Por Horacio Villegas

Estamos seguros de la falsedad que representa el diálogo nacional promovido por la ONU, el gobierno nacionalista y ciertos sectores de la Oposición; pues es una maniobra dilatoria que deja entrever la instauración gradual de la dictadura del Partido Nacional. Por otro lado, la crisis que el Partido Liberal ha tenido recientemente, alimenta ese juego aparentemente resolutivo de la crisis que vivimos luego de las elecciones de noviembre del año pasado.

El diálogo nacional o la farsa de los consensos entre la dictadura y la Oposición

El diálogo nacional, convocado por los nacionalistas y ciertos sectores de la oposición como el Partido Liberal, en acompañamiento de la ONU, se ha vuelto una excusa dilatoria, que no hace otra cosa que acomodar, a paso lento, la instauración de la dictadura.

Las posturas en el inicio del diálogo nacional, que se ha estructurado en cuatro mesas de trabajo, redundaron en señalamientos de un lado y de otro: del partido de gobierno hacia la oposición asegurando el ficcional acontecimiento del papel de las maras en las elecciones de noviembre del 2017, quienes aparentemente obligaron a los votantes nacionalistas a no ejercer el sufragio por su repulsión al partido nacional. Los nacionalistas como es de costumbre, se victimizan utilizando como plataforma perfecta este diálogo, en donde achacan hechos adulterados a la oposición.

De parte de Salvador Nasralla y los liberales hacia los nacionalistas, apuntando sus actos corruptos y fraudulentos desde las elecciones del 2013 hasta la fecha. Una postura atinada, con señalamientos que a la par llevan evidencias, pero vertidos y expuestos en un espacio controlado por el gobierno en contubernio de los gringos.

El supuesto diálogo, como se ha visto en el transcurso de las semanas y meses desde la crisis post-electoral, es una falsedad; una trampa en la que cayeron los representantes de los partidos tradicionales, tildados de opositores; quienes a su vez siguen encontrando en el “orden” de la democracia burguesa y en la aparente “ayuda” internacional de los Estados Unidos, la única salida al conflicto latente en que sobresalió a punta de fraude y represión, el partido de gobierno.

Crisis a lo interno del Partido Liberal

El pasado 26 de septiembre el Partido Liberal abandonó el diálogo nacional por un motivo preciso: la aprobación en el Congreso Nacional de la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP). En donde se eligió una comisión en donde están representados los partidos Liberal, Nacional y Libre.

La votación de varios miembros de la bancada del Partido Liberal a favor de esta intervención del RNP, provocó la moción de Luis Zelaya de expulsar a los 17 miembros, moción aceptada por el Concejo Central Ejecutivo (CCEPL).

Por su parte la fracción del Partido Liberal que no comulga con Luis Zelaya, quienes están en la lista de expulsados, encabezada por Elvin Santos –uno de los principales corruptos del caso Pandora– decidió solicitarle a la ONU su entrada al falso diálogo nacional, a sabiendas de los veredictos del Comité Central de su partido.

Los 17 diputados expulsados según declaraciones de Luis Zelaya, no podrán votar en el Congreso Nacional representando al Partido Liberal. Lo que abre el camino a que entren a las filas de otros partidos, o simplemente estén de diputados independientes.

La intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP)

Coincidimos con el analista político de CESPAD, Gustavo Irías, quien afirma en un artículo dedicado al tema de la intervención del RNP, que “una salida a la actual crisis política no será el espacio del diálogo político”, pues las voluntades de los políticos representantes de la oposición y el gobierno, piensan dejar la supuesta resolución del conflicto político post-electoral en las determinaciones obtusas del Congreso.

Los intereses de la oposición ahora se concentran en tener representantes en esta institución que maneja en bruto la cantidad de cédulas de identidad de hondureños aptos para el sufragio. Tal parece que ahora la batalla “antigubernamental” definida por la oposición es la espera de nuevas elecciones, para lo cual son necesarias las reformas electorales y la intervención del RNP, y no las movilizaciones y el desacato y rechazo a cualquier negociación que orille a la trampa de postergar aún más la lucha por la caída del gobierno.

La marginalidad: un tema olvidado por los partidos tradicionales

A finales del siglo XX, Honduras atravesaría una de las crisis naturales más agobiantes y desastrosas: el huracán Mitch. Lo que repercutiría significativamente en el inicio de los años del nuevo siglo XXI. La pobreza, y la marginalidad social en su matiz más crudo –agudizada por esta catástrofe ambiental–, salieron a relucir como la condición más patente en la historia reciente del país.

Los gobiernos liberales y nacionalistas que asumieron la crisis en aquel entonces, no llegaron a subsanar semejante tragedia; más bien fueron los promotores de varios episodios de corrupción que ponían en precario la ya situación difícil del pueblo hondureño. Tanto la administración del liberal Carlos Flores Facusse, la del nacionalista Ricardo Maduro, y las subsiguientes de colorados y azules, no remediaron sustantivamente la condición de las personas que entraron de lleno en la marginalidad, luego de perder sus casas y demás bienes.

Fuera de los risibles programas asistencialistas de entregar migajas en manos de las personas más empobrecidas del país, no ha existido una verdadera estrategia que mitigue gradualmente este flagelo. El proselitismo ha llegado y sigue llegando, cada cuatro a estos barrios marginales, sin ninguna solución creíble y de largo plazo; lo que pone en el primer plano de culpabilidad de estas condiciones inhumanas, a los partidos tradicionales.

Desde el sábado 7 de octubre, las instituciones encargadas de hacer llegar los pronósticos del tiempo, tardíamente declararon una alerta roja en los departamentos del centro y sur del país. Este pronóstico no fue dado en el tiempo debido ya que arremetería con los planes absurdos del gobierno de complacer a los empleados públicos con su aclamado “feriado morazánico”; que no es otra cosa que propaganda gubernamental.

Las lluvias no cesaron por 24 horas, y fue suficiente para que la capital entrara en colapso debido a los desbordes de ríos, inundaciones y deslizamientos. Hasta el momento se contabilizan 7 muertos, 7 mil damnificados, 750 casas dañadas y varias zonas incomunicadas por las lluvias.

Esta nueva crisis, ocasionada por causas naturales, y que se asemeja a la que ocurriera en 1998 con el huracán Mitch, vuelve a traer al escenario público, la condición precaria en la que se encuentra una gran mayoría de la población hondureña. Esta crisis demuestra la ineptitud de las instituciones como COPECO y el mismísimo alcalde de la capital, quien ha modificado únicamente las calles, haciendo puentes y arreglos estrictamente para la población que posee vehículos, y no un verdadero reubicamiento de las familias que viven en las vegas de los ríos.

No podemos esperar menos de estas administraciones burguesas, que hacen a un lado el tema de elemental urgencia, como lo es la reubicación de personas que viven en la más sórdida marginalidad. Es necesario señalar a los verdaderos responsables de la muerte de estos hondureños que lucharon por salvar su vida en medio de inundaciones y derrumbes; los culpables han sido los recalcitrantes grupos económicos, traducidos en nombres y apellidos concretos como los Facusse, Atala, etc, que han desalojado a miles de personas que tienen el derecho legítimo a la tierra en la capital. Ellos, en contubernio con las administraciones de los partidos tradicionales, han modelado los centros urbanos a su conveniencia, excluyendo a sectores históricamente marginalizados.

La migración hacia EEUU

La intensificación de las migraciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica es un hecho que los hondureños hemos tenido que sufrir desde hace algunas décadas atrás. Los factores de este fenómeno son múltiples; entre los más determinantes se encuentra el derrumbe y saqueo del Estado hondureño por parte de los partidos políticos tradicionales, quienes con las ganancias jugosas que extraen de la corrupción, impiden la generación de empleos y otros beneficios en pos de eliminar la pobreza extrema entre los hondureños.

Otro factor que pesa en este fenómeno, y que se puede señalar conjuntamente con el desenvolvimiento de la historia política del país, son las políticas de intervencionismo directo de Estados Unidos en los asuntos internos de los países centroamericanos. Desde el siglo XIX este país del norte ha tenido una estricta política de control económico y político de nuestro territorio y su gente; lo que se traduce en saqueos y acuerdos legales injustos que no le ofrecieron beneficios directos a los débiles gobiernos liberales: dígase el saqueo de madera, metales preciosos y a principios del siglo XX las bananeras.

Esta relación desigual no permitió que el país encontrara la suficiente independencia económica y política frente a los países imperialistas como Estados Unidos. Relación que nos definió como dependientes. Bastó, con que a finales del siglo XX el huracán Mitch destruyera nuestra débil economía, para darnos cuenta de esta condición impuesta por otros países extranjeros. Desde esta crisis que irrumpiera en 1998, y de ahí en adelante, la historia reciente del país se ha ido configurando alrededor de la migración hacia los Estados Unidos. Muestra de ello es la gran caravana de migrantes que desde ayer inician su recorrido hasta llegar a la USA.

El gobierno de JOH, con el consentimiento de la administración Trump, han declarado recientemente como violadores de derechos humanos a los grupos no estatales como los mareros, quienes a su vez son considerados los únicos culpables de estas multitudinarias caravanas, precisamente por las acciones de cobro del impuesto, asesinatos a empleados del sector transporte, etcétera. Lo cierto es que desde del Golpe de Estado del 2009, y ahora con el gobierno ilegítimo, continuista y corrupto de los nacionalistas, es que se ha agudizado esta crisis que lleva a los hondureños hacia un país que no los recibe de la mejor manera.

La embajada de EEUU en Honduras ha declarado el día de hoy que “la situación en Honduras ha mejorado notablemente, y esta tendencia sólo continuará si sus ciudadanos permanecen e invierten su extraordinario potencial aquí” (Declaración sobre la caravana de migrantes. Embajada de los Estados Unidos en Honduras, 14 de octubre de 2018). Es más que evidente el cinismo de los gringos, quienes históricamente han sido cómplices de la dependencia económica, de la imposición de dictaduras, y al fin y al cabo de la pobreza en que vivimos hoy los hondureños. 


Por Felipe Suazo Amaya

Honduras ingreso en el siglo XXI con las secuelas de una catástrofe natural espeluznante: El huracán Mitch (1998), difícil de olvidar en nuestra historia reciente. Desde finales de la década de 1980, Honduras arrastraba una enorme deuda externa de 2931 millones de dólares. Eran tiempos de conflicto social en Centroamérica, pero también de expansión de las políticas neoliberales en la región. Desde entonces, un huracán económico, al que llamamos neoliberalismo, se ha entronizado en la región.

Los ajustes estructurales en Honduras en la década de 1990

Los antecedentes del neoliberalismo en Honduras hay que rastrearlos en 1980 bajo los gobiernos liberales de Roberto Suazo Córdoba (1982-86) y José Azcona (1986-90). No obstante, el principal gestor de esta doctrina globalizante y económica, auspiciada por los organismos internacionales, fue puesto en vigencia, por el cuestionado presidente nacionalista, Rafael Leonardo Callejas (1990-94), bajo los famosos ajustes estructurales.

En efecto, la década de 1990, se caracterizó por la liberación de la economía, poca intervención del Estado, devaluación de la moneda, etc. Por tanto, en nombre de la estabilización y liberación de la economía se inició un proceso lento de desestabilización de las empresas del Estado. Fue una era de sometimiento a la nueva cara del capitalismo mundial, después de la caída del socialismo real: el neoliberalismo globalizado. La corrupción llevada a cabo por, Rafael L. Callejas, lo llevó a los tribunales en muchas ocasiones. De todas las acusaciones salió invicto (le otorgaron 16 cartas de libertad), preconizando una de las tantas parodias de la historia de la corrupción en Honduras. No obstante, desde el 2013, está preso en Estados Unidos por acusaciones de corrupción como directivo de la FIFA.. Su amo proveniente del norte, al que tanta fidelidad le dio, término traicionándolo. Es algo común en la geo estrategia de Estados Unidos utilizar peones en los países que quieren influir, para luego darles un puntapié cuando ya no los necesita.

La profundización del neoliberalismo en el gobierno de Pepe Lobo 2010-2014

Desde que el Partido Nacional (PN) volvió al poder en el 2010, tras la coyuntura política del golpe de Estado del 2009, las distintas elites lanzaron una estrategia para profundizar las políticas neoliberales. Las dinámicas seguidas han sido generar una red de corrupción de gran escala, endeudamiento del Estado con la banca privada nacional, entrega de los recursos ambientales a inversores extranjeros y nacionales, y desde luego, un resquebrajamiento de la mayor parte de las instituciones del Estado.

El gobierno del liberal de José Manuel Zelaya (2006-2009), apenas fue un paréntesis, de la influencia de los organismos internacionales en Honduras. Tras los fuertes encontronazos con el mandatario Manuel Zelaya, los sectores oligárquicos llevaron una campaña de destrucción del poco patrimonio del Estado. Después de la expulsión de Honduras en la OEA, diversas ayudas internacionales y préstamos fueron congelados en este país. La estrategia en momentos del cierre del financiamiento internacional, fue el endeudamiento con la banca privada nacional, para maniobrar con el equilibrio fiscal y la balanza de pagos, en un país que vive de la entrada de remesas y ayudas internacionales para sostener su pírrica economía.

Cuando JOH era presidente del Congreso Nacional, y tras ganar las elecciones internas, dentro de su partido, introdujo el Decreto 266-2013, donde se adjudicó un poder absoluto sobre todas las dependencias del Estado. Seguro de ganar las elecciones en 2013 –cuestionadas por fraude, igual que las recientes en noviembre del 2017– frente a la presidenciable Xiomara Castro de Zelaya, todos mirábamos venir un gobierno despótico. El cambio de gobierno de Pepe Lobo a Juan Orlando Hernández (JOH), se dio en pleno contexto de las protestas contra el desfalco del Seguro Social en 2013.

Neoliberización bajo los gobiernos de JOH

Tras desvirtuar el articulo pétreo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, siguiendo el camino de la izquierda del siglo XXI, paradójicamente, el gobierno maniobró en la Sala de lo Constitucional para habilitar a JOH, para postularse en la presidencia por segunda vez. Entre 2014-2018, las políticas económicas conllevaron a la neoliberización absoluta de la sociedad hondureña. Llamamos neoliberización a la puesta en práctica una estrategia para privatizar las empresas del Estado, incluir al sector privado con políticas públicas de inversión conjunta, crear un aparato militar preventivo contra cualquier intento de insurrección popular, manipulación de los contralores del Estado, como medios de blanqueamiento de los continuos casos de corrupción.

El Estado de bienestar en Honduras es apenas un recuerdo de las décadas de 1960 y 1970. ¿Cuáles han sido los impactos del neoliberalismo en Honduras? La deuda externa ha pasado de 3, 500 millones en 2009 a 7, 200 millones de dólares en 2018. Los derechos laborales pasaron del contrato colectivo al contrato por hora. Las jubilaciones pasaron del sector público al privado. Tenemos una deficiencia en seguridad, salud, educación, etc.


Por Horacio Villegas

En las semanas y días que transcurren en este mes de septiembre, han ocurrido distintos episodios en la vida nacional. Como la movilización que desde el golpe de Estado del 2009 se ha programado al margen de los desfiles que se dirigen al Estadio Nacional; las declaraciones vertidas por Zelaya en torno al tema de la reelección; y el caso Berta Cáceres, que a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones por buscar justicia, sigue impune, y mientras tanto, sus perpetradores siguen libres.

Balance sobre la movilización del 15 de septiembre

Desde el golpe de Estado de 2009 se fraccionó la tradicional “fiesta cívica” del 15 de septiembre convocada como todos los años, en el Estadio Nacional que lleva el nombre del dictador Tiburcio Carías Andino. Las razones son obvias: las motivaciones y las repercusiones de este golpe de Estado, desgastaron el alienante civismo que ha habido entorno de esta ilusa celebración.

El entonces FRNP, y todas las organizaciones que le hicieron frente al militarismo, y que a su vez componían el movimiento gestado en las calles, organizaron una celebración alterna que le hiciera oposición al engendro de aparente civismo que idolatraba a los artífices y cómplices del golpe de Estado, los representantes de los partidos tradicionales que asumieron el gobierno (Micheletti primero, y Lobo Sosa después).

La recurrencia de esta otra práctica que se resiste a formar parte del viejo patriotismo lacayo, ha tendido a convertirse en una tradición que en sus inicios dio a conocer el descontento de la gente en contra del golpe de Estado. Hoy la práctica sirve para rendirle culto a la figura de Manuel Zelaya y su partido Libre, y no para enaltecer la resistencia popular que surgió en defensa de la democracia en aquel 2009 lleno de represión y asesinatos.

Las recientes celebraciones alternas de esta fecha ha tenido poca participación de los sectores que antes fueran baluartes en la lucha popular contra el golpe; la movilización pasada concentró en su mayoría a las organizaciones que encabezan las estructuras de Libertad y Refundación, y no tanto a organizaciones de trabajadores, y otras organizaciones barriales protagonistas en la lucha contra el fraude electoral.

Después de noviembre del año pasado la dinámica de lucha ha tendido más al retroceso en relación a las ofensivas graduales del gobierno: la victoria gubernamental contra el sector transporte que pedía las rebajas al combustible, y hoy, para los meses que vienen, el siguiente aumento a los carburantes.

El gobierno nacionalista, que se encuentra en su segundo periodo dentro del esquema continuista, se ha impuesto a la fuerza con un fraude electoral a ultranza, y al parecer el movimiento popular fraguado en contra de esta aberrante figura dictatorial, no tuvo en su momento la dirección adecuada para derribar al nefasto partido de gobierno. Las repercusiones las estamos viviendo en la actualidad, momento que se define por la espera que hay por recobrar las fuerzas perdidas el año pasado.

Espacios como la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) han surgido a luz pública desde el anuncio de los primeros intentos continuistas de JOH, y después de la crisis post-electoral; su método es aglomerar a la mayor parte de organizaciones para al fin crean una plataforma que intente hacerle oposición al gobierno.

La presencia de esta plataforma fue notable en la movilización del 15 de septiembre, pero un poco aparte de la dirección de la misma, ya que cedió, en los hechos, la dirección de esta movilización al partido Libre. Todas las organizaciones civiles que van surgiendo en el transcurso de los acontecimientos, unas radicalizadas, que las forman estudiantes y otros sectores, y otras más proclives al pacifismo y el onegeísmo, son absorbidas, las unas y las otras, lamentablemente, por la dirección burguesa de Libertad y Refundación.

La jornada del 15 de septiembre terminó en una batalla frontal contra las fuerzas represivas, que tuvo las mismas características del pasado 1 de mayo: luego del discurso del caudillo Zelaya, los policías dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes.

La tarea impostergable que tenemos los jóvenes, los que estamos en contra de esta dictadura procedimental y llena de recursos legalizados a la fuerza –el ejemplo es el fallo absurdo de la corte suprema de justicia sobre la “inconstucionalidad de la constitución”–, es organizarnos al margen de las estructuras avejentadas y reformistas de Libertad y Refundación, buscar alternativas y estrategias que en los hechos no le claudiquen al programa de dirigentes enfermizos y llenos de obsesión continuista y antidemocrática. Una organización de izquierda que rescate y sepa entremezclar la tradición revolucionaria con las exigencias más imprescindibles del presente.

Intereses continuistas de un lado y de otro

Manuel Zelaya, la figura que representa la dirección del Partido Libre, ha convocado a una consulta para el mes de enero del próximo año, en donde figurarían ciertas preguntas que dejan por sentado el interés continuista del caudillo de Olancho. Inclusive Nelson Ávila, uno de los representantes críticos de Libre, ha cuestionado este intento de consulta sobre el tema de la reglamentación de la reelección presidencial, que deja en un plano oportunista al dirigente olanchano. Por su parte Zelaya anunció desde su cuenta de Twitter el proyecto de consulta que su partido llevará a cabo a sabiendas del descontento de sus sectores más críticos.

“#LIBRE y bancada consultara (á) al pueblo para detener tirano y sus #crímenes. La justicia está bajo sus órdenes; reglamentar sentencia ilegal ES UNA #ALTERNATIVA para asegurar su salida. El decreto ellos mismos lo llevaron al Congreso. Sacar a @JuanOrlandoH es ‘vox populi’” (Escrito en la cuenta de Twitter de Manuel Zelaya, colgado en Proceso Digital, 16 de septiembre de 2018).

Libre, como todo partido reformista, confía más en los procedimientos legales y negociaciones con el régimen, antes que en el verdadero protagonismo de los sectores sociales en lucha. La crisis que devino del golpe de Estado del 2009 primero, y la crisis post-electoral después, nos han demostrado el verdadero proceder de este partido, que termina pactando los intereses innegociables de las clases populares, lo vimos en el Acuerdo de Cartagena de Indias del 2011, y en la actualidad, con los cachurecos al aceptar su agenda continuista.

El futuro recambio de la dictadura empieza a disputarse desde ahora

Los representantes más abyectos del Partido Nacional se empiezan a disputar el liderazgo dentro de su propio partido; como zopes carroñeros encima de carne pútrida, así se muestran estos nefastos rostros públicos del partido de gobierno al anunciar silenciosamente su ambición presidencial para el 2021. Esto con el único fin de fijar el nuevo rostro de la dictadura.

“El designado presidencial Ricardo Álvarez, el ministro de Desarrollo e Inversión Social, Reinaldo Sánchez, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y Nasry Asfura, actual alcalde capitalino, son los potenciales precandidatos presidenciales del partido en el poder…” (La Prensa, 7 de septiembre de 2018).

Esta lucha interna evidencia el recambio de figura presidencial que buscan los nacionalistas para oxigenar la imagen de su partido, no les conviene mantener en el poder la figura de JOH, pues les costaría la radicalización de las protestas y un escenario desfavorable a nivel internacional; aunque los gringos no se inmuten, ya que se cumple a cabalidad con sus planes en este país del triángulo norte. Estados Unidos contempla el saneamiento de los Estados centroamericanos que se corroen bajo el fenómeno de la corrupción, esto con los matices particulares en Guatemala con la CICIG, y en Honduras con la MACCIH, pero apoya a estos gobiernos conservadores que se tuercen ante sus políticas financieras.

Caso Berta Cáceres continúa en la impunidad

En el contexto de la propaganda gubernamental de una ley de consulta previa, libre e informada propuesta por la empresa privada y los nacionalistas, y en el contexto también de varios proyectos extractivos que han sido combativos por organizaciones indígenas y campesinas, surge con mucha más vitalidad, el caso Berta Cáceres.

Desde que se dio a conocer a finales del año pasado un informe realizado por investigadores independientes al Ministerio Público y demás instituciones estatales, ha surgido la certeza de que han sido los directivos de Desarrollos Energéticos DESA, y empresarios de renombre como los Atala, los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Los representantes de la oligarquía en Honduras, los dueños de descomunales propiedades de tierra en el país, y los encargados de todos los rubros económicos, un puñado de empresarios árabe-Palestinos, en este caso los Atala, son los responsables también de haber encargado a sicarios el asesinato de la compañera Berta. Mientras sigan surgiendo más liderazgos del movimiento social, la oligarquía hará lo imposible por arrebatar la vida de estos luchadores sociales, pues el extractivismo es un negocio que les da muchas ganancias a estos capitalistas nacionales.

Debemos apostarle a la unidad, al acompañamiento de toda forma de organización del movimiento social, y otras organizaciones de izquierda; una organización que tenga como objetivo sofocar los planes extractivos de la empresa privada y los gobiernos que históricamente han entregado la soberanía nacional en manos de extranjeros, dígase a secas, los partidos tradicionales: Liberal y Nacional.

El Copinh ha confirmado, este lunes 17 de septiembre, al no habérsele admitido la garantía de derechos como víctimas de este crimen a varios de sus miembros, las redes de corrupción e influencia que perviven en instituciones como el Ministerio Público. Con esto se da por sentado que el derecho, en una dictadura, tiende a defender a los correligionarios del dictador, y nunca a los que han sido víctimas.

“En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad” (Página web del Copinh, 17 de septiembre de 2018).

El juicio del caso Berta Cáceres no se llevó a cabo al considerar la inoperancia y sesgo del ministerio público, lo que llevó a los abogados de este caso, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj), a presentar una acción de recusación contra el tribunal de sentencia, lo que significa un rechazo al accionar de esta institución aliada del gobierno.

Organizarnos ante tanta injusticia y corrupción

Desde el Partido Socialista Centroamericano exhortamos a todos los jóvenes a organizarse, a discutir tanto la política nacional, como la centroamericana e internacional. La corrupción, es su faceta más obscena y descarnada, a llevado al hartazgo a los guatemaltecos, y las mismas razones tienen los jóvenes nicaragüenses que aún siguen luchando. En Honduras es momento de prepararnos para hacerles frente a los corruptos representantes de bancos y del mismísimo gobierno.


Por Felipe Suazo Amaya

El año 1933 marcó el inicio de una de las dictaduras más crueles, encabezadas por el Partido Nacional, la que duro exactamente 23 años: Tiburcio Carias Andino (1933-49), Juan Manuel Gálvez (1949-54) y Julio Lozano Díaz (1954-56). Esta dictadura se generó, entre otros factores, por la división del Partido Liberal (PL), surgido en 1891, en varias facciones de distintos caudillos. El PL entró en una gran crisis en 1932, como ya le había sucedido en 1924. De la primera crisis del PL surgió el Partido Nacional (PN) entre 1923-24, llamado por sus adversarios el PL y sectores beligerantes como el partido conservador de Honduras.

Dos grandes dictaduras

La historia parece repetirse con otros matices. De la segunda crisis, la actual, surgió la dictadura perfecta del PN. En el año 2009, el liberalismo nuevamente se dividió, cuando un sector del PL encabezó el golpe de Estado contra el presidente José Manuel Zelaya. El resultado fue nuevamente la llegada al poder del PN en el año 2010, con Porfirio Lobo. De esta crisis del liberalismo a principios del siglo XXI, el saldo ha sido la consolidación de una nueva dictadura encabezada por el PN (una situación similar a la del siglo XX con Carias), y el surgimiento de un nuevo partido liberal: Libertad y Refundación (LIBRE).

En el año 2009, al calor de la lucha contra el golpe Estado, surgió el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el cual levanto muchas expectativas al conformarse como una plataforma beligerante del movimiento social hondureño, pero este fue castrado al convertirse en la base social del nuevo partido político: LIBRE. El resultado fue el abandono de la lucha social por una lucha electoral. Pero, valga la redundancia, en sus inicios como partido, LIBRE se catapultó como un partido anti tradicional, anti oligárquico, lanzando la propuesta de organización de Comités de Base a nivel nacional, pero dicho plan jamás fue concretizado.

Protesta social espontanea

Desde el año 2013, las elites se unieron para dar un zarpazo a la propuesta de LIBRE. Desde el 2009 al 2018, Honduras ha permeado una protesta social continua sin organización. Es decir, una protesta social, nacida de la espontaneidad. Tanto LIBRE, el FNRP, y la izquierda hondureña tradicional –dividida aun en tontas rivalidades del pasado– han sido incapaces, para llevar al pueblo a una organización de base, para hacerle frente a la dictadura del siglo XXI, encabezada por el Partido Nacional.

Cuando estalló la huelga bananera de 1954, había un movimiento clandestino organizado, que tendrá su primera trinchera en la protesta social más importante de Honduras en el siglo XX. Los comunistas e intelectuales del Partido Democrático Revolucionario Hondureño (PDRH) llevaron a cabo una protesta social, que dejo sin argumentos a los grupos del poder.

En la actualidad, LIBRE tiene las mismas características que el PDRH, un partido definido por los académicos como policlasista. Sin embargo, esta fastidiado por una cúpula anti democrática, que no le ha dado énfasis a la organización compacta, a la protesta organizada. En momentos en que el pueblo ha sobrepasado la protesta social, como las recientes movilizaciones de noviembre, diciembre del 2017 y enero del 2018, la dirigencia de LIBRE ha llamado a la calma, en momentos en que los niveles de confrontación han dejado la economía paralizada. Los empresarios privados agrupados en el COHEP quedaron aterrorizados con la magnitud de la protesta social.

Retomar el ejemplo de 1954

Durante la Huelga General de1954 el tradicionalismo se vio en peligro. En los años 2013 y 2017 también. Las protestas sociales están alcanzado un punto álgido, a pesar de la existencia de una gran dictadura. En 1954 la protesta fue producto de la organización. En 2009, 2013, 2017, la protesta social ha surgido de la espontaneidad.

Hacemos un llamado a los verdaderos revolucionarios a enfrentar la dictadura nacionalista del siglo XXI, con Juan Orlando Hernandez (JOH) a la cabeza, con más organización. La respuesta de las elites ha sido sacar de la manga a otro actor histórico: los militares. La Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Agencia Técnica para la Investigación Criminal (ATIC) y la vieja Policía Nacional, se han convertido en los principales actores de la represión en Honduras. Este brazo armado del Estado, está asesinando estudiantes, ambientalistas, dirigentes de base, etc. Todo esto ha ocurrido frente a la soñolienta dinámica de la dirigencia de LIBRE, el FNRP, y de la izquierda históricamente sectaria.

¿Qué se nos viene?

Los rumores hablan de un enfrentamiento electoral entre dos caudillos: Mel Zelaya y JOH. El PN se esfuerza en construir una dictadura de largo alcance, como la del siglo XX. Si persiste la desorganización popular, no sabemos cuánto tiempo puede durar la dictadura nacionalista. Lo cierto es que, si la oposición no deja de lado el infantilismo electoral, y continua la espontaneidad en la protesta social, se avizora otro gran fracaso. La desorganización es tremenda en Honduras. El magisterio organizado está de rodillas. Las centrales obreras se han convertido en patronales a gusto del modelo neoliberal. La izquierda hondureña le juega a la revolución de maletín ¿Qué hacer? Se preguntaría el viejo Lenin. Lo primero es encauzar la lucha, un llamado continuo de este espacio. ¿Cómo? A través de la organización en tiempos de desorganización de la protesta espontánea.


Por Horacio Villegas

Las protestas de estudiantes de media, que se extendieron hasta distintos departamentos del país, y que tuvieron como epicentros la ciudad capital y San Pedro Sula, pusieron en gran preocupación a los representantes del gobierno en el sector educativo. El Ministro de Educación, Marcial Solís, dio a conocer medidas que vendrían a sancionar a los compañeros huelguistas y a sus docentes; pero a pesar de las advertencias, los estudiantes de media continuaron expresando su descontento con el tema del aumento al transporte, y la desgracia que existe en cada uno de sus centros educativos. En este contexto se ubica una tragedia que tiene como principal ejecutor al Estado y una de sus fuerzas represivas: la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Asesinatos estilo escuadrones de la muerte

El pasado viernes 31 de agosto encontraron los cuerpos de dos jóvenes estudiantes de secundaria en la capital. Uno de ellos estudiante del Técnico Honduras, instituto que estuvo al frente de las protestas. Los cuerpos encontrados presentaban rastros notorios de torturas, y en fotografías que circularon en las redes sociales se muestran a los perpetradores del crimen: miembros uniformados de la ATIC.

Por su parte la ATIC ha respondido a las sospechas que se manejan de su culpabilidad en este caso, aseverando que el crimen responde a organizaciones delictivas de pandilleros. En varios comunicados la ATIC aclara que hará las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los hechores de este asesinato de los dos jóvenes estudiantes.

“La fuente considera que entre las líneas de investigación podría haber pandilleros de la Mara Salvatrucha, hay policías activos que están siendo investigados y otro tipo de intereses políticos para afectar el brazo técnico científico del MP, a consecuencia de los recientes casos de corrupción por los cuales han imputado a varias personas” (La Tribuna, 3 de septiembre de 2018).

Los asesinatos extrajudiciales en Honduras no son algo reciente, la política del exterminio de jóvenes militantes de agrupaciones estudiantiles ha sido una constante en la historia del país; y ha tenido su repunte en los sucesivos gobiernos militares e inclusive con mayor intensidad en la ficticia transición a la democracia en los años ochenta. Los jóvenes, que son proclives a movimientos estudiantiles, son la principal víctima del Estado que todavía mantiene estructuras de inteligencia policiaca; estructura que les resultó eficaz para matar revolucionarios en la década de los ochenta, y en la actualidad para matar posibles disidentes políticos.

A los jóvenes estudiantes de secundaria les toca enfrentar una realidad muy distinta, pero a la vez muy afín a la de los universitarios: éstos últimos han tenido infiltraciones en las estructuras como las asociaciones y movimientos independientes, además de una persecución selectiva a lo interno de la universidad. Mientras tanto a los jóvenes de secundaria les agobia una ola de violencia proveniente de sus centros educativos, y aparte de esto la cercanía con las maras en sus barrios y colonias, y ahora la cruda persecución, también, de los órganos de seguridad del Estado; quienes al fin del levantamiento de cuerpos torturados de estos jóvenes, justifican el hecho como producto de fenómenos delictivos internos como afrentas entre pandillas. Lo cierto es que existen muchos pretextos aprovechables para las organizaciones de inteligencia del Estado, pues la violencia que existe en el entorno de los estudiantes de secundaria es más que suficiente para desviar un asesinato extrajudicial.

La importancia del escandaloso caso Pandora

En Honduras, las diferentes fracciones de la burguesía han acumulado sus capitales, saqueando las finanzas del Estado. Esta ha sido una tendencia histórica en Centroamérica, pero en Honduras ha adquirido características grotescas. Los dos partidos tradicionales, liberales y nacionalistas (conservadores), no solo se turnan para saquear el Estado, sino que, desde la oposición, cualquiera de los dos, también participan en el saqueo de las finanzas. Esto ha quedado demostrado no solo en el saqueo del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS), sino que las revelaciones del caso Pandora, han mostrado la gravedad del asunto.

El escando fue develado en junio por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH): 38 altos funcionarios de ambos partidos, diputados, ex ministros, etc, fueron encausados por el delito de lavado de activos. La denuncia puso en evidencia que no hay tal oposición, sino que ambas cúpulas se ponen de acuerdo en saquear al Estado, a veces desde el propio Congreso Nacional.

Una parte de los encausados fueron liberados, se les dictaron medidas sustitutivas, otra parte, los chivos expiatorios, continua en prisión y el proceso penal continua. Lo más relevante de este caso, es que fueron encarcelados miembros de la alta dirigencia del gobernante Partido Nacional, golpeando la frágil estabilidad del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) después que este impusiera la reelección presidencial, violentando la clausulas pétreas de la Constitución de 1982.

Aunque fueron absueltos y liberados una parte de los acusados, el golpe más demoledor llegó el martes 28 de agosto: el bipartidismo, representado por los dos partidos tradicionales del país, el Partido Liberal y el Partido Nacional, quedó expuesto ante todos los hondureños como organizaciones profundamente ligadas a la corrupción. Con una orden del Juzgado de Privación de Dominio se les aseguró los bienes a los personajes embarrados en el Caso Pandora.

“El ministerio Público confirmó este martes que se procederá al aseguramiento de 46 bienes inmuebles, nueve empresas mercantiles, seis vehículos, cuatro cuentas bancarias y dos certificados de depósito, todos vinculados de manera directa o indirecta a quienes se beneficiaron de los fondos drenados de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)” (El Heraldo, 28 de agosto de 2018).

La importancia de este caso radica en que el gobierno de JOH, por presiones de Estados Unidos, se ha visto obligado a procesar penalmente a Rosa Lobo, ex primera dama, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y en el caso Pandora, ha tenido que cerrar los ojos, apretar los dientes y aceptar que la MACCIH iniciara la causa penal contra dirigentes de su propio partido. El encarcelamiento y procesamiento de dirigentes liberales, sin lugar a dudas, persigue el objetivo de ganar plenamente a Elvin Santos, y los diputados liberales que le siguen, al plan imperialista que pretende imponer el orden y un “normal” funcionamiento de las instituciones del Estado burgués en Honduras. JOH se ha vuelto el verdugo de su propio partido, pero eso no cambia su naturaleza de agente del imperialismo.

JOH está presionando duro al Partido Liberal porque pretende establecer acuerdos, dentro del Dialogo Nacional, que permitan una profunda reforma al Estado, arrinconando al ala del liberalismo liderada por Mel Zelaya.

No hay nada que festejar este mes de septiembre

Este gravísimo acto de corrupción viene a confirmar el desprestigio que tienen los representantes de la “democracia representativa” y formal en el país, a su vez los primeros en impulsar la festividad del mes de la “patria”. No es posible caer en esta trampa que, bajo el pretexto de una celebración llena de un enfermizo e hipócrita patriotismo, pretenda idolatrar una patria corrupta, que tiene a los mayores representantes de estas mezquinas y degradantes prácticas, en los partidos tradicionales, quienes llenan el congreso nacional, la presidencia (dictadura) del país y quizá todas las instituciones públicas y el sector privado.

Movilizaciones pendientes promovidas por la CCC

La Convergencia Contra el Continuismo (CCC) que surgió en agosto de 2017, precisamente en el contexto de la violación a la Constitución hondureña por el régimen del Partido Nacional, decidió iniciar toda una jornada de movilizaciones luego de acontecer la crisis post-electoral; crisis que a su vez dio inicio a una nueva etapa en la política nacional: la instauración de una dictadura.

La Convergencia ha sido clara en sus objetivos: llevar a cabo una suerte de resistencia civil encaminada en acciones estrictamente legales: movilizaciones pacíficas, conferencias de prensa, y una campaña en defensa de los presos políticos. La convergencia aglomera a la vieja guardia sindical, y en su mayoría a varias organizaciones que le apuestan al proyecto reformista del Partido Libre. El problema es que es un poco más de lo mismo, es decir, LIBRE moviliza solo a su gente, pero no logra establecer una amplia alianza contra JOH, debido a que sectores de la burguesía han terminado aceptando al Uribe de Honduras. En esa soledad, la izquierda debe romper sus ilusiones en LIBRE, y postularse como única alternativa para derrocar a la dictadura de JOH, reconstruir la experiencia amplia y democrática del FNRP, para reunir a las masas populares en un solo bloque o frente que puede derrocar a la actual dictadura.

Para este 15 de septiembre de 2018 se ha convocado, como ocurre todos los años luego de acontecer el golpe de Estado del 2009, una movilización alterna que se dispute la mayor concurrencia de personas al margen del Estadio Nacional Tiburcio Carías. Mientras que el gobierno ha iniciado una campaña muy afín a su ya recurrente asistencialismo, de premiar a los estudiantes que asistan puntualmente a este ilegítimo y risible evento en el aniversario 197 aniversario de “independencia”.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a movilizarnos en contra del gobierno de JOH, ya que el 15 de septiembre no representa un avance en la tan distante independencia política de Centroamérica; y que dicho sea de paso, es incontrastable con los actos corruptos que los partidos tradicionales efectúan en nuestras narices. ¡No hay nada que celebrar en este mes! ¡Celebraremos hasta que las repúblicas centroamericanas estén libres de corrupción, y al fin, unidas bajo el socialismo!

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