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HONDURAS.- El Congreso Nacional: otra expresión de la dictadura nacionalista

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Por Emilio Molina

Tanto la prensa oficial como la llamada prensa alternativa, cruzaron opiniones respecto al tema de las recién aprobadas Reformas Electorales; unos, ovacionaron la iniciativa del partido Libertad y Refundación en dirigir el tema en el hemiciclo legislativo; y los otros, condenaron el papel de una Oposición que, incoherentemente, convocaba a una jornada de protestas a nivel nacional ―con comandos insurreccionales no violentos―, mientras días atrás pactaba con el partido de gobierno unas cuestionadas reformas electorales.

La segunda vuelta electoral, el voto electrónico, y la prohibición definitiva de la reelección no fueron temas centrales en esta sesión del Congreso Nacional. Por su parte, la agrupación de empresarios del COHEP, liderada por Juan Carlos Sikaffi, en franca aceptación del resultado de esta superficial reforma, se sintieron complacidos con los acuerdos pactados por los tres partidos mayoritarios en el Congreso: el Partido Nacional, Libertad y Refundación, y el Partido Liberal; y declararon que los 112 diputados del Congreso Nacional que votaron a favor de estas reformas, tienen una bien pronunciada “madurez política” por haber llegado a tales acuerdos. Estos menudos y bien sonados acuerdos, se simplifican en la creación de más dependencias burocráticas: el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral; que suponen en el fondo una jugosa repartición de cargos de la institución encargada del tema de elecciones.

Las opiniones en general fueron más contrarias que favorables al darse por finalizado el supuesto debate sobre las reformas electorales: entre ellos personajes como el padre Melo calificó de ser “cachurecos” a los diputados de Libertad y Refundación que traicionaron la voluntad de sus votantes al ceder sin mayores obstáculos a los intereses de la dictadura nacionalista, que busca suplantar el tema de la reelección con propuestas raquíticas e insuficientes, por no decir banales.

La expresión “Fuera Joh”, que tanto llegó a formar parte de las consignas de la lucha popular en la crisis electoral del 2017, es interpretada por el vetusto diputado de Libre, Juan Barahona, como una frase llena de contenido político. Es cierto que aquella expresión llenó de bravura e impulsos a todos los jóvenes que nos batimos en las calles en contra del ejército y la policía mientras se gestaba el fraude electoral; pero la expresión hoy tendría que ser más abarcadora y arrastrar bajo su fuerte contenido (¡), a los diputados de la Oposición que traicionaron con crudo cinismo al pueblo hondureño al ceder sus votos como congresistas al Partido Nacional.

La dictadura nacionalista se respalda en el Congreso Nacional

Los miembros de la Oposición prometieron, al ser virtuales ganadores de cargos de elección popular en el Congreso ―tomando con frescura sus credenciales de diputados―, que le harían oposición frontal a las propuestas de una bancada mayoritaria que coronaba un fraude electoral y a un dictador. La retórica en ese entonces era la del: “acompáñennos en el Congreso para seguir luchando contra la dictadura”. Libertad y Refundación dejó claro en ese entonces el panorama más o menos predecible: la sórdida negociación antes que una verdadera insurrección popular en contra del gobierno cachureco.

Recientemente se convocó a la reactivación de “comandos insurreccionales” que surgirían en un momento difuso por el retroceso de la lucha en relación a los últimos meses del 2017; lo que para muchos resultaría en una pésima maniobra de la Oposición dadas las condiciones absurdas: por un lado, la conciliación en el Congreso por el tema de las Reformas Electorales, y por el otro, la cuestionable organización de la “insurrección pacífica” abanderada por Libre, que no consiguió el acompañamiento popular suficiente.

En el mes de diciembre del año 2018 el Gobierno de Joh aprobó un escandaloso acuerdo que vendría a promover aún más la impunidad que reina en este país. El Acuerdo No. 842-2018, que consiste en blindar la información que contiene la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas; éste se sustenta en el Artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que reza lo siguiente:

“La Clasificación de la Información Pública como Reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público de conocer la misma o cuando la divulgación de la información ponga en riesgo o perjudique: 1.- “La seguridad del Estado…” (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de diciembre de 2006, p. 12).

Basados en esta clasificación de la información pública como “Reservada”, los promotores de este acuerdo ―el gobierno nacionalista a través de la secretaría de Finanzas, al mando de Rocío Tábora― sacan del ámbito del conocimiento público 12 puntos referidos a información relacionada con nombres de funcionarios encargados de ventas y compras de inmuebles gubernamentales, movimientos bancarios, presupuestos asignados a Defensa y Seguridad, entre otros asuntos de vital importancia:

“1. Nombres de los integrantes de las comisiones de avalúos de compra y venta de Bienes Inmuebles de Gobierno; 2. Saldos y movimientos bancarios y en libros de las cuentas manejadas por la Tesorería General de la República; 3. Transferencias a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para pagos que garanticen Seguridad del Estado y la Soberanía Nacional; 5. Pagos que se realizan a través del Sistema SIAFI en lo relativo a: a) Sueldos, en lo concerniente al nombre del empleado; y, b) Deducciones personales; 6. Todo lo relacionado a órdenes judiciales de embargos sobre el sueldo de empleados públicos, excluyéndose de esta reserva los embargos sobre pagos a proveedores del Estado por tratarse de fondos de carácter público, salvo en el expediente judicial correspondiente se haya declarado secretividad o reserva; 10. Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas, en tanto el mismo no haya sido enviado oficialmente al Congreso Nacional de la República para su aprobación…” (Acuerdo No. 842-2018, Diario Oficial La Gaceta, publicado el 8 de enero de 2019, p. 4).

¿Por qué una gran mayoría de diputados también mira favorable este acuerdo que en lo general vuelve un asunto hermético la rendición de cuentas, la transferencia de fondos a la “seguridad del Estado”, y la discreción en presupuestos asignados a las instituciones? Una especie de colaboracionismo y silencio se apoderó de los curules de los “representantes” del pueblo. Era de esperarse, desde luego, la condescendencia de los corruptibles diputados nacionalistas, quienes tienen la soga en el cuello por otros escándalos de corrupción como el “Caso Pandora” y el primer “Pacto de Impunidad”, pero los diputados de la Oposición también han demostrado formar parte de las movidas sucias que tiene este gobierno. La conclusión es simple: las tres bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional ―sino todas― no poseen en sus filas a honestos y limpios diputados que no hayan frecuentado una “tranza” o una jugada maltrecha; por lo tanto “blindarse” ellos y su gente cercana, ante escenarios de investigaciones relacionadas a la corrupción, es el amén de todos los inmundos honorables de la impunidad.

No tenemos Oposición en el Congreso Nacional

El Fraude Electoral del 2017 definió una situación sumamente incómoda para los sectores en lucha. Aquello tenía que ver con la composición del Congreso Nacional, ya que las candidaturas de la Oposición representaban la segunda fuerza en este poder legislativo, lo que llevó a los candidatos opositores a una encrucijada: aceptar las credenciales de diputados, o deslegitimar a la dictadura rechazando puestos que le darían equilibrio a una democracia ya de por sí mutilada por el fallo de la Corte Suprema de ¿Justicia? a favor de la reelección de JOH.

La primera opción fue decidida sin mayores obstáculos o deliberaciones, y aquellos diputados “combativos”, que juraron acabar con la dictadura, ahora aceptaban ser los garantes del equilibrio de poderes, para hacerle oposición al gobierno desde sus cómodos asientos y sus recios salarios de funcionarios públicos. Los días, meses, y el primer año pasaron sin mayores sobresaltos, sólo asombros de parte de la población por el aumento de salarios que se concedieron estos sagaces luchadores populares. Y el acabose de todo esto fue la doble traición que recibimos: el descomunal incremento salarial “necesario”, según ellos, y la aprobación de los Fondos de Desarrollo Departamental, una jugarreta bien armada que nos cuesta más dinero público (¿quizá sean estímulos para que sigan luchando?).

El poder legislativo, que tiene como sede el Palacio Legislativo, es decir, el Congreso Nacional, que está compuesto por 128 diputados de 7 Partidos, que representan los 18 departamentos del país, entre los cuales resaltan los tres partidos mayoritarios: Partido Nacional, Partido Liberal y Libre; en este Palacio ―así lo entienden sus mayores defensores―, se legisla para crear, reformar y promover leyes que preconicen un presente favorable para los hondureños. Las decisiones dadas en este poder han marcado y siguen marcando la historia reciente de nuestro país: allí llegan propuestas de proyectos energéticos, propuestas de privatización o rescate de instituciones, y presupuestos asignados a cada dependencia del Estado. Allí se cocinan mociones desérticas y fuera de lugar como declaraciones de platillos nacionales, y se aprueban concesiones siniestras del territorio nacional a proyectos extractivos. La dictadura tiene cooptados los tres poderes del Estado, y el único contrapeso prometido al pueblo ha cedido en colaborar junto al Partido Nacional en la reforma y gobernanza, codo a codo, de instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP). ¿Esperaremos más colaboraciones de este tipo?

La “Oposición Legislativa” a la dictadura ha claudicado, a todas luces, a los planes cachurecos al negociar el manejo y reparto de las instituciones como el RNP y consensuar reformas electorales sin sentido alguno; pese a que nuestros diputados luzcan bufandas y carteles que se esmeran en decir unas cuentas verdades al partido de gobierno, no se cambiará de esta forma llamativa, la compleja situación en la que nos encontramos. La normalidad legislativa camina paso a paso, ocultando viejas rencillas entre los partidos, y cultivando más el diálogo y consensos amistosos, aunque la crisis electoral haya devorado más de 30 vidas.

Al pueblo hondureño sólo le queda por delante y como alternativa única la auto-organización y el replanteamiento de la lucha contra la dictadura. Al no tener oposiciones reales dentro del esquema partidario que promueve a Libertad y Refundación en el Congreso Nacional ―en el juego democrático burgués que “permite” las alianzas partidarias y las colaboraciones más infames―, es más que necesario aferrarse a la idea de que no existen programas conjuntos que involucren a los perpetradores de la dictadura y a los partidos de Oposición. Los partidos tradicionales llevan tras de sí la impunidad, el irrespeto a la voluntad popular, la subordinación al imperialismo estadunidense y las confabulaciones para defender los intereses de corruptos y empresarios. Con el peso de esta tradición que los recubre, será difícil redimirlos a un verdadero planteamiento que tome las verdaderas exigencias de movimientos sociales, trabajadores, estudiantes, y demás clases oprimidas y pauperizadas de este país.

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