Por Alberto Castro

La movilización del 26 de marzo, a la que el gobierno ha dado el nombre de Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, programada por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo amedrentar a las organizaciones de maras y pandillas que operan en el país. Esto nos hace pensar que la violencia social es la mayor carga del gobierno, el cual, al no poder brindar una verdadera cobertura en seguridad pública, y una política de seguridad incluyente, está dando muestras de desesperación. La violencia en El Salvador muestra el rostro del capitalismo en decadencia, donde no solo el gobierno, sino además el Estado, y el régimen son piezas del engranaje al constituirse la violencia de estas organizaciones en su talón de Aquiles. La población civil ha perdido la confianza en las autoridades al no recibir respuestas efectivas, pues hasta el momento no se ha hecho algo serio ni se han dado soluciones reales. Desde la clase dominante no se puede esperar otra cosa que represión, mientras la ola delincuencial se da por lo general en las zonas de los sectores populares y marginales donde habitan muchos trabajadores.

La Chistera del Gobierno

Ante las malas alternativas que da el gobierno, está anexando a sus políticas de seguridad la movilización de trabajadores públicos y organizaciones de la sociedad civil. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Arístides Valencia, invitó el día 16 del presente mes en la entrevista Gobierno Informa, a todos los sectores del país a sumarse a la marcha: "Invitamos al pueblo salvadoreño a expresar su voz que anhela el logro de la paz y la defensa de la vida y la justicia".

El propósito es llevar un mensaje a las organizaciones de maras y pandillas a través de la presión social. La Asamblea Legislativa aprobó que cada 26 de marzo se declare como Día de la Vida, la Paz y la Justicia, iniciativa que fue presentada por Benito Lara, ministro de seguridad. El decreto incluye la marcha, la asistencia a la cual es obligatoria para los empleados públicos. En fin, desde el gobierno se pretende hacer ver a la población en general de que esa marcha es una actividad de país, y de ese modo hacer que todo mundo se ponga en contra de las maras y pandillas.

Todo lo que hasta el momento el oficialismo ha expresado acerca de dicha actividad, está cargado de mucha falsedad y la verdad es otra. Partiendo del hecho tan importante de que a la movilización los empleados públicos no van por iniciativa propia, sino las órdenes del gobierno central, que utiliza a los trabajadores para mediante la movilización enviar el mensaje de que impondrá sus condiciones ante posibles diálogos y negociaciones entre estas organizaciones. Con la fachada de ’’marcha blanca’’, coreando paz, justicia y más, el gobierno recurre a una acción de tipo patriótica y de ’’unidad del pueblo salvadoreño’’ de manera hipócrita y al mismo tiempo demagógica, al llamar a la paz, por las razones antes mencionadas.

Puras demagogias

Es muy claro que las instituciones del Estado son incapaces de brindar seguridad a la población civil, y al decir esto no estamos pidiendo de que se arme más y mejor a la PNC o a la FAES, ni que se debe de crear un estado militar o policíaco, si no que damos a conocer los errores que han venido cometiendo sucesivamente los gobiernos.

El fracaso parte desde la ley ’’mano dura’’ y ’’súper mano dura’’, la incorporación de la Fuerza Armada a las calles, la tregua entre pandillas, y la aprobación de la ley que faculta a los elementos de la policía a asesinar a miembros de las maras, abonado por la exclusión de los mismos del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que paradójicamente es parte de las políticas de seguridad que anunció a inicios de su gestión Salvador Sánchez Cerén. Esto muestra claramente que el gobierno del FMLN tiene poca voluntad de facilitar un nuevo proceso de diálogo-negociación entre las agrupaciones de maras y pandillas, sumado a la indisposición de la misma burguesía a colaborar en dicho proceso.

Lo que debe tomarse en cuenta

Ante las circunstancias, desde el Partido Socialista Centroamericano, nos oponemos a la marcha, y llamamos a los trabajadores y sociedad civil en general a ¡no apoyar!, ¡no asistir! ya que eso no sirve en nada al proceso de pacificación. Esto trunca una salida efectiva y muestra la poca voluntad del gobierno del FMLN de afrontar con responsabilidad el tema de seguridad y facilitar los medios necesarios para que se desarrolle una nueva fase de dialogo-negociación. Además de cumplir con algunas garantías, como el derecho a la media pena, a la salud, a la educación y al trabajo, sumado a las mejoras en las infraestructuras básicas de saneamiento que no poseen los centros penales del país.