Por Horacio Villegas

“Desde su nacimiento, los sistemas jurídicos nacionales, por lo general han pretendido regular la vida social de modo homogéneo, desconociendo el contexto multicultural y de pluralismo jurídico…”

Marco Aparicio, Los pueblos indígenas y el Estado

En Honduras la legislación nacional ha planteado desde sus inicios –tal como lo reza la cita puesta arriba–, poner en el centro de la vida nacional a un individuo homogéneo de raigambre criolla y mestiza, el ciudadano de tez blanca, a su vez gran propietario y comerciante adinerado. Los pueblos indígenas, en el transcurrir de la Colonia hasta mediados del siglo XX, fueron “inexistentes” y estuvieron a la sombra de leyes que aseguraron el crecimiento económico de nacionales y extranjeros.

Varios investigadores del país han dado cuenta de estas pretensiones elitistas de los gobiernos de turno de construir un estado nacional carente de uno de sus principales actores: los pueblos indígenas. Las sucesivas décadas del siglo XX vieron surgir la ya incontenible presencia de estos grupos, quienes irrumpieron en la capital exigiendo ser escuchados y visibilizados por el Estado hondureño.

Diferentes acuerdos y tratados internacionales fueron suscritos por el Estado de Honduras, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1995, el Protocolo de Nagoya en el 2012, entre otros. Aunque se ha tenido premura en la firma de estos acuerdos internacionales, la situación del país en materia de derechos indígenas ha sido diferente.

El Congreso Nacional aprobó el decreto 279-2010 que, entre otras cosas, le da carácter de urgencia a los megaproyectos energéticos como las hidroeléctricas estatales; ya la prueba de ello ha sido la finalización del proyecto hidroeléctrico Patuca III, que no fue socializado, tal como lo afirma, paradójicamente, un informe elaborado por el BID, entre las comunidades indígenas cercanas a dicho proyecto: los Tawahkas, Misquitos y Pech. La construcción de las represas que todavía faltan, Patuca IIA y II, sería una realidad mientras prevalezcan estos intereses gubernamentales que violan los convenios y normativas suscritas a nivel internacional.

El Instituto de Conservación Forestal (ICF), antes la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor), y lo que ahora se denomina Mi Ambiente, han entregado, sin tanta demora, las licencias ambientales que los empresarios inversionistas de los proyectos hidroeléctricos y mineros, solicitan para iniciar sus labores.

Dada la prisa con que se entregan las licencias ambientales a estas empresas, cabe suponer que las “indagaciones” elaboradas por estas instituciones responsables de la protección ambiental, son erráticas, y conducidas intencionadamente hacia dictámenes favorables para estos empresarios de la industria extractiva. No es extraño esto, ya que el gobierno nacionalista es afín, cuando no socio de dichas empresas. Gladis Aurora, ex presidenta del Partido Nacional, es socia de estos proyectos hidroeléctricos, así como otros funcionarios públicos.

¿Por qué un Anteproyecto de ley Marco de consulta libre, previa e informada, surgida del mismísimo gobierno nacionalista? Porque los proyectos extractivistas han tenido una férrea oposición desde las comunidades indígenas organizadas. Los empresarios de este rubro extractivo, han hecho lo imposible por iniciar estos proyectos, pero se han encontrado con que las socializaciones y consultas han resultado en un total apego de las comunidades a la protección de sus ríos y territorios. Bajo este contexto no han podido iniciar sus tan rentables negocios a costa de la destrucción de los bienes comunes.

La UNAH: un espacio de ciertos académicos despolitizados y otra institución plegada a lo gubernamental

Recientemente, el jueves 16 de agosto, en un evento programado por la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (Dinafroh) y el área de Vinculación Universidad-Sociedad, se dio a conocer un panel sobre la ley de consultas que el gobierno a través de sus instituciones, quiere implementar. En dicho evento estuvieron pocos académicos de la antropología y otras áreas del conocimiento, además de pocos estudiantes, pues era un viernes, donde las actividades de la universidad son mínimas.

Las intervenciones iniciales clarificaron el tema indígena en el presente siglo; se explicaron una suerte de descripciones propias de la academia: elaboraciones teóricas y metodológicas, y uno que otra situación anecdótica en el trabajo de campo. Los razonamientos allí expuestos, por sí mismos –especialmente el argumento dicho por el primer expositor: “cada visión de comunidad es diferente”– hubieran desmantelado, si el propósito hubiera sido ese, las pretensiones que tenían los siguientes expositores, de imponer y a su vez “explicar”, el criterio de un protocolo único de consulta para los pueblos indígenas. Ni al final, ni durante la primera ponencia del evento, escuchamos una tan sola reprimenda hacia estas nefastas políticas de los nacionalistas sobre el tema de la consulta.  

Fuera de las abstracciones, que nadie puede negar que sean de esencial utilidad, existe la política en su forma más descarnada posible. La política real que ha existido en este país desde sus momentos fundacionales, es la que no le ha concedido ni un tan solo ápice de realización a los proyectos de varios intelectuales hondureños. Así de arbitraria ha sido la política empleada por los sectores más recalcitrantes. Y mientras gobiernen los partidos tradicionales, creemos, todavía no tendrá cabida el reclamo de los ya pasados y nuevos jóvenes académicos del país. Mientras sea posible, creemos, habrá que desmantelar en público los proyectos dañinos y además risibles del partido de gobierno.

¿Por qué las distintas direcciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como la de Vinculación universidad-sociedad, favorecen y ponen en un primer plano los eventos de las organizaciones indígenas gubernamentales, y ni siquiera toman en cuenta los eventos de las otras organizaciones indígenas que luchan también por sus legítimos derechos, como OFRANEH y COPIHN, entre otras? Para los que creen todavía en la aparente neutralidad de esta institución, y con ello el cuento de que la Universidad con su IV reforma ya abandonó su matiz político partidario, pues se equivocan. La universidad se encuentra hoy más que nunca, plegada a los planes del partido de gobierno. En estos pequeños gestos, de abrir sin remilgos los recintos universitarios a los diplomáticos y burócratas cachurecos, y de no difundir estos eventos como se debe, vuelve evidentes sus preferencias al lado del continuista partido nacional.

Por Horacio Villegas

Los últimos acontecimientos en la política nacional –que han dejado en estado expectante a los hondureños– se inscriben en los ya recurrentes y numerosos casos de corrupción en el país. En tan solo dos meses se han sucedido, uno a uno, escándalos de corrupción perpetrados como es ya sabido, por los altos funcionarios públicos que son denominados algunos de ellos todavía, en este siglo, como los “honorables” padres de la patria o los “correctos” dirigentes de las instituciones, que a la vista de todos, ya son fallidas.

El Caso Pandora o el espectáculo de la impunidad

El caso pandora consistió en ciertas investigaciones sobre lavado de activos que la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), llevaron a cabo en contra de varios funcionarios públicos entre ellos los reconocidos diputados de las dos bancadas de los partidos tradicionales: el Partido Liberal y el Partido Nacional.

“Según las pesquisas, la SAG [Secretaria de Agricultura y Ganadería] suscribió convenios por L282 millones con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para que los destinaran a proyectos de capacitación a productores. Pero las entidades sin fines de lucro desviaron esos recursos para pagar gastos personales, erogaciones suntuarias y hasta financiamiento de campañas políticas” (La Prensa, 24 de julio de 2018).

Con el dinero que fue drenado de estas dos fundaciones, los liberales pagaron varias deudas de su institución política; mientras que los nacionalistas lo utilizaron para medidas asistencialistas y campañas electoras, con lo que surgió la sonada tarjeta “la cachureca”. Las caras más visibles en este escandaloso caso de corrupción fueron las de Elvin Santos, ex candidato presidencial del Partido Liberal; y Celín Discua del Partido Nacional, que ha sido diputado de esta bancada desde hace mucho tiempo. En total fueron 20 personas las que fueron retenidas a la espera de las audiencias correspondientes.

Los nacionalistas han consolidado una sofisticada captación de las instituciones públicas del país; el diseño liberal de máxima representación política en una nación, los tres poderes del Estado, “independientes”, han sido puestos en una perfecta alineación con el partido de gobierno durante estos 8 años de legislación cachureca. Todas las respuestas del poder judicial entorno a los casos de corrupción estarían parcializadas mientras exista esta fuerte dependencia al partido de gobierno.

En este contexto, los procedimientos legales a los que han llegado la UFECIC-MP y la MACCIH en el caso Pandora, han quedado en la total impunidad, pues los jueces representantes del poder judicial han desestimado las penas fuertes en este caso; especialmente la jueza Lidia Álvarez Sagastume, quien ha dado medidas distintas a la prisión a 24 de los 38 personajes implicados en el caso Pandora.

“Álvarez Sagastume, otorgó medidas distintas a la presión a 24 imputados, a quienes les cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento, que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión” (Criterio.hn, 12 de agosto de 2018).

Más casos de corrupción y el papel de Estados Unidos

La misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), demostró su fidelidad al Partido Nacional admitiendo a comienzos del presente mes, un recurso a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Precisamente para que la UFECIC no pueda investigar sus movidas y negocios seguramente plagados de actos de corrupción.

Lo anterior demuestra el blindaje que tienen estos funcionarios corruptos, principalmente del partido de gobierno. Aparentemente Estados Unidos está contribuyendo a sanear los países del Triángulo Norte; aunque por un lado existe un discurso ambivalente de este país históricamente intervencionista, dada la aceptación de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras en las fraudulentas elecciones pasadas, y por otro lado la ayuda inexcusable para derribar a los corruptos de los países centroamericanos, y en nuestro caso a los más cercanos a la administración de Juan Orlando, incluyéndolo también en las investigaciones, precisamente por los casos de financiamiento de campañas electorales con el dinero sustraído del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Las dos cámaras que forman el Congreso de Estado Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas” (InSight Crime, 27 de julio de 2018).

No es cierto que Estados Unidos nos librará del enorme problema que significa la corrupción en nuestro país; si bien es cierto han desplegado una serie de procesos investigativos en esta materia, su papel histórico como país imperialista y lleno de intereses geopolíticos en la región, no lo dejarán bien parado ante los que somos conscientes de su nefasta presencia en toda Latinoamérica. Una lucha sistemática contra el ilegítimo gobierno de los nacionalistas, y los demás corruptos enquistados en los partidos tradicionales e instituciones estatales, nos llevará indefectiblemente a la justicia y a la exigencia de transparencia en todos los ámbitos de la política nacional.

Por Horacio Villegas

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) amaneció tomada el jueves 2 de agosto, debido al injusto aumento a la tarifa del transporte. Los transportistas, luego de tener negociaciones con el gobierno, llegaron al acuerdo de subirle un lempira a la tarifa del transporte desde el 1 de agosto del presente año, y luego otro incremento a la tarifa de otro lempira para el mes de diciembre.

Uno de los principales sectores que ha encarado con enérgicos reclamos las situaciones desastrosas a la que nos han llevado históricamente los partidos tradicionales del país, son los estudiantes universitarios. Desde que las intenciones continuistas del Partido Nacional fueron evidentes, los compañeros estudiantes se mostraron indignados y denunciaron este atropello a la tan frágil democracia del país.

Luego con la ilegal inscripción de Juan Orlando en las elecciones pasadas, la furia de los compañeros subió a niveles inimaginables, hasta proclamar un día ANTI-JOH. Los subsecuentes días y meses en la Universidad se convirtieron en una detestable espera del Fraude Electoral. Al consumarse el fraude en noviembre del año pasado, fueron los estudiantes universitarios y ciertos compañeros de institutos de educación media, los que dieron la cara ante la crisis post-electoral; crisis, que dicho sea de paso, fue desatada por la ambición reeleccionista del Partido Nacional en compañía de varios sectores recalcitrantes del empresariado hondureño.

La embrionaria situación insurreccional que aconteció con esta crisis, fue pulverizada por la represión gubernamental. Dejando más de 30 personas asesinadas en ambientes de protesta, y dentro de ellas jóvenes estudiantes que salieron en apoyo a las barricadas en colonias y barrios populares. Luego de haberse disipado las protestas en contra del régimen, se desplegó una suerte de persecuciones a los compañeros que combatieron al frente de las barricadas durante la crisis. Una especie de ensayo que hoy es aplicado a cabalidad en la crisis nicaragüense con la ley sobre terrorismo.

La lucha que en la actualidad emprendió el sector transporte surgió en un ambiente de acumulación de descontentos y atavismos, que se vienen arrastrando con muchos altibajos desde el Golpe de Estado del 2009. Los distintos grupos estudiantiles que hoy han comprendido la necesidad de reactivar la lucha popular, germinaron en aquella circunstancia de violencia estatal: principalmente el Movimiento Amplio Universitario (MAU), que hoy tiene la tarea –junto a otros movimientos independientes y ciertas asociaciones de carreras– de continuar las acciones de protesta contra el gobierno, a lo interno y externo de la Universidad.

Medios de comunicación y gobierno justifican la violencia estatal contra estudiantes

La toma general de la Universidad, como era de esperarse, sacudió a los sectores más conservadores y más afines al gobierno cachureco. Esta vez, los medios de comunicación del régimen, particularmente los programas de Televicentro como el de Renato Álvarez, invocaron las hordas militares asesinas de los años ochenta, para darles –según ellos– el golpe de gracia a los estudiantes universitarios en huelga. Evocaron la figura exterminadora de los escuadrones de la muerte, los mismos que arrasaron con la vida de varios líderes estudiantiles en el siglo pasado. Al punto de irrespetar el derecho a la vida, y provocar una campaña sistemática de odio contra los compañeros estudiantes, llegaron estos periodistas tarifados del régimen.

Por su parte, las autoridades de la Universidad Nacional mostraron su recurrente discurso de la solvencia de la crisis por sus tan sonados “especialistas” en la materia; discurso que quedó en el plano de las “buenas intenciones”, sin llegar a tocar ninguna fibra sensible de la crisis provocada por este gobierno. La retórica de las autoridades universitarias, que pretende despolitizarlo todo a costa de una intencionada lejanía de la verdadera realidad, distanció el problema antes que asumirlo. Expresar que los móviles que llevaron a la toma general de la Universidad –que no han sido otros que el descontento por el aumento a la tarifa del transporte– no responden a cuestiones académicas, es cortar de tajo toda la importancia que debería de tener la supuesta “academia” en el país. ¿Acaso las crisis no son suficientes motivos para que los economistas, sociólogos e historiadores se quiebren la cabeza pensando sus verdaderas e intrincadas causas? Si lo anterior no corresponde al verdadero sentido de la “academia”, entonces ¿qué sentido tiene semejante armatoste vacío?

¡Por una lucha multisectorial contra el ajuste a la tarifa del transporte!

Los estudiantes universitarios han dado el primer paso: iniciar medidas que vuelvan notorio el problema del aumento a la tarifa de transporte. Prácticamente, los compañeros dieron por sentado que sólo con medidas de presión es posible reclamar los derechos cedidos a este vil gobierno. Las peticiones que expusieron los compañeros huelguistas desde el primer día de toma fue: un descuento de 50% a la tarifa del transporte para estudiantes, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Para el segundo día de toma, la petición de la rebaja a la tarifa del transporte se tornó más amplia, abarcando a la población en general. Y entre otras cosas, se exigió una boleta estudiantil.

Los estudiantes universitarios deben convocar a los distintos sectores que componen al movimiento social y de trabajadores del país: sindicatos, a los pueblos indígenas y negros, y a toda organización que asuma la lucha contra este gobierno corrupto. Una especie de alianza multisectorial, que no le claudique al gobierno en sórdidas negociaciones, como lo han hecho hasta el momento los transportistas, y que despliegue un programa de lucha contra la dictadura de los nacionalistas.

Por Horacio Villegas

Desde que el árabe-palestino Tito Asfura asumió como alcalde del Distrito Central desde el 2014, se han venido dando una serie de proyectos de infraestructura, especialmente la construcción de puentes. Durante su segundo mandato como alcalde, Asfura le ha dado seguimiento a sus planes “modernizadores” de la capital a un gran costo, pagado con los impuestos recaudados por la municipalidad, y otros impuestos, como el de los combustibles.

La interrogante que ronda entre los capitalinos, desde que se empezaron a construir estas obras es: ¿cómo se pueden costear tantos proyectos de infraestructura en un país en donde más de la media de los hondureños vive en condiciones de pobreza? La administración Asfura tomó la atribución de emprender todos estos proyectos de construcción sin el menor consentimiento previo de los capitalinos, quienes ahora se sorprenden por el congestionamiento automovilístico, la destrucción de áreas verdes y la falta de planeación urbanística que por sobre todo contempla la habilitación de puentes y calles para automóviles; y no las tan necesarias aceras, y amplios caminos para el paso y estadía de personas en la capital.

La administración Asfura en su intento acelerado de “modernizar” la capital se está llevando de encuentro distintas infraestructuras representativas del siglo pasado, y que forman parte del patrimonio inmueble de los hondureños: como por ejemplo el Bulevar los Próceres y el paseo Guanacaste, que hoy han sido reducidos a añicos. Ni el gremio de los arquitectos –que se pronunció en contra, únicamente, a finales del 2016, por la descomunal obra titulada “Centro Cívico Gubernamental” (CCG)–, ni el de los ingenieros, con sus respectivos colegios profesionales, ni otras instituciones que traten de velar por el patrimonio, como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), se han pronunciado en contra de todos estos proyectos que en nombre de una falsa imagen de “progreso” atentan contra las obras ya calificadas como bienes patrimoniales.

El aumento a la Tasa Vehicular Municipal 

Era de esperarse que Asfura diera a conocer un aumento a los impuestos municipales y viales, pues sus obras han dejado por los suelos los ingresos recaudados alrededor de los ocho años de administración del Partido Nacional (PN). Esto aunado a los escándalos de corrupción que se han demostrado en proyectos de infraestructura como el Trans-450; que estuvo a cargo del nacionalista Ricardo Álvarez, quien no ha dado justificaciones creíbles sobre los 30 millones de dólares solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dinero que se presume –según una publicación de Radio Progreso el 24 de abril de 2017– fue despilfarrado en distintas redes de corrupción para el financiamiento de campañas políticas a favor del deleznable Partido Nacional. En lo que va de la administración Asfura, el Trans-450 ha sido objeto de alteraciones absurdas que suponen arrancar, sin sentido alguno, el costoso concreto, y abrir carriles vehiculares mientras se espera su eterna finalización.

A principios del mes de julio la administración Asfura dio a conocer un descomunal aumento al impuesto de la Tasa Vehicular Municipal del 75 y 130 por ciento. Este aumento según sus portavoces, aplicará a todos los modelos de automóviles registrados que transitan en la capital. El motivo de este impresionante aumento está –según una publicación del diario El Heraldo del 4 de julio del presente año–, en los planes de financiamiento para las construcciones de vías rápidas en Comayagüela, en el bulevar del Norte, la reparación del Anillo Periférico y el bulevar Fuerzas Armadas en Tegucigalpa.

Las proyecciones que la alcaldía municipal ha hecho en estos ocho años de legislación nacionalista, en el tema de mega proyectos de infraestructura, han terminado, al menos una gran cantidad, en notorios fracasos como el Trans-450, y también en cosméticas e innecesarias construcciones de puentes como el de Altos del Trapiche, que beneficia a las capas altas como funcionarios privados de bancos y distintos burócratas estatales. No así las innumerables calles de los desahuciados barrios populares de Tegucigalpa y Comayagüela, que además de pavimentación de calles, necesitan también alcantarillados, construcción y remodelación de escuelas y centros de salud, entre otras urgencias de mayor importancia.

El inicio del paro de taxistas

El pasado viernes 6 de julio se dio inicio al paro de labores del sector de taxistas en la capital. Distintas calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela fueron cerradas por las unidades de estos compañeros del sector transporte. En las declaraciones vertidas a los medios de comunicación por parte de los dirigentes de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXISH), se recalca el estar en “desacuerdo” con dicho aumento a la tasa vehicular; lo que dejó abierto el camino para la negociación con el alcalde Tito Asfura.

Hoy, a casi dos semanas de intermitentes paros de labores de los taxistas, se sigue negociando este tema del nocivo impuesto vehicular. La posición de Asfura es clara: presionar a este sector de taxistas para que acepte pequeñas “modificaciones” al impuesto, que en varias declaraciones ya ha sostenido; como aplicarlo solamente a modelos de autos del año 2012 en adelante. Aceptar estas modificaciones supone caer en la trampa de permitir indirectamente el impuesto. Lo que significaría aceptar el derroche del gasto público que Tito Asfura ha estado haciendo desde el comienzo de su mandato como alcalde.

Acompañemos el paro de transporte

Asfura no socializa sus proyectos con ningún sector organizado de la sociedad civil, y ni con otra organización de base que represente un barrio o colonia cercana a estos mega proyectos; no podemos permitir que se nos imponga un nuevo impuesto vehicular municipal, sin ni siquiera haberse hecho las respectivas socializaciones de estas ostentosas construcciones.

Mientras se siguen dando las negociaciones con Asfura en este preciso momento, los taxistas han puesto sobre la mesa de negociación otras justas exigencias: como la rebaja de 20 lempiras al galón de combustible, para no tener que aumentar el precio de la tarifa, y mayor seguridad, debido al tema de las extorsiones y asaltos.

El transporte público debe ser subsidiado y garantizado por el Estado, para evitar incremento de tarifas que golpeen a las masas populares. Necesitamos un buen servicio y seguridad para los pasajeros, que somos nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer ante esta situación, es salir a las calles a apoyar a los compañeros taxistas, quienes han intentado llevar a cabo el paro de transporte en la capital. Pero hace falta convertir este paro en Tegucigalpa en verdadero paro a nivel nacional, en la lucha por la reducción del precio de los combustibles que nos beneficie a todos.

Los estudiantes universitarios: un importante bastión en el Paro Nacional de Transporte

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) no se hicieron esperar en el gran Paro Nacional convocado por los taxistas; y acompañaron tomándose el bulevar Suyapa junto a estos compañeros del sector transporte. Las alianzas entre sectores es la mejor alternativa en estos momentos de ebullición social. Pues el descontento generalizado por la depravación de los nacionalistas ya desborda cualquier aparente “normalidad” en este país.

Los militares y policías que llegaron a los predios universitarios a reprimir la justa protesta de los compañeros, intimidaron al final de ésta con disparos al suelo; lo que reafirma su papel de detestables mercenarios vendidos al régimen de JOH. Las consignas de los compañeros estudiantes fueron las mismas que hasta ahora exigen los taxistas. Aunque también se señalaron las distintas injusticias que mantienen en estado de incertidumbre a los compañeros luchadores que fueron desalojados de la UNAH, quienes todavía mantienen procesos judiciales.

Las negociaciones de los transportistas y el gobierno

Los taxistas han participado de tres momentos de diálogo con el gobierno: en un primer momento con Asfura, luego con el secretario presidencial Ebal Díaz, y hoy, mientras en las calles eran puestas las unidades de transporte a nivel nacional, con Juan Orlando Hernández. Los taxistas el jueves 19 de julio, al llevar a cabo las negociaciones con el representante lacayo del gobierno, el caricaturesco secretario presidencial, dejaron afianzada una postura un tanto clara sobre el tema de los impuestos municipales y la rebaja al precio de los combustibles. En ese instante declararon inaceptable la negativa del gobierno en aceptar dichas rebajas.

En la reunión que sostuvieron los taxistas con el dictador Juan Orlando el viernes 20 de junio, no se llegó a ningún acuerdo. Mientras las unidades de transporte mantenían tomadas las principales calles del país, los dirigentes de los transportistas se retiraron de la mesa de negociación, aduciendo que el gobierno se burló de ellos al presentarles propuestas como el aumento de dos (2) lempiras al pasaje. Los taxistas abandonaron el paro a nivel nacional luego de las negativas del gobierno, y expresaron que como “acto de buena fe” con el pueblo hondureño, suspenderían el paro nacional. En reemplazo del paro nacional de transporte, los taxistas convocaron a una caravana el sábado 21 de julio, y hasta el momento sostienen que las acciones seguirán el próximo lunes 23 julio.

Logremos que la lucha contra los impuestos se vuelva antigubernamental

Varios funcionarios del gobierno han sostenido falsos argumentos sobre el tema de la rebaja de los combustibles, como Ebal Diaz, quien afirma que con dicho aumento “el Tesoro Nacional estaría siendo sometido a un drenaje de recursos que evidentemente va a llevar al Estado a un sacrificio monumental”. Por su parte también Rocío Tábora, la secretaria de finanzas del gobierno, afirma que dada la rebaja al precio de los combustibles, “habría un impacto en la estabilidad de las finanzas públicas.”

El “drenaje de recursos” del que habla Ebal Díaz, y el “impacto en la estabilidad de las finanzas públicas” que menciona Tábora, ya son un hecho en Honduras desde que la corrupción se ha vuelto patente en este país por gracia de los partidos tradicionales. La Maccih precisó en febrero del 2016, que son 10 mil millones de lempiras los que se pierden al año por la corrupción en Honduras. No cabe duda que la rebaja de los combustibles, la rebaja también de los salarios opulentos de los funcionarios públicos como los diputados, sólo puede lograrse sí sacamos a este corrupto gobierno de los nacionalistas.