Por Alberto Castro

En torno al tema de la violencia en El Salvador se ha generado un aparente acuerdo político entre los dos pilares del nuevo bipartidismo, ARENA y el FMLN, que ha dado como resultado el Pacto de Ataco. Mientras los políticos hablan y habla sobre la violencia, continua subiendo el número de muertes violentas. El ’’principal’’ éxito político del consenso ARENA-FMLN, después de la firma de los Acuerdos de Paz, apunta a ser otro fracaso más que ya empezó a desplomarse.

Los pactos políticos: negociaciones y prácticas demagógicas

La firma de ’’pactos’’ es parte de una tradición de los partidos burgueses. Recordemos el Pacto de Apaneca en 1982, llevado a cabo con el claro objetivo de frenar el auge del movimiento revolucionario. Ese pacto dio cabida a la instauración de un gobierno provisional, que se repartió entre ARENA, PDC y PCN.

Después de la guerra civil, durante la administración de Calderón Sol se firmó el ’’Pacto de San Andrés’’, esa vez los firmantes eran el gobierno de ARENA y una fracción del FMLN liderada por Joaquín Villalobos, denominada Partido Demócrata (PD). Esa negociación le permitió al gobierno de Calderón Sol tener los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para aumentar el IVA del 10 al 13%.

La localidad de Ataco, departamento de Ahuachapan, ha sido escenario donde los partidos políticos burgueses han suscrito “acuerdos”. Ahí se suscribió, el 27 de Enero del 2014, aquel ’’pacto del café’’, una alianza político-electoral entre cafetaleros y el FMLN, con la participación de Tony Saca del partido GANA.

Los principales compromisos del Pacto de Ataco

Recientemente, nuevamente en Ataco, teniendo como contexto el espiral de violencia, el pasado 27 y 28 de agosto del año 2015, ARENA, PCN, PDC, FMLN y GANA firmaron un documento conocido como Pacto de Ataco, el cual contiene 10 compromisos acordados entre el gobierno del FMLN y los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. El primer acuerdo prevé la conformación de un comité interpartidario que ’’ facilite la creación de un marco legal relativo a la prevención, readaptación, reinserción y rehabilitación’’ de los pandilleros. También acordaron estudiar la creación de un instituto de criminalística e investigación científica del delito.

No obstante, en medio de los acuerdos, salta un extraña petición de los partidos que solicitan a la Sala de lo Constitucional de la CSJ que agilice la resolución de los $900 millones para contratación de préstamos y colocación de bonos. Con esta petición, el gobierno del FMLN pretende acabar con la asfixia económica y financiar los planes para combatir a las maras, entre los cuales está la necesidad de fortalecer la FGR y PNC, así como apoyar cualquier medida que logre facilitar la implementación del bloqueo de la señal telefónica en los recintos penales.

En una parte del documento, los partidos políticos firmantes manifiestan su “compromiso respecto a la Constitución, la forma de Gobierno, el sistema político pluralista expresado por medio de los partidos políticos y al régimen de libertades”.

En el centro del pacto están únicamente ellos, los representantes de los partidos y nadie más. Un asunto tan importante, como el derecho a la vida de los salvadoreños, debe ser discutido y resuelto por toda la sociedad y no por un cúpula de dirigentes de los partidos políticos.

La participación de los trabajadores y de las organizaciones sociales es nula. Se está decidiendo el futuro y hasta la vida de quienes conforman las maras, pero no se les ha tomado en cuenta para que expresen su punto de vista.

Lo que se oculta tras los discursos

Estos acuerdos no muestran una salida para terminar con la violencia. En realidad son medidas que pretender aplastar la actividad de las maras y pandillas. El primer acuerdo no especifica como reinsertaran a los jóvenes a la vida del ciudadano común. Lo que aparenta ser un logro de entendimiento nacional entre el FMLN y ARENA sobre un tema crucial, en realidad es un compromiso que sienta bases para la firma de los próximos préstamos.

La interrogante que surge es de qué manera y hasta qué punto funcionará este pacto, que ya ha causado crisis en las filas del FMLN y de ARENA. No queda claro si es un acuerdo para luchar contra la violencia, o un acuerdo para buscar fondos con el pretexto de luchar contra la violencia. Mientras los firmantes dicen velar por la vida y integridad del pueblo, asegurando respetar la institucionalidad, están creando condiciones para golpear a las estructuras pandilleriles, sin atacar las causas sociales que originan la violencia

al mismo tiempo que porque confían en el aparato estatal para salvaguardarse como clase burguesa, y más aún cuando claramente advierten a través de sus voceros en llevar la muerte a los sectores marginales donde tienen presencia las maras y pandillas. Es una manera de decir que fuera de ese ámbito político de relaciones bipartidistas no existe nada legal u oficial, que es ahí donde define el rumbo de millones de salvadoreños, y el destino final de la juventud organizada en maras y pandillas.

Discrepancias y coincidencias

Con el tema de la violencia cada partido político busca sacar provecho de la situación que vive el país. En realidad nadie está luchando contra el origen social de la violencia. El FMLN y ARENA se han acusado mutuamente de incumplir los compromisos firmados, al mismo tiempo que recrudece la lucha por obtener cada quien mayores cuotas de poder dentro del aparato del Estado.

El FMLN denuncio públicamente que ARENA no apoyó la exhortación a la CSJ por los $900 millones. Por su parte, ARENA sostiene que FMLN no cumple con el acuerdo de respeto. Detrás de los señalamientos verbales cada quien ha tratado de sacar provecho en las calles. La marcha convocada por la derecha el día 5 de Septiembre, deja al desnudo que la estrategia de ARENA sigue el libreto del plan imperialista de supuesta lucha contra la corrupción, a partir de la creación de una CICIES, tomando el ejemplo de la CICIG en Guatemala. La contra marcha organizada por el FMLN demuestra que el pleito por las cuotas de poder continua, pero que no hay tal acuerdo para eliminar las causas de la violencia. El Pacto de Ataco y los diez compromisos firmados por el FMLN y ARENA fue presentado como la gran solución al mal de la violencia que desangra al país, pero esto solo fue una fachada, para calmar el descontento de la población contra la ineficacia del actual gobierno.

La verdad que ARENA y el FMLN no firmaron un acuerdo para combatir la inseguridad de la población, sino un acuerdo para combatir directamente a las maras y pandillas. El único acuerdo que parece existir es el genocidio contra las maras. Es una salida militarista condenada al fracaso, como muchas otras aplicadas por anteriores gobiernos. Se ha vuelto a anteponer la represión y las masacres, sobre la prevención y reinserción. No es una casualidad que parte del Pacto de Ataco contempla la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Fiscalía General de la Republica (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual contempla la creación de Tribunales Especializados y Unidades Elites de la Policía, siempre con el objetivo de masacrar a las maras.

Nuevos préstamos, más endeudamiento

Para fortalecer la FGR y la PNC no hay fondos propios, por lo que requieren aprobar nuevos préstamos para financiar los planes del GOES. Las negociaciones políticas son más importantes para el gobierno, que necesita préstamos urgentes para mejorar su imagen ante los votantes. Desde la oposición ARENA acumula fuerza y ventaja, presionando cada vez más fuerte para crear una CICIES. Estamos, pues, ante el mismo forcejeo de siempre, y sin ninguna media real para combatir el origen de la violencia, que en el fondo es una repuesta errónea de decenas de miles de jóvenes que son lanzados a la marginalidad social por la crisis del capitalismo.

Entre tanto la muerte está a la orden del día

Durante el segundo fin de semana del mes de septiembre se registraron 61 muertes violentas. El GOES por su cuenta no cree que cifra disminuya a corto plazo. Más aun, advierte que aumentará, lanzando una clara amenaza contra las maras.

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, en una entrevista en el programa Hablemos Claro, de TVO, manifestó lo siguiente: "Hubo 30 asesinatos el sábado y 31 el domingo. Sentimos mucho a cualquier joven que perezca, sea o no de estructuras criminales". Chicas cree que el número de víctimas no disminuirá "en este período", "porque la solución no es a corto plazo. Van a haber muchas víctimas en las filas de estos grupos criminales (pandillas), porque el Estado no hará tregua". Y confiado en la política del FMLN, Chicas expreso que los resultados de las acciones del Gobierno, en torno a la seguridad, se verán reflejados en 2016.

Esta más que claro que el aumento de número de muertes violentas es porque se está liquidando selectivamente a los cabecillas de las maras. Un arma de doble filo porque no garantiza la desaparición de las maras como fenómeno de la descomposición social. En este contexto la represión selectiva o abierta pueden genera conflictos y mayores enfrentamientos.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestro rechazo a la actual salida militarista, que no soluciona el problema económico y social que genera el fenómeno de las maras. El pueblo salvadoreño debe debatir la eficacia de la actual política de masacre de las maras. Nosotros creemos que el camino correcto es diálogo entre el gobierno y las maras y pandillas, no hay otro, los demás han demostrado su ineficacia para resolver la violencia

Por Juan Alberto Molina

La oposición de derecha en El Salvador busca replicar la experiencia de los acontecimientos guatemaltecos en El Salvador, en ese contexto el día sábado 5 de septiembre desde el movimiento de 5 en 5 organizaron en las fuentes de Beethoven la primera concentración con la finalidad de exigir al gobierno del FMLN un alto a la corrupción y a la violencia, ARENA como principal partido político de oposición de la derecha busco desvincularse de esta actividad para que esta sea vista como una actividad de la sociedad civil.

El estudiantado presente contra la corrupción arenera

Un grupo de estudiantes aun a sabiendas que la concentración era promovida por la oposición de derecha se hicieron presentes para protestar en contra de la corrupción que existió en los gobiernos de la derecha arenera uno de estos estudiantes manifestó “Nos pareció interesante ir a esta marcha promovida por ARENA (…) como estudiantes pensamos que es injusto que se olviden los actos de corrupción cometidos durante 20 años”. Lo anterior no gusto nada a los organizadores del evento, de esta manera queda claro las intenciones de los organizadores.

La rancia clase dominante y su partido se hicieron presentes

En este primer ensaño la derecha arenera cambio su colorido tricolor por el azul y blanco, ello con el objetivo de desvincularse de la actividad, pero eso fue imposible, ya que medios de comunicación señalan que en la actividad estuvieron presentes funcionarios de otros instituciones del estado como es el caso de José Miguel Fortín Magaña, director del Instituto de Medicina Legal, y representantes de organizaciones que representan los intereses de la rancia burguesía entre los cuales se pueden mencionar Jorge Daboub presidente de la ANEP, Luis Cardenal, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; Ricardo Simán, entre otros.

El FMLN resta credibilidad a movilización

Funcionarios del gobierno reaccionaron ante la concentración promovida por la oposición de derecha al respecto Gerson Martínez miembro del FMLN y Ministro de Obras Públicas manifestó: “Más del 90% de los que elevan voces contra la corrupción (desde la derecha) tienen el techo de vidrio",…Sería interesante si hiciéramos una Comisión de la Verdad de cómo se gestionó, en un antes y ahora, el Ministerio de Obras Públicas y la banca en nuestro país…” Para muchos esta concentración promovida por la derecha arenera ha sido un fracaso ya que no logro reunir un gran conglomerado de personas, pero no debemos confiarnos pareciera que su táctica es de ir de poco a poco como ellos mismos dicen de 5 en 5 ya que cuentan con todo los recursos económicos y logísticos para hacerlo.

Enriquecimiento desmedido y la violencia como fundamentación de la CICIES

La discusión acerca de la conformación de una CICIES y la fundamentación de la misma va tomando mas forma todo apunta que será el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios públicos y la necesidad de terminar con la violencia lo que al final vendrá a fundamentar la conformación de la CICIES, ya que se presenta a la corrupción como la causa para el enriquecimiento ilícito lo que permite que los funcionarios públicos tomen el dinero que los ciudadanos pagan. Así mismo se ve que la corrupción existente en las instituciones del estado no permite acabar con la violencia en El Salvador, lo cual es sentido por todo la población. Entonces el papel de la CICIES vendría hacer el poner al descubierto todas esas redes y dar castigos ejemplares, ahora habría que ver quienes las personas que están detrás de esa corrupción.

Partidos políticos difieren respecto a la CICIES

El mismo hecho de la prescripción de los delitos cometidos en los gobiernos de la derecha ARENERA, le da solvencia para apoyar la conformación de una CICIES mientras el FMLN mantiene las reservas del caso. Por su parte Jorge Velado presidente de ARENA “ …defendió la necesidad de una comisión para que investigue la corrupción “venga de donde venga”. Por su parte Medardo González secretario general del FMLN “…reiteró la oposición de su partido a esa iniciativa porque, según dijo, los Acuerdos de Paz firmados en 1992 propiciaron instituciones propias, y hay que “creer” en ellas…” (EDH. 3/09/2015) al igual que el FMLN existen otros partidos que mantienen dicha posición.

Organicemos la oposición revolucionaria

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamada a todas las organizaciones de trabajadores, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares a movilizarnos contra la corrupción pero de manera independiente; debemos oponernos a la intervención del imperialismo mediante las comisiones internacionales ya que estas solo buscan limpiarle la cara al estado, solo buscan cambiar algo para que todo siga igual.

Por German Aquino

La lucha contra la corrupción ha sido una de las principales banderas de lucha en los últimos meses, lo cual ha sido aprovechado por organismos internacionales para imponer Comisiones Internacionales contra la corrupción, Guatemala ha sido el pionero en dicho accionar en donde la CICIG producto de la misma presión de las masas inicialmente fue encarcelada la vicepresidenta y finalmente el Presidente, lo anterior ha contagiado a toda Centroamérica, especialmente al triangulo norte, en donde desde hace varios días se pide la conformación de dichas comisiones, en el caso de El Salvador paradójicamente ha sido la derecha arenera quienes se muestran a fines a este tipo de comisiones, mientras el FMLN mantiene las reservas del caso.

La derecha arenera y su corrupción

Arena como principal partido que representa los intereses de la rancia burguesía salvadoreña, se ha adelantado a los hechos y ante una posible exigencia de investigación de la corrupción desde las organizaciones que están por fuera de los partidos electorales, ellos mismos se han mostrado afines a la lucha contra la corrupción y la conformación de una comisión internacional, lo cual es algo incongruente ya que en los 20 años de gobierno de la derecha arenera fueron cometidos muchas actos de corrupción en donde funcionarios de arena de manera ilícita se apropiaron de fondos del estado, lo cual ha quedado en la impunidad, todo gracias al mismo sistema jurídico burgués que permiten la prescripción de dichos actos de corrupción.

En el primer gobierno el FMLN se planteó perseguir este tipo de delitos, lo cual quedo solo en promesa ya que si bien se han conocidos ciertos casos de corrupción estos no han sido perseguidos y castigados y en algunos casos el castigo ha sido objeto de pactos interpartidarios.

El enriquecimiento ilícito es corrupción

Existen funcionarios de los diferentes partidos políticos que después de haber desempeñado un cargo han tenido un crecimiento sorprendente de su patrimonio al respecto Sidney Blanco magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señalo “Creo que a través de esta apertura que ha dado la Corte Suprema de Justicia, de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, podemos encontrarnos con muchas sorpresas de funcionarios que en poco tiempo, en un periodo, los periodos de los funcionarios aquí son de tres o de cinco años, en periodos cortos se han enriquecido de manera desmedida … la ciudadanía, que es la que aporta vía impuestos para el sostenimiento del Estado, tienen derecho a saber la situación económica y el enriquecimiento de algunos funcionarios, unos de manera más escandalosa que otros, pero que hay mucha corrupción dentro de las distintas instituciones…Yo creo que pueden existir, no sorpresas, porque aquí esto es un ruido desde hace muchos años, y además visible, el tema de la corrupción, que es uno de los grandes males de nuestro país…” (http://m.elsalvador.com//articulo/noticias/sidney-blanco-pueden-arrojar-sorpresas-informes-bienes-funcionarios-86709).

Las declaraciones realizadas por el magistrado Sidney Blanco podrían orientar por donde explotara la lucha contra la corrupción y es investigando los casos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, además que utiliza el mismo argumento que se utilizó en Guatemala y es el hecho que mientras la clase trabajadora y la clase media que son quienes verdaderamente pagamos impuestos para el funcionamiento del estado, los funcionarios se enriquecen apropiándose de dichos recursos mientras la situación empeora para quienes pagamos.

El pueblo tiene derecho a saber quiénes son los corruptos

Como bien se ha dicho existen funcionarios públicos que han acrecentado sus riquezas y eso es corrupción, ante esta situación el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que no necesitamos la intervención de ninguna comisión internacional por lo cual la Corte Suprema de Justicia debe hacer público los nombres de todos aquellos funcionarios que se han enriquecido de manera desmedida, una vez conocidos los nombres de estos funcionarios deben conformarse una comisión de organizaciones obreras, campesinas y populares para q castiguen a quienes se les compruebe actos de corrupción, independientemente del partido al que pertenezcan.

Por Alberto Castro

Según el Instituto de Medicina Legal, el mes de agosto cerró con la cifra de 911 asesinatos, convirtiéndose en el mes más violento después de la posguerra. El promedio fue de casi 30 muertes violentas diarias. De acuerdo al informe del director de dicha institución, el día 23 de dicho mes hubo 52 homicidios, una cifra que tampoco tenía precedentes; el incremento de asesinatos con respecto a 2014, asciende a 1,709 casos más, ya que en ese año hubo 2,537 personas asesinadas y, solamente en lo que va de 2015, ya hay 4,246.

La ola de violencia que estremece al país muestra a los ojos de todo el mundo que han fracasado las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de turno, al repetir los errores de los anteriores, enfocándose en el combate frontal a las maras y pandillas y dejando los programas de reinserción como algo secundario.

’’Grupos Terroristas’’, otro de los errores del GOES y de la burguesía

La inseguridad del país muestra que en materia de seguridad pública el Estado es ajeno a las necesidades de los jóvenes; la negación a un nuevo proceso de pacificación entre maras y pandillas, ha traído como consecuencia el incremento de ataques entre estas agrupaciones, y contra la Policía Nacional Civil y la fuerza armada. Hemos llegado a esta situación por la negativa del gobierno y de la burguesía de hacer más por la juventud salvadoreña de los sectores populares. Este gobierno está sometido a la presión ejercida por el imperialismo; el combate frontal a las maras y pandillas es el enfoque de la base de los planes de seguridad, y esto será posible y más efectivo con el ultrajoso sistema judicial.

En medio del recrudecimiento de la violencia, aparece la Sala de lo Constitucional de la CSJ, con la resolución que declara a las maras y pandillas como grupos terroristas, adhiriéndose esto al ya fallido esquema de la secuencia represión-prevención-reinserción. Los aparatos represivos se están preparando para tener mayor efectividad en sus ataques; fuerzas élites de la Policía y tribunales especializados forman parte de lo que utilizarán, la legalidad de su operatividad es fundamental, por ello no es de extrañar el fallo de la Sala de lo Constitucional, que además rebasa sus potestades con dicha resolución.

El Comité de Partidos y el Pacto de Ataco

El Pacto de Ataco es el acuerdo político de la institucionalidad burguesa representada a través de los partidos políticos de los diferentes sectores para tratar el tema de la delincuencia como el interés común. Se trata de un compromiso acordado después de una reunión inter partidaria de los cinco partidos que tienen representación en la Asamblea Legislativa, donde los organismos internacionales como el PNUD y la OEA estuvieron como mediadores. El primer paso del acuerdo fue la creación de un Comité Técnico Interpartidario, que estará a cargo de la elaboración de leyes y reformas concatenadas al reaccionario orden constitucional.

Las expectativas generadas en torno a esto han sido mayores que la efectividad de los resultados. A pocos días, la reunión de la comisión interpartidaria de la fecha tres del presente mes no logró ningún acuerdo. Se suponía que la Asamblea Legislativa debía emitir un comunicado de exhortación a la Sala de lo Constitucional para que agilizara la resolución de las demandas que había admitido con referencia al proceso que hicieron los diputados para la aprobación de $900 millones en bonos para financiar los planes de seguridad pública del gobierno. Esto no se realizó en la fecha prevista, mostrando que la polaridad está presente en cada intento de consenso interburgués.

La violencia es el mayor problema

Sin ninguna duda la mayor preocupación del pueblo es la violencia, y esto lo saben los burgueses. Su influencia hace que a las maras y pandillas se les vea como enemigos a los que hay que combatir por el bien del país, razón por la que están combatiendo a la juventud salvadoreña que se organiza en ellas. El caso es que no se les ofrece algo alterno a estos jóvenes; contrario a ello, están privándoles de sus derechos fundamentales. Por eso desde el Partido Socialista Centroamericano rechazamos la declaratoria de la Sala de lo Constitucional que declaró terroristas a las maras y pandillas, y manifestamos que la Comisión Interpartidaria no contribuirá en nada al proceso de pacificación que necesita el país, porque maneja el tema de la violencia como un asunto interno, sin tener en cuenta a las partes involucradas (ms-13 y M18). Es importante que se inicie un proceso de diálogo-negociación que goce del respaldo de la sociedad civil y que el gobierno facilite los medios necesarios.