Por Alberto Mancia Castro

En El Salvador hablar del tema de la delincuencia es tocar de lleno uno de los problemas que más aqueja a la mayor parte de la población. Día a día se producen nuevos casos de homicidios, desapariciones, hallazgos de cuerpos humanos desmembrados, cementerios clandestinos de jóvenes asesinados o que se dedican a asesinar, violaciones sexuales, violencia intrafamiliar, en fin toda una serie de episodios relacionados al tema de la violencia que no parece tener fin; por eso mismo la seguridad se ha convertido en una de las mayores demandas de la población. Esta es la realidad con la que vive la clase obrera la cual es directamente afectada juntamente con los sectores más populares.

La mayoría de los crímenes son atribuidos al conflicto entre las principales maras y pandillas que operan en el país y Centroamérica, las que en estas últimas décadas han incrementado su capacidad operativa y auge delincuencial. Al mismo tiempo que nuevos jóvenes se suman a las filas de forma masiva y constante, el control del mercado de drogas da lugar a que se genere una disputa permanente de territorio.

Violencia y delincuencia como instrumentos políticos

Este problema es tomado también como una herramienta electoral utilizada por la clase política, pues eso es causa de desviación para la clase obrera, debido a que al mantener el interés enfocado en la seguridad, dejan a un lado las exigencias de empleo, mejoras salariales, laborales, etc.

Las actitudes que han tomado los diferentes gobiernos frente al crecimiento gradual de la violencia de las maras y pandillas (20 años de ARENA y la actual gestión del FMLN) han sido diversas, pero muy similares en cuanto a lo oportunistas que han sido, cuando les ha tocado actuar. Los gobiernos del partido Arena tomaron medidas por medio de las que se dejó en evidencia la hipocresía u oportunismo que utilizan en situaciones que el pueblo ha estado siendo afectado. Entre las medidas que tomaron podemos citar la muy recordada ‘’mano dura’’ que a la postre se fue transformando en ‘’súper mano dura una, dos etc., ’’ la cual hizo poco o nada para solucionar el problema.

La Policía Nacional Civil (PNC) se volcó a las calles, barrios y colonias que estaban bajo mayor control de estos grupos delincuenciales, capturaron jóvenes que algunas veces no pertenecían a ninguna agrupación delictiva llenando las bartolinas por simples sospechas. Se crearon nuevas empresas de seguridad privada para cuidar los bienes de la burguesía como respuesta a la demanda, algo cínico que deja en evidencia lo que realmente representa Arena, quien saca beneficios y lucros económicos del dolor y sufrimiento del pueblo. Solo como ejemplo podemos mencionar que durante las cuatro gestiones, el número de empresas de seguridad privada llegó a sumar más de cuatrocientas, la mayoría propiedad de militares en retiro, muy ligados a dicho partido.

La cuestionada tregua

El actual gobierno de Funes y del FMLN desde el inicio de su gestión desplegó contingentes militares en apoyo a la seguridad pública, en coordinación con la PNC. Sin embargo el índice de homicidios siguió en aumento pese a que en los medios de comunicación de la burguesía trataban de demostrar lo contrario. La verdad era ya algo innegable: La solución ya no estaba en el gobierno ni en los aparatos de estado, si no en la voluntad de las personas pertenecientes a estas organizaciones de colaborar y rehabilitarse voluntariamente y mermar su violencia y por ende esperar a que bajen los homicidios. Fue así como surgió la tan discutida ‘’tregua’’, en torno a la cual hemos visto a sus principales propulsores con optimismo, pues no les queda más que aceptarla ya que no hacerlo significaría que aceptarían su falta de autoridad. Debido a ello, tratan a toda costa de convencer a la ciudadanía de lo favorable que podría llegar a ser.

¿A qué se debe este fenómeno delincuencial?

Son muchos los argumentos que esgrimen los analistas burgueses con respecto a este problema. La mayoría se excusan atribuyendo este fenómeno a la posguerra; otros explican que se debe a la fusión de la cultura estadounidense de pandillas y la cultura de violencia que naturalmente tenemos; no faltan otros que mencionan al machismo como una causa; o que este en territorio, por ser un corredor del tráfico de las drogas que van hacia los EEUU surge inevitablemente este tipo de fenómenos delincuenciales, la exclusión social, etc.

Pero cómo explicar este fenómeno sin hacer puras aseveraciones simples y dejar en el meollo del asunto algo que condena al sufrimiento, al dolor y muerte a muchas personas de nuestra clase social de esta región del mundo. Podemos respondernos esta pregunta haciendo un análisis adecuado de este problema y lo haremos tomándolo como realmente es: como violencia estructural.

El Estado burgués es incapaz de terminar con la pobreza y desigualdad social. Por el contrario, beneficia a unos pocos con los mejores lujos y condiciones de vida por encima de los sueños que nuestra imaginación podría llegar a tener. Cuando se provocan daños en la satisfacción de las principales necesidades básicas de la mayoría de la población debido a la estratificación social, la violencia no es precisamente directa; o sea, la administración jerárquica de los recursos materiales o sociales, está siempre a favor de la clase dominante y de las personas o grupos que viven privilegiados por el sistema capitalista.

Debido a ello se vuelve factible el surgimiento de conflictos entre diferentes grupos de la sociedad. Quiere decir que esto está muy relacionado a la administración del poder. Si entendemos que poder es la facultad de controlar el comportamiento de otros, entonces la administración del poder en El Salvador por medio del estado burgués dicta quiénes viviremos en la pobreza y marginación social.

La violencia como herramienta

Las maras o pandillas además son grupos Lumpen, producto del mecanicismo de la estratificación social capitalista, y como tal en momentos pueden estar al servicio de las clases dominantes tradicionales o de las emergentes. Es necesario dar importancia a este hecho, que nos puede ayudar a comprender mejor todos estos sucesos que se presentan todos los días.

Carlos Marx utiliza tal denominación en algunos pasajes del 18 de Brumario de Luis Bonaparte y en el texto de Marx y Federico Engels, La Ideología Alemana en el siglo XIX, “producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad”, y también en el Manifiesto Comunista (1848), para referirse a un estrato de la clase obrera capitalista. Marx observó que este sector durante el golpe que dirigió Luis Bonaparte en 1851, careció de conciencia de clase y que lejos de participar en la revolución, se mostró a favor de preservar la estructura de clases; cumplió con la función de apoyar al régimen de Bonaparte, debido a que como estrato social dependía de la burguesía y la aristocracia para su supervivencia, “en virtud de todas sus condiciones de vida está más bien dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras”; compuesto a manera de ejemplo por vagabundos, andrajosos, harapientos, canallas, y deshonestos escapados de las peores condiciones de vida, granujas y criminales pertenecientes a la masa desintegrada de la población más excluida. Lo menciona entonces como un sector de la población que por la falta de oportunidades de ganarse la vida, recurre al crimen.

El sistema neoliberal, además de excluir estructuralmente a través del desempleo y servicios necesarios, crea las condiciones óptimas para que los seres humanos que viven en la marginalidad conviertan la violencia en su forma de vida. El lumpen vende su servicio criminal a la clase dominante, la violencia de este grupo es la expresión de la decadencia real del sistema. A las formas de violencia invisible que este genera se le denomina violencia estructural, por darse durante los procesos de estructuración social.

Es evidente que la organización política estatal se ve acompañada de centralización del poder. Consideramos esto como algo muy importante: que así como la burguesía es un grupo minoritario, así el lumpen proletariado es un sector con minoría, pero que también ejerce en muchos aspectos influencia en la vida del resto de la población, también al igual que la burguesía su accionar es violento y muy desafiante.

Habiendo comprendido cómo se genera el fenómeno de las maras y pandillas podremos entender que la violencia proveniente de este sector no es algo realmente extraño, debido a que es la naturaleza del lumpen. Ahora bien, su forma de actuar en Centroamérica es particularmente propia de los mecanicismos de estratificación social en la región, acoplados a realidades concretas, en adaptación y aceptación al sistema y a las condiciones inhumanas que este ofrece.


Por Germán Aquino

La salud es un derecho humano fundamental, el cual no solo implica la ausencia de enfermedades, sino también contempla un estado de bienestar físico, mental y social. Los gobiernos salvadoreños han hecho muy poco para garantizar la salud del pueblo; en la mayoría de casos las acciones están más enfocadas a curar que a prevenir las enfermedades. El actual gobierno de Funes y del FMLN ha realizado medidas encaminadas a mejorar la salud, que si se comparan con las realizadas con los gobiernos de la derecha arenera son mejores, pero insuficientes, no están de acordes a las demandas actuales y no garantizan la cobertura y calidad de los servicios a toda la población.

Los salarios pagados a los trabajadores de salud del MINSAL, del ISSS y del sistema privado no son acordes al costo de la vida y no garantizan un nivel de vida digno. A pesar de que los trabajadores privados son los peor remunerados, estos no se han manifestado, no así los trabajadores del sistema estatal (ISSS y MINSAL) quienes presionados por la misma situación se están manifestando, por una nivelación salarial y en defensa de las conquistas laborales ganadas en años anteriores como el escalafón. Mientras los médicos del ISSS exigen una nivelación similar a los del MINSAL, estos exigen salarios dignos a través del cumplimiento del escalafón para lo cual el gobierno de Funes y del FMLN debe asignar los recursos correspondientes.

Los recursos asignados a salud en el presupuesto 2014 no sin acordes a las necesidades, lo que podría llevar a un mayor deterioro de los servicios de salud, y esto podría servir luego de fundamento para continuar implementando los Asocios públicos privados, por lo cual los trabajadores de salud luchan también por que se asigne los recursos para una mayor cobertura y calidad de los servicios y por la no implementación de los Asocios públicos privados.

Mayor cobertura y calidad de los servicios para el pueblo

Las instituciones que se encargan de proveer servicios de salud en El Salvador las podemos agrupar en dos sistemas, el estatal y el privado. En el sistema estatal están el Ministerio de Salud, (MINSAL) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El MINSAL atiende a la mayor parte de la población, sus recursos financieros proceden principalmente del Estado lo cuales están definidos en el presupuesto de la república, préstamos y donaciones.

El ISSS es una institución autónoma que fue creada para dar atención medica-hospitalaria a la clase trabajadora salvadoreña. Los recursos financieros para el funcionamiento de esta institución provienen de las cotizaciones de los trabajadores, aportaciones del Estado y de los patronos; otra forma de obtener fondos es a través de intereses devengados por sus depósitos en el sistema bancario privado. Además del ISSS, los empleados públicos cuentan con otras instituciones específicas para su sector como Sanidad Militar y Bienestar Magisterial.

A nivel del sistema privado podemos encontrar el sector privado no lucrativo brindado por ONG´s y otras organizaciones. En este nivel se ubica también el sector privado lucrativo el cual obtiene sus recursos directamente del paciente quien además de pagar el 100% de los costos deja grandes ganancias a los dueños de dichos centros de atención medica-hospitalaria, ya sea a nivel individual o corporativo.

La falta de un adecuado servicio de salud tanto a nivel del MINSAL y del ISSS hace que las personas obligadamente recurran al nivel privado. Para nadie son desconocidas las largas colas que hay que formar para ser atendidos, la falta de medicamentos de calidad, falta de equipo e insumos y los largos periodos de tiempo para tener una consulta con un especialista, etc., tanto en los centros de atención del MINSAL y del ISSS; pero esto no es culpa de los trabajadores de dichas instituciones sino del gobierno y de las autoridades de dichas dependencias, por lo que se debe demandar un sistema de salud que garantice una atención medica-hospitalaria integral para la clase trabajadora y para el pueblo en general.

Los médicos del ISSS luchan por nivelación salarial

Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) junto al Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) desde meses anteriores han planteado como una de sus principales demandas una nivelación de salarios para equipararlos a los que reciben los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública, ya que desde hace más de trece años no han visto un aumento de salarios. Se considera que el personal médico que labora en dicha institución es el que menos gana respecto a otras instituciones nacionales y del área centroamericana.

Insuficiente, insultante y represivas respuestas de las autoridades del ISSS

Las acciones de protesta de agosto fueron levantadas en aras de no afectar a los derechohabientes. En vista de ello fue iniciado un proceso de diálogo, del cual lo único que se obtuvo fue una propuesta de aumento que va entre $0.24 a $0.51 centavos la hora de trabajo al día solo para los especialistas y deja sin el beneficio a médicos generales, lo cual es considerado por el gremio médico como insultante e insuficiente, pero que además es una maniobra divisoria. Lo anterior llevó a los médicos junto al SIMETRISSS a una suspensión de labores logrando paralizar ciertos hospitales como Médico Quirúrgico, General, Amatepec, Roma y Sonsonate, etc., así como unidades médicas, y clínicas comunales.

En esta ocasión las autoridades del ISSS han respondido con la represión, echando mano de la justicia burguesa, para lo cual José Ortiz, jefe de la Unidad Jurídica, y José Indalecio Funes, jefe de la División de Recursos Humanos del Seguro Social interpusieron una demanda en contra del SIMETRISS en el Juzgado Primero de lo Laboral argumentando que la medida atenta contra la vida de los derechohabientes.

Esta demanda tuvo una pronta resolución en contra de los médicos por lo que el juez interino José Guillermo Ramos basado en el Artículo 50 de la Constitución de la República y los Artículos 515, 553 y 555 del Código de Trabajo resolvió que dicha huelga era ilegal ordenando "la inmediata suspensión de la huelga en un plazo máximo de 24 horas". La medida obligó a una suspensión táctica de las acciones de protesta por parte de los médicos. Para este 11 de octubre ante la negativa de las autoridades del ISSS, los médicos han vuelto a la lucha paralizando labores en varios centros de atención, pero vale recalcar que si están atendiendo las emergencias.

Trabajadores del Ministerio de Salud (MINSAL) luchan por el escalafón

Los trabajadores del MINSAL recurrieron a la suspensión de labores y a las movilizaciones para obligar al gobierno de Funes y del FMLN al pago del escalafón y el mantenimiento del mismo. María Isabel Rodríguez, ministra de Salud, se lava las manos y traslada responsabilidades a otros respecto a la pretensión de quitar el escalafón señalando que dentro del presupuesto elaborado por su dependencia sí estaba incorporado el escalafón, pero que fue el Ministerio de Hacienda quien lo negó y que ahora es responsabilidad de los diputados. Se quiere utilizar como argumento para el no pago del escalafón la falta de recursos, lo cual es un argumento no válido.

A la fecha las labores en los centros de atención del MINSAL han vuelto a la normalidad como una muestra de buena fe, pero las autoridades de salud amenazan con descuentos y despidos de las personas que participaron en la lucha. Por tanto, los trabajadores y organizaciones sindicales del MINSAL deben continuar trabajando por la unidad en la acción; solo de esta manera se podrá lograr el cumplimiento de las demandas. En esta etapa de la lucha de los trabajadores de salud se tuvo la solidaridad y participación de otras organizaciones sindicales, pero estas han sido insuficientes.

Por un plan de lucha

La huelga de los trabajadores del ISSS y del MINSAL ha generado descontento y críticas sobre todo de aquellas personas que tenían consultas programadas desde hace tiempo y que no se les dio el servicio, no así las personas que presentaron emergencia a las cuales sí se les brindó la atención medica-hospitalaria necesaria. Se señala como responsable al personal de salud, pero en realidad los responsables son el gobierno y sus respectivas autoridades quienes al no asignar los recursos para los pagos respectivos obligan a los trabajadores a recurrir a dichas acciones.

Los trabajadores de salud del MINSAL y del ISSS deben rechazar las maniobras electorales de la derecha arenera quien se muestra solidaria con la lucha. Por otro lado están las maniobras del gobierno de Funes y del FMLN que desde el Ejecutivo quieren desprestigiar la lucha ligándola a a la derecha arenera, pero desde el Legislativo el FMLN también se dice estar con la lucha.

Ante las luchas en el sector salud, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a los trabajadores y a las organizaciones sindicales del ISSS a la unidad en la acción, a votar un plan de lucha que incluya la nivelación salarial o aumento de salario para todos los trabajadores del ISSS y que se llame la huelga de todos los trabajadores del ISSS. De igual manera el PSOCA llama a los trabajadores y organizaciones sindicales del MINSAL a continuar la lucha por la defensa del escalafón y contra las acciones represivas de las autoridades de salud, a no confiar en los cantos de sirena de los partidos políticos electoreros.

Se debe trabajar e intensificar la solidaridad de las demás organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas, populares, etc., con la lucha de los trabajadores de salud. Además exigir que el gobierno haga que los ricos paguen los impuestos que les corresponden para de ello financiar la salud del pueblo.


Por Marcial Rivera

El conflicto armado Salvadoreño, librado durante la década de los ochentas, supuso una dinámica de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en distintas formas de expresión, a lo largo y ancho del territorio nacional. Evidentemente y como el Informe de la Comisión de la Verdad lo contempla, la mayoría de violaciones a los derechos humanos se dieron por parte del Estado y de las autoridades, mientras que una minoría de estas violaciones se dieron por parte de la guerrilla y los grupos insurgentes.

Ley de Amnistía, ¿Inconstitucional?

Distintas organizaciones relacionadas con el tema de derechos humanos se han pronunciado a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, para allanar el camino de la justicia en todos sus sentidos. El tema de la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía ocurre en un momento clave en el que también convergen otros factores favorables a la justicia Salvadoreña. A principios de septiembre la Fiscalía General de la República anunciaba que retomaría el caso de la masacre de 'El Mozote' -conocida así por el nombre del poblado en donde fue perpetrada, en el norte del departamento de Morazán- que como se sabe ha sido una de las mayores masacres realizadas por un ejército en contra de la población civil indefensa a nivel latinoamericano.

A principios del presente año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Salvadoreño por la no investigación de este caso, que aunque no es único, es simbólico al momento de tratar el tema de las violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno que dejó más de setenta mil víctimas entre desaparecimientos forzosos, lisiados y asesinatos. Concretamente en el caso de la masacre de El Mozote las entidades encargadas de la justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía General de la República, deberían elaborar una hoja de ruta para buscar su resolución, pues la declaratoria de inaplicabilidad de la ley de amnistía por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos prácticos podría abrir un nuevo escenario en el que el sistema de justicia pueda investigar los casos relacionados con las violaciones a derechos humanos. Esto implicaría tanto la investigación de los casos concretos para determinar responsabilidades, hacer las exhumaciones del caso y entregar los restos humanos a sus familiares, y finalmente y lo más importante indemnizar a las víctimas de las violaciones a derechos humanos de distintas formas por parte del Estado.

Ya en el año 2011 se generó una de las mayores crisis de institucionalidad en el Estado Salvadoreño, cuando los partidos de derecha emitieron un decreto que establecía la unanimidad de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional para emitir sus sentencias (esto porque se hilvanó en su momento el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía en este órgano). Esta crisis se detuvo derogando este decreto, luego que la Sala de lo Constitucional aclarara no tener intenciones de hacer este estudio constitucional.

Actualmente, una de las principales dificultades que se presentan para investigar esto es de naturaleza operativa: El Instituto de Medicina Legal -institución encargada de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia- no cuenta con suficiente personal forense para eventualmente llevar a cabo las exhumaciones. En este sentido la Corte Suprema de Justicia deberá elaborar un plan que busque resolver esta situación para el IML tenga suficiente personal y las exhumaciones se den sin mayores obstáculos.

Sentencia de la CIDH

En el caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, distintas organizaciones de la sociedad civil, como la extinta oficina de Tutela Legal del Arzobispado, se quejaron en su momento del poco avance que se ha tenido en el cumplimiento de la misma, por lo que urgen al ejecutivo llevar a cabo las acciones concretas que en la sentencia misma se plantean para dar cumplimiento a. veredicto emitido por la CIDH.

En uno de los párrafos el fallo contempla: "Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que impiden la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador".

En términos prácticos y sucintos: La Ley de Amnistía no constituye obstáculo alguno para investigar las violaciones a derechos humanos cometidos en el conflicto armado interno; pero además podrían investigarse, condenarse y juzgarse a las y los funcionarios estatales, que en su momento impidieron que se siguieran investigando estas violaciones.

Tanto esta sentencia, como el estudio de la Constitucionalidad de la Ley de Amnistía han generado distintas reacciones en la sociedad Salvadoreña; desde las y los activistas de derechos humanos que consideran que es un camino para investigar las violaciones a derechos humanos e indemnizar a las víctimas, hasta los tradicionales sectores de la derecha que piensan que esto sería un retroceso en el camino de la 'reconciliación nacional' pues la Ley de Amnistía 'permitió superar las diferencias existentes entre ambos bandos y fomentó la cohesión de la sociedad Salvadoreña en ocasión de la firma de la paz'. Debe recordarse que en ocasiones anteriores Monseñor José Luis Escobar Alas ha defendido y se ha pronunciado a favor de la continuidad de la Ley de Amnistía, por lo que el cierre de Tutela Legal del Arzobispado, no es producto de la casualidad.

Cierre de Tutela Legal

El 30 de septiembre, sin ninguna explicación aparente y/o coherente la oficina de Tutela Legal del arzobispado fue clausurada por Monseñor José Luis Escobar Alas. Respecto a esto ha existido un cambio en el discurso sobre el cierre de esta oficina fundada por Monseñor Oscar Arnulfo Romero, una semana después de que la CSJ revisara la constitucionalidad de ley de amnistía. Evidentemente hay una relación entre el cierre de Tutela Legal y la posibilidad de declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional a la Ley de Amnistía.

Se cree que este cierre se debe a presiones que existen hacia la iglesia; muchos sectores se han pronunciado en contra de este hecho, y lo que preocupa en demasía es que Tutela Legal guarda más de 50 mil expedientes de distintos casos ocurridos en el conflicto armado. Estos expedientes podrían en su momento servir como prueba para impulsar acciones en relación a crímenes de lesa humanidad cometidos en el conflicto interno. Debe destacarse que sobre el cierre de Tutela Legal han existido contradicciones, porque 'ya no hay violaciones a derechos humanos', pero al mismo tiempo se creará una nueva oficina que vea este tema. En relación a esto, se cierra esta oficina y en consecuencia las víctimas -tanto de la masacre de El Mozote, como de otras masacres y violaciones a derechos humanos- que en su momento encontraron algún refugio en Tutela Legal, simplemente quedan desamparadas.

¿Qué hacer?

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) creemos que con la firma de los acuerdos de paz, el imperialismo y la oligarquía salvadoreña lograron contener el proceso revolucionario, institucionalizando a las organizaciones guerrilleras dentro del sistema democrático burgués. El conflicto armado vivido en territorio Salvadoreño dejó una enorme cantidad de víctimas, que al día de hoy reclaman justicia. No solo porque se trata de estadísticas y de números registrados en los anaqueles de la historia de El Salvador.

Las víctimas reclaman una verdadera justicia, no simbólica ni restaurativa, sino real en su granítica dimensión; la justicia será la mejor forma de recuperar la memoria histórica, por hoy retomada solo en tiempos de campaña electoral, -en la actual campaña, por parte del FMLN ha habido algunos pronunciamientos a favor de derogar la ley de amnistía- y además honrar a quienes –siendo o no combatientes- ofrendaron su vida para construir un mejor El Salvador. La población debe honrar y acompañar este proceso.

 

Por German Aquino

La salud es un derecho humano fundamental, pero habrá de saber que se entiende por salud, para unos la salud es la mera ausencia de enfermedad, para otros es mucho más amplio y consideran la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.(OMS). Pero aun bajo la primera definición es muy poco lo que se ha hecho para garantizar la salud del pueblo salvadoreño ya que en su mayoría el trabajo a estado más enfocado a curar que a prevenir las enfermedad, ahora yo no se diga bajo la definición más amplia, lo que comprendería que para que un trabajador goce de buena salud tendría que tener un salario digno.

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Por José Abimael Sánchez

La Universidad de El Salvador (UES) actualmente está enfrentando una crisis administrativa y financiera, en momentos en que a lo interno está en periodo electoral y a nivel de la república se está en un periodo preelectoral presidencial. Agregado a esto, los partidos tradicionales de derecha y los empresarios buscan que sean incorporados entre los asocios públicos privados ciertos rubros que han quedado fuera.

UES sin recursos financieros para funcionamiento

El Consejo Superior Universitario (CSU), como uno de los órganos de mayor autoridad ha definido que la UES actualmente pasa por una crítica situación presupuestaria, teniendo un desfinanciamiento de NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 DOLARES ($ 9,543,871.28), lo que le ha imposibilitado el pago de salarios a los trabajadores en el último trimestre del año, atentando contra los intereses la clase trabajadora universitaria y el sector estudiantil.

Autoridades deben apelar a la movilización para exigir mayores recursos

Actualmente el gobierno, como parte de la política del imperialismo y a manera de asfixiar y de hacer ver como deficientes a muchas instituciones del Estado, sobre todo a aquellas que brindan servicios que pueden ser parte de los asocios públicos privados entre ellos educación, no está asignando los recursos financieros necesarios para el buen funcionamiento de estas instituciones, argumentando falta de recursos financieros. Sin embargo, se gasta grandes cantidades en otras dependencias del estado o se construye infraestructura en función de los intereses del capitalismo.

La maniobra del gobierno ha sido decirle sí al aumento de salarios a los trabajadores administrativos y docentes de la UES, pero no asigna los recursos necesarios para ello, ya que del “monto, $8.7 millones corresponden a la aplicación del aumento del 100% al escalafón universitario (aprobado en 2003) que no fue consignado dentro del presupuesto de este año. Y el resto, es decir, $832,431 corresponde a cubrir el incremento de $50 a los trabajadores cuyos ingresos son menores a $700. Ante la falta de fondos para pagar, y por recomendación técnica del Ministerio de Hacienda, la UES reprogramó su presupuesto para sostener el escalafón, con la promesa que se reintegraría la cantidad en los últimos meses del año.” (El Mundo, 20/9/2013).

Actualmente el CSU está solicitando al Presidente Funes, a la Asamblea Legislativa, y a los Ministros de Hacienda y de Educación “… La asignación presupuestaria de DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 DÓLARES ($ 12.626,271.28)”, los que servirán para aplicar la Ley de Salarios en su totalidad en el 2013, pago de servicios básicos, becas estudiantiles y suplir el déficit generado en el rubro 54 (Bienes y Servicios). De igual manera solicitan   la aprobación de un presupuesto justo y adecuado a las actuales necesidades de la Universidad de El Salvador para el año 2014.

Todos a luchar por mayores recursos para la UES

Las autoridades de la UES deben presionar al gobierno y llamar a la movilización de toda la comunidad universitaria para exigir mayores recursos para la misma, y no permitir la incorporación de los servicios educativos en los asocios públicos privados. Muchas organizaciones podrían cuestionar la lucha por mayores recursos para la UES, dado que a su juicio estos son mal administrados o solo son para aumentos de salarios; ello no debe ser motivo para mantenerse inactivos y no luchar, ya que sí existe la necesidad de mejorar la calidad educativa, aumentar la cubertura, mejorar la infraestructura, etc., pero también es necesario que los trabajadores tengan salarios que aseguren un nivel de vida digno.

Por lo tanto, estudiantes y trabajadores deben luchar unidos pero mantener su independencia respecto a las autoridades. Luego deben ser garantes de la buena administración y asignación equitativa de los recursos en relación con los diferentes sectores que conforman la comunidad universitaria. Así mismo se debe exigir la incorporación de representantes de organizaciones de trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales en los órganos de gobierno

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