Por Horacio Villegas

En las últimas semanas se han presentado, y hasta la fecha ―según las declaraciones del cuestionado gobierno nacionalista en repetidas cadenas―, 27 casos confirmados de covid-19. Ha sido anunciada una alerta roja a nivel nacional desde hace una semana, y las respuestas de la administración nacionalista van desde declarar toques de queda por tiempo indefinido, lanzar campañas sanitarias de autocuidado, y hasta el momento un plan de ajuste económico negociado con grupos financieros.

El cierre de fronteras, quizás la medida más solicitada por los hondureños desde que se dieron los brotes en países cercanos, no fue un hecho sino hasta el pasado domingo 15 de marzo. En lo que corren los días siguen sumando casos muy particulares de personas contagiadas; el aislamiento en cuarentena mantiene a la mayoría de la población a la expectativa de una imparable cadena de contagio, que respondería si fuese el caso, a las débiles estrategias de los nacionalistas.

El gobierno ilegítimo de JOH no da el ancho en contener el covid-19

Las respuestas de los sectores políticos en oposición no se hicieron esperar y desde que fueron tomadas las medidas gubernamentales hoy en curso, se siguen haciendo propuestas que en el fondo evidencian el raquítico manejo de las instituciones primarias como lo es salud. Las instituciones partidarias en supuesta oposición, el Partido Liberal y Libre, lanzaron sus propuestas, que, si bien cuestionan a los nacionalistas, no dejan de ser deudoras de un mínimo y verdadero programa que dé soluciones a la crisis.

Ante los bombardeos de propuestas de estos bandos de la política vernácula, surgieron otras propuestas menos osadas y más realistas. Tanto el CNA, como el Colegio Médico, entre otros sectores que respaldan las posturas de estas dos instituciones, hicieron visibles dos respectivos documentos en donde llaman a la población a estar atentos del manejo de los millones aprobados en medio de esta crisis. En el punto número dos del comunicado del CNA, se da a conocer el proceder ya recurrente del gobierno: la aprobación de millones de lempiras en urgencias que son mal planificadas:

“2. Que vemos con seria preocupación cómo en el último mes, se aprobaron con el argumento de emergencia más de L 16,000 millones para poder enfrentar la pandemia, situación que demuestra la poca planificación desde el Estado al momento de aprobar el Presupuesto General de la República y su poca inversión sanitaria. Como ciudadanos, debemos mantenernos en alerta máxima para vigilar el manejo de esos recursos.” (Criterio.hn, 22 de marzo de 2020).

Organizaciones populares junto al Colegio Médico, dieron a conocer un manifiesto público, en el cual exponen cuatro propuestas que en el fondo desmontan el supuesto liderazgo de los nacionalistas en esta pandemia del covid-19.

“1. Que el Colegio Médico de Honduras, en conjunto con una comisión amplia y representativa, asuma una Coordinación de Emergencia en Salud. 2. La instauración de un Sistema de Auditoria con acceso público, en donde se conozca el manejo de los fondos destinados para atender la emergencia del COVID-19.” (Manifiesto Público, 20 de marzo de 2020).

Los otros dos puntos llaman a la “organización municipal y comunitaria” y al “abastecimiento de agua en hospitales y centros de salud”. Tal parece que las organizaciones populares inscritas en este manifiesto, han advertido, al igual que el grueso de la población hondureña, que el manejo y gestión del tema sanitario ocupa a servidores públicos que pierdan interés en propaganda y en espectáculos que no hacen sino campañas en pro de futuras candidaturas. El Colegio Médico hasta el momento ha probado su desinterés en la clásica politiquería, y esto le sigue dando votos de entera confianza.

Las medidas de los empresarios y el gobierno: desahuciar a los trabajadores del sector privado e informales

Desde que fue anunciada la cuarentena a nivel nacional, las medidas que ha tomado el gobierno rayan en una serie de ambigüedades que no demuestran una verdadera solución para los sectores más empobrecidos del país: entre ellos los trabajadores llamados informales. El gobierno ha persistido en mantener reuniones con la empresa privada ―el COHEP y la Cámara de Comercio e Industria― para definir una nueva política económica. El resultado ha sido una confusa declaración llamada plan de rescate económico, que no “rescata” en lo mínimo a los sectores que están debajo de toda la base económica del país, los olvidados vendedores ambulantes y pequeños comerciantes de mercados. En una declaración del 17 de marzo Juan Orlando expresó lo que sigue:

“Los apoyaremos [micro y pequeño empresario] con créditos solidarios, pondremos a la disposición un mes de préstamos de operaciones crediticias que suman 51 millones de lempiras, con lo que atenderemos a 5,000 emprendedores de manera inmediata, el dinero ya está disponible y se utilizará al salir de esta emergencia.” (La Prensa, 17 de marzo de 2020).

Los incentivos y supuestas ayudas del gobierno se harán efectivas hasta “salir de esta emergencia”, lo que implicaría un margen de espera de varias semanas o meses. El gobierno nacionalista cree fervientemente en un paradójico plan de ayuda económica, solo realizable hasta que pase toda la emergencia sanitaria. ¡Una verdadera mofa en la cara de quienes necesitan la ayuda con urgencia ahora y no luego!

Por su parte Armando Urtecho, director ejecutivo del COHEP, declaró el 17 de marzo una medida que adecúa a los intereses de los empresarios, la cuarentena de miles de trabajadores del sector privado:

“Para preservar los empleos recomendó dotar tareas desde el hogar o teletrabajo y que se conceda de manera ociosa a los colaboradores que no pueden hacer trabajo desde el hogar, los días de vacaciones acumuladas.” (La Tribuna, 17 de marzo de 2020).

En resumidas cuentas, los trabajadores privados, quienes no son dueños de las circunstancias adversas que nos agobian, tienen que seguir entregando su fuerza laboral a pesar de la cuarentena. Y, por si fuera poco, el tiempo que transcurre en el aislamiento será tomado como “vacaciones acumuladas”, una política que entorpece los derechos laborales por poner sobre las espaldas de esta clase una situación que está totalmente fuera de sus manos.

Los contrastes de las políticas de los gobiernos centroamericanos hacia los sectores más desprotegidos son afines, a excepción de El Salvador, que ha puesto en mano de varios de estos sectores―como un anticipo de proselitismo de campaña― trescientos dólares que alivian de alguna u otra forma, las urgencias en medio de esta crisis sanitaria.

¡Exijamos políticas que brinden protección real a los más desprotegidos en la crisis!

Desde que el toque de queda fue declarado, las detenciones y la represión han estado dirigidas contra los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. Mientras escribimos estas líneas, los desalojos con bombas lacrimógenas y detenciones ya son un hecho en los mercados de Tegucigalpa, Comayagüela y otras zonas económicas de diferentes departamentos del país; los policías se ensañan contra estos vendedores en base al comunicado lanzado por la Secretaría de Seguridad hoy 23 de marzo del presente año:

“1. Considerando el riesgo inminente de un contagio masivo que puede generarse por la aglomeración de personas en lugares como los mercados; se determinó el cierre de estos espacios comerciales en todo el territorio nacional.” (Comunicado de prensa, El Ocotal, FM, 23 de marzo de 2020).

Al estar excluidos de la “alternativa económica” del gobierno nacionalista, los vendedores ambulantes necesitan en medio de esta cuarentena, habilitar sus pequeños puestos de venta de suministros para mantener a sus familias, a sabiendas de estar expuestos al contagio del COVID-19; esto demuestra que la desigualdad se ensaña igual o peor que una epidemia contra los más desahuciados. Contrario a los vendedores ambulantes, la apertura de grandes supermercados sí está contemplada en la planificación económica anunciada en las cadenas nacionales del gobierno. Este privilegio de los grandes empresarios es totalmente inaceptable, pero responde al servilismo del gobierno de JOH, quien protege a la burguesía.

Los emisarios gubernamentales, encargados de cumplir órdenes nefastas, se han ensañado contra la marea de mercaderes que exigen respuestas concretas ante su vulnerable situación; uno de ellos es Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), quien ha emitido una serie de consideraciones sobre esta población que resiste las medidas de cierre de mercados.

“Hoy hemos visto con preocupación imágenes de Comayagüela en la capital, una masiva movilización de comerciantes y ciudadanos que todavía no han visto la gravedad de esta situación, si sigue la indisciplina y desobediencia, lo que nos espera es una catástrofe igual a la que ha vivido Italia y España”, aseguró el funcionario.” (Once Noticias, 23 de marzo de 2020).

Los pequeños vendedores sí saben la dimensión de la crisis sanitaria del COVID-19, es más, arriesgan sus vidas porque no tienen otra salida al no haber políticas que les aseguren una estadía aceptable en sus casas mientras transcurre la cuarentena. La frase “quédate en casa” no aplica a esto sectores, mientras no haya políticas claras para ellos. Ante todo este escenario de injusticias, exigimos remuneraciones económicas a los trabajadores informales, y cuanto menos, que los dejen trabajar con medidas sanitarias adecuadas.