Por Alberto Castro

Ex combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, protestaron frente a las instalaciones de la empresa de capital mixto Alba Petróleos Ubicada en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, para expresar sus exigencias hacia dicha empresa y hacia el gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN.

Critican acomodamientos

Al respecto, Daniel Hernández, dirigente de los veteranos expresó: ’’Criticamos que el FMLN se haya acomodado y que forme parte de esta empresas que no tienen interés social’’. Así mismo dijeron que no están recibiendo los beneficios que la empresa anuncia, y señalaron la falta de interés social por parte del gobierno y de Alba Petróleos, manifestando que “los sectores vulnerables” del país, incluyen a la clase trabajadora, obrera, desempleados y sindicalistas, entre otros.

Durante la manifestación, criticaron que el país esté pagando deuda con Venezuela a través de Alba Petróleos y Petrocaribe. Dijeron que reiteran la solicitud de la aprobación de una ley que favorezca al sector. “Una cúpula del FMLN se ha hecho más rica, es indignante cómo plata que debe llegar al pueblo en proyectos sociales se lo están dando a equipos de futbol como FAS, Alianza, eso no puede ser”.

Algunas pancartas portaban consignas bastantes llamativas como: “Mal paga el diablo a quien le sirve” y “no votes por esos traidores” en alusión al apoyo que dicen no recibir de la empresa en cuestión. La sociedad Alba Petróleos tiene un patrimonio de $7.7 millones, de acuerdo a su balance financiero al 31 de diciembre de 2013. Sus activos ascienden a $460 millones, pero sus deudas ascienden a un poco más de $450 millones.

Alba Petróleos está en un hilo

Desde los inicios de la empresa ha habido muchas quejas de los trabajadores. Hoy en día ese punto de tensión ha ido en aumento, y más aun con la incertidumbre que existe sobre el posible colapso del acuerdo energético con Petrocaribe. El conflicto interno que vive Venezuela se lleva consigo a la empresa y Alba Petróleos, que es de capital mixto, es decir producto del acuerdo comercial de Petrocaribe y un conglomerado de alcaldías, quienes asumen doblemente las consecuencias son los trabajadores, quienes por su papel en el proceso de trabajo pagan todo.

Por ello las consideraciones que toman los inversionistas siempre se han de dirigir a salvaguardar sus intereses económicos. Esto necesariamente haría posible una reducción de la dependencia absoluta del petróleo subsidiado venezolano, esto no solamente en el país, si no en los demás países miembros, debido a que su futuro es incierto, y el colapso es algo que desde el plano económico se divisa a futuro.

Estamos pues ante una situación de dependencia total del futuro de la empresa Alba Petróleos, sus empleados y el Estado salvadoreño de la situación que vive Venezuela. Los beneficiarios del oficialismo de aquel país, a nivel nacional e internacional, están en riesgo de perder su status actual. Debemos mencionar que en sus políticas energéticas se contempla rápidamente y cada vez más la racionalización. Es de esta manera que esta empresa Transnacional ha traído efectos desfavorables al proletariado de los países que pertenecen a Petrocaribe.

Respuestas favorables para los trabajadores

Vemos las luchas de los veteranos del histórico FMLN, ligadas estrechamente a una protesta más que hacen los trabajadores a esta empresa. Sus reivindicaciones claramente deberían de ser atendidas, pero la oposición a sus demandas proviene precisamente de las personas que conforman el núcleo económico que dirige al partido en el gobierno, que antes fueron compañeros en armas y ahora parecen haberlo olvidado.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que deben ser atendidas las demandas de los ex combatientes, y considera que para que la empresa ALBA sea socialmente benefactora del proletariado y sectores populares, ésta debe ser estatizada y pasar al control directo de los trabajadores. Solo de esta manera podrá llevar cobertura social a sus trabajadores, y que además se le de el respectivo subsidio a los ex combatientes y sus familias. Además que se revisen bien los acuerdos suscitados en las creación de la empresa de capital mixto y el acuerdo entre el Estado y la transnacional Venezolana, y no al pago de la deuda externa generada por este compromiso.

Marvin Alexander Ramos Rivera

Hace un año, el día 18 de noviembre del 2013, fue asesinado el camarada Marvín Alexander Ramos Rivera, miembro fundador de la sección salvadoreña del Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), destacado luchador y defensor de los derechos de los pueblos originarios, miembro de la Asociación de Consejos de Pueblos originario de Cuzcátan (ACOPOC). El trabajo realizado por el camarada Marvin Ramos  siempre es recordado en las diferentes actividades realizadas por las organizaciones en las cuales militaba, es así como un día del Octavo Festival Yulcuicat (Canto del Corazón ) fue dedicado a sus memoria.

Comprometidos en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo

Recordamos y lloramos la muerte de un amigo, hermano, camarada y compartimos el dolor de su muerte a la vez rendimos homenaje.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a la militancia, simpatizantes, amigos a mantener el compromiso revolucionario y a luchar contra el sistema capitalista e imperialista así mismo luchar por la reunificación socialista de Centroamérica.

Castigo a los asesinos!!!

Camarada Marvin Alexander Ramos Rivera, hasta la reunificación socialista de la patria Centroamericana, siempre ¡!!!

Por German Aquino

El pasado 31 de octubre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a participar en las elecciones municipales y legislativas a realizarse el 1 de marzo del 2015, en las cuales se elegirán los 262 concejos que gobiernan a nivel municipal, los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). En esta ocasión el padrón electoral lo conforman   4,920,742 personas y son diez los partidos políticos inscritos para participar, entre los cuales están: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza República Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Cambio Democrático (CD), Partido Salvadoreño Progresista (PSP), Democracia Salvadoreña (DS), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) y Partido Social Demócrata (PSD); también hay candidaturas independientes para diputados.

La reaccionaria y antidemocrática Constitución

En El Salvador continua vigente la Constitución Política de 1983, la cual fue impuesta por el imperialismo norteamericano y la clase dominante en momentos en los cuales no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos y el pueblo era víctima de la represión del Estado a la vez que sufría los efectos de la guerra civil.

La Constitución de 1983 en el artículo 85 fundamentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”. Paralelo a sentar las bases de la partidocracia, la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática. Mientras la derecha arenera se mantuvo en el gobierno central y hegemonizó la Asamblea Legislativa y por ende del órgano judicial, el sistema electoral no fue cuestionado; pero tras su derrota electoral hasta la fecha, la Sala de lo Constitucional viene señalando inconstitucionalidades del código electoral.

La lucha por el control del Estado y la derrota de la derecha arenera

Grupos económicos emergentes ligados al FMLN y grupos económicos dominantes tradicionales ligados sobre todo a ARENA se encuentran en una constante lucha por el control del timón del Estado burgués, lo cual es fundamental de cara a sus proyectos económicos y negocios generados desde Estado.

La derrota sufrida por la derecha arenera en las elecciones presidenciales del 2009 le llevó a perder el control del órgano ejecutivo y la hegemonía al interior de la Asamblea Legislativa, lo que obligó a la tradicional clase dominante a apoyarse en el órgano judicial.

Asamblea Legislativa versus Sala de lo C onstitucional: crisis jurídico-política

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) debió encabezar una verdadera democratización del sistema político salvadoreño, para lo cual tenía que hacer una serie de reformas al sistema electoral. Contrario a ello, la clase dominante tradicional, en la lucha contra el FMLN y sectores económicos emergentes, como parte de una maniobra política y con el apoyo de la sala de lo constitucional ha venido cuestionando el antidemocrático sistema electoral, emitiendo así sentencias relacionadas con las candidaturas independientes, desbloqueó de listas cerradas de candidatos a diputados, etc.

Muchas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional llevaron a un enfrentamiento de la Asamblea Legislativa sobre todo entre la fracción legislativa del FMLN y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, produciéndose así una crisis jurídico-política.

La lucha entre dichos órganos en ningún momento es en defensa o garantía de los derechos de la clase trabajadora, el campesino, los pueblos originarios y demás sectores populares.

Falacia democratizadora del sistema político

Se hubiera podido pensar que al firmarse los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de ARENA y la guerrilla del FMLN, se abrirían los espacios de participación política, pero fue todo lo contrario debido, a que las reformas constitucionales de 1992 reforzaron el excluyente y antidemocrático sistema, el cual evolucionó rápidamente a un nuevo sistema bipartidista, basado en dos grandes partidos: ARENA y el FMLN. Así mismo el Código Electoral aprobado por la Asamblea Legislativa en 1993 prohibió las candidaturas independientes.

Años más tarde, la Corte Suprema de Justicia abre un importante debate político al haber declarado inconstitucional la prohibición de candidaturas independientes, autorizando así las candidaturas independientes, es decir, por fuera de los partidos políticos. Esta resolución no es democrática ni revolucionaria. Fue promovida por intereses políticos de las tradicionales clases dominantes y sectores empresariales. Dicha sentencia de la Corte en realidad no abrió los espacios políticos.

Casi todos los partidos políticos conspiraron desde la Asamblea Legislativa contra las candidaturas independientes, imponiendo duros requisitos para la inscripción de las mismas, lo que imposibilita construir una alternativa electoral independiente de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria. En su momento el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestó “No apoyamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política y porque es insuficiente. Conocemos cuáles son los objetivos de la derecha, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no podemos permitir, ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo.”

De las candidaturas independientes al voto cruzado

Nuevamente la Sala de lo Constitucional abre el debate en relación al sistema electoral. En esta ocasión es a partir de la sentencia que avala el voto cruzado, lo que permitirá que las personas voten a la vez por candidatos a diputados de varios partidos y candidatos independientes. Según la Sala “…es inconstitucional el artículo 185 inciso 3° del Código Electoral, que establece la prohibición de voto cruzado, ya dicha norma vulnera el carácter libre del voto establecido en el artículo 78 de la Constitución, al prohibir marcar candidatos de distintos partidos políticos, distintos candidatos no partidarios o candidatos de partidos políticos y candidatos no partidarios al mismo tiempo.” (EDH. 6/11/2014).

Los diputados reaccionan

Como ocurrió con las candidaturas independientes, la sentencia que avala el voto cruzado ha llevado a variadas reacciones de los diferentes partidos políticos, y organizaciones. Así, Aliados por la Democracia considera que “Con el voto cruzado (el votante) podrá escoger de distintas listas de los partidos al que le parezca por su trayectoria, por su capacidad y su idoneidad y su moralidad, y eso permitirá tener verdaderos representantes. Con esta votación se va a expresar el voto soberano y vamos a mejorar la calidad de la Asamblea Legislativa".

Para Santiago Flores del FMLN, “...el fallo de la CSJ obedece a los intereses de la "oligarquía" (EDH. 6/11/2014). Alberto Romero y Margarita Escobar de ARENA “…lamentan que la Sala haya apresurado el voto cruzado”.

Según Guillermo Gallegos, de GANA, el voto cruzado “…lejos de fortalecer la democracia la debilitará, pues dijo que lo ideal es que debió ser en 2018. Además, de la confusión que supone para el elector el cambiar el mecanismo…”. Douglas Avilés, de CD, cuestionó que “…se debilitará a los partidos y fomentará el bipartidismo político”. Alexis Zepeda, del PCN, tildó de "irresponsables" a los magistrados y dijo que la estrategia de la campaña cambiará radicalmente.

Luego de las apresuradas reacciones, los diferentes partidos políticos coinciden en que deberán de legislar; esto llevará a un debate entre los diferentes partidos. En el tema de las candidaturas independientes, al momento de legislar los diferentes partidos maniobraron contra las mismas al imponer duros requisitos mediante el Decreto No. 555, siendo ahora su principal preocupación los fondos y el conteo de votos.

¿Qué intereses expresan las sentencias de la Sala?

Las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional en relación al sistema electoral están enmarcadas en la reaccionaria Constitución política de 1983, la que en esencia refleja los intereses de los explotadores. A pesar de su carácter, dicha Constitución permite ciertas garantías y derechos políticos, los cuales fueron negados en los gobiernos areneros, lo cual lo confirman las mismas resoluciones de la Sala.

Las sentencias anteriores de la Corte relacionadas al sistema electoral en gran medida permitieron que la derecha arenera se recupera a nivel legislativo, pero debido al transfuguismo y oportunismo de sus diputados, perdieron correlación de fuerza, lo que le dio al FMLN mayor margen de maniobra y negociación con otros diputados. Pero a pesar de ello, a nivel legislativo prevalece la polarización política como expresión de la lucha entre los grupos económicos dominantes tradicionales y grupos económicos emergentes.

Por una verdadera democratización del sistema electoral

Las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional no han logrado democratizar el régimen electoral, en parte porque mantienen el espíritu antidemocrático de la Constitución y debido a que todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa defienden su feudo y al momento de legislar respecto a las sentencias de la Sala en vez de abrir los espacios, los cierran. A partir de lo anterior las diferentes organizaciones sociales y políticas debemos exigir una verdadera democratización del régimen político y del sistema electoral, lo que necesariamente tiene que pasar por exigir la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Por Alberto Castro

Ante la mayor exigencia de seguridad por parte la población, en el clima de indefensión que vive El Salvador, desde el ejecutivo se ha creado Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), liderado por el presidente de la república, en el cual participan empresarios, iglesias, gobiernos locales, Fiscalía General de la República, partidos políticos, expertos en el tema, medios de comunicación y diferentes carteras de Estado. Además participan organismos internacionales tales como Programa de Nacional Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea. Todo pareciera que ya existe una línea a desarrollar, aunque para el presidente Sánchez Cerén este es “un espacio de diálogo democrático para construir consenso y articular acciones entre el Estado y los sectores sociales, que permitan ejecutar intervenciones integrales que fortalezcan la seguridad ciudadana, reduzcan los niveles de violencia y frenen el crecimiento de la delincuencia en los territorios”.

CNSCC: ¿espacio de diálogo democrático entre quiénes?

Como el mismo presidente lo señaló, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) un espacio de diálogo democrático, en el cual participarán variadas organizaciones. Surge la interrogante ¿deben ser incorporados los líderes de las maras y las pandillas y sus familiares a este Consejo? Los integrantes de dicho consejo al momento rechazan la participación de dichos líderes.

Luis Martínez, Fiscal General de la República señaló que incluir en el diálogo a los pandilleros y sus familias sería "inoportuna, inconveniente y menos importante. Hay cosas más importantes que hacer en el consejo, más que hablar con pandilleros". De igual manera, el secretario para la Gobernabilidad, Hato Hasbún manifestó "Nosotros como gobierno damos nuestra posición de cuál es nuestro trabajo. Nosotros estamos ejecutando un plan de seguridad que no admite concesión alguna, porque nosotros estamos aplicando la ley, tal como lo establece el plan de seguridad. No vamos a dar concesiones a quienes delinquen. Eso está absolutamente claro… Hay presencia de todos y no es para discutir. No estamos en una discusión eterna, como dice la gente, no es un foro de discusión. Es para tomar medidas a partir de un plan, que es el plan de justicia y seguridad ciudadana". Estas declaraciones contradicen lo dicho por el presidente, quien manifestó que era un espacio de diálogo democrático.

Roberto Valent, representante del PNUD, señaló “que el Consejo no se está enfocando en los cabecillas, sino en las causas de la violencia y ‘aspectos integrales’ en la reducción de la misma.” La causa de la violencia es el mismo excluyente y explotador sistema capitalista, pero los mismos informes señalan como unos de los principales autores de la violencia a las maras y las pandillas, por lo tanto sería ilógico pensar en solucionar el problema sin que los dirigentes de estas organizaciones sean tomados en cuenta. Para el gobierno las políticas de seguridad significa ante todo el resguardo de los bienes de las clases dominantes, mientras que para el proletariado se impulsan este tipo de proyectos de acompañamiento a las políticas de seguridad que no buscan en sí darle soluciones a la problemática de violencia e inseguridad que vive el país, sino que son formas y normas para el manejo de la violencia estructural, de vital importancia para ciertos sectores de la burguesía. A la vez sirven para generar opinión pública para hacer ver que se está haciendo algo desde el gobierno.

Por soluciones reales al problema de la violencia y delincuencia

Mientras se mantuvo la tregua entre maras y pandillas en el año 2013, hubo una disminución en el índice de homicidios muy notable; sin embrago la poca seriedad del primer gobierno del FMLN terminó apresurando el término de esto, que podría haber servido para crear planes o estrategias para la colaboración de estas organizaciones y la inclusión de estos en la vida civil. Lejos de ello la tregua fue interrumpida y sepultada. En la actualidad siguen los homicidios, extorciones y pugnas constantes entre estos grupos, pero la respuesta sigue siendo la misma: capturas arbitrarias, torturas, y ejecuciones extrajudiciales. Poniendo el dedo en la llaga, pues hablamos de violencia estructural, este tipo de cosas siempre empeoran en vez de disminuir.

La solución no está en dicho consejo, tampoco en la disposición de la colaboración de las maras y pandillas, si no en la darle un viraje a las injustas estructuras económicas y sociales.

Como clase trabajadora debemos exigir verdaderas soluciones al problema de violencia y la delincuencia, lo que pasa por la apertura de verdaderos trabajos y salarios dignos. Así mismo, exigir que el gobierno informe a la población sobre los temas que se discuten en dicho consejo.