Por Lisandro Espinoza

El Salvador actualmente ocupa el segundo lugar en materia de asesinatos, siendo superado por Honduras, lo que pone la región Centroamericana como una de las más violentas. En el caso de El Salvador, se señala como las principales causantes a las Maras y Pandillas, a pesar que de que está vigente una tregua entre ambas.

El fraude de Arena a los procesos de diálogo con Maras y pandillas

Fuentes periodísticas como el FARO señalan que el proceso de diálogo entre miembros de la Mara Salvatrucha (MS X3) y la Pandilla 18 con los gobiernos no es nada nuevo. Así, refiere que Francisco Flores…dialogó con los líderes de la Mara Salvatrucha acerca de mejoras en las condiciones carcelarias. Antonio Saca…dialogó con los líderes del Barrio 18… Lo anterior es confirmado en el comunicado lanzado por ambas organizaciones fechado 19 de marzo de 2012 en donde señalan “Estamos hartos de políticos corruptos y mentirosos, porque ya hemos sido defraudados en ocasiones anteriores, desde el gobierno de Calderón Sol nos han venido utilizando y pidiéndonos el voto de nuestras familias y a pesar de ello nada se nos ha cumplido”.

La derecha arenera lo que único que ha buscado son votos para ganar las elecciones y no ha estado interesada en dar una solución real al problema de la violencia y delincuencia.

Cuestionable cumplimiento y la estabilidad de la tregua

El gobierno de Funes y del FMLN ha mantenido las políticas areneras en materia de seguridad: planes y leyes represivas y negociaciones incumplidas. En este marco, el gobierno de Funes y del FMLN facilitó ciertas condiciones para una tregua entre ambas organizaciones, que según miembros de las mismas no es ninguna negociación con el gobierno, pues como ellos han señalado, ya han sido engañados por gobiernos anteriores. La no eliminación de la renta, los índices de asesinatos, unido a los ataques y la campaña mediática de la derecha arenera al proceso de la tregua, han llevado a que la población cuestione dicho proceso.

La derecha arenera preventivamente busca evitar un posible apoyo entre dichas organizaciones y cualquier partido político de cara a las próximas elecciones, a la vez que quiere deslegitimar dicho proceso y ganar tiempo para evitar que avance. Además de los intereses políticos, también están los intereses de las empresas de seguridad, quienes han obtenido grandes ganancias con la imparable violencia.

Políticos y religiosos vacilantes ante tregua

Inicialmente muchos buscaban sacar provecho del proceso de tregua, pero debido a los cuestionamientos de la población, representantes de partidos políticos proponen aumentar la represión. Mientras tanto el gobierno defiende tímidamente la tregua y el Fiscal Luis Martínez denuncia la existencia de un contubernio del gobierno con las maras y las pandillas. Por su parte la iglesia católica a través del Nuncio Apostólico del Vaticano, Luigi Pezzuto, inicialmente apoyó la tregua, pero luego los obispos se han distanciado.

Luego José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, durante la celebración de las fiestas patronales, llamó a un acuerdo nacional para detener la violencia, pero no aclaró si un acuerdo de los partidos políticos de oposición y el gobierno de Funes y del FMLN sobre el tema de la tregua o un acuerdo mediante el cual el gobierno asuma una posición desde el Estado con respecto al proceso de la tregua.

Por un acuerdo definitivo entre el gobierno, las maras y las pandillas

Mientras las acciones de las maras y de la pandilla no tengan como blanco de sus acciones a la clase dominante, a los imperialistas y altos funcionarios de gobierno y que los intereses económicos de estos no se vean afectados, el gobierno no asumirá de manera responsable un acuerdo; mientras, el pueblo seguirá sufriendo las consecuencias y los partidos políticos haciendo de ello una promesa de campaña. Todos los planes represivos implementados por los gobiernos areneros y el actual han demostrado ser ineficaces. Dialécticamente dichas organizaciones se ha fortalecido para poder sobrevivir; podría decirse que hasta han llegado a una equiparación de fuerzas.  

En estos momentos se debe exigir al actual gobierno que asuma desde el Estado la tregua y abra un proceso de diálogo y negociación que llegue a un acuerdo definitivo entre el gobierno, las maras y las pandillas, mediante el cual se le ponga fin a las acciones en contra de la población. Mientras tanto la clase trabajadora, campesinos, pueblos originarios y demás sectores populares debemos organizarnos y prepararnos para combatir a los capitalistas e imperialistas que son la causa estructural de la violencia, delincuencia y de la actual situación económica.

La lucha salarial mas importante la libraron los medicos del Simetrisss

Por Ignacio Fonseca

La primer quincena de agosto se registró un aumento de las lucha de los trabajadores estatales por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, el accionar de los trabajadores paralizo varias instituciones de estado, como ISSSS, ANDA, MINED, etc. Días antes el presidente Funes había declarado tener conocimientos de dichas acciones atribuyéndoselas a la derecha arenera, cuando en realidad son reivindicaciones propias de los trabajadores las cuales deberían ser encabezadas por el mismo FMLN.

Por la unidad en la acción de los sindicatos del ISSS

El Sindicato de Médicos del Seguro Social (SIMETRISSS) paralizó labores en el ISSS el pasado 12 de agosto exigiendo aumento, nivelación de salarios y la contratación de más personal, la anterior es una necesidad que debe ser atentida ya que ha existido un aumento de la cantidad de los derechohabientes, mientras las contrataciones de personal médico y paramédico han sido pocas lo que viene sobrecargar al personal y a influir en la atención que se le brinda al paciente. Actualmente existe una disparidad de sueldos entre medicos que laboran en el ISSS y los del MINSAL ya que unos 2, 200 médicos tienen sueldos entre un 35% y un 48% por debajo de los de los médicos del Minsal, quienes cada año perciben un aumento salarial del 8%, lo que lleva a trabajadores médicos a luchar por una nivelación.

Las autoridades del ISSS respondieron rápido ante el accionar de los médicos, implementando tácticamente una mesa de negociación esto debido a que se está en un periodo preelectoral y al temor a que estas huelgas se extienda, el fantasma de las marchas blancas asusta al actual gobierno. Es interesante como este sector que para muchos es considero como clase media ha comenzado a dar la lucha nuevamente, por mejores salarial la crisis económica y las políticas económicas del gobierno están llevando a ello.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las bases   del STISSS, SIMETRISSS y demás sindicatos del ISSS a luchar unidos tras objetivos comunes para todos: aumento de salarios y mejores condicionales laborales. Solo unidos y mediante métodos de lucha populares se podrá obligar que las autoridades del ISSS y gobierno cumpla las demandas de los trabajadores. Debemos luchar contra la maniobras del gobierno quien busca desprestigiar las luchas haciéndolas ver que son tácticas de la derecha arenera con lo cual busca aislarlas haciendo uso sentimiento de pertenencia al FMLN.

ATRAMEC pasó a la lucha

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) que agrupa a 3,800 trabajadores administrativos a escala nacional pasó a la lucha, exigiendo mejoras en el escalafón salarial y dotación de canasta básica de $ 100 mensuales, así mismo solicita un aumento salarial que oscila entre $100 y $200 para los empleados que tienen un sueldo menor de $1,500, aumento en el escalafón administrativo para que pase del 4 % al 6% cada tres años y que se aumente de 11 a 15 grados salariales.

Trabajadores Judiciales luchan por el control obrero

En 1986 Corte Plena acordó que las organizaciones sindicales deben ser convocadas como observadores para garantizar un proceso transparente en las licitaciones relacionadas con las prestaciones sociales y laborales de los empleados. Pero en la actualidad organizaciones como el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (Sinejus), el Sindicato Unión de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (Sejes 30 de junio) y la Asociación Sindical de los Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ) denunciaron ante Corte Plena que la Dirección de Contrataciones Institucional (DACI), el organismo encargado de realizar las compras, no permite la vigilancia de los trabajadores en los procesos de licitación.

Además de las anteriores luchas de trabajadores estatales otras dependencias del gobierno también paralizaron labores las cuales tuvieron el común denominador la exigencia de mejoras salariales, por lo que los trabajadores estatales deben generalizar las luchas en todas las instituciones del estado y no caer en las tácticas desmovilizadoras del gobierno.


Por Mario Vladimir Carranza

A 21 años de haberse firmado el Acuerdo de paz entre la exguerrila del FMLN y el Estado salvadoreño bajo el gobierno arenero de Alfredo Cristiani, desmovilizados de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y excombatientes del FMLN exigen al Estado beneficios económicos y sociales. En este contexto, el día 7 de agosto del presente año excombatientes y desmovilizados, después de una serie de reuniones con el gobierno y al no obtener respuesta, amparados en su derecho a expresarse y reunirse libremente establecido por la misma constitución burguesa en sus artículos 6 y 7 decidieron manifestarse, a lo que el gobierno respondió con violencia dejando personas heridas, fallecidas y capturadas.

Entre uno de los puntos de protesta reprimidos está el que se ubicó en el sector conocido como Cruz Verde del municipio de Santa Cruz Nichapa, en el que la gran mayoría de protestantes eran ancianos desamparados cuyo único delito fue estar afiliados a asociaciones legales de veteranos las cuales son parte de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Veteranos de Guerra (CONVEFAES). Lo ilícito es la cizaña que se encargan de sembrar en el resto de la población los medios de comunicación.

Las infructíferas mesas de diálogo

El gobierno de Funes y del FMLN se ha caracterizado por ser “dialogador”, ya que en todos los problemas que aquejan a las mayorías y que tienen que ver con el gobierno han creado mesas de diálogo con los funcionarios de las respectivas instituciones estatales y representantes de los sectores afectados. Todo eso está bien pero el problema es que nunca se llega a nada, dicha mesas solo sirven al gobierno para entretener, desmovilizar y desmoralizar a las personas, siendo esta una táctica descarada para ganar tiempo y bajarle perfil a los conflictos.

En otros casos solo implementa medidas cosméticas que no dan una solución real a los problemas; lo anterior lleva a que legítimamente se recurra a los métodos tradicionales de lucha popular, los cuales para la clase dominante y el gobierno son ilegales pero no ilegítimos.

El pueblo tiene el derecho a luchar en defensa de sus intereses

Es lamentable que miles de personas de la clase de la clase trabajadora no hayan podido estar a la hora en sus lugares de trabajo. Pero más lamentable es ver cómo Ricardo Perdomo, ministro de seguridad, siguiendo las órdenes del presidente Funes mandó a la PNC golpear, reprimir y encarcelar a una gran cantidad de gente. Los manifestantes la década de los ochenta pelearon una guerra que no era contra ellos y defendieron los intereses de otros, pero ahora que están defendiendo sus propios intereses son reprimidos por el mismo Estado que en aquella época y en esta ocasión también, reprime a las personas que luchan contra la injusticia económica y social. Este ciclo continuará si no tomamos la tarea de cambiar el sistema económico, político y social que se mantiene desde hace muchos años.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ante la lucha de los excombatientes considera que el pueblo y sus organizaciones tienen el derecho a estructurarse, reunirse y manifestarse, y ante el incumplimiento a sus demandas están en el legítimo derecho de recurrir a los tradicionales métodos de lucha popular. Por lo tanto condena el accionar de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), demandando a la vez la liberación de las personas detenidas. El PSOCA considera también que el argumento de utilizar la fuerza para asegurar la libertad de tránsito a las demás personas no es fundamento para atentar contra la vida, la integridad física y libre expresión de las personas y que dicho argumento solo refleja los intereses de la clase dominante y del gobierno.

Que empresarios de derecha y los del ALBA paguen

Desde el PSOCA llamamos a las personas que conforman las diferentes organizaciones de desmovilizados del ejército y de excombatientes del FMLN a que exijan a sus representantes que sean ellos quienes negocien debiendo informar de todo lo dialogado y negociado. Deben exigir que los fondos para el pago de sus demandas sean a partir de un impuesto cargado a las ganancias de las empresas privadas de los núcleos económicos tradicionales y de los emergentes, ya que lucharon defendiendo los intereses de ellos; también deben cargarse a las empresas de los núcleos económicos emergentes ligados a la ex guerrilla del FMLN, ya que dichas empresas existen gracias a la sangre de los combatientes del FMLN y sus ganancias se quedan en manos de unos pocos.

   

Por Ricardo Ruiz

30 de julio de 1975, hace 38 años; para esa fecha muchos de los actuales estudiantes no habíamos nacido, muchos ni pensábamos en nacer. Los que sí pensaron fueron los estudiantes organizados de 1975, que se levantaron en protesta al ver la situación en que se encontraba El Salvador y en defensa de la UES.

Los estudiantes se manifiestan en defensa de la autonomía

El día 25 de julio de ese año, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional realizaron tomas armadas de las instalaciones del Centro Universitario de Occidente, en el departamento de Santa Ana, conocido ahora como Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En respuesta, los estudiantes de secundaria y de la sede central de la UES, realizaron el 30 de julio una marcha en protesta de los hechos ocurridos en la sede en Santa Ana, sumando a la protesta las exigencias y críticas al gobierno de turno. La actividad se pretendía realizar por toda 25 Av. Norte, hasta llegar a la Plaza Libertad. Las fuerzas represivas del Estado se prepararon de antemano y emboscaron a los estudiantes a la altura del Hospital Rosales. Los contingentes de seguridad nacional dieron inicio a un ataque armado contra los estudiantes y la población en general, alegando que las personas en la marcha los habían agredido y atacado, por lo que ellos se defendieron, acción que posteriormente fue celebrada por las dirigencias de dichos grupos armados.

Ese 30 de julio hubo una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Nunca se ha realizado una verdadera investigación ni resarcimiento de los crímenes cometidos contra la comunidad Salvadoreña y la humanidad. Se ha dejado a los criminales culpables de las masacres libres a sus anchas, sin recibir más que felicitaciones, puestos en el gobierno e impunidad.

El Salvador de siempre

La situación en que se encuentra el país no ha cambiado mucho a comparación de la crisis de ese tiempo. La calidad educativa sigue en picada, siguen vendiendo la patria, explotando a nuestros hermanos, firmando tratados que entregan nuestros recursos a corporaciones internacionales y le venden la muerte a todo aquel que viva dentro del territorio, con algunas excepciones de menos del 0.1% de la población, la que se beneficia de todo esto.

Ya la nueva generación que está dentro de la universidad somos de la década del noventa; muchas cosas las descubrimos por curiosidad, algunos docentes, actividades o personas nos cuentan y nos comparten información de los sucesos, haciéndonos una pequeña idea de toda la situación que se vivió en determinados momentos de la historia.

A 38 años de la masacre

Este año, durante el recorrido en la 25 Av. Norte, se pudo observar un gran bloque de estudiantes, unidos entre sí y comprometidos con la causa. Estas organizaciones y gremios, aglutinados en un solo grupo, iban gritando los nombres de los mártires y consignas, además de realizar las tradicionales burlas con sus disfraces, emulando a los políticos, gente en el gobierno del país y de la universidad, y haciendo críticas a las actitudes y proyectos que tienen.

Al llegar al paso a desnivel, se escuchó un enfrentamiento en la parte final de la marcha, en donde el bloque de MIUES intentaba pasar. Este bloque viene a destruir el orden y la solemnidad de la marcha, haciendo un intento fallido de llegar a la vanguardia de la actividad, alegando que tienen que entregar una ofrenda floral y de que no caerán bajo las provocaciones de los estudiantes. Algo parecido a lo del 30 de julio, sin mencionar el atropello que se hizo a los estudiantes al empujarlos usando las armazones de madera, que emulaban un gorila, un avión y un metrobús; las cuales fueron quemadas posteriormente.

Defendamos la UES

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), recuerda y honra a todos los héroes y mártires del 30 de julio; encomiamos las actividades reflexivas y formativas que realizan las organizaciones estudiantiles y de trabajadores en el despertar de su letargo; exhortamos a toda la comunidad universitaria a que se organice, analice la realidad y haga propuestas y actividades para solucionar la situación crítica en que se encuentra la Universidad de El Salvador y todo el país, así mismo llamamos a la conformación de los colectivos para la defensa de la educación superior estatal a los cuales deben unirse los estudiantes de básica y de bachillerato, trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares.

La dirigencia de ANEP no tolera el surgimiento de una nueva burguesía  

Por Marcial Rivera

El 30 de julio del presente año, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) –principal gremial empresarial en El Salvador, ligada tradicionalmente al partido ARENA- presentó nuevas pruebas a la Superintendencia de Competencia en contra de Alba Petróleos. Según el Diario El Mundo “La Asociación entregó a la Superintendencia información de la compra o creación por parte de Alba Petróleos de empresas relacionadas a esa empresa, como alimentos, fertilizantes, medicamentos, energía, combustible, gas y arroz. Con las nuevas pruebas, la ANEP quiere demostrar que Alba estaba haciendo concentración económica no solo en los combustibles, explicó Jorge Daboub, presidente de la gremial”.

Estas nuevas pruebas se unen a una denuncia inicial que presentó la ANEP ante la Superintendencia por distintas acciones, entre otras las de fusionar capitales y fusionar estos capitales con otras empresas, sin las respectivas autorizaciones. Básicamente lo que buscan es que se dé un proceso sancionatorio en contra de ALBA Petróleos, por “concentración económica”. Pero además por otras motivaciones como competencia desleal, y las “ventajas” que el Estado mismo otorga a ALBA Petróleos para que incursione en el mercado de las distintas líneas de productos que comercializa. Otras razones por las que han presentado esta denuncia es porque esta empresa “no ha presentado sus estados financieros” desde 2011, lo que también contribuye a la falta de competencia que la ANEP alega.

Esta falta de competencia ha sido anteriormente denunciada en otros espacios. El empresariado considera que al no existir condiciones para competir en el mercado interno, la inversión extranjera es ahuyentada; no obstante, se habla de competencia en un Estado en donde existen grandes oligopolios como el mercado de harinas y otras áreas de producción. Debe recordarse que esta empresa fue creada como resultado de la inversión conjunta de varias alcaldías gobernadas por el FMLN, y que al principio comercializaban gasolina, diesel, y otros derivados del petróleo, pero en la actualidad han diversificado los productos que comercializan.

Entre otros, los rubros en los que ha incursionado en la actualidad ALBA Petróleos son por concentración de activos y capitales en mercados de alimentos, fertilizantes, medicamentos, energía y gas. En este sentido, la realidad es que lo que se está dando es una lucha frontal por la renta nacional, entre los dos protagonistas de la lucha por este tema, que son básicamente la ANEP, principal gremial empresarial ligada a la derecha, y ALBA Petróleos, conectada a los núcleos económicos incipientes, ligados al FMLN.

El crecimiento de ALBA Petróleos, es evidente; y la diversificación de sus ofertas también. En la actualidad sus actividades giran en torno a Alba Alimentos, que son granos básicos a precios accesibles, Alba Fertilizantes, otorgados a los pequeños agricultores, en el interior del país, Alba Energía, ligada al tema del petróleo, Tu Financiera, que busca dar pequeños créditos, Alba Med, que son medicamentos a precios accesibles, además de Misión Milagro y Misión Sonrisa, que son otros proyectos siempre ligados a ALBA Petróleos.

Dentro de la “proyección social” que ha tenido ALBA Petróleos, se encuentra el tema de ALBA Becas, que es un programa cuya finalidad es la de otorgar becas a jóvenes de distintas zonas tanto urbanas como rurales, para que puedan estudiar. Sin embargo, esto es un acto de clientelismo político, en tanto que son otorgadas a gente ligada al FMLN, o se otorgan con fines esencialmente electorales. No obstante, el programa ha sido estratégico, pues ha permitido un aumento sustancial de la base social que tiene el FMLN, sobre todo en las áreas urbanas, en las que tradicionalmente el FMLN no tenía tantas bases, esto por supuesto sin dejar de lado también las áreas rurales. De este modo esta base social que ha logrado el FMLN, no tendrá trabajo político relacionado con la defensa de un proyecto político, de cambio, de izquierdas o socialista; esta nueva base social estará encargada, de luchar por la defensa de un proyecto esencialmente empresarial, comandado por el FMLN “S.A. de C.V.”

Lo que la población debe tener claro es que las intenciones de la ANEP al presentar esta denuncia no son las de defender la “libre competencia” y poder operar en un esquema de plena competencia. Por el contrario, este es un conflicto entre la burguesía tradicional y la nueva burguesía emergente. El descaro de ANEP ha llegado el límite de lo absurdo cuando propone que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no divulgue la lista de empresarios morosos con el fisco. Todas las burguesías son idénticas.

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