Por Rubén Molina

Ha comenzado el día propuesto por el Partido Libertad y Refundación (Libre), para continuar con las protestas y tomas de carreteras a nivel nacional. Se cumple hoy un año entero del fraude electoral, y la dinámica de los partidos de Oposición y el Gobierno no ha sido de una franca batalla, ni mucho menos; pues en el plano del formalismo de las instituciones representativas como el Congreso Nacional, las oposiciones encendidas de hace un año se han apagado a tal punto que ya se vislumbran alianzas oscuras entre el partido de gobierno y los “opositores” de Libre.

Los anuncios de “comandos insurreccionales” que han sido instruidos bajo la fórmula de la “no violencia”, llenan el vacío de un verdadero programa de lucha en contra del gobierno; programa que debería de involucrar las diferentes dimensiones en las que se debe resistir a la dictadura nacionalista: el plano de la lucha popular; que necesariamente conlleva a consensuar un calendario o agenda realista de acciones antigubernamentales como ser movilizaciones, y huelgas generales. El plano de la lucha frontal en el poder legislativo; si bien es cierto que la Oposición aceptó formar parte de la representación en el Congreso Nacional, y anunció con bombos y platillos ser la única voz y opción en contra de los proyectos del Partido Nacional, la discordia otrora salida de los discursos de los diputados opositores ha ido menguando en lo que va del año, quizá por los incrementos salariales recibidos y los presupuestos aprobados para su total manejo y antojo, como ser el Fondo de Desarrollo Departamental.

Hace unos días los diputados opositores de Libre consensuaron reformas electorales que rayan en lo más burdo y accesorio, pues se crearon –a la usanza de las viejas prácticas acomodadas a intereses partidarios– dos órganos engendrados para ensanchar más los espacios burocráticos:  El “Consejo Nacional Electoral” y el “Tribunal de ¿Justicia? Electoral”. En esta errática y malograda sesión de curules, no se dijo nada sobre la “segunda vuelta” electoral, y tampoco sobre las manipulaciones, compra de votos y financiamientos externos dados por el narcotráfico. No fue suficiente con los aplausos absurdos que sonaron en este ciclo de los “Padres de la Patria”, sino que tuvimos que ser espectadores de intercambios de halagos provenientes del más hórrido y servil diplomatismo, como si se tratase de un trato de “compadre hablado”.

¿Qué está pasado?

Hasta el momento, la represión por parte de la guardia creada para aplastar levantamientos contra el gobierno (La Policía Militar), comienza a ser un hecho. Con mucha antelación, estos gendarmes, merodearon los barrios populares epicentros de la lucha contra el Fraude Electoral durante noviembre y diciembre del año pasado, a fin de aplastar cualquier quema de llantas o toma de carretera. En la Capital la lucha ha sido encabezada por barrios como el Carrizal, El Cerro Grande, El Hato, entre otros. Los departamentos de Choluteca, Francisco Morazán y Santa Bárbara, –mientras se escribe esta nota–, son los que encabezan la lucha conmemorativa de la resistencia surgida durante el fraude electoral del año pasado. Y a rasgos generales, la intensidad de las protestas no se compara con la de hace un año.

Por Horacio Villegas

Los funcionarios del gobierno y los diputados del Congreso Nacional recibieron a finales de noviembre del año 2018 su jugoso aumento de salario. El FOSDEH ha publicado una tabla en donde se resumen los incrementos salariales de estos funcionarios públicos. En dicha tabla aparece el sueldazo del presidente que es de 151 mil 911 lempiras mensuales; el vicepresidente con 110 mil 862 lempiras; y los diputados propietarios quienes antes ganaban 55 mil lempiras, ahora pasaron a un total de 90 mil 892 lempiras al mes, sin duda alguna son cifras que dan pavor a cualquier hondureño con un empleo más o menos remunerado, que aproximadamente llega a los 8 mil 910 lempiras cada mes, y con el coste de una canasta básica que ronda los 8 mil 326 lempiras (El Heraldo, 19 de marzo de 2018).

Esta medida que aplasta la voluntad de los hondureños, contrasta con el Plan de Austeridad que comienza a implementar gradualmente Andrés Manuel López Obrador en México, que es diametralmente opuesto. Este nuevo presidente de los mexicanos, que rememora las gestas de los nacionalistas burgueses del siglo XX, se ha encontrado con el obstáculo de la numerosa burocracia estatal que no piensa soltar sus privilegios; y es precisamente la Suprema Corte de Justicia de aquel país, la que cuestiona esta medida severa para sus opulentos funcionarios.

En Honduras, los planes de austeridad no han formado parte de los programas políticos de los partidos tradicionales, y el despilfarro de dinero público en el ornamento de las campañas electorales ha sido la principal maniobra de los corruptos representantes de los partidos políticos. Acá la austeridad en vez de ser una política de Estado, forma parte del diario vivir de los hondureños que poco a poco van perdiendo poder adquisitivo.

El aumento del salario a los diputados fue una medida que si bien acumuló descontento entre los hondureños, no pasó a más. Las arengas de la Oposición concentraron algunas negativas al respecto, pero el tema acabó esfumándose de la opinión pública.

Ramón Oquelí escribía en 1966 que “al pueblo hay que mostrarle que los derechos se piden, se exigen o acaban imponiéndose a como haya lugar, y que es el mismo pueblo quien debe hacerlo.” No se trata de esperar ayudas y gestiones de organismos que se acomodan a las circunstancias, y que vuelven estrecho el paso hacia acciones concretas que hagan temblar, por ejemplo, los curules de los corbatudos y bien vestidos diputados.

La “gestión de la crisis” –receta que sale de ciertos trabajadores no gubernamentales– es dar por aceptada una injusticia y lanzarse como buitres al asecho para conseguir administrarla. Un amigo expresaba una vez, sin ningún molesto adorno de palabras, que este actuar de ciertas Ongs no es otra cosa que “echarle perfume a la mierda”, es más que seguro que se refería a que no se destruye el problema de raíz, sino que se acrecientan las formas de aguantarlo.

Resurgen alianzas en contra del gobierno nacionalista

Producto de la crisis post-electoral de noviembre del 2017, surgieron o se reanimaron varias instancias de agrupamiento de los sectores sociales que se batieron en lucha contra la dictadura: una de ellas es la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), que aglomera a ciertos colectivos de barrios y colonias, compuesta también de sindicatos y la figura vital del padre Melo y Carlos H. Reyes.

Otra es la Plataforma Social Ciudadana (PSC), que empezó a tener más visibilidad en el panorama político al exigir abiertamente la salida del dictador Juan Orlando Hernández del gobierno, debido –así lo expresan– a la ruptura del orden constitucional. Esta instancia además de agrupar al representante del Partido Liberal Luis Zelaya, y al padre Melo, tiene en su seno también a ciertos sectores del empresariado que empiezan a resentir las arremetidas del gobierno en términos de impuestos y preferencias a grupos económicos afines a la dictadura. Estos empresarios y jóvenes de la clase media acuden con frecuencia a la máxima burguesa de invocar a los órganos de justicia emanados del Poder Judicial, cuando es sumamente notable la filiación que tienen dichos órganos con la dictadura nacionalista, es el caso de la Corte Suprema de “Justicia”.

La PSC tiene como objetivo convocar a “elecciones generales anticipadas”, bajo la responsabilidad de un “Gobierno Provisional”, tal como lo propuso en su momento Luis Zelaya. El padre Melo es quien hasta el momento ha liderado la lucha en contra del régimen abiertamente en las redes sociales y en los comunicados de prensa, ha sostenido incluso propuestas más claras que Libertad y Refundación.

A comienzos de este mes la Plataforma de Acción Ciudadana Contra la Dictadura (PACD), estableció una jornada de protestas antigubernamentales desde el 21 al 26 de enero del 2019. La plataforma aclara que no es un partido y que la aglomeran varios representantes de la Oposición: la conforman Luis Zelaya y Enrique Ortíz del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Nelson Ávila de Libre, la encabeza también el padre Melo, quien afirma lo siguiente:

“Nosotros llamamos a esta lucha independientemente si pertenecemos a organizaciones populares sociales a partidos políticos. Porque todos repudiamos que pretendan presentarla como una lucha entre partido de izquierda y de derecha” (Tiempo hn, 9 de enero 2019).

La jornalización de las protestas para este mes de enero coinciden con un escenario de negociaciones del gobierno y ciertos representantes de los trabajadores gubernamentales, que han exigido un aumento salarial más alto al estipulado en el presupuesto general de la República. Precisamente la ministra de finanzas Rocío Tábora, ha anunciado –mientras se escribe esta nota– un pírrico aumento de 800 lempiras a este sector; lo que contrasta con los aumentos salariales injustificados de los cínicos diputados del Congreso Nacional.

Otra caravana de hondureños parte hacia EEUU

Una tercera caravana de hondureños decidió tomar el azaroso rumbo hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Las presiones para llevar a cabo este éxodo son muchas, y principalmente están relacionadas con la situación de pobreza extrema y violencia que impera en el país. Las 6 masacres que han devorado la vida de 22 personas han demostrado el ambiente de inseguridad que se vive ahora con mayor intensidad en nuestro país.

El partido de gobierno ha desatado todo un programa de falsedades a la hora de dar cuenta de las causas de este fenómeno que inquieta los medios de comunicación internacional y su feroz e implacable opinión pública. Las ciudades epicentros de esta gran movilización de personas que buscan seguridad y mayor estabilidad económica, siguen siendo San Pedro Sula y Tegucigalpa, aunque también de otras regiones del interior.

Mientras los hondureños que decidieron partir hacia el Norte por motivos archiconocidos e irrebatibles, se resguardan en algún albergue o tienda de campaña temporal, los funcionarios gubernamentales de este gobierno, bien nutridos y elegantes, han propuesto detener a los jóvenes que deciden irse por el camino difícil de la migración, el único medio que según ellos, podrá resarcir la ausencia de oportunidades de empleo y seguridad, dos condiciones inexistentes en esta dictadura.

Por Libnny Espinoza

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH. .

Introducción

El Plan Alianza para la Prosperidad del “Triángulo Norte” (PAPTIN), auspiciado por el Gobierno de Estados Unidos de Norte América, en 2014, contempla reducir la migración ilegal en Honduras, El Salvador y Guatemala. Para ello pretende contrarrestar la narcoactividad y violencia organizada sin reconocer las causas que la provocan. De este modo omite la falta de oportunidades, violencia y pobreza, que ponen en desventaja competitiva, a la mayoría de las personas migrantes que no logran generar ingresos suficientes para la subsistencia de sus familias, especialmente hondureñas. Ello obliga a buscar otras alternativas fuera del país, generalmente buscando el sueño americano, ante las inminentes amenazas que vale la pena reseñar.

Procesos

El 13 octubre de 2018 San Pedro Sula fue noticia mundial, una caravana migrante salía rumbo a EEUU, no sería la primera y tampoco será la última. Su travesía fue de Honduras a Guatemala, luego México con el fin de llegar frontera con EEUU. Muchos Centroamericanos se unieron en el camino a la caravana; representaba seguridad ante los peligros de ser secuestrados, golpeados, robados al hacerlo clandestinamente. También por las muestras de solidaridad que recibieron en todo el trayecto. Sin embargo, la actual caravana se encuentra en Tijuana haciendo trámite para un posible asilo en EEUU, otros miembros de la caravana no han deseado esperar el lento trámite migratorio por lo que han decidido abandonarla y seguir por cuenta propia el camino, desafiando a las autoridades migratorias al cruzar las fronteras sin permiso.

Existen una serie de sentimientos encontrados en la mayoría de los centroamericanos, tanto de los que van, como de los que somos espectadores de este fenómeno. Las muestras de solidaridad son latentes, pero también las de desprecio. Sin embargo, esta migración forzada tiene sus orígenes. Muchos se preguntaran ¿Porque las personas huyen? ¿Qué está pasando en Honduras? Incluso los medios de comunicación hicieron creíble que se trataba de una “manipulación”. Ya existen crónicas sobre su paso por Guatemala y estadía en México; solo quiero demostrar las circunstancias inmediatas que la hicieron posible en Honduras.

Entre las coyunturales encontramos desde las malas prácticas políticas y económicas (aceleramiento del modelo neoliberal), el golpe de Estado del 2009, el fraude electoral. Entre las causas estructurales tenemos, pobreza, desempleo, una economía periférica en el mercado global, donde los mercados labores están concentrados en determinados países. Todos ellos detonantes para huir de las precarias condiciones que se vive en Honduras.

Neoliberalismo

Desde la llegada de este modelo económico en los años 90′ y su evolución histórica en Honduras, se ha concentrado en una serie privatizaciones de las empresas públicas entre ellos la salud y la educación, creando el subdesarrollo y dependencia al mercado internacional. Este modelo se ha agudizado después del 2010, creciendo en concesiones viales, marítimas y aéreas, concesiones a la energía eléctrica, mayor endeudamiento interno y externo, quitando toda intervención del Estado.

Golpe de estado

Otra de las causas coyunturales fue, con el intervencionismo de Estados Unidos en el golpe de Estado del 2009 perpetrado a Manuel Zelaya Rosales. Éste fue patrocinado por el ex presidente Barack Obama y su entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Ésta intervención ha dejado años de retraso económico, político, apoyando regímenes antidemocráticos e ilegítimos, –como el del actual dictador Juan Orlando Hernández–, y ha profundizado la dependencia económica hacia este país del Norte; también ha empeorado las condiciones de vida de millones de hondureños.^[1] Este fenómeno ha creado retraso en la economía, desesperanza y falta de oportunidades dentro del país, por lo cual muchos deciden abandonarlo.

Pobreza

Honduras en los últimos años ha logrado crear nuevos pobres como lo ha citado el Instituto Nacional de Estadística, según su encuesta permanente de hogares del 2017, el 65.7 % de la población se encuentra en condiciones de pobreza durante las últimas décadas. El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH)^[2] señala que ha aumentado 1.5 % en los últimos años, pese a los programas del gobierno y su intervención millonaria en la creación de políticas públicas fallidas, en lugar de reducir la pobreza ha incrementado.

A su vez, los precios de la canasta básica se encuentran en uno de los más altos de Centroamérica, equivale a unos 352.3 dólares (8,326 lempiras), mientras la mayoría de la población gana un salario entre 270-420 dólares mensuales, con ello debe de cubrir, alimentación, vivienda, transporte y educación, muchas familias se las arreglan diariamente para poder subsistir en especial en las zonas rurales, que viven en pobreza extrema con menos de 1.90 $ al día según el Banco Mundial en Honduras.

La siguiente gráfica muestra el salario mínimo en dólares a nivel nacional y por actividad económica. Por más empleo que pueda generarse, jamás lucharán contra la pobreza, las familias hondureñas no pueden sostenerse con estos salarios tan bajos, cuando apenas logran comprar la canasta básica, en otras palabras, en Honduras el empleo no reduce la pobreza.

Gráfica 1

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Central de Honduras 2015 y 2017.

Desempleo

Ha sido estudiado y demostrado que el causante del desempleo es el aceleramiento neoliberal y sus pésimas prácticas en Honduras, generado más desigualdad en beneficio de un pequeño sector empresarial. Según las encuestas del INE deja evidenciado que el 7.4% de la población está sin empleo o está buscando un empleo, el resto 92.6% son trabajadores asalariados y no asalariados. Este 92.6% puede significar que Honduras está en mejores condiciones económicas y tiene la mayoría de hondureños empleados, pero no es así, en realidad el empleo en Honduras no mejora la condición económica de la población, por sus bajos y pésimos salarios, no logrando cubrir sus necesidades básicas haciendo caer en pobreza.

 Gráfica 2.

Fuente: EPHPM, INE, junio 2016.

Por otro lado, existe en Honduras una exclusión de trabajo a los jóvenes, es decir que la población entre el rango de edades de 19 a 24 años es la más desempleada y afectada (ver Gráfica 3) ya que no cuenta con experiencia laboral o está en busca de su primer empleo según encuestas del INE. Este es otro de los motivos para que la juventud esté más expuesta a migrar o integrarse a grupos delictivos por falta de oportunidades.

Gráfica 3

Fuente: EPHPM, INE junio 2016.

Violencia

Según la Amnistía Internacional, la impunidad y la inseguridad se ha radicalizado después de las protestas de noviembre de 2017. Las protestas se organizaron por la falta de claridad en las elecciones presidenciales, el gobierno de Juan Orlando Hernández utilizó las fuerzas especiales junto a la policía militar para reprimir a los manifestantes, dejando cientos de personas arrestadas, imponiendo toques de queda por 10 días y como si fuera poco causó la muerte a 31 personas.

Estas cifras convierten a Honduras en uno de los países más violentos y peligrosos para los defensores de los derechos humanos, especialmente a los defensores de la tierra y medio ambiente que corren peligro con las constantes compañas de intimidación y hostigamiento incluyendo constantes amenazas a muerte por parte del Estado.

Si bien el caso más conocido es la muerte de la ambientalista Berta Cáceres en marzo del 2016, en el que aún no se han penalizado a los actores intelectuales culpables de su muerte. Muchos otros son menos conocidos fuera del país, claro ejemplo de esto fue el pasado junio, cuando tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fueron objeto de un ataque armado cuando regresaban de una reunión en un vehículo^[3], la mayoría de estos atentados les causa la muerte y las investigaciones de los asesinatos quedan impunes.

Por otro lado el aumento de muertes por violencia de género se ha incrementado, desde los meses de enero a octubre de 2018, el Centro de Derechos de las Mujeres (CDM) registró 236 muertes violentas de mujeres,^[4] sin olvidar que los hondureños se enfrentan a la violencia no solo por parte del Estado, sino por parte de maras y pandillas que operan en diferentes zonas del país.

Corrupción

Podría enumerar los constantes despilfarros de dinero por parte del actual régimen, desde los más ridículos como “Honduras actívate”,^[5] hasta los más peligrosos que han atentado contra la salud de los hondureños como ser el saqueo del Seguro Social en el 2014, el cual sigue impune. Otro de los latrocinios descarados fue la concesión a la empresa Vial COVI que hasta la fecha sigue saqueando dinero a los hondureño diariamente con los altos cobros del peaje; por último la concesión de la energía eléctrica ahora Empresa de Energía Honduras, quien ha aumentado los cobros de energía eléctrica a la población más pobre del país. Según analistas, la administración pública está conducida por un sector de políticos que ha entendido el Estado como su negocio.^[6]

Todos estos factores han motivado a las personas a huir de la crisis humanitaria que se vive, otros prefieren pelear en las calles yendo a tribunales exigiendo justicia ante los constantes atropellos que se le ha causado a la población hondureña; tomando en cuenta que muchos han sido reprimidos, perseguidos, encarcelados, exiliados y muertos por exigir justicia, otros mueren por la violencia de maras y pandillas que se mueve en las calles. Aquí no se puede vivir, sino te saquea el Estado, te saquean los grupos vandálicos. Mientras tanto el actual régimen orlandista menciona constantemente que “Honduras está Cambiando” lo cual está alejado de la realidad, mientras Honduras cada día se sumerge en la pobreza, violencia y desesperanza.

La caravana migrante es el reflejo de una sociedad hundida en la corrupción, que intenta sobrevivir ante las prominentes amenazas. Sé que los demás países Centroamericanos y del Norte tienen sus propios problemas y no están dispuestos a soportar “invasiones” como dicen, pero en realidad es momento de levantarse, investigar, y luchar por los derechos en cada país y exigirle a EEUU –país que paradójicamente abandera las luchas contra la corrupción en Centroamérica y a la vez interviene de manera negativa apoyando elites corruptas, golpes de Estado, lo que nos hacen convulsionar como sociedad– su dimisión definitiva de nuestros países centroamericanos.

Conclusiones

El Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte ha fallado por haber recortado sus recursos enfocados al desarrollo social y dirigidos a la seguridad, cuando el objetivo original era lograr desarrollo económico y social, fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción, pero 4 años más tarde, nada de eso ha sucedido, lo que explica por qué hoy la migración irregular ha empeorado. Lo anterior evidencia que el plan nunca tuvo como propósito principal el desarrollo de los pueblos.

La corrupción junto con la intervención norteamericana ha provocado que los flujos migratorios se intensifiquen, EEUU en parte es responsable de esta crisis y no dejan a Honduras tener una libertad política, económica o mantener su soberanía, usándonos como instrumento de experimento social y así mantenernos más dominados.

La caravana del 13 de octubre deja evidenciado la corrupción de la clase política y su poca preocupación por crear políticas públicas que garanticen estabilidad económica, políticas de las cuales pueden favorecer a la clase obrera del país, en la cual mejoren los salarios, haya una mejor cobertura de salud y educación en el país.

Frente a la problemática de Honduras, es un llamado no solo a la juventud sino a la población en general a seguir en la lucha, a cuestionar el sistema de Honduras, a mantener una presión constante para que la clase política entregue cuentas de la actual crisis humanitaria, exigiendo justicia a los constantes abusos contra la población hondureña. Esta es una causa que se debe seguir, tratando de educarnos, leyendo, informando y peleando en las calles. Por otro lado, tenemos el derecho de exigir la renuncia del actual presidente con todo su gabinete del Parido Nacional.

En fin, a Honduras le toca un largo recorrido y ardua lucha en contra la pobreza, los gobiernos venideros deben de impulsar políticas, convenios y alianzas que favorezcan a la población no solo al sector empresarial.

• §

Notas

^[1] La Botz “La caravana migrante desafían a los gobiernos del Continente” Viento Sur,sin volumen (2018) consultado el 28 de noviembre en https://vientosur.info/spip.php?article14358

^[2] FOSDEH, “Exclusión de la pobreza, desigualdad y desempleo en las perspectivas económicas de Honduras” (septiembre, 2017):2. Consultado el 2 de diciembre en http://www.fosdeh.com/2017/09/la-exclusion-la-pobreza-desigualdad-desempleo-las-perspectivas-economicas-honduras/

^[3] Informe 2017 y 2018, Situación de los derechos Humanos en el Mundo (Amnistía Internacional, 2018):231. Consultada el 1 de diciembre del  2018 en: https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF

^[4] Ibidem: 232.

^[5] Es un programa del gobierno para incentivar a las personas a “promover la actividad física”, en la cual se gastan millones de lempiras en políticas públicas innecesarias.

^[6] Moreno Ismael, “la caravana: ¿Quiénes la empujan, que factores internos la provocan, como situarnos?Envío, 56 (2018):3.

Por Horacio Villegas

El jueves 6 de diciembre ocurrió un hecho peculiar cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que tuvo mucha semejanza a las acciones populares de los chalecos amarillos en Francia: se quemaron tres unidades de transporte exigiendo la rebaja de la tarifa al transporte público, que tuvo un aumento de un lempira a comienzos del mes de diciembre.

Los estudiantes universitarios únicamente protestaron contra estas medidas, y la quema de los autobuses ha sido puesta en cuestión, ya que rondaban policías exactamente en el lugar de los hechos. Este dato incrimina directamente como hechores de la acción a la Policía Nacional, quiénes tendrían pretextos para poder atrapar estudiantes y así sembrar terror entre los jóvenes universitarios, que podrían iniciar una jornada de protesta por esta medida que arremete contra la economía de los hondureños.

Las autoridades de la Universidad lanzaron un comunicado suspendiendo las clases a partir de las 2:00 pm, lo que también contribuyó a que el pretexto de detención de los jóvenes universitarios por la policía ocurriera sin mayores obstáculos; pues luego de la quema de los autobuses es de conocimiento común que varios jóvenes se quedarían viendo el evento, como simples espectadores, y no es posible que entre tantos universitarios la policía haya dado con los responsables, sin previas investigaciones. Se trata de un montaje en perjuicio de los compañeros manifestantes.

Los 3 compañeros que están guardando prisión provisional de manera arbitraria son Rolando Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez; y es el juez Número 11 del Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán quien les acusa de “incendio agravado”.

La abominable cara de la injusticia continúa lacerando la dignidad de inocentes. En algunas páginas estudiantiles se colocan ejemplos de contradicciones de la “justicia” hondureña: la red de diputados corruptos en el caso pandora, los enjuiciados por el tema del Seguro Social, el caso del hermano narcotraficante de Juan Orlando que fue juzgado fuera del país debido a la ceguera y sordera de los tribunales de “justicia” de acá, etcétera, etcétera.

Hasta el momento los organismos de defensoría de Derechos Humanos han dado respaldo a los compañeros que han sido enviados al presidio de Támara, con prisión provisional. Pero es necesario evidenciar la injusticia que se está cometiendo con estos compañeros que son inocentes, a través de campañas en contra de estas absurdas detenciones y demás actos que no son otra cosa que persecución hacia nuestros compañeros, y una forma burda de los órganos de seguridad del Estado, para tener nuevamente chivos expiatorios.