Por Carlos M. Licona

En los años 80, se puso en boga en estos lares la frase “cuando los gringos estornudan a los hondureños nos da gripe”.

El COVID-19 ha puesto a temblar al continente europeo y americano, principalmente a países considerados del primer mundo como ser Italia, España, Francia, Alemania, Reino Unido y otros más. En América los Estados Unidos y Brasil llevan la batuta en cuanto a la cantidad de contagiados.

Si tomamos la población mundial en 7,500,000,000 (siete mil quinientos millones de personas), tendremos un porcentaje de contagio del 0.016 %, ya que los contagiados en el mundo, hasta ahora son de 1,216,422 (un millón doscientos diez y seis mil cuatrocientos veintidós personas), de los cuales han muerto 65,711 (5.4 % de los contagiados). Los porcentajes siempre son relativos y es muy fácil perderse en ellos.

El porcentaje de mortalidad en los infectados, actualizado hasta el día de hoy es; en Italia del 12.3 %, en España del 9.5 %, Estados Unidos del 2.7 % y Honduras de 8.2 %.

Solo para referirnos al caso de Honduras, significa que de cada 100 infectados se morirán 8 personas. En realidad, son cantidades muy insignificantes como para hablar de la extinción de la humanidad. Sin embargo, son porcentajes muy elevados para colapsar los regímenes de salud pública en un mundo globalizado donde prevalece la privatización de la medicina y la salud pública.

El neoliberalismo en Honduras

Las políticas neoliberales en Honduras fueron impuestas en los años 90 por uno de los expresidentes señalado como uno de los más corruptos del mundo, Rafael Leonardo Callejas, mismo que guardaba prisión domiciliaria en New York por el caso de corrupción del FIFAGATE. Estas políticas se vinieron implementando de muchas formas, a veces de manera lenta como en los gobiernos liberales o de forma acelerada como en los gobiernos nacionalistas, principalmente en la década post golpe.

El principal bastión del neoliberalismo es privatizar todo y que el habitante común y corriente pague hasta por el aire que respire. Las grandes transnacionales se adueñan del mundo y sus fábricas de producción fácil vuelan de un país a otro donde les aumente sus ganancias, política conocida como “capital golondrina”.

Uno de los mayores objetivos del neoliberalismo es privatizar completamente la salud y la educación pública, para que los ciudadanos paguen completamente la salud y la educación de sus familias. De hecho, desmejorar la educación y la salud pública es para obligar a que los asalariados que tienen recursos paguen los servicios privados, tal y como sucede en la realidad.

Por eso no es de extrañar, que lo más temido por los gobiernos a nivel mundial es que colapse el sistema de salud, tal y como sucede en España e Italia. Esos porcentajes tan insignificantes han puesto a temblar el aparato productivo del sistema capitalista, que de tener sistemas eficientes de salud pública no estaríamos en cuarentena en todo el continente americano y europeo.

Honduras no se queda atrás, un país terriblemente dañado por un régimen impuesto desde el 2009 y que deliberadamente han descuidado la salud y la educación pública. Ahora la dictadura siente pasos de animal grande y ya tiene uno de los porcentajes de mortalidad más grande en Latinoamérica junto a Ecuador.

Los docentes y la cuarentena

Esta patética realidad a nivel mundial y nacional no es lo suficiente para unificar a los seis colegios magisteriales. El COVID 19 ha detenido y tienen temblando el capitalismo, sin embargo, no es capaz de estremecer el pensamiento de las direcciones del gremio y sentarlos en una conferencia virtual para sacar un documento público exigiendo concesiones al magisterio. Particularmente nuevamente hago el llamado a Fidel García presidente del COPEMH (Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras) para que convoque a los otros 5 colegios magisteriales y saquen una agenda en común como ser; suspensión de pago de cuotas al INPREMA, bonos para las familias de docentes que han sido más afectados por la pandemia, condena y denuncia a los mandos intermedios del Partido Nacional y que están enclaustrados en las distritales y departamentales con un solo objetivo; fastidiar a los docentes y hacerles la vida imposible.

El Colegio Médico se ha puesto enfrente de esta nueva lucha contra el régimen y el COVID-19, tienen la confianza y aceptación de la población, sin embrago, una nueva Plataforma debe erigirse como dirección nacional, donde nuevamente estén los maestros y el movimiento popular.

Por Carlos M. Licona

Una cuarentena por nadie imaginada y por nadie esperada, ha metido a toda la población de muchos países dentro de sus casas. El miedo latente de colapsar los sistemas de salud a causa de los infectados ha obligado a los gobiernos capitalistas a detener la producción y el trabajo bajo el lema “Quédate en casa”.

En Honduras ya llevamos 3 semanas completas en cuarentena, una medida tomada a partir del 16 de marzo y que agarró desprevenidamente a toda la población, principalmente a educación.

Los ignorantes que rigen educación

Las autoridades en educación han reprobado desastrosamente en la comprensión de las dimensiones de esta crisis mundial, en la que han quedado desnudados como ignorantes. Esos asesores que ganan jugosos salarios y los Directores Departamentales y Distritales que el único título que les sobresale es el de pertenecer al Partido Nacional, fueron incapaces de prever que a mitad de marzo estaríamos en cuarentena en todo el país, es de señalar que ya a inicios de marzo en Italia el COVID-19 hacía desastres catapultando al país a superar a China en cuanto a infectados y muertes, en España ya se impulsaba la misma suerte y en otros países europeos también.

El año lectivo inició el 1 de febrero y la infección ya se había catalogado como una pandemia, lo cual implicaba que solo era cuestión de tiempo para que llegara a estos países. Si en Wujan, China, una de las medidas precisamente fue la cuarentena obligada, en Honduras, se debió prever que llegaríamos a la misma situación y se tuvo que conformar una mesa de verdaderos docentes de aula para tomar medidas que paliaran la ausencia de los salones de clases. Pero ya en marzo estaban fastidiando con sus engañosos “acompañamientos docentes”. En 10 años de dictadura cachureca, los mandos intermedios solo han aprendido una cosa: fastidiar a los docentes. Mientras que los docentes solo han aprendido otra; burlar a las autoridades.

Lo anterior es sencillo de explicar, cuando el exministro Marlon Escoto inició su casería contra el magisterio, estos en autodefensa, y con una imaginación muy grande, cumplían con lo que se exigía, pero sin haberlo hecho o se hacía a medias, esto explica por qué ninguna política educativa funciona si se hace de forma impuesta y sin generar una conciencia de cambio en el docente. Y de ahí que la educación retrocedió décadas y actualmente, los índices de competencias mínimas de aprendizaje andan con porcentajes pésimos en el alumnado.

Las clases on line

Un magisterio consiente no debe oponerse a usar esta herramienta como una forma de mermar la crisis en cuanto a la impartición de clases presenciales, el problema es que nuevamente a las autoridades ignorantes o arrogantes, se les mete entre ceja y ceja obligar a los docentes a que lo hagan y en caso de no hacerlo, va nuevamente la amenaza, esta forma de imposición, lo único que logra es; el malestar de muchos maestros que se niegan a hacerlo bajo el argumento que la prioridad es la comida -y a cualquiera que lo diga no se le puede contradecir- y que el estrés no da lugar a pensar en cómo dar clases o bien, el otro grupo de docentes – los que se encantan de burlar estas disposiciones- que lo hace a medias o de forma muy falaz.

En todo caso no es culpa del docente, el culpable es el ignorante que funge como autoridad y que cree que su palabra es sagrada, en esta ocasión el ministro de educación fue muy claro en la circular que envió, pero han sido las autoridades departamentales y distritales los que se empeñan en hostigar al docente, exigiendo sus tales evidencias de que sus órdenes se están cumpliendo.

¿Qué se debe hacer?

Hay que tener bien claro que no todos los docentes ni todas las madres de familia tienen un celular último modelo ni un servicio de internet eficiente, aunque se puede asegurar que más del 50 % si lo tiene, al menos mínimamente.

El llamado de las autoridades debe ser a generar conciencia y no amenazantemente, y primero debe ser a que se llame a cuidar la salud para que los educandos de todo nivel no se expongan a contraer la infección. Seguidamente se debe dejar libertad a que el o la docente busque la forma más acorde con su realidad, capacidad y la de sus madres de familia, haciendo hincapié en que todo lo que se haga en ningún momento debe afectar la nota de clase del alumno, y que sirva más bien para terapia desestresante, las actividades asignadas deben ser dirigidas a que la madre de familia y su hija o hijo platiquen y se diviertan y en ningún momento para complicarles el encerramiento.

Por Carlos M. Licona

Durante los últimos 10 años, en el sistema nacional educativo se ha afianzado un grupo de autoridades muy ligado al Partido Nacional. El único mérito de estas tristes personas es proliferarle vivas al dictador y distribuir la bolsa solidaria, pero de lo que menos entienden es de pedagogía, didáctica y estrategias. Pero, sobre todo, no saben nada de lo qué es dar clases y, en todo caso, si lo hicieron ya se les olvidó.

Estas personas, son las mismas que cuando estaba el ya olvidado ministro de educación, Marlon Escoto, se dedicaban a perseguir a los docentes como enemigos de guerra, sin importarles si los oficios emitidos por el ministro tenían vicios ilegales y dictatoriales. El arma a la que siempre acuden es la amenaza permanente de audiencias de descargo para luego suspender a alguien que no les cumpla al pie de la letra, de hecho, a varios maestros les suspendieron y aún se encuentran suspendidos como es el caso del profesor Roberto Ordóñez, director del Instituto Central de Tegucigalpa y quien aún ganando el caso judicialmente, no ha sido reintegrado a sus labores.

Alumnos hambrientos y clases virtuales

El Oficio Circular No. 018-SE-2020, con fecha 27 de marzo, el ministro de educación ordena en el inciso 2 “Durante este tiempo de emergencia nacional se han asignado tareas a los educandos para que las realicen con apoyo de los padres/madres de familia o algún familiar… no todos los niveles educativos y asignaturas se pueden evaluar mediante modalidad virtual ni todos los educandos cuentan con los medios para hacerlo”.

El oficio es preciso y claro, no obstante, directores departamentales, distritales y algunos directores de estos que se creen eminencias en educación, se han asignado voluntariamente la tarea insensible de hostigar a los docentes exigiendo unas “benditas evidencias” de las clases o avances vía digital. Están exigiendo que el docente haga vídeos y los envíe a los grupos de madres/padres de familia y a la vez, que las madres/padres de familia se tomen fotos con sus hijos e hijas y que hagan vídeos de los momentos en que trabajan con los niños, no puede haber algo más estúpido que el estar obligando a la población hambrienta a realizar selfis y vídeos de sus lugares miserables donde viven.

El mismo oficio, recoge en su esencia sobre asignación de trabajos acordes con las competencias tanto de madres como de sus hijos, e igual del docente. Además, bien claro lo dice que dichas asignaciones no serán sujetas de una evaluación sumativa. Estos personajes deberían ser denunciados antes los representantes de derechos humanos y ante la fiscalía de la familia por hostigar a los docentes y exigir sus tales evidencias a madres preocupadas por alimentar a sus hijos.

Las madres/padres deben llegar a un consenso con los docentes para que de acuerdo con sus posibilidades y nivel académico puedan trabajar con los muchachos, entre ellos deben establecer los parámetros de cómo se va a trabajar y sin estar exigiendo por ningún motivo las tales pruebas virtuales.

La emergencia no debe detener la organización y lucha

Los seis colegios magisteriales ya deberían haber aunado esfuerzos por sacar un comunicado donde se denuncie a estos aberrantes mandos intermedios del Partido Nacional e incrustados en el Ministerio de Educación, tras dos semanas de encierro la población ya no tiene dinero ni alimentos en sus casas, incluyendo a los docentes, lo que menos se desea es seguir aumentando la carga de estrés e incertidumbre, la comunicación entre madres/padres de familia que sea para generar conciencia y estrechar esa comunión perdida hace décadas.

Pero también las dirigencias ya deben estarse reuniendo por lo que se viene, en primer lugar, el régimen y la empresa privada van a pasar la factura a la población y a la clase trabajadora. Igual que con el golpe de estado nos cobraron la factura a todos los asalariados, incluyendo a los docentes, lo mismo harán ahora. Aunque no lo hayan dicho, es muy probable que salgan diciendo que por el Estado de Emergencia no darán el aumento de julio, o bien, que impongan cargas tributarias muy altas. La crisis la deben y tienen que pagarla los ricos, para los trabajadores deben aprobarse políticas económicas de alivio real y no engañosos. Ya han planteado, por ejemplo, que los días de cuarentena serán cargados a las vacaciones de los empleados bajo el pretexto de que no haya despidos.

Ardua lucha la que se viene encima.

Por Horacio Villegas

En las últimas semanas se han presentado, y hasta la fecha ―según las declaraciones del cuestionado gobierno nacionalista en repetidas cadenas―, 27 casos confirmados de covid-19. Ha sido anunciada una alerta roja a nivel nacional desde hace una semana, y las respuestas de la administración nacionalista van desde declarar toques de queda por tiempo indefinido, lanzar campañas sanitarias de autocuidado, y hasta el momento un plan de ajuste económico negociado con grupos financieros.

El cierre de fronteras, quizás la medida más solicitada por los hondureños desde que se dieron los brotes en países cercanos, no fue un hecho sino hasta el pasado domingo 15 de marzo. En lo que corren los días siguen sumando casos muy particulares de personas contagiadas; el aislamiento en cuarentena mantiene a la mayoría de la población a la expectativa de una imparable cadena de contagio, que respondería si fuese el caso, a las débiles estrategias de los nacionalistas.

El gobierno ilegítimo de JOH no da el ancho en contener el covid-19

Las respuestas de los sectores políticos en oposición no se hicieron esperar y desde que fueron tomadas las medidas gubernamentales hoy en curso, se siguen haciendo propuestas que en el fondo evidencian el raquítico manejo de las instituciones primarias como lo es salud. Las instituciones partidarias en supuesta oposición, el Partido Liberal y Libre, lanzaron sus propuestas, que, si bien cuestionan a los nacionalistas, no dejan de ser deudoras de un mínimo y verdadero programa que dé soluciones a la crisis.

Ante los bombardeos de propuestas de estos bandos de la política vernácula, surgieron otras propuestas menos osadas y más realistas. Tanto el CNA, como el Colegio Médico, entre otros sectores que respaldan las posturas de estas dos instituciones, hicieron visibles dos respectivos documentos en donde llaman a la población a estar atentos del manejo de los millones aprobados en medio de esta crisis. En el punto número dos del comunicado del CNA, se da a conocer el proceder ya recurrente del gobierno: la aprobación de millones de lempiras en urgencias que son mal planificadas:

“2. Que vemos con seria preocupación cómo en el último mes, se aprobaron con el argumento de emergencia más de L 16,000 millones para poder enfrentar la pandemia, situación que demuestra la poca planificación desde el Estado al momento de aprobar el Presupuesto General de la República y su poca inversión sanitaria. Como ciudadanos, debemos mantenernos en alerta máxima para vigilar el manejo de esos recursos.” (Criterio.hn, 22 de marzo de 2020).

Organizaciones populares junto al Colegio Médico, dieron a conocer un manifiesto público, en el cual exponen cuatro propuestas que en el fondo desmontan el supuesto liderazgo de los nacionalistas en esta pandemia del covid-19.

“1. Que el Colegio Médico de Honduras, en conjunto con una comisión amplia y representativa, asuma una Coordinación de Emergencia en Salud. 2. La instauración de un Sistema de Auditoria con acceso público, en donde se conozca el manejo de los fondos destinados para atender la emergencia del COVID-19.” (Manifiesto Público, 20 de marzo de 2020).

Los otros dos puntos llaman a la “organización municipal y comunitaria” y al “abastecimiento de agua en hospitales y centros de salud”. Tal parece que las organizaciones populares inscritas en este manifiesto, han advertido, al igual que el grueso de la población hondureña, que el manejo y gestión del tema sanitario ocupa a servidores públicos que pierdan interés en propaganda y en espectáculos que no hacen sino campañas en pro de futuras candidaturas. El Colegio Médico hasta el momento ha probado su desinterés en la clásica politiquería, y esto le sigue dando votos de entera confianza.

Las medidas de los empresarios y el gobierno: desahuciar a los trabajadores del sector privado e informales

Desde que fue anunciada la cuarentena a nivel nacional, las medidas que ha tomado el gobierno rayan en una serie de ambigüedades que no demuestran una verdadera solución para los sectores más empobrecidos del país: entre ellos los trabajadores llamados informales. El gobierno ha persistido en mantener reuniones con la empresa privada ―el COHEP y la Cámara de Comercio e Industria― para definir una nueva política económica. El resultado ha sido una confusa declaración llamada plan de rescate económico, que no “rescata” en lo mínimo a los sectores que están debajo de toda la base económica del país, los olvidados vendedores ambulantes y pequeños comerciantes de mercados. En una declaración del 17 de marzo Juan Orlando expresó lo que sigue:

“Los apoyaremos [micro y pequeño empresario] con créditos solidarios, pondremos a la disposición un mes de préstamos de operaciones crediticias que suman 51 millones de lempiras, con lo que atenderemos a 5,000 emprendedores de manera inmediata, el dinero ya está disponible y se utilizará al salir de esta emergencia.” (La Prensa, 17 de marzo de 2020).

Los incentivos y supuestas ayudas del gobierno se harán efectivas hasta “salir de esta emergencia”, lo que implicaría un margen de espera de varias semanas o meses. El gobierno nacionalista cree fervientemente en un paradójico plan de ayuda económica, solo realizable hasta que pase toda la emergencia sanitaria. ¡Una verdadera mofa en la cara de quienes necesitan la ayuda con urgencia ahora y no luego!

Por su parte Armando Urtecho, director ejecutivo del COHEP, declaró el 17 de marzo una medida que adecúa a los intereses de los empresarios, la cuarentena de miles de trabajadores del sector privado:

“Para preservar los empleos recomendó dotar tareas desde el hogar o teletrabajo y que se conceda de manera ociosa a los colaboradores que no pueden hacer trabajo desde el hogar, los días de vacaciones acumuladas.” (La Tribuna, 17 de marzo de 2020).

En resumidas cuentas, los trabajadores privados, quienes no son dueños de las circunstancias adversas que nos agobian, tienen que seguir entregando su fuerza laboral a pesar de la cuarentena. Y, por si fuera poco, el tiempo que transcurre en el aislamiento será tomado como “vacaciones acumuladas”, una política que entorpece los derechos laborales por poner sobre las espaldas de esta clase una situación que está totalmente fuera de sus manos.

Los contrastes de las políticas de los gobiernos centroamericanos hacia los sectores más desprotegidos son afines, a excepción de El Salvador, que ha puesto en mano de varios de estos sectores―como un anticipo de proselitismo de campaña― trescientos dólares que alivian de alguna u otra forma, las urgencias en medio de esta crisis sanitaria.

¡Exijamos políticas que brinden protección real a los más desprotegidos en la crisis!

Desde que el toque de queda fue declarado, las detenciones y la represión han estado dirigidas contra los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. Mientras escribimos estas líneas, los desalojos con bombas lacrimógenas y detenciones ya son un hecho en los mercados de Tegucigalpa, Comayagüela y otras zonas económicas de diferentes departamentos del país; los policías se ensañan contra estos vendedores en base al comunicado lanzado por la Secretaría de Seguridad hoy 23 de marzo del presente año:

“1. Considerando el riesgo inminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados; se determinó el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional.” (Comunicado de prensa, El Ocotal, FM, 23 de marzo de 2020).

Al estar excluidos de la “alternativa económica” del gobierno nacionalista, los vendedores ambulantes necesitan en medio de esta cuarentena, habilitar sus pequeños puestos de venta de suministros para mantener a sus familias, a sabiendas de estar expuestos al contagio del COVID-19; esto demuestra que la desigualdad se ensaña igual o peor que una epidemia contra los más desahuciados. Contrario a los vendedores ambulantes, la apertura de grandes supermercados sí está contemplada en la planificación económica anunciada en las cadenas nacionales del gobierno. Este privilegio de los grandes empresarios es totalmente inaceptable, pero responde al servilismo del gobierno de JOH, quien protege a la burguesía.

Los emisarios gubernamentales, encargados de cumplir órdenes nefastas, se han ensañado contra la marea de mercaderes que exigen respuestas concretas ante su vulnerable situación; uno de ellos es Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quien ha emitido una serie de consideraciones sobre esta población que resiste las medidas de cierre de mercados.

“Hoy hemos visto con preocupación imágenes de Comayagüela en la capital, una masiva movilización de comerciantes y ciudadanos que todavía no han visto la gravedad de esta situación, si sigue la indisciplina y desobediencia, lo que nos espera es una catástrofe igual a la que ha vivido Italia y España”, aseguró el funcionario.” (Once Noticias, 23 de marzo de 2020).

Los pequeños vendedores sí saben la dimensión de la crisis sanitaria del COVID-19, es más, arriesgan sus vidas porque no tienen otra salida al no haber políticas que les aseguren una estadía aceptable en sus casas mientras transcurre la cuarentena. La frase “quédate en casa” no aplica a esto sectores, mientras no haya políticas claras para ellos. Ante todo este escenario de injusticias, exigimos remuneraciones económicas a los trabajadores informales, y cuanto menos, que los dejen trabajar con medidas sanitarias adecuadas.