Por Marbin Amílcar Pérez Natarén

En el presente artículo no pretendemos hacer un análisis jurídico de los Decretos de Emergencia, llamados (PCM). El objetivo es para desenmascarar y desmontar el discurso público que hacen las autoridades en los medios de comunicación, sobre conceptos como transformación y reestructuración de la educación y la salud. Este discurso oculta sus planes perversos.

Primero que nada, que se oculta detrás del concepto “Decretos de Emergencia”. ¿Emergencia de qué y para qué? No tenemos ninguna emergencia: no ha habido ni terremotos, ni sismos, mucho menos huracanes, tsunamis o una guerra.  La única emergencia del Gobierno es la de privatizar la educación y la salud. Estos Decretos P.C.M son aprobados por el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) en Consejos de Ministros. Entonces ¿Cuál es la prisa del Gobierno para crear “Decretos de Emergencia”?

Hay muchas razones: una de ellas es la de honrar sus compromisos con los Organismos Financieros Internacionales. Es la principal causa, pero no la única:  la otra causa es el gran negocio de los llamados “empresarios”, dueños de los bancos.

Ley de transformación y reestructuración de la educación y la salud

Uno de los argumentos de los médicos y los profesores, es que dichos Decretos de Emergencia conduce a la privatización de la educación y la sanidad pública. El gobierno niega totalmente esta afirmación.

Pero si uno se adentra en el análisis de dos términos, sobre transformación y reestructuración, encontramos la explícita e implícita privatización parcial o total de la educación y la salud. La clave está en la famosa “transformación”. ¿Qué se va a transformar? Esa es la gran pregunta.

No es creíble la afirmación de los altos funcionarios del Estado, ya que ninguna de las instituciones públicas que ha intervenido, han sido para transformadas, sino más bien han sido saqueadas. Tenemos como ejemplos: el asalto sobre el Seguro Social (IHSS) y los hospitales públicos, el saqueo y quiebra de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE), y la Empresa de Telecomunicaciones (HONDUTEL), la Empresa Nacional Portuaria, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), el peaje sobre las carreteras, etc.

La intervención de muchas instituciones públicas ha servido para otorgar concesiones de todo tipo, hasta los aeropuertos. El Estado ya no tiene empresas que impulsan la construcción de escuelas, colegios y hospitales, pero se han construido cárceles de máxima seguridad, más bien son cárceles de Máxima tortura. ¡Qué ironía!  También las cárceles están privatizadas. Toda la modernización que el Estado está obligada a implementar se le concede a empresarios privados. Estos son los resultados del lenguaje sobre reconstrucción y reestructuración.

Salud y educación son un derecho Humano y constitucional

La Constitución de 1982 y sus reformas garantiza la gratuidad y obligatoriedad de la salud y la educación. El artículo 151 contiene ese mandato: “la educación es función del Estado, para su conservación, y el fomento y la difusión de la cultura, la cual deberá de proyectar sus beneficios a la sociedad sin discriminación de ninguna naturaleza”.

Bueno, parece que la actual administración del Estado ha olvidado el artículo 151, no sé sabe si a propósito La mayoría de las escuelas, y colegios públicos en el país están abandonados y semi derruidos. Ante la ausencia del cumplimiento del mandato constitucional, los padres de familia y los docentes han tenido que asumir la infraestructura, la vigilancia, la pintura, el material didáctico, incluso han tenido que asumir los pagos de las planillas de seguridad, pagos de los recibos de energía eléctrica, pagos de los recibos de agua. Si eso no es privatizar, entonces ¿cómo se le podría llamar?

La ley es clara: ordena que la educación es función esencial del Estado. Otro de los problemas muy delicados son las escuelas unidocentes. El gobierno no está preocupado de actualizar y modernizar realmente la educación, que implicaría, entre otros aspectos, la actualización de los currículos para mejorar la capacitación de los docentes, lo que a su vez conllevaría a mejorar los salarios.

Otro dato importante. Se han abierto un montón de Centros de Educación Básica, lo que está bien, pero hay un problema emergente: la mayoría de los profesores que imparten asignaturas como química, español, física, ciencias naturales, inglés, historia de Honduras, entre otros son licenciados en pedagogía, no son especialistas en la materia que imparten. Mientras que muchos de estos especialistas están en el desempleo

El ejemplo de esta distorsión, lo tenemos en las secretarias de Estado. La Ministra de Salud es una analfabeta en el campo de la salud, pero es la máxima autoridad administrativa que va a despedir los médicos rebeldes.

Derechos Humanos y la salud

Una de las crisis más graves que atraviesa Honduras son las constantes violaciones a los Derechos Humanos en materia de salud. Solo en el saqueo del IHSS se robaron L 7300 millones de lempiras. Con ese dinero, habría terminado la pobreza de una buena parte de los hondureños, pero ocurrió todo lo contrario: existe un estado calamitoso en todos los centros de salud y hospitales públicos, con repercusiones sobre la atención al pueblo. Existen múltiples denuncias de abuso de autoridad por parte de altos funcionarios. Y añadido a eso, está la permanente falta de medicamentos en las farmacias, las malas instalaciones tienen que ver con la derruida infraestructura, y la falta de materiales quirúrgicos, etc.      

La Constitución de 1982 y sus reformas garantiza que la salud queda en manos del Estado y, por tanto, nosotros como ciudadanos debemos exigir que se cumpla con ese derecho.  El artículo 145 ordena: “Reconoce el derecho a la protección de la salud (..) es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. (…) el Estado conservara el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas”. 

La ley es bien clara, y no parece haber confusión, ni hay necesidad que se presta para que haya interpretaciones ni nada por estilo de los trucos que utilizan los abogados. Habrá que invitar a los diputados de partido Nacional, y los diputados del partido Liberal, a los diputados del partido Libre, (…) y al feje de Estado y a todos sus ministros que vayan a recibir atención médica; en el Mario Catarino Rivas, en el Hospital Escuela, y en otros centros de salud pública.

Se supone que los hospitales públicos y centros de salud deben prestar servicios médicos gratuitos, con un sistema de cobertura Universal, pero este no es el caso de Honduras.     

El artículo 149 de la Constitución de 1982 y sus reformas, establece lo siguiente: ”El  poder Ejecutivo por medio de Ministro de Salud Pública y asistencia Social, Coordinara todas las actividades públicas de los organismo centralizados y descentralizados de dicho sector. Mediante un plan nacional de salud en el cual se dará prioridad a los grupos más necesitados. Y continúa dicho artículo citado; corresponde al Estado supervisar las actividades privadas de salud conforme a la ley”. 

Pero en Honduras no hay Estado de Derecho, no existe el mínimo respeto por la ley, ni por el derecho, así que la justicia no protege a los más vulnerables como hace énfasis la Constitución. Las personas más necesitadas son las que más sufren los maltratos. Hay una enorme cantidad de quejas por parte de los pacientes:  Casos de abusos de autoridad de algunos médicos y enfermeras, casos de mala praxis entre otros. Pero, en realidad, mientras existen condiciones materiales deplorables en el sistema de salud, la culpa recaerá sobre individuos, cuando en realidad se debe al pésimo estado del sistema de salud publica