La lucha salarial mas importante la libraron los medicos del Simetrisss

Por Ignacio Fonseca

La primer quincena de agosto se registró un aumento de las lucha de los trabajadores estatales por mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, el accionar de los trabajadores paralizo varias instituciones de estado, como ISSSS, ANDA, MINED, etc. Días antes el presidente Funes había declarado tener conocimientos de dichas acciones atribuyéndoselas a la derecha arenera, cuando en realidad son reivindicaciones propias de los trabajadores las cuales deberían ser encabezadas por el mismo FMLN.

Por la unidad en la acción de los sindicatos del ISSS

El Sindicato de Médicos del Seguro Social (SIMETRISSS) paralizó labores en el ISSS el pasado 12 de agosto exigiendo aumento, nivelación de salarios y la contratación de más personal, la anterior es una necesidad que debe ser atentida ya que ha existido un aumento de la cantidad de los derechohabientes, mientras las contrataciones de personal médico y paramédico han sido pocas lo que viene sobrecargar al personal y a influir en la atención que se le brinda al paciente. Actualmente existe una disparidad de sueldos entre medicos que laboran en el ISSS y los del MINSAL ya que unos 2, 200 médicos tienen sueldos entre un 35% y un 48% por debajo de los de los médicos del Minsal, quienes cada año perciben un aumento salarial del 8%, lo que lleva a trabajadores médicos a luchar por una nivelación.

Las autoridades del ISSS respondieron rápido ante el accionar de los médicos, implementando tácticamente una mesa de negociación esto debido a que se está en un periodo preelectoral y al temor a que estas huelgas se extienda, el fantasma de las marchas blancas asusta al actual gobierno. Es interesante como este sector que para muchos es considero como clase media ha comenzado a dar la lucha nuevamente, por mejores salarial la crisis económica y las políticas económicas del gobierno están llevando a ello.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a las bases   del STISSS, SIMETRISSS y demás sindicatos del ISSS a luchar unidos tras objetivos comunes para todos: aumento de salarios y mejores condicionales laborales. Solo unidos y mediante métodos de lucha populares se podrá obligar que las autoridades del ISSS y gobierno cumpla las demandas de los trabajadores. Debemos luchar contra la maniobras del gobierno quien busca desprestigiar las luchas haciéndolas ver que son tácticas de la derecha arenera con lo cual busca aislarlas haciendo uso sentimiento de pertenencia al FMLN.

ATRAMEC pasó a la lucha

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) que agrupa a 3,800 trabajadores administrativos a escala nacional pasó a la lucha, exigiendo mejoras en el escalafón salarial y dotación de canasta básica de $ 100 mensuales, así mismo solicita un aumento salarial que oscila entre $100 y $200 para los empleados que tienen un sueldo menor de $1,500, aumento en el escalafón administrativo para que pase del 4 % al 6% cada tres años y que se aumente de 11 a 15 grados salariales.

Trabajadores Judiciales luchan por el control obrero

En 1986 Corte Plena acordó que las organizaciones sindicales deben ser convocadas como observadores para garantizar un proceso transparente en las licitaciones relacionadas con las prestaciones sociales y laborales de los empleados. Pero en la actualidad organizaciones como el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (Sinejus), el Sindicato Unión de Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), el Sindicato de Empleadas y Empleados Judiciales de El Salvador (Sejes 30 de junio) y la Asociación Sindical de los Trabajadores del Órgano Judicial (ASTOJ) denunciaron ante Corte Plena que la Dirección de Contrataciones Institucional (DACI), el organismo encargado de realizar las compras, no permite la vigilancia de los trabajadores en los procesos de licitación.

Además de las anteriores luchas de trabajadores estatales otras dependencias del gobierno también paralizaron labores las cuales tuvieron el común denominador la exigencia de mejoras salariales, por lo que los trabajadores estatales deben generalizar las luchas en todas las instituciones del estado y no caer en las tácticas desmovilizadoras del gobierno.


Por Mario Vladimir Carranza

A 21 años de haberse firmado el Acuerdo de paz entre la exguerrila del FMLN y el Estado salvadoreño bajo el gobierno arenero de Alfredo Cristiani, desmovilizados de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y excombatientes del FMLN exigen al Estado beneficios económicos y sociales. En este contexto, el día 7 de agosto del presente año excombatientes y desmovilizados, después de una serie de reuniones con el gobierno y al no obtener respuesta, amparados en su derecho a expresarse y reunirse libremente establecido por la misma constitución burguesa en sus artículos 6 y 7 decidieron manifestarse, a lo que el gobierno respondió con violencia dejando personas heridas, fallecidas y capturadas.

Entre uno de los puntos de protesta reprimidos está el que se ubicó en el sector conocido como Cruz Verde del municipio de Santa Cruz Nichapa, en el que la gran mayoría de protestantes eran ancianos desamparados cuyo único delito fue estar afiliados a asociaciones legales de veteranos las cuales son parte de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Veteranos de Guerra (CONVEFAES). Lo ilícito es la cizaña que se encargan de sembrar en el resto de la población los medios de comunicación.

Las infructíferas mesas de diálogo

El gobierno de Funes y del FMLN se ha caracterizado por ser “dialogador”, ya que en todos los problemas que aquejan a las mayorías y que tienen que ver con el gobierno han creado mesas de diálogo con los funcionarios de las respectivas instituciones estatales y representantes de los sectores afectados. Todo eso está bien pero el problema es que nunca se llega a nada, dicha mesas solo sirven al gobierno para entretener, desmovilizar y desmoralizar a las personas, siendo esta una táctica descarada para ganar tiempo y bajarle perfil a los conflictos.

En otros casos solo implementa medidas cosméticas que no dan una solución real a los problemas; lo anterior lleva a que legítimamente se recurra a los métodos tradicionales de lucha popular, los cuales para la clase dominante y el gobierno son ilegales pero no ilegítimos.

El pueblo tiene el derecho a luchar en defensa de sus intereses

Es lamentable que miles de personas de la clase de la clase trabajadora no hayan podido estar a la hora en sus lugares de trabajo. Pero más lamentable es ver cómo Ricardo Perdomo, ministro de seguridad, siguiendo las órdenes del presidente Funes mandó a la PNC golpear, reprimir y encarcelar a una gran cantidad de gente. Los manifestantes la década de los ochenta pelearon una guerra que no era contra ellos y defendieron los intereses de otros, pero ahora que están defendiendo sus propios intereses son reprimidos por el mismo Estado que en aquella época y en esta ocasión también, reprime a las personas que luchan contra la injusticia económica y social. Este ciclo continuará si no tomamos la tarea de cambiar el sistema económico, político y social que se mantiene desde hace muchos años.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ante la lucha de los excombatientes considera que el pueblo y sus organizaciones tienen el derecho a estructurarse, reunirse y manifestarse, y ante el incumplimiento a sus demandas están en el legítimo derecho de recurrir a los tradicionales métodos de lucha popular. Por lo tanto condena el accionar de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), demandando a la vez la liberación de las personas detenidas. El PSOCA considera también que el argumento de utilizar la fuerza para asegurar la libertad de tránsito a las demás personas no es fundamento para atentar contra la vida, la integridad física y libre expresión de las personas y que dicho argumento solo refleja los intereses de la clase dominante y del gobierno.

Que empresarios de derecha y los del ALBA paguen

Desde el PSOCA llamamos a las personas que conforman las diferentes organizaciones de desmovilizados del ejército y de excombatientes del FMLN a que exijan a sus representantes que sean ellos quienes negocien debiendo informar de todo lo dialogado y negociado. Deben exigir que los fondos para el pago de sus demandas sean a partir de un impuesto cargado a las ganancias de las empresas privadas de los núcleos económicos tradicionales y de los emergentes, ya que lucharon defendiendo los intereses de ellos; también deben cargarse a las empresas de los núcleos económicos emergentes ligados a la ex guerrilla del FMLN, ya que dichas empresas existen gracias a la sangre de los combatientes del FMLN y sus ganancias se quedan en manos de unos pocos.

   

Por Ricardo Ruiz

30 de julio de 1975, hace 38 años; para esa fecha muchos de los actuales estudiantes no habíamos nacido, muchos ni pensábamos en nacer. Los que sí pensaron fueron los estudiantes organizados de 1975, que se levantaron en protesta al ver la situación en que se encontraba El Salvador y en defensa de la UES.

Los estudiantes se manifiestan en defensa de la autonomía

El día 25 de julio de ese año, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional realizaron tomas armadas de las instalaciones del Centro Universitario de Occidente, en el departamento de Santa Ana, conocido ahora como Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En respuesta, los estudiantes de secundaria y de la sede central de la UES, realizaron el 30 de julio una marcha en protesta de los hechos ocurridos en la sede en Santa Ana, sumando a la protesta las exigencias y críticas al gobierno de turno. La actividad se pretendía realizar por toda 25 Av. Norte, hasta llegar a la Plaza Libertad. Las fuerzas represivas del Estado se prepararon de antemano y emboscaron a los estudiantes a la altura del Hospital Rosales. Los contingentes de seguridad nacional dieron inicio a un ataque armado contra los estudiantes y la población en general, alegando que las personas en la marcha los habían agredido y atacado, por lo que ellos se defendieron, acción que posteriormente fue celebrada por las dirigencias de dichos grupos armados.

Ese 30 de julio hubo una gran cantidad de muertos y desaparecidos. Nunca se ha realizado una verdadera investigación ni resarcimiento de los crímenes cometidos contra la comunidad Salvadoreña y la humanidad. Se ha dejado a los criminales culpables de las masacres libres a sus anchas, sin recibir más que felicitaciones, puestos en el gobierno e impunidad.

El Salvador de siempre

La situación en que se encuentra el país no ha cambiado mucho a comparación de la crisis de ese tiempo. La calidad educativa sigue en picada, siguen vendiendo la patria, explotando a nuestros hermanos, firmando tratados que entregan nuestros recursos a corporaciones internacionales y le venden la muerte a todo aquel que viva dentro del territorio, con algunas excepciones de menos del 0.1% de la población, la que se beneficia de todo esto.

Ya la nueva generación que está dentro de la universidad somos de la década del noventa; muchas cosas las descubrimos por curiosidad, algunos docentes, actividades o personas nos cuentan y nos comparten información de los sucesos, haciéndonos una pequeña idea de toda la situación que se vivió en determinados momentos de la historia.

A 38 años de la masacre

Este año, durante el recorrido en la 25 Av. Norte, se pudo observar un gran bloque de estudiantes, unidos entre sí y comprometidos con la causa. Estas organizaciones y gremios, aglutinados en un solo grupo, iban gritando los nombres de los mártires y consignas, además de realizar las tradicionales burlas con sus disfraces, emulando a los políticos, gente en el gobierno del país y de la universidad, y haciendo críticas a las actitudes y proyectos que tienen.

Al llegar al paso a desnivel, se escuchó un enfrentamiento en la parte final de la marcha, en donde el bloque de MIUES intentaba pasar. Este bloque viene a destruir el orden y la solemnidad de la marcha, haciendo un intento fallido de llegar a la vanguardia de la actividad, alegando que tienen que entregar una ofrenda floral y de que no caerán bajo las provocaciones de los estudiantes. Algo parecido a lo del 30 de julio, sin mencionar el atropello que se hizo a los estudiantes al empujarlos usando las armazones de madera, que emulaban un gorila, un avión y un metrobús; las cuales fueron quemadas posteriormente.

Defendamos la UES

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), recuerda y honra a todos los héroes y mártires del 30 de julio; encomiamos las actividades reflexivas y formativas que realizan las organizaciones estudiantiles y de trabajadores en el despertar de su letargo; exhortamos a toda la comunidad universitaria a que se organice, analice la realidad y haga propuestas y actividades para solucionar la situación crítica en que se encuentra la Universidad de El Salvador y todo el país, así mismo llamamos a la conformación de los colectivos para la defensa de la educación superior estatal a los cuales deben unirse los estudiantes de básica y de bachillerato, trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores populares.

La dirigencia de ANEP no tolera el surgimiento de una nueva burguesía  

Por Marcial Rivera

El 30 de julio del presente año, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) –principal gremial empresarial en El Salvador, ligada tradicionalmente al partido ARENA- presentó nuevas pruebas a la Superintendencia de Competencia en contra de Alba Petróleos. Según el Diario El Mundo “La Asociación entregó a la Superintendencia información de la compra o creación por parte de Alba Petróleos de empresas relacionadas a esa empresa, como alimentos, fertilizantes, medicamentos, energía, combustible, gas y arroz. Con las nuevas pruebas, la ANEP quiere demostrar que Alba estaba haciendo concentración económica no solo en los combustibles, explicó Jorge Daboub, presidente de la gremial”.

Estas nuevas pruebas se unen a una denuncia inicial que presentó la ANEP ante la Superintendencia por distintas acciones, entre otras las de fusionar capitales y fusionar estos capitales con otras empresas, sin las respectivas autorizaciones. Básicamente lo que buscan es que se dé un proceso sancionatorio en contra de ALBA Petróleos, por “concentración económica”. Pero además por otras motivaciones como competencia desleal, y las “ventajas” que el Estado mismo otorga a ALBA Petróleos para que incursione en el mercado de las distintas líneas de productos que comercializa. Otras razones por las que han presentado esta denuncia es porque esta empresa “no ha presentado sus estados financieros” desde 2011, lo que también contribuye a la falta de competencia que la ANEP alega.

Esta falta de competencia ha sido anteriormente denunciada en otros espacios. El empresariado considera que al no existir condiciones para competir en el mercado interno, la inversión extranjera es ahuyentada; no obstante, se habla de competencia en un Estado en donde existen grandes oligopolios como el mercado de harinas y otras áreas de producción. Debe recordarse que esta empresa fue creada como resultado de la inversión conjunta de varias alcaldías gobernadas por el FMLN, y que al principio comercializaban gasolina, diesel, y otros derivados del petróleo, pero en la actualidad han diversificado los productos que comercializan.

Entre otros, los rubros en los que ha incursionado en la actualidad ALBA Petróleos son por concentración de activos y capitales en mercados de alimentos, fertilizantes, medicamentos, energía y gas. En este sentido, la realidad es que lo que se está dando es una lucha frontal por la renta nacional, entre los dos protagonistas de la lucha por este tema, que son básicamente la ANEP, principal gremial empresarial ligada a la derecha, y ALBA Petróleos, conectada a los núcleos económicos incipientes, ligados al FMLN.

El crecimiento de ALBA Petróleos, es evidente; y la diversificación de sus ofertas también. En la actualidad sus actividades giran en torno a Alba Alimentos, que son granos básicos a precios accesibles, Alba Fertilizantes, otorgados a los pequeños agricultores, en el interior del país, Alba Energía, ligada al tema del petróleo, Tu Financiera, que busca dar pequeños créditos, Alba Med, que son medicamentos a precios accesibles, además de Misión Milagro y Misión Sonrisa, que son otros proyectos siempre ligados a ALBA Petróleos.

Dentro de la “proyección social” que ha tenido ALBA Petróleos, se encuentra el tema de ALBA Becas, que es un programa cuya finalidad es la de otorgar becas a jóvenes de distintas zonas tanto urbanas como rurales, para que puedan estudiar. Sin embargo, esto es un acto de clientelismo político, en tanto que son otorgadas a gente ligada al FMLN, o se otorgan con fines esencialmente electorales. No obstante, el programa ha sido estratégico, pues ha permitido un aumento sustancial de la base social que tiene el FMLN, sobre todo en las áreas urbanas, en las que tradicionalmente el FMLN no tenía tantas bases, esto por supuesto sin dejar de lado también las áreas rurales. De este modo esta base social que ha logrado el FMLN, no tendrá trabajo político relacionado con la defensa de un proyecto político, de cambio, de izquierdas o socialista; esta nueva base social estará encargada, de luchar por la defensa de un proyecto esencialmente empresarial, comandado por el FMLN “S.A. de C.V.”

Lo que la población debe tener claro es que las intenciones de la ANEP al presentar esta denuncia no son las de defender la “libre competencia” y poder operar en un esquema de plena competencia. Por el contrario, este es un conflicto entre la burguesía tradicional y la nueva burguesía emergente. El descaro de ANEP ha llegado el límite de lo absurdo cuando propone que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no divulgue la lista de empresarios morosos con el fisco. Todas las burguesías son idénticas.

 

Por James Petras

Método de evaluación del Acuerdo de Paz

En referencia al análisis del Acuerdo de Paz es importante comenzar enfocándonos en la evolución del FMLN -los cambios políticos, organizativos e ideológicos que condujeron a las negociaciones, al pacto con el régimen de derecha y los resultados políticos y socioeconómicos.

La segunda parte del ensayo establece los parecidos y las diferencias entre los resultados políticos y socioeconómicos y las políticas posteriores al pacto, y el efecto que estas tuvieron en el pueblo. Esto nos permitirá ver quién se benefició y quién se perjudicó; qué clases socioeconómicas y estructuras políticas emergieron; qué políticas extranjeras fueron delineadas.

La tercera sección del ensayo se enfoca en extraer las lecciones que podamos aprender de la experiencia de El Salvador, que sean aplicables a las actuales negociaciones de paz entre las FARC y el régimen de (el presidente, Juan Manuel) Santos en Colombia.

El FMLN: De la revolución socialista al electoralismo capitalista

En 1980, cuatro grupos guerrilleros principales se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El componente fundamental, el FPL, postulaba la guerra prolongada, la unión de la guerrilla y de los movimientos de masa en la lucha revolucionaria y antiimperialista. Los aliados menores, encabezados por el Partido Comunista postulaban las dos etapas, "de la revolución democrática a la revolución social".

Poco más de dos años después, los tres componentes minoritarios, el ERP, el Partido Comunista y el RN, transformaron la política del FMLN, eliminando la lucha por el socialismo basado en los obreros y en los campesinos a favor de la "revolución democrática", que incluía a la "burguesía progresista moderna". A medida que la lucha continuaba, los reacomodamientos internos del FMLN se inclinaron a favor de un giro al "centro". Los líderes del FMLN pusieron el énfasis en la incorporación política al sistema electoral, la legalización del FMLN, la apertura de negociaciones sin ningún acuerdo previo y una disposición a trabajar dentro del marco electoral capitalista. Cuando comenzaron las negociaciones el FMLN abandonó las demandas de desmantelar las fuerzas armadas, de expropiar las principales empresas mineras, comerciales, banqueras y financieras. Aceptaron la formación de la "comisión de la verdad" que "examinaría" los crímenes de guerra -la matanza masiva de más de 75 mil civiles.

En 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz, los ex guerrilleros, el régimen de El Salvador y el gobierno de EE.UU. lo calificaron de "un momento de inflexión histórico que iniciaba una nueva era de paz y prosperidad para el país y el pueblo". La mayoría de los académicos y periodistas de izquierda se unieron al coro de elogios al "pragmatismo" y la "flexibilidad" de los líderes del FMLN. Los social demócratas europeos, especialmente el régimen socialista español, ofrecieron cursos de entrenamiento a los ex guerrilleros, para capacitarlos en asuntos municipales y gubernamentales.

Evaluación de las políticas del FMLN en la oposición y en el gobierno

Los líderes del FMLN se beneficiaron de manera directa con la transición de la lucha armada y la movilización de masas a la política electoralista: muchos fueron elegidos en puestos públicos, lo que les garantizó un estándar de vida de clase media. Como congresistas, asesores políticos, asistentes y alcaldes, la élite del FMLN recibió salarios sustanciales, adquirieron viviendas en barrios de clase media y nuevos automóviles y contrataron guardias privados para su protección.

La mayoría de los políticos del FMLN retuvieron una ideología social demócrata y una retórica radical en el discurso. Algunos, como el ex dirigente del ERP, Joaquín Villalobos, se alió con la derecha, denunció a los movimientos populares, recibió una beca de Oxford y se convirtió en un asesor de los escuadrones de la muerte en Colombia, Filipinas, Irlanda del Norte y otros países.

El FMLN prácticamente abandonó los movimientos de masa urbanos y rurales convirtiéndose en un partido electoral más. Durante las revueltas populares entre 1980 y 1990, los campesinos consiguieron una reforma agraria, los empleados públicos un incremento salarial, y las organizaciones populares proliferaron mientras que el gobierno y EE.UU. trataban de recortar el apoyo popular a la insurgencia. Una vez que los líderes del FMLN entraron al parlamento y priorizaron la política electoral, disminuyó la presión sobre la clase dominante, decreció la lucha popular y terminó la reforma agraria. Los gremios recibieron muy poco apoyo de los políticos del FMLN. El FMLN liderado por Shafik Handal buscó una alianza con la "burguesía moderna" para "aislar" a la oligarquía terrateniente "tradicional", estabilizar la democracia y garantizarse una postura en el Congreso como "oposición leal". En 2009, el FMLN ganó la presidencia con un candidato neoliberal, el demócrata cristiano Mauricio Funes, y obtuvo una mayoría del Congreso.

La sociedad salvadoreña después del acuerdo de paz

El FMLN firmó el llamado acuerdo de paz sin ningún diálogo democrático previo con los militantes, sin ninguna consultación con los movimientos sociales de base; declararon obsoletas las principales reformas estructurales por las que miles de militantes habían luchado y entregado su vida. En cambio, "consultaron" con sus propios intereses para conseguir una carrera legislativa. Dictaron los acuerdos a sus cuadros intermedios, expulsaron a los críticos y manipularon a las masas para que den su apoyo ofreciéndoles promesas falsas de "continuar con la lucha". No cumplieron con las promesas de trabajo y redistribución de ingresos y tierras; nunca se materializó la promesa de "reformar" las fuerzas armadas ni entablar procesos judiciales en contra de los oficiales involucrados en violaciones masivas de derechos humanos.

De 1992 a 2013, El Salvador continúa siendo el segundo país en la lista de los más desiguales de América Latina. El desempleo, en especial de la gente joven, continúa superando el 50%. Más del 60% de la "población trabajadora" no tiene un empleo formal. Trabajan sin jubilación, seguro médico, vacaciones ni seguro social, mayoritariamente en el sector de servicios con los salarios más bajos, ya sea como vendedores ambulantes o empleadas domésticas. Más de 2,5 millones de salvadoreños se vieron forzados a dejar el país por falta de oportunidades. Los jóvenes guerrilleros fueron abandonados por sus líderes. Algunos recibieron terrenos pero sin capacitación, crédito, servicios, fracasaron y se convirtieron en pandilleros urbanos o rurales. Más de 25 mil jóvenes pertenecen a pandillas que trafican con drogas. El Salvador detenta el segundo porcentaje más alto de homicidios violentos en el continente americano. De hecho, son más los salvadoreños asesinados después del "Acuerdo de paz" (1992-2012) que los muertos durante la guerra civil (1980-1991). Desde marzo de 2012, cuando las dos pandillas principales firmaron una tregua han disminuido drásticamente los asesinatos.

El Acuerdo de paz estableció la formación de una "Comisión de la Verdad" para investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos. En lugar de cumplir con ese objetivo, se decretó una amnistía para los Generales y la élite militar. La Comisión carecía de apoyo financiero y político y ningún criminal de guerra, ni siquiera aquellos que cometieron los crímenes más violentos fueron enjuiciados ni mucho menos encarcelados.

Los principales beneficiarios del Acuerdo de paz fueron los "burgueses modernos" -la élite bancaria, comercial, de la agroindustria, de las maquiladoras- quienes hicieron grandes ganancias, pagaron muy pocos impuestos, recibieron subsidios estatales y explotaron la mano de obra barata de las maquiladoras. Las compañías de seguridad privada prosperaron como la clase de nuevos ricos -incluyendo la élite de "nuevos ricos" del FMLN que contrató un ejército de guardias privados armados con rifles automáticas y ametralladoras para proteger sus casas, negocios, clubes privados y balnearios de vacaciones.

El Salvador, antes y después del triunfo electoral del FMLN, puede ser caracterizado como un paraíso neoliberal: acuerdos de libre comercio, salarios bajos, trabajadores no sindicalizados, mano de obra barata de las maquiladoras, en síntesis, las zonas de libre comercio son la pieza fundamental de la política económica del FMLN.

La llamada "Revolución democrática" fue despojada de todo contenido socioeconómico. La distancia social entre los líderes del FMLN y sus contratistas de negocios aliados por un lado, y las masas por el otro, es abismal. Los líderes del FMLN habitan viviendas modernas, protegidas por muros de tres metros cubiertos con vidrio roto y alambre de púa, con calles pavimentadas y jardines con flores. La mayoría de los salvadoreños pobres vive en sitios hacinados, con calles sin asfaltar, controlados por pandillas armadas que trafican droga y policías corruptos.

El régimen del FMLN ha respaldado los acuerdos de libre comercio de EE.UU. y la Unión Europea en América Central al igual que las bases militares de EE.UU. Sus políticas de libre mercado perjudican a los pequeños y medianos productores. Sus vínculos militares con el Pentágono fortalecen la postura militar de EE.UU. contra Venezuela y Ecuador.

Consecuencias políticas del Acuerdo de paz

Durante la guerra civil, la lucha de clases incrementó la conciencia de clase, fortaleció la organización independiente de clase y forzó a la clase dominante y sus "mentores" estadounidenses a que hicieran concesiones, incluyendo una reforma agraria para los campesinos y un aumento salarial para los obreros. Posteriormente al pacto de paz, las organizaciones de base experimentaron una reducción de tamaño y actividad; los líderes fueron cooptados por la élite del FMLN. El control político centralizado de los movimientos sociales asegura el conformismo frente a las políticas neoliberales. El FMLN trata de legitimar el orden socioeconómico neoliberal escudándose en su "heroico y glorioso pasado guerrillero". Los políticos corruptos del FMLN evocan su rol del pasado como "comandantes guerrilleros" para encubrir sus conexiones corruptas del presente con la élite económica. Cada vez que un sindicato va a la huelga por mejoras salariales o laborales, como los trabajadores municipales, de la salud y o de la educación, los líderes del FMLN los acusan de tener motivaciones "políticas" o de "ayudar" al enemigo. El FMLN se convirtió en un aparato burocrático manejado por facciones de las élites que pelean por posiciones de poder y privilegio dentro de la burocracia estatal neoliberal.

Frente al abyecto fracaso del FMLN y su gestión de gobierno para responder a las necesidades más básicas de los pobres de las ciudades y del campo, cientos de ONGs financiadas por los gobiernos de EE.UU. y Europa, en las que trabajan profesionales de clase media, establecieron proyectos de autoayuda, que enriquecieron a los líderes de las ONGs, perjudicaron a los movimientos sociales locales y no fueron eficaces para reducir la pobreza.

Sin paz, seguridad ni justicia social, y ante el debilitamiento de los movimientos sociales, ¿podemos sorprendernos de que anualmente decenas de miles de salvadoreños huyan de su país? Hay más de 2,5 millones de salvadoreños en el exterior, más del 90% de los cuales vive en EE.UU.

Conclusión: Causas del fracaso del Acuerdo de paz

Haciendo un análisis objetivo, queda claro que el acuerdo de paz firmado por el FMLN ha fracasado en el cumplimiento de las mínimas demandas políticas y socioeconómicas de sus bases. A pesar de los grandes sacrificios y los incontables ejemplos de heroísmo personal, las masas populares de El Salvador fueron despojadas de todo logro positivo. Los poderosos movimientos fueron desmantelados por decreto de los comandantes guerrilleros. Los principales líderes que dictaron dichas políticas lo hicieron ya sea porque eran colaboradores de las fuerzas militares de EE.UU. (Villalobos) o aliados de la llamada burguesía "progresista".

Se pueden extraer varias lecciones:

1) El pasado combatiente no es una garantía de compromiso socioeconómico progresista después de la negociación de un acuerdo.

2) Un acuerdo de paz dictado por una élite suele implicar un sacrificio de los intereses socioeconómicos como garantía de ganar una imagen de "respetabilidad" política.

3) Aliados extranjeros "radicales", como Cuba, tienen sus propios intereses políticos para asegurar la estabilidad regional y la paz, y tal vez dichos intereses no coinciden con las necesidades socioeconómicas de un movimiento revolucionario de masas.

4) Los acuerdos de paz deben incluir de manera directa a los representantes de los movimientos populares de masas e incorporar sus demandas.

5) Los acuerdos de paz que desarman a los insurgentes y mantienen a las fuerzas armadas, que son el sostén de la élite económica y de su control sobre los sectores estratégicos de la economía, dan como resultado una continuidad de las políticas neoliberales y de las bases militares de EE.UU. y producen la integración de los ex líderes guerrilleros en un sistema político corrupto y reaccionario.

6) Un pacto de paz que no genere inversiones públicas masivas en el sector laboral, obras públicas, reforma agraria y otras actividades productivas dará como resultado el desempleo de los ex guerrilleros jóvenes que se incorporarán a pandillas de tráfico de droga y otros delitos.

7) Los ex líderes guerrilleros promoverán sus carreras electorales y trabajarán dentro del sistema adoptando políticas neoliberales -como lo han demostrado numerosos casos. En Colombia, por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, ex integrante del M-19 se convirtió en un aliado del entonces Presidente Álvaro Uribe y su régimen de escuadrones de la muerte cuando fue gobernador de Nariño. Teodoro Petkoff, ex guerrillero venezolano, devino en uno de los ideólogos del programa de austeridad del FMI durante el gobierno de Caldera. Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño del ERP, se convirtió en asesor de la CIA y de varios regímenes criminales que le pagaron cuantiosas sumas por su asesoramiento.

Los movimientos populares deben establecer sus propias prioridades socioeconómicas y estar presentes en cualquier proceso de paz.

La vasta mayoría de los obreros, campesinos y estudiantes quieren una paz que vaya acompañada de cambios en el sistema socioeconómico. Esto incluye expropiación de tierras irrigadas y fértiles; el fin de la represión sindical y el establecimiento de nuevas leyes laborales que protejan los sindicatos; la duplicación del salario y la formación de comités de trabajadores que supervisen a la administración.

Para que sea posible implementar un programa público a gran escala generador de empleo, se requiere un sistema impositivo progresivo, que use los impuestos a los ricos para financiar infraestructura y empresas productivas. Las agencias del medioambiente constituidas por ecologistas, indígenas y líderes campesinos deben tener el poder necesario para regular las actividades mineras y garantizar que exista una distribución equitativa de los ingresos impositivos y los pagos de royalty.

Por encima de todo, para que un acuerdo de paz funcione debe existir un estado democrático, en el que: se desmantelen las Fuerzas Especiales, los programas de contrainsurgencia, las bases militares y las misiones de asesoramiento extranjeras. El abyecto fracaso del FMLN para cambiar la sociedad de El Salvador y mejorar las condiciones de vida de las masas estuvo directamente relacionado con su inserción en el estado capitalista y su subordinación a la economía neoliberal.

La "teoría de las etapas" del gurú del FMLN, Shafik Handel sostenía que la "modernización capitalista y la democracia" en alianza con la burguesía moderna era el "objetivo inmediato" mientras que el socialismo era para el "futuro distante". Esta "teoría de las etapas" dejaba de lado el hecho de que la "burguesía moderna" estaba estructuralmente atada a las élites de los terratenientes tradicionales, la banca y el imperio, y no estaba, de ninguna manera comprometida con una supuesta "revolución democrática". El FMLN, descartó el socialismo, nunca logró concretar una revolución democrática y finalizó presidiendo un país empobrecido y desgarrado por delitos sangrientos en el que la élite política era socia de los mismos clubes sociales que su antiguo enemigo de clase.

Es necesario que las FARC estudien atentamente las lecciones negativas del pasado, de los desastrosos acuerdos de paz de América Central, del MR-19 que se rindió a un estado de narcos, para de esa manera proponer un acuerdo de paz en consulta con la mayoría del pueblo y en beneficio de ella, y no uno que simplemente les garantice puestos en el Congreso.

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