Las masivas movilizaciones de los antorcheros lograron conseguir ―aceptando indirectamente las maniobras del gobierno― auditores de la talla del peruano Juan Jiménez Mayor, quien encabezó abiertamente la lucha contra la corrupción en el país y supo acercarse a las fibras sensibles de los negocios oscuros de diputados y otros funcionarios públicos; pero el gobierno nacionalista, a sabiendas de las exigencias antorcheras enfocadas sólo en la corrupción, quedó intacto, y desde sus vínculos e influencias más prostituidas y degeneradas, promovió la salida inmediata del peruano a través de amenazas y otros asuntos que no sabemos.

Convengamos en algo a todas luces provechoso: la MACCIH, con su presencia en el país, conseguirá un alivio momentáneo en los hondureños, a saber, la denuncia pública de varios actores involucrados en malversaciones de fondos públicos y otras figuras que apuntan al robo; pero no depurará a gran escala el flagelo de la corrupción: habrá impunidad cobijada de aparente justicia. “La salida inmediata del gobierno” tiene que ser una consigna permanente en los carteles, una consigna irrenunciable que atraviese todos los discursos.

En el atolladero ideológico del siglo XXI, en el cual nos encontramos una mayoría de jóvenes con ánimo de cambios radicales, se han pervertido o suplantado unos términos por otros, y se ven realidades en donde no hay ningún asomo de existencia de tales o cuales realidades: en donde muchos ven planteamientos revolucionarios, existen, ciertamente, raquíticas propuestas reformistas; en donde unos celebran y ven como única alternativa la democracia electorera, otros menos incautos, ven el quiebre de la democracia burguesa electorera, en donde el ausentismo, es el que gana; unos ven en los partidos opositores ―de una clara herencia liberal radical, no revolucionaria a plenitud― una alternativa para llegar a la revolución socialista, pero otros, ya desengañados y porque no cansados, ven maniobras que permiten el formalismo democrático, representativo de grupos económicos, no de clases sociales excluidas y marginalizadas de la toma de decisiones.

Y la noticia reciente, que contrasta con este ir y venir de términos e interpretaciones que patinan en el oscurantismo, nos llena de asombro y nos crispa a la vez, pues el título o frase principal que colocarán los nacionalistas ―según pregona el esbirro Reinaldo Sánchez― en la celebración de sus nefastos 117 años, será el de “Juventud Nacionalista, Revolución y Esperanza” (El Libertador, 22 de febrero de 2019); título que pareciera hacer mofa de las agrupaciones de izquierda, y del mismo término “Revolución”, considerándolo un asunto de jóvenes activistas involucrados en rutinas lúdicas de ayudas asistenciales, toda una prostitución del término desde luego.

Los partidos que componen la Oposición en Honduras, con una extensa tradición liberal en su espalda ―el Partido Libre es el caso―, no abandonarán su forma histórica de proceder siempre bajo la política de apaciguar las olas revolucionarias, porque si fuera al contrario, también ellos se ahogarían. Las aparentes “luchas parlamentarias” demostradas por los diputados de la Oposición, se caen por su propio peso, al demostrar conciliaciones tan mortales para la ya quebradiza democracia hondureña, como ser las cosméticas reformas electorales. Ante este escenario el corolario es el siguiente: no necesitamos diputados que gozan de salarios estratosféricos, con dietas resumidas en bonos de miles de lempiras, y demás beneficios que hacen honor a lujos que sólo los ricos de los países centros del capitalismo tienen. La revolución que invocan los parlamentarios Opositores desde sus curules, es quizá la misma que manifiestan los celebradores de los 117 viles años del Partido de gobierno.

El papel de la juventud crítica, que no reproduce las grietas teóricas y prácticas del “revolucionarismo” de Libertad y Refundación, tiene que lograr vencer el atavismo de la falta de formación revolucionaria, la nociva evocación del fanatismo a figuras caudillistas, la manipulación de discusiones que terminan en celebrar el liderazgo de grupúsculos, y la abundante enfermedad infantil de crear entornos difamatorios que no cuajan en las discusiones.

Por Emilio Molina

Tanto la prensa oficial como la llamada prensa alternativa, cruzaron opiniones respecto al tema de las recién aprobadas Reformas Electorales; unos, ovacionaron la iniciativa del partido Libertad y Refundación en dirigir el tema en el hemiciclo legislativo; y los otros, condenaron el papel de una Oposición que, incoherentemente, convocaba a una jornada de protestas a nivel nacional ―con comandos insurreccionales no violentos―, mientras días atrás pactaba con el partido de gobierno unas cuestionadas reformas electorales.

La segunda vuelta electoral, el voto electrónico, y la prohibición definitiva de la reelección no fueron temas centrales en esta sesión del Congreso Nacional. Por su parte, la agrupación de empresarios del COHEP, liderada por Juan Carlos Sikaffi, en franca aceptación del resultado de esta superficial reforma, se sintieron complacidos con los acuerdos pactados por los tres partidos mayoritarios en el Congreso: el Partido Nacional, Libertad y Refundación, y el Partido Liberal; y declararon que los 112 diputados del Congreso Nacional que votaron a favor de estas reformas, tienen una bien pronunciada “madurez política” por haber llegado a tales acuerdos. Estos menudos y bien sonados acuerdos, se simplifican en la creación de más dependencias burocráticas: el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral; que suponen en el fondo una jugosa repartición de cargos de la institución encargada del tema de elecciones.

Las opiniones en general fueron más contrarias que favorables al darse por finalizado el supuesto debate sobre las reformas electorales: entre ellos personajes como el padre Melo calificó de ser “cachurecos” a los diputados de Libertad y Refundación que traicionaron la voluntad de sus votantes al ceder sin mayores obstáculos a los intereses de la dictadura nacionalista, que busca suplantar el tema de la reelección con propuestas raquíticas e insuficientes, por no decir banales.

La expresión “Fuera Joh”, que tanto llegó a formar parte de las consignas de la lucha popular en la crisis electoral del 2017, es interpretada por el vetusto diputado de Libre, Juan Barahona, como una frase llena de contenido político. Es cierto que aquella expresión llenó de bravura e impulsos a todos los jóvenes que nos batimos en las calles en contra del ejército y la policía mientras se gestaba el fraude electoral; pero la expresión hoy tendría que ser más abarcadora y arrastrar bajo su fuerte contenido (¡), a los diputados de la Oposición que traicionaron con crudo cinismo al pueblo hondureño al ceder sus votos como congresistas al Partido Nacional.

La dictadura nacionalista se respalda en el Congreso Nacional

Los miembros de la Oposición prometieron, al ser virtuales ganadores de cargos de elección popular en el Congreso ―tomando con frescura sus credenciales de diputados―, que le harían oposición frontal a las propuestas de una bancada mayoritaria que coronaba un fraude electoral y a un dictador. La retórica en ese entonces era la del: “acompáñennos en el Congreso para seguir luchando contra la dictadura”. Libertad y Refundación dejó claro en ese entonces el panorama más o menos predecible: la sórdida negociación antes que una verdadera insurrección popular en contra del gobierno cachureco.

Recientemente se convocó a la reactivación de “comandos insurreccionales” que surgirían en un momento difuso por el retroceso de la lucha en relación a los últimos meses del 2017; lo que para muchos resultaría en una pésima maniobra de la Oposición dadas las condiciones absurdas: por un lado, la conciliación en el Congreso por el tema de las Reformas Electorales, y por el otro, la cuestionable organización de la “insurrección pacífica” abanderada por Libre, que no consiguió el acompañamiento popular suficiente.

En el mes de diciembre del año 2018 el Gobierno de Joh aprobó un escandaloso acuerdo que vendría a promover aún más la impunidad que reina en este país. El Acuerdo No. 842-2018, que consiste en blindar la información que contiene la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; éste se sustenta en el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reza lo siguiente:

“La Clasificación de la Información Pública como Reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1.- “La seguridad del Estado…” (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006, p. 12).

Basados en esta clasificación de la información pública como “Reservada”, los promotores de este acuerdo ―el gobierno nacionalista a través de la secretaría de Finanzas, al mando de Rocío Tábora― sacan del ámbito del conocimiento público 12 puntos referidos a información relacionada con nombres de funcionarios encargados de ventas y compras de inmuebles gubernamentales, movimientos bancarios, presupuestos asignados a Defensa y Seguridad, entre otros asuntos de vital importancia:

“1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno; 2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República; 3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional; 5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales; 6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva; 10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación…” (Acuerdo No. 842-2018, Diario Oficial La Gaceta, publicado el 8 de enero de 2019, p. 4).

¿Por qué una gran mayoría de diputados también mira favorable este acuerdo que en lo general vuelve un asunto hermético la rendición de cuentas, la transferencia de fondos a la “seguridad del Estado”, y la discreción en presupuestos asignados a las instituciones? Una especie de colaboracionismo y silencio se apoderó de los curules de los “representantes” del pueblo. Era de esperarse, desde luego, la condescendencia de los corruptibles diputados nacionalistas, quienes tienen la soga en el cuello por otros escándalos de corrupción como el “Caso Pandora” y el primer “Pacto de Impunidad”, pero los diputados de la Oposición también han demostrado formar parte de las movidas sucias que tiene este gobierno. La conclusión es simple: las tres bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional ―sino todas― no poseen en sus filas a honestos y limpios diputados que no hayan frecuentado una “tranza” o una jugada maltrecha; por lo tanto “blindarse” ellos y su gente cercana, ante escenarios de investigaciones relacionadas a la corrupción, es el amén de todos los inmundos honorables de la impunidad.

No tenemos Oposición en el Congreso Nacional

El Fraude Electoral del 2017 definió una situación sumamente incómoda para los sectores en lucha. Aquello tenía que ver con la composición del Congreso Nacional, ya que las candidaturas de la Oposición representaban la segunda fuerza en este poder legislativo, lo que llevó a los candidatos opositores a una encrucijada: aceptar las credenciales de diputados, o deslegitimar a la dictadura rechazando puestos que le darían equilibrio a una democracia ya de por sí mutilada por el fallo de la Corte Suprema de ¿Justicia? a favor de la reelección de JOH.

La primera opción fue decidida sin mayores obstáculos o deliberaciones, y aquellos diputados “combativos”, que juraron acabar con la dictadura, ahora aceptaban ser los garantes del equilibrio de poderes, para hacerle oposición al gobierno desde sus cómodos asientos y sus recios salarios de funcionarios públicos. Los días, meses, y el primer año pasaron sin mayores sobresaltos, sólo asombros de parte de la población por el aumento de salarios que se concedieron estos sagaces luchadores populares. Y el acabose de todo esto fue la doble traición que recibimos: el descomunal incremento salarial “necesario”, según ellos, y la aprobación de los Fondos de Desarrollo Departamental, una jugarreta bien armada que nos cuesta más dinero público (¿quizá sean estímulos para que sigan luchando?).

El poder legislativo, que tiene como sede el Palacio Legislativo, es decir, el Congreso Nacional, que está compuesto por 128 diputados de 7 Partidos, que representan los 18 departamentos del país, entre los cuales resaltan los tres partidos mayoritarios: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre; en este Palacio ―así lo entienden sus mayores defensores―, se legisla para crear, reformar y promover leyes que preconicen un presente favorable para los hondureños. Las decisiones dadas en este poder han marcado y siguen marcando la historia reciente de nuestro país: allí llegan propuestas de proyectos energéticos, propuestas de privatización o rescate de instituciones, y presupuestos asignados a cada dependencia del Estado. Allí se cocinan mociones desérticas y fuera de lugar como declaraciones de platillos nacionales, y se aprueban concesiones siniestras del territorio nacional a proyectos extractivos. La dictadura tiene cooptados los tres poderes del Estado, y el único contrapeso prometido al pueblo ha cedido en colaborar junto al Partido Nacional en la reforma y gobernanza, codo a codo, de instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP). ¿Esperaremos más colaboraciones de este tipo?

La “Oposición Legislativa” a la dictadura ha claudicado, a todas luces, a los planes cachurecos al negociar el manejo y reparto de las instituciones como el RNP y consensuar reformas electorales sin sentido alguno; pese a que nuestros diputados luzcan bufandas y carteles que se esmeran en decir unas cuentas verdades al partido de gobierno, no se cambiará de esta forma llamativa, la compleja situación en la que nos encontramos. La normalidad legislativa camina paso a paso, ocultando viejas rencillas entre los partidos, y cultivando más el diálogo y consensos amistosos, aunque la crisis electoral haya devorado más de 30 vidas.

Al pueblo hondureño sólo le queda por delante y como alternativa única la auto-organización y el replanteamiento de la lucha contra la dictadura. Al no tener oposiciones reales dentro del esquema partidario que promueve a Libertad y Refundación en el Congreso Nacional ―en el juego democrático burgués que “permite” las alianzas partidarias y las colaboraciones más infames―, es más que necesario aferrarse a la idea de que no existen programas conjuntos que involucren a los perpetradores de la dictadura y a los partidos de Oposición. Los partidos tradicionales llevan tras de sí la impunidad, el irrespeto a la voluntad popular, la subordinación al imperialismo estadunidense y las confabulaciones para defender los intereses de corruptos y empresarios. Con el peso de esta tradición que los recubre, será difícil redimirlos a un verdadero planteamiento que tome las verdaderas exigencias de movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, y demás clases oprimidas y pauperizadas de este país.

Por Bayardo Diaz Aguilar

Hay una palabra clave quizás para lograr comprender lo que ocurre en Honduras, y es el termino crisis a nuestra manera de tratar de entender dicho fenómeno, la sociedad hondureña hay crisis en todo es generalizada, crisis económica, crisis social y política, crisis ideológica, crisis cultural, crisis ambiental y ecológica y la crisis humanitaria que es la mas grave de todas. La mayor parte de los hondureños no cree en las instituciones, lo que ha generado enorme desconfianza en la institucionalidad.

Desde el golpe de Estado del año 2009 Honduras vive una ruptura de las instituciones del Estado, y esas heridas no han cerrado se encuentran aún abiertas. El mismo acontecimiento de no haber revertido el golpe de Estado se han pagado con el precio mas alto. También en el escenario político, nació un nuevo sujeto político llamado Frente de Resistencia Popular (F.R.P) para luchar en contra del Golpe de Estado, para una lucha política, capacitación política, organización y movilización, esos los tres ejes en los que fundamentaban la ideología del Frente, luego empezamos haber que se iba abandonando estos principios.

Con Zelaya en el exilio, muchos dirigentes del Frente su discurso no estaba dirigido a la lucha popular, sino que más bien, que Mel regresara a Honduras, y de a poco se fue abandonando la lucha de calle y formación política, de tal forma que había que desmovilizar el frente Nacional de Resistencia Popular, y termina en los Acuerdos de Cartagena de Indias, Colombia, 2011, que contenía 9 puntos no los citaré aquí por falta de espacio, 22 de mayo del 2011.

De Frente a partido político

No había pasado ni un mes de haber firmados dichos acuerdos y Zelaya y sus aliados ya habían desmovilizados el Frente para convertirlo en Partido político, se dejó la lucha política para la transformación de Honduras, y paso a ser un partido político electorero, y se llenó de triunfalismo y se les advertía del fraude electoral a la vuelta de la esquina, sus dirigentes hicieron oídos sordos, y aseguraban que ellos eran mayoría política y que iban a ganar  las elecciones del año 2013, nada más iluso que eso, y a ello se le llama hacer política dándole la espalda a la realidad.  La realidad es cruda había que enfrentarla y evadirla como pretendía la dirigencia de Libre, el nuevo partido político se enfrentó a la maquinaria fraudulenta del golpismo, aseguraban haber ganado las elecciones y que se les había hecho un fraude electoral.    

Y podríamos decir que nadie de los países reconocía el discurso de Libre es denunciar dicho fraude, ni la Organización de Estados Americanos (OEA) ni muchos menos la Unión Europea EU, la Organización de Naciones Unidas (ONU), dichas instituciones recomendaron hacer una reforma electoral, quien preciso más en eso fue la Unión Europea (UE) y dio muchas sugerencias para garantizar la transparencia en los resultados, y todos los partidos políticos firmaron los acuerdos, pero de 2014 al 2017 no se llevó a cabo ninguna reforma electoral, y el 26 de noviembre de 2017 enfrento a un mega-fraude electoral jamás visto en la historia política electoral en Honduras, en la llamada época democrática, es más yo he llegado a pensar que en realidad no fue fraude, sino que más bien se robaron las elecciones.            

Reformas políticas electorales del año 2019

Cuando se habla de reformas políticas y mas si estas son reformas no se espera mucho de ello, desde el Congreso anterior donde Libre tenia una cantidad de diputados mayor a la de este congreso, no logro que se aprobaran reformas electorales gracias a la alianza política del partido Liberal y en el partido Nacional no aprobaron dichas reformas políticas electorales. El mantener el mismo sistema es decir las instituciones encargadas de llevar a cabo el proceso electoral, fueron las mismas del periodo pasado, la garantía del fraude era casi de mas del 90% y sin lugar a dudas fue de esa manera.

Las actuales reformas electorales y políticas llevada a cabo en el año 2019, pues la verdad si uno piensa y repiensa esa idea, ¿Hay reformas políticas electorales? En honor a la verdad pues la verdad es que no, volvemos a la repartición de los puestos políticos, un vicio que ya no es nada nuevo, el Bipartidismo los ha practicado históricamente, para un mejor ejemplo, citamos un representante de Libre en el Registro Nacional de las personas, un representante de Libre en el Tribunal Supremo electoral, que de Supremo no tiene nada. Las reformas que esperábamos no se aprobó ninguna de ellas. La Segunda vuelva electoral, prohibir la reelección, el plebiscitos y Referéndum, de hecho, ya lo tiene contemplado en la misma constitución de la Republica artículo 5.

  Dice la Carta Magna reza en su artículo numero 5 sobre la democracia participativa y Referéndum:  (La Constitución de la República de Honduras, 1982): “El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública, a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional. A efecto de fortalecer y hacer funcionar la democracia participativa se instituyen como mecanismos de consulta a los ciudadanos el referéndum y el plebiscito para asuntos de importancia fundamental en la vida nacional”.

 El problema de fondo es que la democracia no es participativa, sino que, a penas en representativa, ahora yo dudaría mucho si es democracia representativa, por mientras tanto colocaría entre paréntesis lo dicho. Aquí no se consulta al pueblo para asuntos vinculantes, y de participación ciudadana la consulta popular del año 2009 y el golpe de Estado, y los politicastros hondureños no permitieron decidieron dar un golpe de Estado, y todo ello violando la ley, he irrespetando la ciudadanía se le convoca a elecciones sólo el día de las elecciones primarias y elecciones Generales, ese día hay democracia y de allí termina todo, fiebre electoral. Como la democracia se reduce a procesos electorales.

El mismo artículo citado arriba establece: “El plebiscito se convocará solicitando de los ciudadanos un pronunciamiento sobre aspectos constitucionales, legislativos o administrativos, sobre los cuales los Poderes Constituidos no han tomado ninguna decisión previa. El ejercicio del sufragio en las consultas ciudadanas es obligatorio. No será objeto de referéndum o plebiscito los proyectos orientados a reformar el Artículo 374 de esta Constitución”.

Así, por ejemplo, por qué no le consultaron al pueblo hondureña si estaba de acuerdo con la reelección, y por medio de una consulta popular se habría evitado toda crisis política; de la ola de violencia desatada en el país por los órganos represivos del Estado, una enorme cantidad de muertes de personas encarceladas llamados presos políticos, violaciones a los Derechos Humanos, y desde luego a esta crisis es la de mayor impacto, que desemboca en una crisis humanitaria. 

Podemos hablar de Reformas ¿Se aprobaron reformas, o mas bien se repartieron el poder?

Otra cuestión debió de formar parte de alguna manera de las citadas reformas, es haber reducido el número de diputados pues yo me atrevería a decir que  por menos a la mitad, y otra que hubiera o debería de acompañar es prohibir de manera categórica a los diputados elegirse por más de dos periodos, que nunca más vuelvan a elegirse. Debería haber aprobado la segunda vuelta electoral, el voto electrónico, el Referéndum revocatorio, otra cuestión es haber aprobado la convocatorio para una Asamblea Nacional Constituyente, la verdad es que nada de eso ocurrió.

Mas parece que Libre el partido Nacional conforman el nuevo bipartidismo en Honduras, se crearon dos órganos se dice que nuevos habrá que ver si en realidad son nuevos, o es que tenemos lo mismo de siempre.  El Consejo Nacional Electoral (C.N.E) que es una especie de sinónimo del viejo Tribunal Supremo Electoral (T.S.E) diría que no hay diferencia alguna y el otro seria Tribunal de Justicia (T.J.E). Según Antonio Rivera Callejas este martes 29 de enero del presente año debería de haberse ratificado las reformas lectorales; “El día de hoy se tiene que ratificar las reformas que hicimos, la semana anterior agrego Callejas”.  (El Heraldo, 2019) Ya fue publicado en el diario oficial la Gaceta, no lo podemos citar aquí en San Pedro no lo encontramos para citarlo que había sido lo ideal.  

En Honor a la verdad es que estas no fueron reformas, mas bien hay que atreverse a decir que son contrarreformas, sino vamos a la misma constitución estas dichas reformas no llegan ni al nivel de la Carta Magna del año de 1982 y 83.  El Articulo 51 de la constitución de la Republica de Honduras capitulo V de la función Electoral, “Para todo lo relacionado con los actos procedimientos electorales habrá un Tribunal Supremo Electoral autónomo e independiente”.  Si yo no mal interpretó la ley constitucional, esta afirma que tiene que ser personas que no pertenezcan a los partidos políticos, es decir profesionales técnicos a partidarios de los políticos vernáculos, no será como muchos dicen que esas personas tienen que ser apolíticos, eso no existe lo cual se volvería imposible.  

A modo de conclusión

No se ocupa ser un experto en el tema de la política para darse cuenta que no han aprobado ninguna reforma electoral, esto lo sabe muy bien un ciudadano común y corriente, para dar una respuesta de esto no requerimos preguntar, al sociólogo, al historiador, al politólogo, al filósofo de la política, y a cualquier científico de las ciencias sociales, van estar de acuerdo en que dejaron intacto el estatus quo, el discurso de la llamada oposición política  es más una llamarada de tusa que una opción para transformar el sistema electoral.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los trabajadores, obreros y campesinos, estudiantes, grupos ambientalistas, ecologistas, grupos feministas y grupos LGBT a luchar para transformar la realidad social y política de esta patria Honduras, a cerrar filas en la lucha por la democratización del sistema político en Honduras.

A todos estos movimientos políticos los instamos a unificar nuestra lucha para liberar a los oprimidos de esta patria Honduras, desde luego unificar lazos de fraternidad de todos los centroamericanos para hacer una sola patria, unida fuerte y respetada como cría el General Morazán, así, hacer realidad el sueño de lograr la independencia económica, y política de los Centroamericanos.

Hay que convocar aun Paro General para derrocar la dictadura de Juan Orlando Hernández, que han convertido el Estado de Honduras en una Narco dictadura, y urge que salga del poder lo más rápido posible. La dictadura puede caer si todos unificamos la lucha, y entre todos derrotamos el pesimismo.