Por Alberto Castro

La situación de violencia social que vive El Salvador en la actualidad rebasa los índices de meses anteriores. Inicialmente el Presidente Sánchez Cerén desmentía esta situación en sus discursos aduciendo que era una campaña mediática, pero ello fue refutado por la representante del imperialismo yanqui. Mientras la violencia y delincuencia social no ponga en riesgo al sistema capitalista y los intereses del partido en gobierno, el gobierno y las clases dominantes hasta pueden sacar ventaja; pero cuando la situación va poniendo en riesgo sus intereses y puede llevarles un desgaste, buscan el combate represivo como la medida más fácil. Es así como el presidente Sánchez Cerén con optimismo anuncia las políticas de seguridad, para hacer creer a la población que habrá un mejor futuro y que la violencia ha de disminuir. Con ello lo que busca es quedar bien con los empresarios, a la vez que detiene el desgaste del gobierno.

Indignación, odio y violencia

En lo que va del año varios miembros de la Policía Nacional Civil han sido asesinados, lo cual ha sido atribuido, según los responsables de la institución policial, a las pandillas y las maras. Luego los asesinatos han golpeado a los miembros de la fuerza armada y nuevamente los responsables de la fuerza armada se lo incriminan a las maras y pandillas. En el marco del asesinato de un militar, un oficial militar señaló: “Estamos investigando y estamos ocupando todas las tropas necesarias con el propósito de encontrar a los delincuentes que asesinaron al suboficial. Por supuesto que tenemos un sentimiento de indignación todos, porque se trató de un asesinato muy cobarde” (LPG. 20 de abril del 2015). En su mayoría los asesinatos de los policías y de los soldados no han ocurrido en momentos que éstos se encuentren defendiendo a las personas de una agresión, pero los responsables de las instituciones de seguridad responsabilizan a las maras y pandillas. Se debe investigar verdaderamente cuáles han sido los móviles de dichos asesinatos para evitar todo sesgo u aprovechamiento que sea con el objetivo de desarrollar ese sentimiento de indignación y odio contra los miembros de las maras, pandillas y de sus familias.

Enfrentamientos armados entre soldados y pandilleros

Los discursos del presidente alientan esperanzas y generan falsas expectativas en la población, aunque la verdad es muy distinta, ya que la realidad muestra una nueva ola de violencia en donde se están enfrentando los miembros de fuerza armada y la Policía Nacional civil contra las personas que pertenecen a las Maras y Pandillas. La situación es tal que Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia en un comunicado manifestó que “un grupo de entre 15 y 20 pandilleros se encontraban reunidos en una vivienda de dicho sector. Una patrulla de cuatro soldados que contingencialmente estaban en la zona, fue alertada sobre la presencia de los pandilleros y se hizo presente al lugar”. El resultado de este enfrentamiento fue la muerte de nueve personas pertenecientes a la pandilla a manos de elementos de la fuerza armada salvadoreña; aunque las autoridades señalan que “en el lugar, se encontraron dos fusiles M16, una pistola 9mm y municiones”, el hecho genera cierta inquietud, pues cómo fue posible que de los cuatro soldados que se enfrentaran contra 15 y 20 pandilleros no sufrieran mayor cosa, mientras que murieron 9 pandilleros. Independientemente de las circunstancias, ya sea que éstos hayan muerto combatiendo o que hayan sido asesinados una vez se rindieron, el hecho nos demuestra el peligro de incorporar a la fuerza armada en labores de seguridad pública y un posible giro represivo del gobierno.

De la super mano dura a los batallones especiales

El panorama real en cuanto a la situación social que vive en país es muy malo con respecto a la seguridad. Los discursos oficiales muchas veces chocan con la oposición representada principalmente por ARENA, quien en las coyunturas electorales siempre se basa precisamente en el tema de la seguridad para hacer sus propagandas demagógicamente. Tal parece que la rancia burguesía como clase dominante pide a coro la represión como el principal componente para atacar a las organizaciones juveniles, algo que está haciendo la nueva burguesía ligada al Fmln. Es de esta forma como el gobierno actual del Fmln y de Sánchez ha manifestado: “Estoy por emitir la orden a la Fuerza Armada de la creación de tres batallones militares para hacer frente a la ola de violencia”. De igual manera, durante su discurso en el programa “Gobernando con la Gente”, también dijo: que la Policía Nacional Civil (PNC) creará una unidad especial de reacción inmediata. “Vamos a agrupar alrededor de 1,200 agentes para responder de forma inmediata en aquellos lugares que son centros de máxima peligrosidad”. Dichos anuncios solo recuerdan a los batallones de infantería de reacción inmediata creados para combatir a la guerrilla salvadoreña, pero que además fueron los responsables de muchas masacres cometidas en contra de la población civil.

Es lamentable que la exguerrilla del FMLN dé su apoyo y defienda medidas como la creación de batallones especiales para el combate de la delincuencia, so pretexto de reducir los índices delictivos. Al respecto, Medardo González, secretario general del FMLN manifestó que “Serían unidades especializadas de reacción inmediata, no es lo mismo tener una policía administrativa, comunitaria que tiene una función especial, sino que esta policía de reacción inmediata tendrá que ser utilizada para cumplir misiones particulares y especiales”, González trató de matar el chucho a tiempo y “…enfatizó en que la intención del Ejecutivo no es crear unidades como las que se utilizaron durante el conflicto armado. ‘Son cosas distintas, aquellos eran tiempos de guerra civil, ahora es un tema social, de delincuencia’”. (Diario Colatino 22/04/2015)

El gobierno dará respuestas al estilo de los gobiernos anteriores de derecha, como representante de la nueva burguesía, que no hace sino reprimir con sus aparatos represivos en circunstancias adversas a sus intereses; haciéndolo todo en nombre del país y del pueblo. Para ello echan a andar todo el andamiaje ideológico, transmitido a la población a través de los medios de comunicación; y a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil les instruyen sobre quiénes son sus enemigos, en este caso las personas que pertenecen a las maras y pandillas.

A las propuestas del FMLN se unen las propuestas legislativas presentadas por Guillermo Gallegos de GANA, quien al estilo de la ley antipandillas, busca que sea delito el hecho de pertenecer a maras y el colaborarles; así mismo plantea reformas al Código Penal para que se agregue “medios de prueba especiales para miembros de pandillas, como inspección de espacios donde plasmen grafitis, intervención telefónica, tatuajes, ademanes o señales…” (El Mundo 24 /04/2015). Además de lo anterior, existen representantes de otros partidos políticos representados en la Asamblea que buscan proponer estados de sitios focalizados.

Para terminar con la delincuencia el FMLN debe destruir al capitalismo

Las pugnas constantes entre las fuerzas políticas mayoritarias, es decir la oficial y la principal oposicionista, pueden llegar a entenderse en determinadas circunstancias; por lo demás todo es show para los medios de comunicación, esto hablando de las declaraciones dadas por funcionarios del partido en el gobierno y los medios de comunicación ligados a ARENA.

La perspectiva a futuro de esta situación es que se acrecentará la violencia marcada por el incremento de asesinatos, donde la violencia legal y únicamente permitida será la que provenga de las instituciones estatales o afines, mientras que todo lo que esté fuera será perseguido y atacado con toda la fuerza del aparato burgués. De esta manera se librará una batalla desigual, con la participación directa de la F.A, con sus tres ramas permanentes: Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza naval, contra organizaciones que el derecho burgués cataloga como delincuenciales, las cuales no son en sí ni siquiera un ejército, o una fuerza beligerante; son agrupaciones de jóvenes resultado de la exclusión social del sistema capitalista, no serán dos fuerzas que se medirán en condiciones similares.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que el gobierno debe brindar seguridad para todo el pueblo salvadoreño, pero ello en ningún momento debe implicar medidas represivas que atentan contra la vida y la integridad física de las personas que pertenecen a las maras y pandillas. Así mismo se opone a la creación de los batallones anunciados por el presidente, ya que esto implica en cierta forma el retorno del militarismo a la escena en la vida nacional, porque esto ya se vivió en años anteriores, cuando la Fuerza Armada participaba en las tareas de seguridad pública. Así mismo demanda a que se investiguen los casos de asesinatos en los que se ven involucrados policías y militares como responsables. La represión no es la solución, ninguna alternativa anunciada por el gobierno brinda soluciones verdaderas, dichas medidas no responden a los intereses de las grandes mayorías.

Por Alberto Castro

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y convivencia, que está integrado por instituciones de la burguesía, generalmente iglesias, medios de comunicación, empresa privada, partidos políticos, instituciones de Estado y algunos representantes de la sociedad civil, fue el espacio mediante el cual el gobierno convocó a la marcha Nacional por La vida, la Paz y la Justicia el pasado 26 de marzo.

’’La gran marcha’’, el craso error del gobierno de turno

La marcha instada, organizada y convocada por el gobierno a través del mencionado Consejo, logró movilizar a muchas personas en las calles de San Salvador, y a ella acudieron muchos trabajadores públicos, pero no precisamente por iniciativa propia, sino bajo mandato del mismo gobierno. La marcha multitudinaria vestida de blanco, hace recordar a las marchas realizadas en contra de la guerrilla por los gobiernos derechistas durante la guerra civil.

En la convocatoria del evento, se leen consignas llamando en términos generales a la paz y erradicación a la violencia, pero esto no era más que la preparación del terreno para un posible nuevo proceso de diálogo o negociación entre las maras y pandillas, (organizaciones a las cuales es atribuida la responsabilidad de los altos índices de homicidios), ante el crecimiento de la violencia y la represión policiaca. Ante tales hechos, dicha movilización no puede catalogarse como algo propiamente de los trabajadores y organizaciones populares, ya que no es algo organizado con autonomía de ellas, si no que forma parte de una táctica en las políticas de seguridad que está implementando el gobierno de Sánchez Cerén y el FMLN. Llama la atención el hecho de que la actividad es coincidente con un movimiento a escala internacional que pretende organizar varias marchas, en diversos países, en apoyo a Venezuela. Tal movimiento, denominado 26 de marzo, pretende mostrar empatía hacia las recientes tensiones políticas entre esa nación y Estados Unidos.

Los trabajadores marcharon por temor a la represión patronal

El gobierno ha manifestado que la marcha fue un éxito, por haber logrado vía decreto mover a miles de personas, sin embargo, esto está muy lejos de ser un verdadero balance objetivo. Empecemos; el que la marcha haya tenido una buena asistencia responde a razones que ya hemos mencionado y que es necesario recalcar: la movilización de las personas, de las cuales muchas eran trabajadoras y trabajadoras del sector público, no iban por su propia iniciativa, ni siquiera bajo un consenso popular de lucha, si no bajo la dirección del gobierno a través del CNSCC.

Esto por un lado y por otro es importante entender que la paz social no se obtiene vía decreto, sino con verdaderas reformas estructurales que lleven soluciones a las comunidades, y zonas del país, además de la propia voluntad de las organizaciones de maras y pandillas, a quienes no se ha hecho propuestas serias, a fin de acceder a sus exigencias.

Los cuerpos de seguridad poco a poco demuestran su carácter represivo

Los acontecimientos de los últimos días en El Salvador, en el ámbito social, donde la violencia se ha desbordado aún más, teniéndose un promedio de 16 homicidios diarios y enfrentamientos entre miembros de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas versus miembros de las maras y pandillas, proyectan un futuro muy malo para la mayoría de la población salvadoreña. Esto implica que si la gestión gubernamental actual no es capaz de brindar las condiciones necesarias para que se abra un nuevo proceso de diálogo y negociación, y por el contrario, responde con represión y marchas blancas, el resultado será que la violencia crecerá a niveles demasiado altos; es decir, que la única violencia por la vía legal admitida sería la que provenga de los cuerpos represivos del Estado o afines, y mientras tanto todo lo que provenga de las maras y pandillas vendrá a ser aún más perseguido. En contraposición, las acciones de estas organizaciones se volverán aún más agresivas. Esto es lo que se proyecta para el futuro si no dispone el gobierno en sus políticas de seguridad una negociación.

Por Alberto Castro

La movilización del 26 de marzo, a la que el gobierno ha dado el nombre de Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, programada por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo amedrentar a las organizaciones de maras y pandillas que operan en el país. Esto nos hace pensar que la violencia social es la mayor carga del gobierno, el cual, al no poder brindar una verdadera cobertura en seguridad pública, y una política de seguridad incluyente, está dando muestras de desesperación. La violencia en El Salvador muestra el rostro del capitalismo en decadencia, donde no solo el gobierno, sino además el Estado, y el régimen son piezas del engranaje al constituirse la violencia de estas organizaciones en su talón de Aquiles. La población civil ha perdido la confianza en las autoridades al no recibir respuestas efectivas, pues hasta el momento no se ha hecho algo serio ni se han dado soluciones reales. Desde la clase dominante no se puede esperar otra cosa que represión, mientras la ola delincuencial se da por lo general en las zonas de los sectores populares y marginales donde habitan muchos trabajadores.

La Chistera del Gobierno

Ante las malas alternativas que da el gobierno, está anexando a sus políticas de seguridad la movilización de trabajadores públicos y organizaciones de la sociedad civil. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia, invitó el día 16 del presente mes en la entrevista Gobierno Informa, a todos los sectores del país a sumarse a la marcha: "Invitamos al pueblo salvadoreño a expresar su voz que anhela el logro de la paz y la defensa de la vida y la justicia".

El propósito es llevar un mensaje a las organizaciones de maras y pandillas a través de la presión social. La Asamblea Legislativa aprobó que cada 26 de marzo se declare como Día de la Vida, la Paz y la Justicia, iniciativa que fue presentada por Benito Lara, ministro de seguridad. El decreto incluye la marcha, la asistencia a la cual es obligatoria para los empleados públicos. En fin, desde el gobierno se pretende hacer ver a la población en general de que esa marcha es una actividad de país, y de ese modo hacer que todo mundo se ponga en contra de las maras y pandillas.

Todo lo que hasta el momento el oficialismo ha expresado acerca de dicha actividad, está cargado de mucha falsedad y la verdad es otra. Partiendo del hecho tan importante de que a la movilización los empleados públicos no van por iniciativa propia, sino las órdenes del gobierno central, que utiliza a los trabajadores para mediante la movilización enviar el mensaje de que impondrá sus condiciones ante posibles diálogos y negociaciones entre estas organizaciones. Con la fachada de ’’marcha blanca’’, coreando paz, justicia y más, el gobierno recurre a una acción de tipo patriótica y de ’’unidad del pueblo salvadoreño’’ de manera hipócrita y al mismo tiempo demagógica, al llamar a la paz, por las razones antes mencionadas.

Puras demagogias

Es muy claro que las instituciones del Estado son incapaces de brindar seguridad a la población civil, y al decir esto no estamos pidiendo de que se arme más y mejor a la PNC o a la FAES, ni que se debe de crear un estado militar o policíaco, si no que damos a conocer los errores que han venido cometiendo sucesivamente los gobiernos.

El fracaso parte desde la ley ’’mano dura’’ y ’’súper mano dura’’, la incorporación de la Fuerza Armada a las calles, la tregua entre pandillas, y la aprobación de la ley que faculta a los elementos de la policía a asesinar a miembros de las maras, abonado por la exclusión de los mismos del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que paradójicamente es parte de las políticas de seguridad que anunció a inicios de su gestión Salvador Sánchez Cerén. Esto muestra claramente que el gobierno del FMLN tiene poca voluntad de facilitar un nuevo proceso de diálogo-negociación entre las agrupaciones de maras y pandillas, sumado a la indisposición de la misma burguesía a colaborar en dicho proceso.

Lo que debe tomarse en cuenta

Ante las circunstancias, desde el Partido Socialista Centroamericano, nos oponemos a la marcha, y llamamos a los trabajadores y sociedad civil en general a ¡no apoyar!, ¡no asistir! ya que eso no sirve en nada al proceso de pacificación. Esto trunca una salida efectiva y muestra la poca voluntad del gobierno del FMLN de afrontar con responsabilidad el tema de seguridad y facilitar los medios necesarios para que se desarrolle una nueva fase de dialogo-negociación. Además de cumplir con algunas garantías, como el derecho a la media pena, a la salud, a la educación y al trabajo, sumado a las mejoras en las infraestructuras básicas de saneamiento que no poseen los centros penales del país.

Por Mario Carranza y Por Rael Oshun

El domingo 8 de marzo de 2015 se reunieron los veteranos de guerra aglutinados legalmente en la Asociación de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad, AVETFACUSEP, con el afán de que el legislativo les apruebe la ley que garantice el derecho a la indemnización y la pensión, más otras prestaciones como el derecho a tierra para cultivar y parcelas para construir habitaciones, entre otros. El ejecutivo asegura que estas demandas ya son cubiertas de alguna manera y de forma pareja con la población llana que nada tuvo que ver en la defensa de los bienes de la burguesía antes, durante y después del conflicto que oficialmente ocurrió de 1980 a 1992, y que finalizó con el nefasto Acuerdo de Paz, el cual se le presentó a los veteranos y a los miembros de la guerrilla como la panacea que les iba a solucionar todos sus problemas económicos y sociales.

La burguesía deja en el olvido a quienes la defendieron

El gran problema en todo esto ha sido que los gobiernos de turno de la derecha en ese momento, poco o nada les cumplieron a sus protectores. Luego, al llegar la izquierda reformista al gobierno la situación fue peor, pues a su gente les han ayudado a medias, pero una gran mayoría sigue en las calles reclamando porque lo que se les da no cumple ni mínimamente sus necesidades más esenciales y a otros no les han dado nada en absoluto. Eso hace el gobierno con su gente, y con los de la fuerza armada, que fueron sus encarnizados enemigos poco o nada han querido hacer. Es por ello que los veteranos, que suman unos 30 mil organizados más sus respectivas familias, exigen se les apruebe la ley. Con ese afán participaron en las recientes elecciones y nombraron al presidente de la asociación AVETFACUSEP para que participara en ellas como candidato a diputado por el PARLACEN. Pero al pasar los días se dieron amarga cuenta de que este antidemocrático sistema oficial electoral no les permitiría tener un elemento en el gobierno para estar velando por sus derechos.

Por la unidad de acción de los desmovilizados y veteranos

Las personas que en el pasado formaron parte de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad, en estas nuevas condiciones han tomado conciencia de las causas por las cuales las organizaciones de masas de aquel momento lucharon en exigencia de sus derechos. En aquel momento defendieron los intereses de las clases dominantes, la cuales hoy los han abandonado. Como siempre continúan siendo un sector de la clase trabajadora, como sectores oprimidos y explotados por el sistema; por lo anterior deben buscar y fortalecer la unidad en la acción con las organizaciones de desmovilizados del FMLN, quien también han sido olvidados por la dirección del FMLN

Exhortamos al actual gobierno y a la actual y futura bancada de la derecha en la asamblea legislativa a aprobarles la ley. Al mismo tiempo hacemos un llamado a los veteranos y a todos aquellos que tuvieron que ver en el conflicto, a que se unan para sumar fuerza y así unidos seguir su lucha para la consecución completa de sus legítimos derechos.      

Los desmovilizados exigen que el FMLN los escuche

Los veteranos de guerra del frente histórico FMLN (FAVERSAL), quienes se mantienen concentrados en la Plaza El Salvador del Mundo desde el mes de diciembre del año pasado, exigen que sean escuchadas sus peticiones a la Asamblea Legislativa para que apruebe la ley de veteranos de guerra, propuesta por el gobierno del presidente Mauricio Funes desde diciembre de 2012 y que además formó parte de las condiciones pactadas durante los acuerdos de paz.

Los compañeros seguirán realizando acciones de presión contra el gobierno del Presidente Salvador Leonel Sánchez Cerén. Presiones entre las cuales se encuentran: cierres de calles, como la última acción llevada a cabo en el Paseo General Escalón hacia la Alameda Roosevelt; los veteranos del FMLN, protestaron fuertemente frente a la Catedral, en el momento en que el presidente Sánchez Cerén se encontraba en una ceremonia dominical; los ex combatientes han realizado marchas hasta Casa Presidencial y protagonizado huelgas de hambre al pie del monumento en la Plaza de El Salvador del Mundo.

Los ex combatientes también hicieron el llamado a la población a no votar por el FMLN en las pasadas elecciones, por lo que se integraron a la campaña por el VOTO NULO, junto a demás organizaciones, entre ellas, El Movimiento político El Salvador Habla, Movimiento ciudadano por el Voto Nulo, El Sindicato del ex Ira. Esta decisión se tomó debido a la falta de responsabilidad política del gobierno liderado por el partido FMLN, que no solo ha incumplido sus promesas, las cuales generaron grandes expectativas en la población que dio su voto en comicios anteriores, sino también desconoce a sus ex miembros. En vista de ello, los veteranos consideran que sin el voto de la gente que antes les apoyó, entenderían que deben atender su llamado y asistir sus necesidades.

Como Partido Socialista Centroamericano,(PSOCA) afirmamos que el FMLN se enfrenta a una nueva realidad, que le forzaría a hacer un profundo análisis sobre su conducta política, así como sobre sus tácticas políticas, si es que quieren continuar siendo la primera fuerza política del país. Esto no solo dependerá de la inconformidad de los grupos que están reaccionando y accionando, sino también de las demás organizaciones que manifiestan su postura de no credibilidad en el sistema como tal.

El FMLN ha sido políticamente incapaz de solucionar la problemática de gran parte de sus ex miembros, compañeros de lucha, en el antes movimiento revolucionario.