Por Marcial Rivera

Hace algunos meses fue aprobada la ley de asocios público-privados en El Salvador, que en términos generales busca posibilitar la prestación de ciertos servicios por medio de alianzas entre el gobierno y entidades privadas, esto para buscar el 'desarrollo' del país. Esta ley fue impulsada y aprobada por requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos para el otorgamiento de la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). La ola de privatizaciones impulsada desde el Fondo Monetario Internacional, fue denunciada en su momento por sectores de izquierda en El Salvador –durante la década de los noventas-, y a esto también se opuso en su momento el FMLN, que en torno a esta ley no solo cambió de posición en relación a la prestación de ciertos servicios por parte de entidades privadas, sino además apoyó su aprobación.

Dependencia del Imperialismo

La dependencia entonces del Estado Salvadoreño hacia el imperialismo se acentúa más, pues con la aprobación de la segunda parte del Millenium Challenge Corporation (Corporación de la Cuenta del Milenio) por parte de Estados Unidos, se condiciona la política exterior del gobierno salvadoreño. En ocasión de esta aprobación, la Cámara Salvadoreña de la Construcción apresuró algunas reformas a la Ley Especial de Asocios Público-Privados, con el propósito de acelerar las inversiones. CASALCO es una de las principales gremiales empresariales interesadas en la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio. No obstante, el FMLN se ha opuesto a que el agua sea uno de los rubros incluidos en el tema de las privatizaciones, propuesta hecha por ARENA.

En ese mismo orden de ideas, el FMLN se opone a que sea el ejecutivo quien concentre el control de los asocios, y sostiene que quien tiene que tener este control debe ser siempre el legislativo. Este posicionamiento busca que las decisiones sobre quiénes participen o no en el tema de los asocios deberán ser tomadas de forma colegiada y no de forma unilateral y antojadiza por parte del ejecutivo; no debe perderse de vista que en su momento se hilvanó la posibilidad de incluir el agua -como ya se mencionó- y también la educación superior.

Con respecto a este último punto, hay que leer entre líneas las implicaciones que esto tiene. En principio El Salvador se encuentra en un periodo abierto de campaña electoral, por lo que la no inclusión de servicios básicos en los asocios público-privados puede convertirse en un tema de propaganda para la dirigencia oportunista del FMLN, retomando la retórica reformista en función de generar caudal político para impulsar sus candidaturas. Por otro lado, la sola aprobación de la Ley Especial de Asocios Público Privados por parte del FMLN es una contradicción política, ideológica y práctica en sí misma; no puede –desde un partido que se ufana ser de “izquierda”- hablarse de prestación de servicios que competen al Estado -sean básicos o no- por parte de entidades privadas.

¿Quién debe entonces prestar los servicios públicos?

Probablemente la respuesta suene tautológica; pero es precisamente el Estado el ente encargado de prestar los servicios estatales, y en esta prestación de servicios la población debe estar a la vanguardia de los distintos procesos, tanto en su prestación, como en su goce y finalmente en su auditoría. Al hablar de prestar servicios en un “asocio público-privado” se está hablando de privatización, y la justificación por excelencia para las privatizaciones y la ola de privatizaciones que se dio en su momento, fue la “incapacidad del Estado” para prestar algunos servicios.

Estos servicios que fueron privatizados deben ser expropiados, y deben ser devueltos a la clase trabajadora, a quien siempre han pertenecido y les fueron arrebatados en un acto antidemocrático e inconsulto por parte de los otrora presidentes de la derecha. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llama a la población a movilizarse en contra de la ley especial de asocios público-privados, exigir su derogación, oponerse a la prestación de servicios básicos por parte de entidades privadas; y a luchar por la expropiación de las empresas que fueron robadas en su momento.

Por Ignacio Fonseca

Los empleados públicos han continuado con sus luchas teniendo siempre como principales reivindicaciones mejoras salariales y de trabajo, y mayores asignaciones presupuestarias. Dichas luchas y demandas son legítimas a pesar de que el gobierno se aferra a desacreditarlas y a restarles toda legitimidad.

A pesar de que la crisis está afectando también a los trabajadores privados, en este sector son pocas o casi nulas la luchas que se han registrado, pero sigue siendo una meta la reactivación de las luchas de los trabajadores privados.

Unidad y lucha de docentes

Trabajadores administrativos y docentes del Ministerio de Educación organizados en Bases Magisteriales, Simeduco, Siandes, Sedesa, Atramec, Sigeteme, después de haber dado luchas de forma separada han anunciado que pactaron una alianza con la finalidad de dar la lucha de manera unida. Esta alianza es un gran paso dado por los trabajadores administrativos y docentes del Ministerio de Educación, ahora debe conformarse una coordinadora que organice y dirija las lucha de los docentes, a la cual deben unirse las demás organizaciones de docentes, ya que solo dando la lucha de forma unida se logrará que la demandas sean escuchadas y cumplidas. Además de las justas demandas por mejoras salariales y laborales deberá de mantenerse siempre la lucha por la mejora de la calidad y cobertura educativa en todos los niveles.

Además de lo anterior, Paz Zetino Gutiérrez secretario general de Bases Magisteriales, ha denunciado la falta de apertura del ministro de educación Franci Hasbún, y los problemas financieros que sufren los diferentes centros educativos debido al retraso en los desembolsos, lo cual es una estrategia del gobierno debido a que “… la gran mayoría de escuelas ha recibido solo un primer desembolso correspondiente al presupuesto. Aún están pendientes de que el Mined les complete el monto. Además, como están a 60 días de terminar el año lectivo, en la medida que la cartera de Educación les entregue tarde el dinero es más complicado que logren invertirlo para cubrir las necesidades, debido a que eso conlleva muchos trámites burocráticos. A lo anterior se suma que las escuelas ya tienen encima el proceso de finiquitar los fondos que les da el gobierno y de allí que Gutiérrez argumenta que es una estrategia para que terminen devolviendo el dinero que les dé atrasado” (EDH, 02/9/2013). A lo anterior se agrega el bajo presupuesto que le continúan asignando a la educación, el cual se mantiene en el 3.37 % de Producto Interno Bruto (PIB); según las promesas del las autoridades del Ministerio de Educación (MINED), en los cinco años debería ser del 5.5 % de Producto Interno Bruto.

Las organizaciones de docentes han denunciado también que son víctimas de la persecución sindical y de la violencia social que afecta a todo el país, a lo cual las autoridades de educación no han dado una respuesta favorable.

Esta alianza entre organizaciones de docentes no será bien vista por el gobierno, ya que significa una fortaleza para el sector magisterial; por lo tanto las bases deben luchar por que dicha unidad se mantenga y fortalezca. Las organizaciones sindicales están en el legítimo derecho de dar la lucha económica y política, pero las bases deben luchar contra las todas aquellas maniobras que buscan arrastrar a las organizaciones a intereses electoreros, más aun cuando esto implica la colaboración de clases y la claudicación a partidos que no representan ni defienden los intereses de la clase trabajadora. Ese fue el caso cuando las luchas libradas por sindicatos combativos como SIMEDUCO y BASES MAGISTERIALES fueron vistas con intereses políticos al ser ligadas al MNP liderado por Dagoberto Gutiérrez, quien termino claudicándole a la derecha emergente liderada por Tony Saca. Con lo anterior no se quiere decir que las organizaciones sindicales no deban dar la lucha por el poder político, sino que no deben aliarse a los partidos que representan los intereses de los diferentes sectores de la burguesía.

Además de la alianza entre las organizaciones de docentes se debe trabajar por la conformación de comités de lucha educativa, los cuales deben estar conformados por docentes, estudiantes y familiares.

Las luchas sindicales en el sector de justicia

Trabajadores organizados en el sindicato de la Procuraduría General de la República (SITRA-PGR) han mantenido acciones de protesta de cara a exigir mejoras en el presupuesto del 2014, exigiendo un aproximado de $13 millones más para el presupuesto de la institución, fondos que servirían para mejorar la infraestructura de la PGR y sus unidades, así como para otorgación de un bono a los empleados. De cara a lo anterior Guillermo Aparicio manifestó que “…en su afán de hacerse escuchar, ayer la comisión de empleados visitaron las fracciones legislativas del PDC, Gana, FMLN, ARENA y PSD, entre otros. En todo los casos, a excepción del FMLN, todos los partidos están dispuestos a dar su apoyo a la PGR para obtener el incremento presupuestario…” (EDH, 5/9/2013).

Más allá del aumento presupuestario, la dirección del FMLN debería ser quien canalice las demandas de las organizaciones de trabajadores, pero es todo lo contrario; son los representantes de la rancia derecha arenera quienes buscan abanderar las reivindicaciones de estos trabajadores y se rasgan las vestiduras. Así lo reflejan las declaraciones realizadas por la diputada arenera Milena Calderón, quien olvidando que ellos fueron gobierno y que mantuvieron en la misma condición a dichas instituciones manifestó: "Comprendemos la situación de la PGR. Una institución que le sirve a la gente de menores recursos y que necesita ser protegida debería tener mayor presupuesto y que ya nos lo había expresado la procuradora general anteriormente" (EDH, 5/9/2013). Pero luego reprocha el método de lucha. De igual manera, Sonia Cortez procuradora general de la República, está de acuerdo con las demandas pero no con el método, cuando en realidad estos son los métodos de lucha de la clase trabajadora.

Por su parte Carlos Cáceres, ministro de hacienda, pide hacer sacrificios a la procuradora y a trabajar con lo poco que tiene asignado. El ministro, como resultado de las mismas presiones de los empleados, deja en claro los problemas financieros del actual gobierno de Funes y del FMLN expresando: "Yo les he pedido a los ministros y presidentes de instituciones que por favor se ciñan al techo que les hemos dado. Ya ese techo nos va a generar algún tipo de dificultades financieras y estamos haciendo lo posible por ellos…" (EDH, 6/9/2013).

Por otra parte, en lo que va de septiembre los empleados judiciales aglutinados en El Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (Sinejus 30 de junio) han protestado para exigir la destitución de la directora de la red de bibliotecas del Órgano Judicial, Marta Silvia Hernández, quien según declaraciones de Stanley Quinteros, secretario general de Sinejus: “… está abusando del poder que tiene y, cuando un empleado quiere defender sus derechos, los pone a disposición de recursos humanos. Ella tiene años de estar aquí (en la Corte), pero ahora como que le han dicho que arrecie contra los empleados” (El Mundo, 6/9/2013). Hernández señaló también agresiones por parte de La seguridad de la CSJ. Se debe luchar contra las maniobras que buscan desarticular las organizaciones sindicales.

Trabajadores municipales exigen igualdad

El 5 de septiembre del presente año trabajadores de la alcaldía de San Salvador protestaron para exigir al gobierno municipal arenero mejoras salariales, ya que existen trabajadores que recién han sido contratados y como son activistas de la derecha arenera fueron beneficiados con mejores salarios que los que se desempañaban con anterioridad, a pesar de tener la mismas funciones y responsabilidades. Independientemente del partido que llegue a los gobiernos municipales, los trabajadores en todos los eventos electorales tienen que vivir con la preocupación de que pasara con su puesto de trabajo si llega otro partido, por lo tanto se debe exigir estabilidad laboral para todos los empleados municipales.

En esta ocasión las exigencias van dirigidas al gobierno municipal de Gloria Calderón Sol de Oñate, hermana del ex presidente Calderón Sol, quien se desempeña como alcaldesa debido a que Norman Quijano tuvo que dejar el puesto de Alcalde para dedicarse a la campaña electoral. Esta señora además está siendo cuestionada debido a la sustracción de fondos FODES destinados a infraestructura, para usarlos en gastos administrativos, lo cual no está permitido por la Ley. Quijano no ha podido probar la falsedad de esta acusación, lo que afecta para que le den el finiquito y pone en riesgo su inscripción como candidato a la presidencia. Esto llevó a diputados areneros hacer declaraciones bélicas como las de Mario Valiente quien manifestó “Volveremos a agarrar los fusiles”.

Unidad en la acción e independencia de clase

Los trabajadores deben continuar luchando y buscando la unidad en la acción además de mantener la independencia de clase; se debe exigir que se asignen más recursos al presupuesto de la república, sobre todo en aquellos aspectos sociales, debiendo asegurar un aumento general de salario para todos los trabajadores con excepción de los altos funcionarios.

Por Marcial Rivera

A partir del Consenso de Washington y de los Planes de Reajuste estructural impulsados por el FMI y el Banco Mundial en la década de los noventa, se planteaba la privatización de los servicios estatales como etapa necesaria para la modernización de Estado. En esta ola de privatizaciones impulsada por los gobiernos de derecha, tanto la Educación (en sus distintos niveles) como la Salud y el agua, no fueron objeto de privatización. No obstante en la actual coyuntura el fantasma de la privatización del agua aparece nuevamente.

Ley del Agua

Desde hace algunos años en El Salvador se viene planteando la posibilidad de tratar el tema del agua en relación a su protección, administración y distribución en una ley específica, siguiendo el ejemplo de algunos Estados Suramericanos que en sus legislaciones contemplan la protección y administración del agua o en otros términos, el monopolio del agua. Desde el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, en el que se buscaba regular el tema del agua, sin embargo el Sector Agrícola y el Foro del Agua -organización de la sociedad civil- también han presentado otras propuestas.

Actualmente en El Salvador la mayoría de hogares son abastecidas por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad estatal que tiene como función principal la de abastecer a los distintos barrios y comunidades del vital líquido.

¿Por qué la ley?

No obstante, en algunos municipios del interior del país en los que ANDA no tiene la posibilidad de administrar este líquido, el servicio lo brindan pequeñas empresas privadas, que en ocasiones cobran cuotas leoninas y bastante altas, aunque también lo hacen algunas alcaldías. Frente a este proyecto de ley, la principal preocupación que manifestaba la Comisión de Medio Ambiente en la Asamblea Legislativa, es la relacionada con el control de los recursos hídricos, fundamentalmente en lo relacionado a la entidad que regularía el control del agua, si sigue siendo ANDA, o si en ocasión de esta ley se creará una nueva entidad descentralizada.

Aunque también se reconocen otro tipo de necesidades a este respecto. En este sentido se afirmaba que "Todos los diputados de todos los colores políticos coinciden en los principios básicos de la ley, entre otros: el derecho de acceso al agua potable; la imperiosa necesidad de mejorar el saneamiento (los vertidos) y el deber estratégico de manejar un recurso que, año tras año, disminuye en cantidad y en calidad". (EDH, 26-08-2013).

En este panorama, el FMLN se ha opuesto a la creación de una entidad descentralizada, mientras que los partidos de derecha han afirmado que una entidad distinta es la que debe regular la administración del agua. Irónicamente FUSADES ha manifestado que el tema del agua debe ser manejado por una sola entidad estatal. Por otro lado, la Mesa del Agua considera que sí debe crearse una entidad descentralizada, distinta a ANDA, esto porque como empresa estatal ha tenido enormes deficiencias en la parte operativa y administrativa, y en consecuencia mala prestación del servicio. Aunque es evidente que la aprobación de esta ley es de carácter urgente en función del inicio de su operativización. El problema de la mala gestión de ANDA es que los trabajadores y los sindicatos no tienen injerencia en la administración de la institución. Al no haber control de los trabajadores, se desarrolla la ineficiencia y la corrupción

¿Qué debe hacerse?

El 22 de agosto las calles de San Salvador fueron testigos de la manifestación realizada exigiendo que se detenga el abuso en el cobro excesivo de los servicios de agua, así como la no privatización de este recurso ni de su administración. Este ha sido el punto de fricción: la participación del sector privado en el tema de la distribución del agua, pues no puede dejarse de lado que con la ley de asocios público-privada, hay un camino que eventualmente podría conducir a la privatización del mismo.

Es necesaria entonces fortalecer el rol estatal de ANDA, en cuanto a su administración, distribución y evaluación. Esta entidad debe emanar esencialmente desde el Estado, gozando de autonomía y descentralización; en ella estará controlado el 100% del monopolio del tema del agua -eventualmente las alcaldías podrían participar en la parte operativa- de manera que la participación privada debe quedar descartada en su totalidad.

Es esencial que esta entidad incluya la representación de asociaciones de pobladores, sindicatos y asociaciones campesinas y populares, que fiscalicen y garanticen su funcionamiento transparente. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamará a la movilización popular ante cualquier intento de privatización de este vital líquido.

Por Lisandro Espinoza

El Salvador actualmente ocupa el segundo lugar en materia de asesinatos, siendo superado por Honduras, lo que pone la región Centroamericana como una de las más violentas. En el caso de El Salvador, se señala como las principales causantes a las Maras y Pandillas, a pesar que de que está vigente una tregua entre ambas.

El fraude de Arena a los procesos de diálogo con Maras y pandillas

Fuentes periodísticas como el FARO señalan que el proceso de diálogo entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS X3) y la Pandilla 18 con los gobiernos no es nada nuevo. Así, refiere que Francisco Flores…dialogó con los líderes de la Mara Salvatrucha acerca de mejoras en las condiciones carcelarias. Antonio Saca…dialogó con los líderes del Barrio 18… Lo anterior es confirmado en el comunicado lanzado por ambas organizaciones fechado 19 de marzo de 2012 en donde señalan “Estamos hartos de políticos corruptos y mentirosos, porque ya hemos sido defraudados en ocasiones anteriores, desde el gobierno de Calderón Sol nos han venido utilizando y pidiéndonos el voto de nuestras familias y a pesar de ello nada se nos ha cumplido”.

La derecha arenera lo que único que ha buscado son votos para ganar las elecciones y no ha estado interesada en dar una solución real al problema de la violencia y delincuencia.

Cuestionable cumplimiento y la estabilidad de la tregua

El gobierno de Funes y del FMLN ha mantenido las políticas areneras en materia de seguridad: planes y leyes represivas y negociaciones incumplidas. En este marco, el gobierno de Funes y del FMLN facilitó ciertas condiciones para una tregua entre ambas organizaciones, que según miembros de las mismas no es ninguna negociación con el gobierno, pues como ellos han señalado, ya han sido engañados por gobiernos anteriores. La no eliminación de la renta, los índices de asesinatos, unido a los ataques y la campaña mediática de la derecha arenera al proceso de la tregua, han llevado a que la población cuestione dicho proceso.

La derecha arenera preventivamente busca evitar un posible apoyo entre dichas organizaciones y cualquier partido político de cara a las próximas elecciones, a la vez que quiere deslegitimar dicho proceso y ganar tiempo para evitar que avance. Además de los intereses políticos, también están los intereses de las empresas de seguridad, quienes han obtenido grandes ganancias con la imparable violencia.

Políticos y religiosos vacilantes ante tregua

Inicialmente muchos buscaban sacar provecho del proceso de tregua, pero debido a los cuestionamientos de la población, representantes de partidos políticos proponen aumentar la represión. Mientras tanto el gobierno defiende tímidamente la tregua y el Fiscal Luis Martínez denuncia la existencia de un contubernio del gobierno con las maras y las pandillas. Por su parte la iglesia católica a través del Nuncio Apostólico del Vaticano, Luigi Pezzuto, inicialmente apoyó la tregua, pero luego los obispos se han distanciado.

Luego José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, durante la celebración de las fiestas patronales, llamó a un acuerdo nacional para detener la violencia, pero no aclaró si un acuerdo de los partidos políticos de oposición y el gobierno de Funes y del FMLN sobre el tema de la tregua o un acuerdo mediante el cual el gobierno asuma una posición desde el Estado con respecto al proceso de la tregua.

Por un acuerdo definitivo entre el gobierno, las maras y las pandillas

Mientras las acciones de las maras y de la pandilla no tengan como blanco de sus acciones a la clase dominante, a los imperialistas y altos funcionarios de gobierno y que los intereses económicos de estos no se vean afectados, el gobierno no asumirá de manera responsable un acuerdo; mientras, el pueblo seguirá sufriendo las consecuencias y los partidos políticos haciendo de ello una promesa de campaña. Todos los planes represivos implementados por los gobiernos areneros y el actual han demostrado ser ineficaces. Dialécticamente dichas organizaciones se ha fortalecido para poder sobrevivir; podría decirse que hasta han llegado a una equiparación de fuerzas.  

En estos momentos se debe exigir al actual gobierno que asuma desde el Estado la tregua y abra un proceso de diálogo y negociación que llegue a un acuerdo definitivo entre el gobierno, las maras y las pandillas, mediante el cual se le ponga fin a las acciones en contra de la población. Mientras tanto la clase trabajadora, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares debemos organizarnos y prepararnos para combatir a los capitalistas e imperialistas que son la causa estructural de la violencia, delincuencia y de la actual situación económica.