Por Horacio Villegas e Ixcel Zambrano

Los datos que arroja el observatorio de la Violencia de la Universidad nacional Autónoma de Honduras al finalizar el año 2018, en el caso de homicidios, fueron los siguientes: 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes (Tiempo Digital, 23 de diciembre de 2018). Una cifra que pone al filo de la incertidumbre a la mayoría de jóvenes que recurre a espacios públicos como centros educativos, la universidad y los mismos barrios y colonias del país.

El auge de casos de violencia, robos y delincuencia común en la universidad, ha sido el aliciente perfecto para que las autoridades universitarias promuevan en la actualidad, un plan de seguridad interna en el campus; una política muy parecida al “barrio seguro” que enarboló el nacionalista Ricardo Álvarez, que no era otra cosa que colocar portones en las colonias y residenciales de la capital, amurallando pasos que antes eran de libre acceso, con el pretexto de reducir los asaltos. Esta política de aislamiento de la violencia no consiguió combatir este flagelo, pues fue más una medida de seguridad interna, que no preveía en lo absoluto el combate estructural de la violencia en el largo plazo.

Recientemente los encargados de la imagen de la universidad, entre ellos Armando Sarmiento, han dado declaraciones sobre el tema, arguyendo que es necesario redoblar las medidas de seguridad interna del campus instalando más cámaras de vigilancia. La construcción del edificio Alma Mater, aparte de tener las más opulentas oficinas, implicó la compra de cámaras de vigilancia que superaron a los demás países de la región en el tema. Este no tan nuevo discurso de equipamiento y gasto de fondos en cámaras de vigilancia, demuestra que los representantes de la universidad no tienen ninguna política que demuestre el combate de la violencia por otros medios que no sea el aislamiento y la huida del fenómeno.

El lunes 4 de marzo se llevó a realización el bloqueo de los portones de la Universidad y la regulación de la entrada a la misma, por parte de la nueva guardia de seguridad privada; esta acción fue anunciada días atrás por Ayax Irías –el encargado de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles VOAE. De ahora en adelante, el ingreso al Alma Mater será mediado por un carnet estudiantil. De inmediato los estudiantes universitarios protestaron por esta cortoplacista medida y algunos se mostraron reacios a este bloqueo que traerá muchas consecuencias si no se combate desde ahora.

La nueva política de seguridad de la UNAH: Combatir la violencia, mas no la cultura de la violación 

Esta medida de cerrar los portones de Ciudad Universitaria se asemeja a las políticas del gobierno nacionalista que pretende aprovecharse del estado permanente de violencia en el que nos encontramos, para justificar más fondos a las secretarias de Seguridad y Defensa. En el fondo estas medidas no demuestran un plan estructurado de combate a este fenómeno, más bien vuelven notoria la ineficacia y la falta de voluntad que tienen los burócratas administrativos en fomentar otras formas de prevenir un entorno violento, como ser el mantenimiento seguro de los edificios por personal de seguridad de la Unah en acompañamiento de profesores universitarios y también los mismos estudiantes, y ¿porqué no el fomento de prácticas de autodefensa que implique la seguridad personal ante estas situaciones?; en definitiva, una especie de gestión conjunta y preventiva de espacios frecuentemente utilizados por los que cometen delincuencia común e intentos de violaciones. Cerrando portones a otro público, no se concientiza a la gente del papel que tienen para prevenir estas situaciones.

Por el hecho de pertenecer a una sociedad que posee altos índices de violencia, y que de paso tiene un pasado violento lleno de crímenes de estado, represiones, y también violencia familiar; encarnamos la mayoría de hondureños, el germen de la violencia, ya sea para rechazarla o para reproducirla. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los perpetradores de violaciones en la universidad, podrían ser también ciertos estudiantes que son propensos a este tipo de actitudes deplorables. El mal lo tenemos dentro de la Universidad también, y con la medida de cerrar portones y regular entradas no se combaten estas realidades incómodas para los que administran la UNAH.

Con esta medida que vuelve paradójica y un tanto quimérica la casa de estudios superiores del “pueblo hondureño” –pues se ha olvidado la pregunta de ¿a quién se debe la Universidad?, y se cierra de tajo también la aclamada “vinculación Universidad-¿Sociedad?”–, se pregonan ciertas intenciones escondidas bajo un discurso que no ofrece ningún resultado efectivo en materia de reducción de la inseguridad. Las consecuencias directas de esta nefasta política son las siguientes:

1) Al cerrar el campus universitario, se le está privando y negando el ingreso a pueblos organizados en plataformas de lucha indígena y campesina, así como al pueblo garífuna organizado. Es decir, la Universidad no será el epicentro y casa de nuestros hermanos que vienen del interior del país a la ciudad por la exigencia de derechos usurpados por el Estado Hondureño. No habrá Alma Mater para los otros hijos iguales o más dignos, por el hecho de no portar un carnet estudiantil.

2) Si los estudiantes universitarios permiten estas medidas graduales de control, tendrán pronto otros mecanismos más sofisticados de persecución política. Habrá una pérdida paulatina del derecho a la protesta; y con esto la normalización de un régimen que, empleando todos los medios a su favor, pretende neutralizar cualquier disidencia estudiantil ante estas medidas antidemocráticas y excluyentes.