Por Carlos M. Licona

En 91 días de confinamiento, el país tiene 8,858 contagiados y 312 fallecidos (3.5 % de letalidad). De ese total de contagiados son 3,656 (41 %) que han salido positivos entre el 1 al 14 de junio, según los datos brindados por SINAGER (Sistema Nacional de Situación de Riesgo). Desde el 17 de marzo al 31 de mayo (77 días) se promedian 67 contagiados diariamente y en los primeros 14 días de junio la cifra se disparó a un promedio de 261 pruebas positivas diarias.

Entre los departamentos de Cortés (57.8 %) y Francisco Morazán (27.4 %) suman el 85.2 % (7,548 personas contagiadas), distribuyéndose los 1,310 en el resto de los departamentos.

Se especula mucho sobre la información que diariamente ofrece SINAGER, entendiendo que las cifras serían más altas si se aplicaran más pruebas todos los días. Sea cierto o no, se puede asegurar que el nivel de contagio es mayor y lo que se presagia no es bueno para el país.

Si se enferma mejor quédese en casa

Ya no extraña observar vídeos deprimentes y angustiantes de familiares de pacientes, empleados o de los mismos enfermos sobre las precarias circunstancias en que el nivel de contagio del COVID-19 ha sumergido a todo el sector de salud en el país, principalmente en las ciudades del Distrito Central y de San Pedro Sula.

Los principales hospitales de la capital ya están saturados de pacientes y ya se habla que los hospitales privados también se encuentran llenos. Este panorama es sombrío para el pueblo, si por un lado el nivel de contagio va aceleradamente y el sistema de salud a colapsado, las personas que se enfermen no tienen más opción que tratarse en casa.

Un sistema de salud totalmente descuidado por el régimen de Juan Orlando Hernández que ya lleva más de 10 años en el poder, con una política neoliberal tendiente a privatizar los servicios de salud pública, ha sido desnudado por la realidad en que nos ha sumergido la pandemia.

A un año después de las enormes movilizaciones de la Plataforma en defensa de la salud y la educación pública, al pueblo le toca sufrir las consecuencias del régimen y del virus. Es sorprendente que en 10 años las políticas económicas de miseria impuestas por el régimen solo fueron para golpear el salario de los trabajadores públicos, mientras ellos han saqueado el país a manos llenas aprovechando cualquier pretexto para aprobar enormes cantidades de dinero. La crisis actual ha favorecido a los gobernantes para dar rienda suelta a su voraz e insaciable apetito por adueñarse de los fondos del Estado.

Si una persona siente los síntomas parecidos a los del COVID y decide ir a un centro público, se encontrará con centenares de personas en iguales circunstancias y con un personal que no se da abasto para atender a los pacientes. De hecho, ya son varios empleados del sector salud que se han contagiado y algunos que se han muerto. Así que, si siente los síntomas y desea evitar ir a posibles lugares que son foco de contagio, ya hay lugares donde hacen la prueba rápida por la cantidad arriba de 300 lempiras, y si no los tiene, quédese quieto en casa y no salga.

Peor aún aquellas personas con enfermedades pre existentes y que son vulnerables a morir si se contagian, no hay más alternativa que morir con los suyos a ir a quedar tendido en una acera y ser centro del escarnio de la ignorancia de algunos.

¡El pueblo debe levantarse ya!

El desastre actual no es producto del COVID-19, tiene nombre y apellido y es Juan Orlando Hernández y todo el equipo de usurpadores que le acompañan. Es ingenuo el que crea que JOH solito es el que nos ha puesto de rodillas, de hecho, es todo ese aparato de grupos fácticos que se arraigó desde el 2010 y que han hecho jugosas ganancias con negocios con el estado.

El pueblo solo tiene una salida, organizarse y luchar para terminar con esta maldición que nos desgobierna. Diez años de arrastrar con una terrible precariedad económica y que viene a pegarle el tiro de gracia a la raquítica economía de los hogares empobrecidos, deben de servir para generar impotencia y la suficiente motivación para acabar de una vez por todas con estos nefastos personajes que se siguen ensañando con la población.

El pueblo no debe esperar a que una ficticia unidad de la oposición gane el siguiente proceso electoral, tampoco debe esperar que le asesine el régimen lentamente o el COVID-19, ya es el momento para unificar la organización y salir a luchar.


Por Carlos M. Licona

A casi 3 meses de haber iniciado la cuarentena en el país (desde el 17 de marzo), SINAGER (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos) autorizó que el 8 de junio se abrieran nuevamente los negocios, tal medida obedeció a la fuerte presión de la empresa privada y sobre todo de la microempresa.  Se ha hecho énfasis en mantener las medidas de bioseguridad para evitar se potencialice la propagación del Covid-19.

La cuarentena aún sigue, la forma de salir de la casa sigue siendo por el último dígito del número de identidad, al menos esos es lo que plantean las autoridades, aclarando que está prohibido las reuniones de más de 10 personas, eventos deportivos y otros, exclusivamente autorizan para que los negocios abran.

El pueblo muere de hambre o del COVID

Las principales ciudades afectadas son San Pedro Sula y el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) de los departamentos de Cortés y Francisco Morazán respectivamente. En estas ciudades es donde más personas han quedado sin trabajo y están sufriendo las consecuencias de la paralización de la economía. La falta de alimentos en los hogares obligó desde el inicio de la cuarentena a que las personas salieran a buscar formas de adquirir alimentación, así que pedir dinero o comida es una de las actividades más vistas por todas las calles de las ciudades.

La entrega de la bolsa solidaria o del bono para alimentos no pasó más que de ser un acto demagógico para favorecer personas allegadas al gobierno, ya fuera por contratos o por entregar el beneficio a los activistas del partido en el poder. Lo mismo ha sucedido con los medicamentos o con toda la logística relacionada con el tratamiento a los contagiados y con la detención del virus.

El pueblo no ha tenido más alternativa que elegir entre salir a buscar trabajo y comida o morir de hambre, corriendo el riesgo de ser contagiado. Esta presión que el régimen fue incapaz de calmar mediante políticas flexibles de pagos y de entrega de alimentos, es lo que les ha obligado a quitar las trancas.

Tétrico panorama ante salida de la población

Entre los departamentos de cortés y Francisco Morazán suman 6,230 contagiados de 7,360 en todo el país, el 84.6 %. Para hacer una comparación, Suecia con una población de un poco más de los 10 millones y cuyas autoridades determinaron no cerrar su economía y se limitaron a obligar a la población a mantener las medidas de bioseguridad, por ahora llevan una cantidad de 48, 288 contagiados y 4,814 muertes (10 % de letalidad).

Suecia es un país de primer nivel en Europa y con un alto bienestar de calidad de vida, caso contrario en Honduras (9.5 millones de habitantes) que más del 60 % vive bajo la línea de pobreza. Hay que diferenciar, además, la conducta indisciplinada y limitada de la población de Honduras con un país de alto nivel educativo. Se hace la comparación para tener idea de hacia dónde vamos con la apertura de la economía, en el mes de mayo la curva de contagios subió exponencialmente y nada bueno nos depara los meses de junio y julio, de hecho, ya ayer 10 de junio la cifra de infectados fue de 425, una cantidad que atemoriza.

Una agenda oculta

La apertura de la economía es fácil bajo el argumento de que las personas tienen hambre, sin embargo, puede ser otro el propósito. Ya esta semana se observan pocos retenes en la capital, jóvenes jugando en campos de fútbol y un tráfico muy fluido, al parecer, el mensaje enviado es “salga y contágiese”, aunque la mayor parte del aparato público sigue bajo cuarentena, se supone que irán abriendo poco a poco, calculando. Sin embargo, el panorama no es alentador, con un sistema de salud colapsado y que no da abasto para recibir pacientes, personal de la salud que sale llorando en vídeos manifestando palabras de impotencia y angustia. Solo ocurre pensar que el régimen tiene en camino un plan oculto para que colapse el sistema de salud y el pánico se apodere del estómago de la población y el hedor a muerte campee por los cuatro vientos. De esta forma pueden adueñarse de las garantías constitucionales individuales y las del país, en eso ya se sabe que no padecen de impedimentos morales ni legales. El objetivo; seguir siendo dueños y amos absolutos de Honduras.

El pueblo tiene dos enemigos por delante: El COVID-19 y el régimen.


Por Carlos M. Licona

Pobre de nuestro magisterio, en los últimos 8 años y medio solo aprendió a acatar lo que le imponen como ley sagrada, atrás quedaron los tiempos en que era beligerante y cuestionaba. Y que si algo estaba fuera de contexto lo discutía y lo rebatía con argumentos sólidos.

Lo absurdo

El inicio de la cuarentena encontró desprevenidos y desarmados a los jefes y como las autoridades educativas son ignorantes del funcionamiento del proceso enseñanza aprendizaje y además, ignoran el contexto socio económico en que viven los alumnos, se les ocurrió la genial idea de que cada docente comprobara que estaba dando clases y que le exigiera fotografías a los alumnos de que estaban trabando en las clases en línea o con guías enviadas mediante WhatsApp o Messenger, salieron con el absurdo de exigir evidencias ignorando la terrible realidad de miseria en que viven las madres y padres de familia.

Los primeros obstáculos que hubo fue la ausencia de tecnología en los hogares, falta de recursos económicos para tener activo el internet permanentemente, muchos quedaron sin empleo debido a la pandemia, aunque se envíe material de trabajo no es lo mismo que el docente de una clase a que una señora o un señor se ponga de maestro con su hijo e hija. Resulta que de un día para otro se pretendió que toda la población se volviera autodidacta sin tener la idea de cómo serlo. Muy rápido la realidad trajo a la tierra a las autoridades y el ministro publicó un oficio donde se prohíbe exige fotografías como evidencia, sin embargo, en muchos centros educativos siguen empeñados en exigirlas a los docentes y estos a la vez a sus alumnos.

Luego aparecieron con el absurdo de informar diariamente la cantidad de alumnos que trabajan en casa en las clases respectivas, el que el magisterio se mantenga trabajando y enviando material de una u otra forma es excelente y es un aprendizaje al que no debemos oponernos, al contrario, se debe estimular y capacitar para mejorar el envío de clases ya sean escritas, vídeos, audios o llamadas por teléfono. Pero de esto a pretender que la madre o padre de familia o los alumnos de educación media se mantengan conectados permanentemente es desconsiderado y hasta inhumano, las familias están preocupadas por suplir los alimentos  a la mesa, esa es la prioridad, pero no la de pagar diariamente paquetes de internet para decir que si están trabajando.

La farsa

Es muy común que en los centros educativos, tanto los administradores como los docentes envían falsa información estadística argumentando una represalia si no cumplen con el 100 % del propósito, esto es muy evidente con los partes mensuales o con las calificaciones cuando se pretendían alcanzar las metas EFA (Educación Para Todos), metas que no se alcanzaron en su totalidad y en áreas que si se alcanzaron fue en solo lo estadístico, porque desde que las implementaron el docente actuó temor a la amenaza y no por conciencia de lo que se pretendía, tal y como sucede siempre en este país.

Esa manía de enviar información falsa se profundizó más cuando llegó el tristemente célebre Marlon Escoto al ministerio de educación, quien tuvo vía libre para hacer y deshacer en el campo educativo y durante el tiempo que estuvo tumbó lo poco bueno que había. Mediante oficios ejecutivos obligó a los docentes a dar falsas nivelaciones, cambió la rúbrica de evaluación a su antojo, tantas recuperaciones como las que el alumno necesitaba para aprobar, planes de nivelación, planes de mejora, se pasó a las modalidades de BTP (bachilleratos técnicos profesional) la educación media, en fin, una serie de exigencias que el docente no cumplió; porque son irreales o porque el tiempo no daba abasto y al final, bajo la permanente amenaza no tenía más remedio que brindar información falsa.

En esta ocasión no ha pasado diferente, ante la permanente denuncia de madres y padres de familia y alumnos del abuso que se cometía al estar exigiendo fotografías, las autoridades no tuvieron más remedio que recular en esta decisión.

Fue muy importante la actitud de docentes en cuestionar esta decisión y más importante aún; la denuncia permanente ante los medios de comunicación. Hubo una unidad y una lucha imperceptible pero que fue lucha granítica, nadie se dio cuenta y pasó por alto, pero tampoco hubo una propuesta inmediata del magisterio para que no salieran nuevamente con otra payasada como era de esperarse, esta no tardó mucho en llegar.

¿Por qué el empeño en exigir información que se sabe termina siendo falsa?

La siguiente payasada llegó muy rápido; comenzaron a exigir que diariamente el alumno o alumna responda si ha trabajado o no. El departamental le exige a los distritales, estos a los directores y luego estos a los docentes. Los docentes les piden a las madres, padres o alumnos que respondan todos los días “Si trabajé”. El que no responde se asume que no trabajó y debe ser chequeado como si ese día no estuvo en clases.

Toda esta comunicación siempre fluye utilizando el internet residencial, paquetes de WhatsApp o de Facebook, en cualquier caso, implican gasto de dinero. Y es ser crédulo el pensar que todos los días responderán “Si trabajé” y en todo caso, tampoco el que respondan garantiza si trabajaron o no.

La realidad del sistema educativo público es muy diferente del privado, en su gran mayoría en el sector privado los hogares tienen mínimamente un celular aceptable o una computadora, sin embargo, la realidad es contraria en el sistema público y nuevamente la falta de acceso a la conectividad es un inconveniente para realizar las clases en casa.

Nuevamente se le amenaza a las y los docentes para que exijan una información que es imposible de recoger, entonces fluye otra vez la información falsa del docente a los directores, de los centros educativos a las distritales y de estas a los departamentales. Generando un gigantesco banco de datos totalmente falso que será base para equivocados análisis estadísticos del régimen.

La denuncia debe ser el camino

Hace dos semanas el Congreso Nacional aprobó un decreto que introdujo el diputado Edgardo Casaña, del partido Libertad y Refundación (LIBRE), el decreto ordena ofrecer conectividad para el campo educativo y sobre todo al alumnado en general, también se ordena que todos los medios de comunicación otorguen una hora diaria para la impartición de clases. El decreto aun no ha sido publicado en el diario oficial “La Gaceta”.

No se sabe porque el decreto no se ha publicado para su inmediata implementación, pero en vez de exigir la publicación de este y levantar una campaña intensa para que todo el sector público tenga acceso al internet educativo, los encargados de la educación nuevamente acuden a defenderse de las amenazas cumpliendo con una ley divina que se basa en la falacia.

Lo que se debe hacer

Los docentes no deben mentir sobre la información que brindan, si solo 3 le han respondido en un día debe responder esa cantidad, mentir es crear un espejismo que nos ofrece una realidad falsa que a la larga beneficia al régimen y repercute en el alumnado, tal y como pasó con la calidad educativa en los últimos 8 años.

Hay que motivar al docente para que se actualicé en el uso de la tecnología, a las madres y padres de familia para que adquieran conciencia de aprender a la par de los hijos, a los adolescentes para que adquieran a ser responsables con sus estudios. Es la oportunidad para que todos aprendamos de todos y salgamos adelante, pero lo peor que se puede hacer es amenazar permanentemente para obtener falsa información.

Cada docente debe utilizar la herramienta que esté más a su alcance y que más le favorezca para facilitarle la enseñanza a sus alumnos, aun no sabemos hasta cuándo terminará la cuarentena total en el país, lo que, si se sabe por ahora, es que el ritmo de contagio no baja y solo sube, y mientras esto suceda no se reactivará el sistema educativo.

Pero lo más importante aún,       que todos juntos luchemos desde las casas para que el decreto para la conectividad gratis se implemente se una vez por todas en beneficio de los alumnos en general, la falta de implementación de este solo favorece a las empresas transnacionales de la comunicación y por eso lo detienen.

La unidad del magisterio

Los dirigentes de los colegios magisteriales deben tomar inmediatamente partido en este punto que se vuelve estresante todos los días. Al parecer la unidad no está pegada ni con saliva, pero este hecho al que nadie le da importancia debe servir para unificar la lucha y edificar una plataforma o coordinadora nacional para detener este abuso. Los docentes deben dejar de cumplir como si fuera ley divina esta absurda exigencia, debe ser desmitificado y desnudado esta burda orden porque no es más que un capricho de incapaces jefes por hacerse sentir como jefes y lo peor, una jugada del régimen para ofrecer estadísticas e informes falsos que al final aprovechan políticamente y justifican egresos del erario.


Por Horacio Villegas

La fecha de vigencia del nuevo código penal será, según el Congreso Nacional ―luego de que su extensión por 45 días fuera aprobada el 9 de mayo―, el próximo 25 de junio. Este nuevo código, si lo permitimos, entraría en vigencia en un momento de crisis generalizada en donde los hondureños aun no resolvemos los grandes conflictos políticos iniciados por la casta de corruptos que dieron vía libre a la reelección presidencial, al fraude electoral, al saqueo de instituciones, etcétera; son precisamente estos sectores ligados al narcotráfico, diputados algunos de ellos, y cercanos al gabinete presidencial otros, quienes quieren apresurar la aprobación definitiva de este código que en vez de endurecer las penas, por ejemplo, delitos como la malversación de caudales públicos, las flexibiliza.

Los trabajadores y varios sectores cuestionan el nuevo código penal

Son varias las organizaciones y actores que han lanzado sus negativas a la puesta en vigencia del nuevo código penal, precisamente por considerar prematura su aprobación en medio de una pandemia, y lesivos varios de los artículos que componen este instrumento legal. Desde el 2017 varios académicos lanzaron sus argumentos en contra de la peligrosidad que pudieran tener para la ciudadanía los artículos referidos al delito de terrorismo, y afirmaron que dichos artículos significaban “un reacomodo estratégico del aparato estatal en su confrontación tanto con los movimientos de resistencia popular como con las bandas y redes de extorsión” (Revista Envío, Año 15, No. 52, mayo 2017, p. 26.).

Desde el año pasado el Concejo Nacional Anticorrupción CNA ha venido expresando su descontento en contra del nuevo código penal, presentando varias medidas de presión al Estado, entre ellas un recurso de inconstitucionalidad de dicho código, en donde se apunta lo que sigue: “el Congreso Nacional aprobó el nuevo Código Penal de la Impunidad (decreto 130-2017) que contiene rebajas a penas por delitos en contra de la administración pública, que favorece a un grupo selecto de funcionarios y exfuncionarios” (Comunicado de prensa, CNA, 28 de octubre de 2019).

La Coalición Contra la Impunidad lanzó el pasado 11 de mayo un pronunciamiento público en donde dejaba claro que la entrada en vigencia de este nuevo código penal era muy apresurada, y que el Congreso Nacional no concibió mejores espacios para discutir el contenido de dicho código, por lo que propusieron “ampliar el proceso de redacción, discusión, aprobación y reformas, así como la capacitación y difusión de la normativa jurídico penal para las instituciones de investigación y sanción penal, y para la población en general” (Pronunciamiento Público, Coalición Contra la Impunidad, 11 de mayo de 2020).

Las organizaciones de mujeres también expresaron su descontento con la nueva normativa penal, y cuestionan de fondo toda la elaboración de este código que a su juicio “carece de los criterios de género como regla de interpretación” (Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, mayo 2020, p. 1) Los varios artículos contenidos en dicho código que expresan las penas contra los agresores sexuales, si bien hablan de femicidio, violencia contra mujeres, violación sexual, hostigamiento sexual, contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos, hace falta según las feministas: la despenalización del aborto, la clarificación de figuras como el incesto y el estupro, y además la adhesión de tres modalidades de violencia como ser la publicidad sexista, la violencia institucional y el matrimonio infantil (Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, mayo 2020).

Finalmente, el movimiento sindical hondureño, que aglutina a las centrales obreras como la CGT, CTH y CUTH presentaron el pasado 18 de mayo su postura de cara a la aprobación del nuevo Código Penal. Estas organizaciones obreras hicieron notables sus exigencias en tres puntos que tienen que ver con tipificaciones contenidas en el nuevo código, como ser las “reuniones o manifestaciones ilícitas” art. 553, “asociaciones para delinquir” art. 554, “desórdenes públicos” art. 573 y “asociación terrorista” art. 587-89 (Carta Pública del Movimiento Sindical al Congreso Nacional, 18 de mayo de 2020). Las centrales obreras exigen la derogación total de estos artículos lesivos a los trabajadores.

Por una elaboración democrática del nuevo código penal

Desde el Socialista Centroamericano nos unimos a las exigencias planteadas por el movimiento sindical hondureño y las demás organizaciones civiles que han denunciado todo el articulado inconsistente de este nuevo Código Penal. Es necesario exigir a todos los diputados del Congreso Nacional la suspensión inmediata de la entrada en vigencia, para dar lugar a una elaboración democrática de otro Código Penal, que implique la participación de todos los sectores que han hecho críticas y esgrimido sus propuestas.

Mientras tanto los hondureños debemos sumarnos a las convocatorias a movilizaciones que han lanzado varios de estos sectores, para exigir la suspensión de su aplicación y vigencia.


Por Horacio Villegas

A pesar de todas las disposiciones implementadas para los trabajadores del sector privado en medio de la pandemia ―que se resumen en el esbozo de unas “medidas económicas” lanzadas el 30 de marzo, y la “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores” del 3 de abril―, ha sido insuficiente el esfuerzo del gobierno de turno en resolver la aguda crisis que ya empieza a golpear duramente a estos sectores.

Las mencionadas disposiciones le dan un amplio rango de decisión a los patronos para efectuar cuantos despidos de trabajadores se les antoje, y apenas el gobierno ofrece a esta larga fila de desempleados una “aportación solidaria temporal” (6 mil lempiras, equivalentes a 240 dólares) que no es generalizada para todos los trabajadores del sector privado, porque depende de la afiliación al RAP (Régimen de Aportaciones Privadas) y al Régimen de Zonas Libres (maquilas).

Décimo cuarto mes en peligro

La realidad que atraviesan en esta pandemia los empleados de franquicias, bancos, maquilas, entre otros, va desde la confiscación de sus días de vacaciones con el pretexto de la cuarentena y la paralización laboral, las suspensiones por 120 días, hasta terminar en la finalización de sus contratos sin derecho alguno.

Aun siendo desfavorable el escenario para este sector, los sesgados pronósticos de los empresarios apuntan ahora a una nueva incertidumbre que termina de confirmar la desidia del gobierno ante la defensa de los derechos laborales: los empresarios anunciaron el 2 de junio la fragilidad en el pago del décimo cuarto mes. Según el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) el pago de este derecho se efectuará fraccionado en los meses subsiguientes:

“«Obviamente las empresas actualmente tienen dificultades en cuanto a su liquidez y es muy posible que se estén dando acuerdos entre empresas y trabajadores para diferir este pago en los siguientes meses o pagarlo en meses distintos a junio», señaló Solórzano.” (Tiempo Digital, 2 de junio de 2020).

Estas declaraciones son vertidas en la opinión pública contrastando con las que dio el COHEP el 21 de abril, en donde afirmaron que “continúan las cesantías y preavisos, vacaciones, decimocuarto salario y pago de aguinaldo.” (El Tiempo Digital, 21 de abril de 2020). Todo indica que los derechos de los trabajadores pueden, por arte de magia, flexibilizarse ante el visto bueno de los empresarios; quienes ponen como única responsable del deterioro laboral a la pandemia, y como es ya sabido, son sus ansias de preservar sus cuantiosas ganancias lo que los lleva a pisotear estos derechos.

Bajo la crisis provocada por la pandemia, el decimo cuarto mes debe ser pagado integro: necesitamos dinero para comprar comida y pagar los servicios básicos.

Reapertura económica debe contemplar medidas de protección de los trabajadores

Mientras el retorno gradual a las actividades económicas propuesto por la patronal y el gobierno ―para este lunes 8 de junio― desborda la opinión pública, los trabajadores, sin implementos de bioseguridad, se aproximan a una situación sin precedentes: a un seguro contagio que ya ha estado pasando en las industrias (maquilas) y comercios de la zona norte y la capital, que no han parado sus actividades pese a la cuarentena.

Ha sido la zona norte la que más a sufrido los numerosos contagios que se establecen en las no tan creíbles estadísticas de SINAGER (3597 contagiados hasta la fecha en el departamento de Cortés), y no es casual dada la alta propagación del virus en lugares tan cerrados como las maquilas. Si la reapertura sucede, los trabajadores y el pueblo en general, deben tener certeza del nivel de propagación del virus, sólo evidenciado con una masiva aplicación de pruebas, inexistentes aun dado el millonario presupuesto aprobado por el ejecutivo y legislativo para esta crisis; sumado a esto, un verdadero plan de aseguramiento de la vida de las y los trabajadores con implementos de bioseguridad y jornadas de trabajo que tomen en cuenta a los compañeros y compañeras más vulnerables frente al virus.

Las protestas por el reintegro de un compañero suspendido de la Cervecería Hondureña a finales de mayo es el caso notable, puesto que dentro de las exigencias de estos trabajadores se encuentran los adecuados utensilios de bioseguridad para el cuidado personal y colectivo, equipos que no han sido dados en tiempo y forma por los Canahuati y demás familias de la burguesía ligada a estos rubros. A la defensa de todas las garantías laborales como los salarios, décimo cuarto mes, y vacaciones, debe añadirse la exigencia de paquetes de bioseguridad costeados por los patronos.

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