El Coronel Arturo Armando Molina a pocos días de llegar al gobierno mediante un fraude electoral, como medida represiva cerro la Universidad de El Salvador (UES), el 25 de julio  de 1975 también intervino el Centro Universitario de Occidente ubicado en Santa Ana, la respuesta a dicha medida represiva fue la marcha del 30  de julio una protesta que fue reprimida por las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad en donde muchos estudiantes y trabajadores fueron asesinados.

Como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), recordamos y enaltecemos la memoria de todos aquellos estudiantes y trabajadores que ofrendaron sus vidas luchando por la libertad y derechos para todo el pueblo salvadoreño y por la instauración de un sistema económico en beneficio de las mayorías.

Desde el PSOCA llamamos a todas las organizaciones a exigirle al actual gobierno una investigación exhaustiva de los responsables materiales e intelectuales de esta masacre del 30 de julio y demás masacres que se cometieron en contra del pueblo, de igual manera debemos exigir a los
Diputados de la Asamblea Legislativa y a todos los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que si verdaderamente están con el pueblo deroguen la Ley de Amnistía que mantiene en la impunidad los asesinatos cometidos en contra el pueblo.

Todos a organizarnos y a luchar por la defensa y garantía de la educación superior

El estado a negado el acceso a la educación superior a la mayoría de los hijos de trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares; basta hacer la relación de cuantos jóvenes salen de bachilleres y cuantos logran continuar sus estudios de educación superior, además de lo anterior actualmente se tiene el deterioro de la educación pública ambas problemáticas se dan a nivel nacional y centroamericano lo cual ha llevado a protestas en las diferentes universidades de la gran patria Centroamericana en donde la gobiernos enfrentan una crisis fiscal lo que les obliga a implementar las recetas de los organismos financieros internacionales y del imperio, que plantean la reducción del gasto público y la privatización de los pocos servicios estatales mediante los asocios públicos privados lo que comprende también la educación superior.

Para detener la arremetida en contra de la educación superior es necesaria la integración centroamericana de las luchas por la defensa de la Autonomía de las Universidades estatales y de la educación superior estatal a la que deben tener acceso todas las personas. Desde el PSOCA llamamos a la conformación de los colectivos de defensa de la educación superior a los cual deben unirse los estudiantes de básica y de bachillerato, trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares.

Recordemos a los  héroes y mártires del 30 de julio y defendamos la UES

Por la integración centroamericana de las luchas en defensa de la autonomía universitaria y de la educación superior

 

Centroamérica, 30 de Julio del 2013

El ministro David Munguía Payes y el Fiscal Luis Martinez, se reconciliaron

Por Lisandro Espinoza

En los años ochenta la situación económica que vivía el país y la violencia generada por el conflicto armado eran los problemas fundamentales de los cuales la población salvadoreña clamaba una solución. Paradójicamente, en estos momentos estos problemas aún son la preocupación principal del ciudadano salvadoreño.

El Acuerdo de Paz entre FMLN y ARENA no solucionó los problemas

La situación económica había llevado al surgimiento de estructuras políticas-militares revolucionarias que amenazaban con arrebatar el poder a la clase dominante. Como respuesta, el imperialismo y la oligarquía salvadoreña implementaron la violencia estructural del estado y de estructuras paramilitares (como los escuadrones de la muerte), lo que implicó el uso de las Fuerzas Armadas y de todos los cuerpos represivos de seguridad. Ante la imposibilidad del gobierno de derrotar militarmente a la guerrilla salvadoreña, con la llegada del gobierno de Napoleón Duarte del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se inició un proceso de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del FMLN, lo cual era visto desde diferentes ópticas por los representantes de las organizaciones que integraban el FMLN. Para unos el diálogo debería ser utilizado de manera táctica, pero otros lo vieron como el puente para llegar a la negociación. Con la muerte de líderes obreros, como Cayetano Carpio se abrió una nueva etapa en la cual se pasó abiertamente del diálogo a la negociación.

Con la llegada de ARENA al gobierno se firmó en 1992 el Acuerdo de Paz; de esta forma la derecha arenera estaba otorgando “la paz que tanto clamaba la población salvadoreña”, lo que le daba prestigio político ante la población, aunque en realidad no estaba solucionando los problemas económicos, pero ello le importaba poco. Al contrario, inmediatamente se profundizó el modelo económico neoliberal y la privatización de muchas instituciones del estado, y con ello nuevamente los problemas económicos, la violencia y la delincuencia volvieron a ser los principales problemas sentidos por la población. En el pasado evento electoral la solución a dichos problemas fue parte de las promesas de campaña realizadas por el FMLN y ARENA. En el Acuerdo de Paz entre la ex guerrilla de FMLN y ARENA no se tocó el sistema capitalista e inclusive solo maquilló el aparato represivo militar.

ARENA campaña electoral con el tema de la violencia

La derecha arenera se olvida de que a pocos años del tan alabado acuerdo de Paz ya la delincuencia empezaba a repuntar, lo que llevó en 1993 a representantes de ONUSAL a manifestar que “existía una progresión cualitativa del impacto de la violencia que se expresaba en que los asesinatos contradicen la expectativa de seguridad a la que aspiraba la población salvadoreña una vez finalizado el conflicto”. En aras de mantener dichas expectativas entre la población los gobiernos areneros utilizaron a las fuerzas armadas para que hicieran labores de seguridad (algo que fue muy criticado por la dirección del FMLN), llegando a implementar los planes de mano dura con los cuales golpeó a las estructuras criminales; pero los planes solo eran una solución temporal a la problemática, pues tan solo obligaron a estas estructuras a perfeccionarse para poder sobrevivir.

Con la llegada de FMLN y de Funes al gobierno, en momentos en que el capitalismo enfrenta una de sus peores crisis, la violencia y delincuencia atribuida a las Maras y las pandillas continúa en ascenso, aunado a la campaña mediática de la derecha arenera que busca hacer ver al gobierno como incapaz. La respuesta a este problema por parte del gobierno de Funes y del FMLN inicialmente fue la misma política represiva y de uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad de los gobiernos areneros, que en la práctica han demostrado ser inefectivas.

De la rebelión contra la Ley de Proscripción a la tregua

En el 2010, ante la aprobación de la Ley que proscribía, penalizaba y castiga a miembros de las maras y las pandillas y a sus colaboradores, dichas organizaciones llamaron al paro del Transporte, logrando sus objetivos. En el contexto del paro, miembros de las Maras y de las Pandillas difundieron comunicados en donde exigían al gobierno la derogatoria de la Ley e incluían otras demandas en beneficio de las mayorías, lo que fue una sorpresa para la mayoría de la población. Dicha ley también fue rechazada por el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) por considerar que “… esta vulnera los Derechos Humanos que legítimamente corresponden y dado que esta forma parte de un serie de condiciones que el Estado burgués salvadoreño va creando para un momento determinado aplicarla en contra del pueblo salvadoreño y sus organizaciones…” y debido a que esta Ley no ataca el problema de raíz y porque es igual a las políticas dictadas por los gobiernos areneros.

Ya para el 2012 se rompió el hermetismo del proceso de diálogo entre los miembros de la Mara MS 13 y la Pandilla 18. En los momentos en que dicho proceso se hizo público se hablaba ya de una tregua entre ambas estructuras, pero se negaba que existiera una negociación entre ellos y el gobierno. Se reconoció la existencia de dicha tregua mediante un comunicado conjunto en el cual manifestaban “LOS VOCEROS NACIONALES DE LA MARA SALVATRUCHA MSX3 Y LA PANDILLA XVIII al pueblo salvadoreño hacemos saber:.2...desde el año anterior hemos iniciado internamente un profundo proceso de reflexión y análisis sobre los graves y acuciantes problemas que enfrenta nuestro país, de los cuales nosotros hemos sido parte, como consecuencia de la guerra que nos hemos visto obligados a librar por causas sociales de exclusión, marginación, represión y de sobrevivencia. Las reflexiones en mención nos han llevado a las siguientes conclusiones: a) Que si somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. b. que no deseamos seguir haciendo la guerra ni mucho menos seguirla profundizándola… 8- Valoramos que el proceso que hemos abierto es histórico y será de mucho beneficio para el país por eso pedimos no lo bloqueen…A los que viven de hacer análisis les invitamos a renovar el esquema con el que analizan nuestro fenómeno, mientras nos sigan analizando solo como fenómeno delincuencial sus análisis serán erróneos y de igual manera sus recomendaciones para resolverlo, es necesario que entiendan de una vez por todas, que somos un fenómeno social y que la guerra que nos hemos visto obligados a librar, tiene causas socioeconómicas y por tanto su solución no solo es legal y de represión sino también con medidas sociales y económicas…El Salvador, 19 de marzo de 2012.”

¿Es posible el ir más allá de la tregua?

Muchos sectores se muestran escépticos ante la tregua de la pandilla y la mara, y tratan de deslegitimar y desprestigiar dicho proceso; mientras esto sucede las iglesias evangélicas compiten contra la iglesia católica para ser tomadas en cuenta y ser partícipes del proceso.

La campaña mediática y de deslegitimación que ha lanzado ARENA contra dicho proceso últimamente ha llevado a un enfrentamiento entre el Fiscal General de la República y ministro de la defensa. Esta campaña busca restar votos a sus contendientes, lo que ha obligado a los demás candidatos presidenciales a retirar el apoyo a la tregua.

Respecto a este proceso de pacificación, Miguel Insulza, Secretario General de la OEA a manifestado que la organización de la OEA “apoya de manera inequívoca y firme el trabajo de los municipios libres de violencia, para todo lo necesario, para que ese respaldo político se fortalezca y mantengamos un diálogo permanente con los señores alcaldes” (Diario Co Latino. 27/07/2013). Un proceso similar de pacificación se busca implementar en Honduras.

Al igual que el Acuerdo de Paz entre el FMLN y ARENA, el proceso de pacificación actual pareciera una necesidad para ejecutar los proyectos económicos de la clase dominante y los dictados por el imperialismo, ya que en el Plan de Acción Conjunto 2011-2015, documento elaborado en el marco del Asocio para el crecimiento, consideran como restricciones vinculantes al crecimiento, “la inseguridad y el crimen y la baja productividad en el sector de bienes transables”. De esta manera indirectamente estaría mediatizando a las maras y pandillas, quienes han manifestado ser “…un subproducto social de las nefastas políticas socioeconómicas derivadas de los modelos que se han implementado en el salvador desde hace muchos años…”.

Capitalismo, causa estructural de la violencia y delincuencia

Toda la población clama por una solución al problema de la violencia y la delincuencia. El gobierno que logre concretizar los planes de pacificación estaría resolviendo transitoriamente el problema generado por las maras y las pandillas, lo que le permitiría acumular capital político y ser partícipe de los proyectos económicos. Pero mientras la situación socioeconómica quedaría igual; por lo tanto los trabajadores, campesinos, y demás sectores populares debemos movilizarnos y luchar contra el estado burgués y el imperialismo.


Por Marcial Rivera

Algunas semanas atrás fue presentado el estudio titulado “El financiamiento de la educación en El Salvador”, por parte del Ministerio de Educación (MINED), la Fundación de Innovaciones Educativas Centroamericanas (FIECA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tal como informaba la Prensa Gráfica (17/07/13): “El estudio sustentará la campaña que emprenderán dichas instituciones para abogar porque el presupuesto para educación alcance el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”

¿Por qué es necesario elevar el nivel de inversión?

Debe destacarse que el nivel de inversión en educación en El Salvador ha sido de forma sistemática excesivamente bajo. Guatemala, Haití y El Salvador, se destacan por tener niveles de inversión bajos en materia educativa, lo que se refleja en los porcentajes de analfabetismo, índices de desarrollo humano bastante bajos, deserción escolar y mano de obra poco calificada. Esta realidad complica el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y del Plan 2021, entre otros.

En promedio puede afirmarse, con base en los datos de UNESCO, que el promedio de inversión en materia educativa no ha sobrepasado del 4% en los últimos años, sobre todo en los gobiernos de derecha, en los que incluso hubo periodos de reducción en este ramo, lo que tuvo y tiene sus consecuencias para el país. Tanto UNESCO, como FIECA propusieron una Ley para el Financiamiento de la Educación, como una alternativa para la inversión en el ramo educativo, que a su vez se complementaría con inversión municipal como indica El Diario de Hoy (17/07/13): “La propuesta anterior, que por lógica conlleva la necesidad de que en el país se haga un esfuerzo por mejorar los niveles de crecimiento económico, también va acompañada de otra: la creación de un fondo de inversión municipal en educación”. Por otro lado, también se contempla la posibilidad de blindar un mínimo de inversión en educación, desde la Constitución misma; de esta forma un presupuesto justo y equitativo estaría garantizado para la educación. De cualquier forma, un eventual aumento de inversión educativa implica no solo la correcta y transparente fiscalización de este aumento, sino además implicaría que el gasto se condujera de forma correcta, para priorizar la contratación de educadoras y educadores, la incorporación de material bibliográfico a las bibliotecas escolares, equipamiento computacional, frente a los gastos operativos.

¿Propuesta?

Sin embargo, la prioridad principal se configura frente a elevar el nivel de inversión del PIB en educación. En la misma nota se hace la siguiente propuesta: “Un modelo propone invertir el 6% del PIB ($150 millones) de cara al 2015 si se quiere lograr 100% de cobertura preescolar, 75% en Secundaria y 100% en alfabetización. Otro modelo implica invertir 7.5% ($764 millones) de cara al 2021, pero si se prolonga el cumplimento al 2025 requerirá 10%.”

Lo que debe tenerse claro, es que el tema de la inversión en educación, debe convertirse en una política de Estado, y no en una política de gobierno, para darle continuidad a este tema y en tal sentido la propuesta y eventual aprobación de la Ley para el Financiamiento de la Educación, podrá convertirse en la expresión concreta de esta política de Estado. Un pueblo sin educación vive a expensas de la voluntad de la clase dominante; sin embargo, esta clase dominante necesita de mano de obra calificada para emplearla.

Los padres de familia, estudiantes, educadoras y educadores con sus gremiales deben estar alertas para exigir que, en caso de que esta ley sea aprobada, el incremento de la inversión estatal en educación garantice una enseñanza gratuita y de calidad; no permitiremos que, como se pretende hacer en otros países centroamericanos, la inversión estatal incluya subvenciones a establecimientos educativos privados, que no son más que un lucrativo negocio.

Esto va de la mano con una reforma al sistema educativo, que contemple inversión en equiparación de tecnologías de información y comunicación; pero más que esto, debe apuntar a la edificación de un sistema educativo liberador y emancipador, más que tecnificador y orientado a proporcionar mano de obra calificada al capital explotador. Cualquier incremento en la inversión estatal en educación debe ir acompañado, para su financiamiento, de aumento en impuestos a las ganancias de los empresarios. Los sectores populares debemos exigir al gobierno este urgente aumento en los gastos de la educación. También debemos exigir que representantes de los estudiantes, maestros y padres de familia fiscalicen el gasto del gobierno en este importante rubro.


Por Joel Arriola*

Una gran parte de los artículos que aparecen sobre El Salvador se ocupan del análisis de lo fenoménico, de lo insustancial de la realidad social, dejando de lado la esencia, lo substancial de esta. En esa línea a parecido en un periódico digital el artículo FONAT o por qué los Cuatro realmente son Fantásticos[1]su autor, el académico y filosofo Carlos Molina Velásquez.

El articulo trata de analizar la cuestión de la aplicación del Fondo Nacional de Atención a las Victimas de Accidentes de tránsito (FONAT) y su suspensión, luego de que la sala de lo constitucional (integrada por estos 4 fantásticos como nos propone Carlos Molina) admitiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley FONAT.

Se propone analizar este hecho (y de paso otros como el caso de Beatriz[2]) a la luz de la que podríamos denominar moralidad-social y de paso por la política misma. Veamos las propuestas de Molina, pongamos de manifiesto su abordaje evidentemente fenoménico y por supuesto, las conclusiones nefastas que se obtienen (por extensión nuestra) de dicho análisis.

Comienza Molina analizando la suspensión del FONAT como acto de injusticia, desde el punto de vista de la “justicia entendida como equidad”; esta, dice debería contemplar mecanismos de redistribución de recursos que beneficien a los menos favorecidos de una sociedad, aunque afecten los intereses particulares de la mayoría de sus miembros entonces el fallo de la famosa Sala sería manifiestamente injusto. Entonces, para Molina la justicia es posible en una sociedad donde existan “los menos favorecidos”, es decir, es pues una justicia burguesa y además utópica en cuanto que, establece que deben existir “mecanismos de distribución… hacia los menos favorecidos aunque… [Estos] afecten los intereses… de la mayoría de los miembros”

Es decir pues, la Justicia, tal y como la entiende Molina, es posible en una sociedad de desiguales, con desigual distribución (sólo en una sociedad de desiguales, con desigual distribución es posible la redistribución de las riquezas hacia los “menos favorecidos”), lo que implica a la vez una sociedad con desigual propiedad de los medios de producción, y por consiguiente una sociedad dividida en clases, lo que a la vez implica, con el actual grado de desarrollo de las fuerzas productivas, una sociedad burguesa, dividida en dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado. En esta sociedad, es decir en una sociedad burguesa, la justicia tal y como la propone Molina, es posible; al menos eso es lo que se desprende de su párrafo citado.

Pero la propuesta de justicia de Molina, además de pecar de burguesa, peca más adelante en el mismo párrafo de utópica. Dice que deben existir mecanismos de redistribución hacia los menos favorecidos, aunque la aplicación de estos mecanismos afecte a la mayoría de los miembros de una sociedad. ¡Vaya utópismo! ¿Acaso pueden existir grupos “menos favorecidos” cuyos intereses estén en alguna medida contrapuestos al interés general de la mayoría de una sociedad? ¿No se convierten acaso los grupos beneficiarios del FONAT, en a la vez grupos afectados por el cobro del mismo?

Para responderse vasta darse una vuelta por el centro de la ciudad y charlar con cuanto se le cruce. O sino, baste con observar como el ultraderechista Norman Quijano utiliza en la campaña electoral la cuestión del FONAT para desprestigiar al gobierno de turno. Pero Molina no lo entiende así; que podría hacerse pues, es la manera de razonar de las llamadas “clases medias” deslumbradas por el supuesto “gobierno del cambio”.

Más adelante Molina dice, en relación a los 4 magistrados de la sala de lo constitucional que “Muchos repiten que las sentencias de los magistrados son ´algo jurídico´ y sacan erróneamente la conclusión de que no deben ser leídas como “política o moral”. Sin embargo, pensar que los magistrados son ajenos a intereses políticos propios y extraños, o que alguna misteriosa fuerza estelar los libera de presiones de grupos de poder, no es solo una posición ingenua y falsa sino también peligrosa”.

Otra vez, victima de la defensa incondicional al Gobierno de Funes-FMLN, cae en el análisis de lo fenoménico. Es claro que los magistrados están hasta la coronilla embutidos de intereses políticos, pero estos no son sino la necesaria condición de los intereses económicos de la clase a que representan. Esto aunque lo acepta, no lo dice Molina, pues manifestarlo, le llevaría por lógica a platearse los intereses económicos (y por extensión políticos) del quinto magistrado: Salomón Padilla y el otro grupo que esta generalmente en contra de los magistrados: FMLN-GANA.

Ésta valoración era de donde tenía que arrancar Molina, si quería desentrañar en la polémica sobre los magistrados, más allá de algo jurídico y llegar hasta el fondo, hasta la esencia del problema. Pero esto no lo ha planteado Molina, y así como ha colocado a los 4 magistrados como los 4 fantásticos, así mismo ha puesto en el altar al quinto magistrado, como el Superman de la historia y al FMLN como el clan de los salvadores del universo.

Pero esto (de analizar la cosa como una cuestión de estructural en lo económico) Molina no lo planteara jamás, pues al seguir en esta línea de análisis no le quedaría más que inmiscuirse hasta el fondo de la alianza FMLN-GANA y su construcción como expresión política de un interés económico supremo, de una nueva burguesía. ¿Que moral, que justicia, nos queda entonces a estas alturas del análisis? ¿Qué moral y que justicia deberíamos tener en cuenta los pueblos ante esta realidad? ¿La moral burguesa embrollada que propone Molina? ¿O tendremos que apelar a nuestra moral, la moral proletaria? ¿Tendremos que capitular al FMLN y al Gobierno por estar enfrentados a los magistrados o por el contrario tendremos que arremeter una contundente crítica a “ambos bandos”?

Más adelante sobre el caso de Beatriz, afirma Molina: “Basta recordar la sentencia sobre el “Caso Beatriz” y la disparatada afirmación —una de tantas— de que “los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus ni viceversa”. Sin ninguna duda, esta es la prueba de que los magistrados son realmente los Cuatro Fantásticos: seres maravillosos que habitan un Olimpo Jurídico alejado de lo “demasiado humano”.

Estamos de acuerdo con Molina sobre el espíritu nefasto de la sentencia de la sala sobre el caso de Beatriz; pero más allá de ello, lo que demuestra Molina acá, es precisamente su incomprensión de la realidad política y social del país. Cambia el análisis social y político por sus caprichos y en lugar de establecer lo que en verdad ha sucedido con la sentencia en el caso de Beatriz, se pone a fantasear sobre seres maravillosos de otro mundo. En lugar de decir lo podrido del régimen político salvadoreño, de la “construcción cultural” salvadoreña, de la superestructura capitalista-dependiente y su influjo en las acciones políticas (y económicas, dicho sea de paso), se pone a hacer lucubraciones que poco ayudan a caracterizar la realidad salvadoreña en general y el caso de los magistrados en particular.

Pero por si esto fuera poco, veamos que mas tiene que decirnos Molina sobre el tema: “También debemos rechazar categóricamente fallos como los del “Caso Beatriz” y el FONAT, porque violan los derechos de las mujeres, en el primer caso, y fomentan la construcción de una sociedad insolidaria, en el segundo. Si los cuatro superhéroes realmente interpretaran la Constitución en función de la ciudadanía, entonces sus resoluciones serían verdaderamente justas y no mínimamente legales”.

Estamos de acuerdo con Molina al decirnos que debemos rechazar categóricamente fallos como el caso de Beatriz, sin embargo rechazamos profundamente su aseveración de que fallos como el del FONAT fomenten la construcción de una sociedad insolidaria. Y no es que estemos de acuerdo con el fallo del FONAT (primero porque no existe tal fallo aún), que de seguro será peor de nefasto que la ley misma, puesto que lo que puede vislumbrarse (por el accionar de los grupos de empresarios transportistas) es precisamente el mantenimiento del impuesto (o como quiera llamarle Molina) para los miles de trabajadores y trabajadoras, mientras se les exonera a los sectores empresariales de trasportistas. Y es que no podía ser de otra forma, pues como hemos dicho, (y algo que compartimos con Molina) efectivamente los magistrados no hacen sino expresar los intereses rancios de la burguesía oligárquica o tradicional, sin embargo de allí no se desprende que debamos alinearnos al otro sector burgués emergente: El representado políticamente en le bloque FMLN-GANA.

Por ultimo, Molina como todo buen pequeño-burgués (o mejor dicho como esa “clase media” vacilante, que por haberse alejado de la praxis militante se aleja así mismo de las posiciones políticas propias que expresan los intereses de la clase trabajadora) nos agrega “El FONAT es, seguramente, una iniciativa que debe implementarse de la mejor manera y en ese sentido debería revisarse y perfeccionarse”. Como todo buen “clase media” vacilante apela a lo “bueno” y deja del lado lo “malo” de la ley para ser reformado… No nos extrañaría que esa misma postura de “tomar lo bueno” y esperar que se reforme lo “malo”, tuviera también para leyes como los Asocios Público-Privado, o el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Así pues, nos ha tocado tratar con el fenómeno, con el mundo de la pseudoconcrecion como diría Karel Kosik. Para emprender el análisis estructural, es decir científico de la situación del FONAT, Molina, debió remontarse pues, al déficit fiscal del gobierno, su negativa a gravar con impuestos al gran capital e intentar de esa forma descargar la crisis sobre los hombros de las clases populares. Y si para el caso quería tratar sobre “los 4 fantásticos” Molina debió comenzar precisamente con un esfuerzo por identificar las causas económicas de los movimientos políticos de la sala (en termino gramscianos, debió buscar si los movimientos en la sala son movimientos superestructurales orgánicos o no); esto sólo lo hizo a medias, al identificar acertadamente los “4 fantásticos” con los grupos de la burguesía oligárquica salvadoreña, pero esta tarea está incompleta sino se prolonga al establecer el vínculo que une los movimientos políticos de Padilla y el bloque FMLN-GANA a los intereses de esa burguesía emergente.



*Estudiante de sociología de la Universidad de El Salvador. Miembro del Colectivo 25 de Julio.

[1] Carlos Molina Velásquez. FONAT o por qué los Cuatro realmente son Fantásticos. Disponible en:  http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/fonat-o-por-que-los-cuatro-realmente-son-fantasticos

Para ampliar sobre esto puede verse por ejemplo: Sofía García. El debate en torno a la despenalización del aborto debe encararse ya. Disponible en:  http://www.ust-elsalvador.org/index.php/item/97-el-debate-en-torno-a-la-despenalizacion-del-aborto-debe-encararse-ya

 
Por German Aquino
Después de que los fascistas del Partido de Conciliación Nacional (PCN),   fundado en 1961 dejaran  de representar y defender los intereses de las clases explotadoras, fue la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fundada, en   1981 quien pasó a representar y defender los intereses de la clase dominante que ha explotado y reprimido a la clase trabajadora salvadoreña. En la actualidad el capitalismo está sufriendo una nueva crisis, la cual ha impactado en El Salvador, conduciendo a una división coyuntural  entre diferentes grupos empresariales que conforman la clase dominante.
Ello se refleja también en las diferentes pugnas internas que está sufriendo la derecha arenera; dichas diferencias se han profundizado después de la derrota electoral a manos del FMLN,  que provocó que sectores ligados a la derecha arenera perdieran su influencia en las instituciones estatales y privilegios que tuvieron cuando gobernaron.
El Asocio para el Crecimiento y el Plan de Acción  Conjunto 2011-2015
El Asocio para el Crecimiento,  “…aspira a ampliar rápidamente el crecimiento  económico inclusivo en El Salvador bajo un compromiso profundo con la democracia y los  derechos humanos” (Plan de Acción  Conjunto 2011-2015). En este plan se pone a la empresa privada como la única que puede liderar el desarrollo económico mientras el gobierno debe establecer “un  entorno institucional propicio para el crecimiento económico”.
Después de que el imperialismo y la burguesía nacional con sus  políticas han mantenido en el subdesarrollo  al país, dicho plan señala que “En los últimos cincuenta años, El Salvador se ha caracterizado por presentar un crecimiento  económico y una inversión respecto al PIB por debajo de la media de los países de América y  Asia”.  También  señala que “cerca del 88.7 por ciento del territorio es susceptible a desastres naturales y aproximadamente 95.4 por ciento de su población está en riesgo”.
Resultados de investigaciones realizadas en el mismo marco consideran como restricciones vinculantes  al crecimiento, “la inseguridad y el crimen y la  baja productividad en el sector de bienes transables”, por lo cual centra todo su accionar en la solución de dichas restricciones.
El Plan de Acción  Conjunto 2011-2015, relacionado con el Asocio para el Crecimiento, expresa los intereses de la clase dominante y del imperialismo;  deja claro cuáles son las medidas que realizará el  actual gobierno de Funes y del FMLN pero que además las tiene que cumplir cualquier otro gobierno que llegue, ya que son medidas dictadas por el imperialismo. Aunque en dicho plan se plantean mejoras a nivel de la infraestructura como parte  de las fuerzas productivas, sus beneficios no llegarán a las grandes mayorías; por el contrario, el pueblo tendrá que pagar dicha modernización. Además dicho plan contempla la implementación de una serie de leyes que afectarán a la clase trabajadora y la apropiación de recursos por parte de la empresa privada nacional e internacional.
Consejo para el Crecimiento: manzana de la discordia
El Plan de Acción  Conjunto 2011-2015, además de contener medidas contra la clase trabajadora, establece   como meta uno la conformación del  Consejo para el Crecimiento el cual está integrado  por  prominentes empresarios como  Francisco Calleja, Francisco de Sola, Juan Carlos Eserski, José Roberto Dutriz, Roberto Murray Meza, Ricardo Poma y Carlos Guerrero.
En representación del Gobierno participan los ministros de Hacienda, Defensa, Agricultura y Ganadería, Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, el superintendente del Sistema Financiero y el secretario técnico de la Presidencia. Entre las personas que han representado dichas instituciones ya se han dado varios cambios, siendo los más estables Alexander Segovia, Carlos Cáceres y Carlos Acevedo, provenientes del grupo económico-político que dio gran apoyo a la candidatura del presidente Funes.
En el Consejo para el Crecimiento confluyen sectores provenientes de la rancia burguesía tradicional y  nuevos grupos económicos que en el pasado estuvieron ligados a la derecha arenera, los cuales buscan su consolidación, siendo el Consejo una instancia que les será de gran ayuda a tal objetivo y para la realización de sus negocios.
Unido a lo anterior han surgido núcleos económicos provenientes de la ex guerrilla del FMLN, ligados a Alba Petróleos de El Salvador, la cual inicialmente se  dedicó a comercializar petróleo, pero que después incursionó en otras esferas como la producción agrícola y financieras, etc. Lo anterior preocupa más a los sectores económicos ligados a la derecha arenera,  quienes tienen abiertos dos frentes de lucha, lo que lleva a enfrentamientos, y a una lucha por el control de las instituciones del Estado a la cual muchas veces buscan arrastrar a las organizaciones sociales. Los núcleos económicos ligados al Alba ya representan una competencia para los grupos económicos tradicionales.
La profundización de la crisis de la derecha arenera
Existe una división entre los diferentes núcleos empresariales que han dominado El Salvador. Ésta se expresa también en la crisis institucional por la que está pasando la derecha arenera, la cual se hizo pública después de la derrota electoral y llevó también a la salida del ex presidente Saca de su seno. Posteriormente se dio el  abandono de filas areneras de Diputados, quienes  conformaron la Gran Alianza Nacionalista (GANA), que contra todo pronóstico salió fortalecida en las pasadas elecciones Legislativas y Municipales.
El desgranamiento de la derecha ha continuado. Entre los últimos acontecimientos están los señalamientos realizados por el diputado arenero Edwin Zamora contra Ernesto Muyshondt,  vicepresidente de Ideología de ARENA, mediante la difusión de un audio en donde Zamora expresa: “El problema con Neto es que no es un hombre que quiera hacer las cosas bien por el país. Yo lo vi, la manera tan sucia que opera, cuando éramos COENA los dos… Toda la gente con que uno habla, piensa que Neto Muyshondt es la lacra más grande que tiene ARENA” (http://www.laprensagrafica.com); además de lo anterior Zamora muestra su descontento contra Alfredo Cristiani y Francisco Flores.
Además de lo anterior se tiene el desconocimiento a la dirección de arena (COENA) realizado por Walter Araujo, magistrado del Tribunal Supremo quien también señala  a Ernesto Muyshondt, y a Francisco Flores como los responsables de la crisis interna arenera, manifestando  “…estoy solamente desconociendo al Coena, si quieren que me expulsen… Se acabó el COENA para mí…” http://www.lapagina.com.sv).
En estos momentos la derecha arenera presenta una agudización de las crisis internas  las cuales no son nada nuevas; se caracterizan por un descontento en contra de la actual dirección copada por personas ligadas a Alfredo Cristiani, lo que refleja las luchas por el control del aparato partidario, las cuales habían logrado superar sin que se hicieran públicas antes de los eventos electorales. Pero esta vez pareciera que irán fragmentados al próximo evento electoral, lo que impactaría en las próximas elecciones presidenciales.
FMLN: ¿Opción para los trabajadores o para los empresarios?
La crisis de Arena como el  partido que tradicionalmente ha representado y defendido los intereses de la clase dominante es evidente. Sectores de la rancia  clase dominante se han apoderado y aferrado a dicho partido, mientras otros están en búsqueda de nuevas opciones. Por otra parte están sectores burgueses emergentes surgidos a la sombra de Arena que ya tienen definida su organización política como el GANA, y otros que se han enquistado en el actual gobierno de Funes y del FMLN.
Ante la crisis de la derecha arenera la cúpula del FMLN en vez de aprovechar la situación para profundizar la democracia y realizar medidas en  favor de la clase trabajadora, busca hacer alianzas con sectores de la rancia burguesía tradicional y de sectores burgueses emergente y cumple a cabalidad las recetas económicas imperialistas. Esto responde al hecho de que núcleos económicos emergentes ligados al mismo FMLN se quieren consolidar. Al respecto el empresario  Nayib Bukele, miembro del FMLN  expresó: “Se ha roto el paradigma, está claro que el FMLN apoyará a los empresarios y ya los empresarios saben que pueden tener buenas relaciones con el FMLN…” (http://contrapunto.com.sv). Por su parte Oscar Ortiz señala “Muchos empresarios han perdido la confianza en partidos conservadores, hoy están viendo a un FMLN más consistente, más serio y en la medida que pase el tiempo veremos más ese acercamiento entre FMLN y un grupo importante de empresarios”.
Por la construcción de un partido revolucionario
A pesar de que muchas personas ven al FMLN como un partido de izquierda, éste busca convertirse en una opción más para los empresarios y ha sido quien mejor ha administrado la crisis capitalista trasladando los costos a la clase trabajadora. Este hecho tiene que llevar a reflexionar cuál será la posición a tomar de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Se tiene que trabajar en el proceso de construcción y consolidación del partido que represente y defienda los intereses de la clase trabajadora, los campesinos, los indígenas  y demás sectores populares, es por esto que el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)  aspira convertirse, en conjunto con otras fuerzas de izquierda, en instrumento político de lucha contra el capitalismo y el imperialismo.

Más artículos…

Hemeroteca

Archivo