Por Horacio Villegas

Los funcionarios del gobierno y los diputados del Congreso Nacional recibieron a finales de noviembre del año 2018 su jugoso aumento de salario. El FOSDEH ha publicado una tabla en donde se resumen los incrementos salariales de estos funcionarios públicos. En dicha tabla aparece el sueldazo del presidente que es de 151 mil 911 lempiras mensuales; el vicepresidente con 110 mil 862 lempiras; y los diputados propietarios quienes antes ganaban 55 mil lempiras, ahora pasaron a un total de 90 mil 892 lempiras al mes, sin duda alguna son cifras que dan pavor a cualquier hondureño con un empleo más o menos remunerado, que aproximadamente llega a los 8 mil 910 lempiras cada mes, y con el coste de una canasta básica que ronda los 8 mil 326 lempiras (El Heraldo, 19 de marzo de 2018).

Esta medida que aplasta la voluntad de los hondureños, contrasta con el Plan de Austeridad que comienza a implementar gradualmente Andrés Manuel López Obrador en México, que es diametralmente opuesto. Este nuevo presidente de los mexicanos, que rememora las gestas de los nacionalistas burgueses del siglo XX, se ha encontrado con el obstáculo de la numerosa burocracia estatal que no piensa soltar sus privilegios; y es precisamente la Suprema Corte de Justicia de aquel país, la que cuestiona esta medida severa para sus opulentos funcionarios.

En Honduras, los planes de austeridad no han formado parte de los programas políticos de los partidos tradicionales, y el despilfarro de dinero público en el ornamento de las campañas electorales ha sido la principal maniobra de los corruptos representantes de los partidos políticos. Acá la austeridad en vez de ser una política de Estado, forma parte del diario vivir de los hondureños que poco a poco van perdiendo poder adquisitivo.

El aumento del salario a los diputados fue una medida que si bien acumuló descontento entre los hondureños, no pasó a más. Las arengas de la Oposición concentraron algunas negativas al respecto, pero el tema acabó esfumándose de la opinión pública.

Ramón Oquelí escribía en 1966 que “al pueblo hay que mostrarle que los derechos se piden, se exigen o acaban imponiéndose a como haya lugar, y que es el mismo pueblo quien debe hacerlo.” No se trata de esperar ayudas y gestiones de organismos que se acomodan a las circunstancias, y que vuelven estrecho el paso hacia acciones concretas que hagan temblar, por ejemplo, los curules de los corbatudos y bien vestidos diputados.

La “gestión de la crisis” –receta que sale de ciertos trabajadores no gubernamentales– es dar por aceptada una injusticia y lanzarse como buitres al asecho para conseguir administrarla. Un amigo expresaba una vez, sin ningún molesto adorno de palabras, que este actuar de ciertas Ongs no es otra cosa que “echarle perfume a la mierda”, es más que seguro que se refería a que no se destruye el problema de raíz, sino que se acrecientan las formas de aguantarlo.

Resurgen alianzas en contra del gobierno nacionalista

Producto de la crisis post-electoral de noviembre del 2017, surgieron o se reanimaron varias instancias de agrupamiento de los sectores sociales que se batieron en lucha contra la dictadura: una de ellas es la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), que aglomera a ciertos colectivos de barrios y colonias, compuesta también de sindicatos y la figura vital del padre Melo y Carlos H. Reyes.

Otra es la Plataforma Social Ciudadana (PSC), que empezó a tener más visibilidad en el panorama político al exigir abiertamente la salida del dictador Juan Orlando Hernández del gobierno, debido –así lo expresan– a la ruptura del orden constitucional. Esta instancia además de agrupar al representante del Partido Liberal Luis Zelaya, y al padre Melo, tiene en su seno también a ciertos sectores del empresariado que empiezan a resentir las arremetidas del gobierno en términos de impuestos y preferencias a grupos económicos afines a la dictadura. Estos empresarios y jóvenes de la clase media acuden con frecuencia a la máxima burguesa de invocar a los órganos de justicia emanados del Poder Judicial, cuando es sumamente notable la filiación que tienen dichos órganos con la dictadura nacionalista, es el caso de la Corte Suprema de “Justicia”.

La PSC tiene como objetivo convocar a “elecciones generales anticipadas”, bajo la responsabilidad de un “Gobierno Provisional”, tal como lo propuso en su momento Luis Zelaya. El padre Melo es quien hasta el momento ha liderado la lucha en contra del régimen abiertamente en las redes sociales y en los comunicados de prensa, ha sostenido incluso propuestas más claras que Libertad y Refundación.

A comienzos de este mes la Plataforma de Acción Ciudadana Contra la Dictadura (PACD), estableció una jornada de protestas antigubernamentales desde el 21 al 26 de enero del 2019. La plataforma aclara que no es un partido y que la aglomeran varios representantes de la Oposición: la conforman Luis Zelaya y Enrique Ortíz del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila de Libre, la encabeza también el padre Melo, quien afirma lo siguiente:

“Nosotros llamamos a esta lucha independientemente si pertenecemos a organizaciones populares sociales a partidos políticos. Porque todos repudiamos que pretendan presentarla como una lucha entre partido de izquierda y de derecha” (Tiempo hn, 9 de enero 2019).

La jornalización de las protestas para este mes de enero coinciden con un escenario de negociaciones del gobierno y ciertos representantes de los trabajadores gubernamentales, que han exigido un aumento salarial más alto al estipulado en el presupuesto general de la República. Precisamente la ministra de finanzas Rocío Tábora, ha anunciado –mientras se escribe esta nota– un pírrico aumento de 800 lempiras a este sector; lo que contrasta con los aumentos salariales injustificados de los cínicos diputados del Congreso Nacional.

Otra caravana de hondureños parte hacia EEUU

Una tercera caravana de hondureños decidió tomar el azaroso rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Las presiones para llevar a cabo este éxodo son muchas, y principalmente están relacionadas con la situación de pobreza extrema y violencia que impera en el país. Las 6 masacres que han devorado la vida de 22 personas han demostrado el ambiente de inseguridad que se vive ahora con mayor intensidad en nuestro país.

El partido de gobierno ha desatado todo un programa de falsedades a la hora de dar cuenta de las causas de este fenómeno que inquieta los medios de comunicación internacional y su feroz e implacable opinión pública. Las ciudades epicentros de esta gran movilización de personas que buscan seguridad y mayor estabilidad económica, siguen siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa, aunque también de otras regiones del interior.

Mientras los hondureños que decidieron partir hacia el Norte por motivos archiconocidos e irrebatibles, se resguardan en algún albergue o tienda de campaña temporal, los funcionarios gubernamentales de este gobierno, bien nutridos y elegantes, han propuesto detener a los jóvenes que deciden irse por el camino difícil de la migración, el único medio que según ellos, podrá resarcir la ausencia de oportunidades de empleo y seguridad, dos condiciones inexistentes en esta dictadura.