Por Horacio Villegas

Las convocatorias a movilizaciones y a las asambleas informativas son una constante en la lucha de los médicos y maestros. Los gremios magisteriales que ejercen sus labores al interior del país, se han sumado en este nuevo surgimiento de la lucha de los trabajadores públicos en defensa de la no privatización de la salud y educación. Días atrás, la doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, compareció en ciertos medios televisivos, afirmando que la lucha seguirá en pie mientras no se deroguen los decretos ejecutivos PCM-026-2018 y PCM-027-2018, y que la Plataforma de los trabajadores y trabajadoras del sector salud y educación seguirá tomando las medidas contundentes como es el paro de labores, para seguir presionando al gobierno. Por su parte los maestros también han evidenciado toda la crisis que enfrentan por las medidas antipopulares, que han sido intensificadas con los gobiernos sucesivos al golpe de Estado del año 2009.

“Los maestros exigen una jubilación justa y digna, el rescate del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema), la correcta aplicación de los colaterales salariales, concursos transparentes apegados a la ley y nombrar de forma permanente a los docentes interinos. Además, piden la eliminación de la jornada extendida, la no deducción del treceavo y catorceavo mes de salario y el pago de la ‘deuda histórica’ con el magisterio, entre otras exigencias.” (La Tribuna, 20 de mayo de 2019).

El gobierno ha respondido a las exigencias de los maestros y médicos, con el anuncio de un sonado diálogo que vendría –supuestamente– a resolver las fricciones entre el régimen y los sectores en lucha. Los representantes que el gobierno ha puesto en esta absurda propuesta de diálogo, son los encargados de ciertas instituciones como Carlos Madero, ministro del trabajo y Arnaldo Bueso, Ministro de Educación. Hasta el momento, los maestros han puesto tiempos límites al gobierno para que efectúen la derogación de los dos decretos ejecutivos. De lo contrario continuarán las protestas. La lucha de estos sectores, ha promovido la inserción de los jóvenes estudiantes de educación media y varios estudiantes de la facultad de medicina de la UNAH, a las jornadas de protesta, como fue el pasado martes 21, en el que los militares y policías salieron a reprimir a los manifestantes. Las movilizaciones, mítines, y la realización de un Paro a nivel nacional, es el rumbo al que tiene que ir dirigida la lucha de los médicos y maestros. Primero la derogación de los decretos ejecutivos, y luego la derrota definitiva del gobierno nacionalista.

¿Insurrección legislativa?

El viernes 17 de mayo se desató una polémica en las sesiones a lo interno del Congreso Nacional, debido a la elección de los magistrados o nuevos burócratas que asumirán la dirección de las nuevas dependencias creadas en reemplazo del Tribunal Supremo Electoral: el Consejo Nacional Electoral. Los congresistas que apelaron por la creación de más instancias ocupadas por los partidos tradicionales –incluido Libre–, esperaban con ansias la repartición de puestos en este nuevo órgano electoral; no obstante, para sorpresa de muchos, los cargos que se pusieron a degustación de los corbatudos diputados, terminaron inclinándose para el lado de la bancada del partido nacional, y hacia las viejas figuras que coronaron el Fraude Electoral del 2017 –Matamoros Batson por ejemplo.

Los “beligerantes” diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) crujieron sus dientes y arremetieron contra el partido de gobierno, con quien tiempo atrás, en una santa reunión conciliadora, habían pactado las sonadas reformas electorales, en donde se incluía la creación del nuevo engendro electoral.

“Los diputados de Libre y Partido Liberal no acompañaron la moción del diputado Mario Pérez, en tal sentido los congresistas de Libre protestaron exigiendo que se produzca la elección de nuevos miembros electorales, pero la elección se propuso y no participaron en ella.” (La Tribuna, 17 de mayo de 2019).

Los diputados nacionalistas, en contubernio de los otros partidos allí presentes, aprobaron la continuidad de los anteriores magistrados del órgano electoral. El Partido Libre, que se suele declarar como opositor del gobierno, en claras muestras de conciliación con los congresistas azules, ha acompañado propuestas que no tienen ningún arraigo popular, debido a las mismas condiciones en las que hoy todavía nos encontramos: con una dictadura en ciernes –más bien ya constituida– y un aparato gubernamental basado en ilegitimidad y fraude.

La insurrección legislativa de los ejemplares diputados de Libre, aparte de boicotear las sesiones con silbatos y consignas, consiste en desconocer las sesiones del Congreso Nacional –algo que hubiera empezado no reconociendo sus credenciales de diputados luego del fraude electoral de noviembre de 2017. Los insurrectos diputados siguen recibiendo más de 100 mil lempiras mensuales, una manutención que les vale por el esfuerzo de legislar bajo el principio de las negociaciones y las traiciones al pueblo hondureño.