Por Germán Aquino

Cada día son conocidos casos en los cuales funcionarios públicos de todos los órganos del estado y de todos los partidos políticos del sistema derrochan el dinero perteneciente a los fondos públicos, mientras eso sucede el actual gobierno del FMLN dice adolecer de fondos para continuar con los programas de asistencia social y para pagar los incentivos correspondientes a los empleados públicos y se prepara para ejecutar una serie de medidas que afectan a los trabajadores públicos y a toda la clase trabajadora en general.

Las recomendaciones antipopulares del FMI

Debido a la situación financiera que se encuentra el estado salvadoreño Meses anteriores el Fondo Monetario Internacional (FMI) dicto una serie de medidas al gobierno del FMLN entre las que están: revertir el crecimiento de la deuda y el déficit, evitar los impuestos que distorsionan la actividad económica, lo que implica un aumento del 2% del IVA, reducción del gasto público, reformas al sistema de pensiones, lo que llevaría una profundización de la privatización del sistema de pensiones, inclusión financiera y la reducción de la delincuencia y la corrupción. La ejecución de estas recomendaciones será realizada por los diferentes órganos de gobierno.

En el marco de la reducción del gasto público se encuentra el hacer reajuste de las contrataciones en el sector público, lo cual afectaría negativamente a toda la población ya que aéreas como salud y educación tienen un déficit de personal operativo lo que lleva a una deficiente atención, otro de los punto que buscan es la eliminación del escalafón en el sector salud u otros sectores; es de recordar que este es un incentivo a los trabajadores, así mismo buscan mantener la política de aumentos salariales debajo de la tasas de inflación. Pero no solo el escalafón está en riesgo sino ciertas cláusulas de contratos colectivos las cuales dan incentivos económicos a los trabajadores.

Ante estas recomendaciones en su momento Roberto Lorenzana secretario técnico de la Presidencia manifestó: “Nosotros hoy por hoy no hemos considerado que esas recomendaciones deben de ser impulsadas porque estamos haciendo una serie de readecuaciones que creemos más pertinentes…Querer aplicar una receta de reducir el estado nosotros no estamos de acuerdo” (EDH.9/05/2016). El gobierno del FMLN públicamente hace unas declaraciones para mantener su militancia, pero en la práctica hace otras, hoy se prepara para aplicar dichas medidas.

Por un frente de lucha sindical y popular

Respecto a las amenazas de eliminar el escalafón el Sindicato de Trabajadores de la Salud, SITRASALUD expreso: “Viendo la posición que tienen en este momento, es posible que sí se dé. Estamos preparados. Ya tenemos experiencia en la lucha de defensa de nuestro escalafón. Instamos al Gobierno que busque otras formas de ahorro y no sacrificando a la clase trabajadora” (EDH. 12/08/16). De igual manera SIGESAL ha manifestado: “Vamos a hacer todo lo necesario porque el escalafón se nos dé. Es el único incentivo, no hay otra prestación. Hay salarios en Salud que con eso la gente no sobrevive. El escalafón no es algo que vamos a permitir que lo quiten” (EDH. 12/08/16).

Otro de sindicato que se ha   manifestado es el Sindicato de Médicos del Hospital Rosales quien expreso: “Nosotros estaríamos dispuestos a formar parte de una resistencia para defender los salarios y los escalafones de los trabajadores. Activamente vamos a participar, no podemos dejar que vulneren los salarios de todos.” (EDH. 12/08/16).

Todos coinciden en la necesidad de defender el escalafón, por lo cual es necesario actuar antes que lo quiten; se debe mandar un mensaje al gobierno. Existen muchas direcciones que están dispuestas a llamar a sus bases a luchar, pero existen otras que todavía dan el beneficio de de la duda al gobierno del FMLN, esta últimos deben entender que el FMLN ya no representa los intereses de la clase trabajadora y por lo tanto como direcciones están en la obligación de luchar por los intereses de los trabajadores, cuando los intereses de los trabajadores están en juego no se debe tener ninguna consideración al gobierno. Las diferentes organizaciones sindicales deben formar un frente de lucha sindical para defender exigir aumento de salario, defensa del escalafón y los contratos colectivos.

Que los ricos paguen la crisis

El gobierno del FMLN busca cargar los costos de la crisis financiera a los trabajadores públicos, la eliminación del escalafón a salud podría ser una de sus primeras medidas para ahorrar luego le seguirán otras instituciones, actualmente no se sabe si el gobierno incluirá los fondos para dicho pago en el presupuesto 2017, el gobierno debe garantizar las fuentes de financiamiento de dicho presupuesto para ello debe hacer que los viejas burguesías ligadas a la derecha arenera así como las burguesías emergentes ligadas al FMLN paguen los impuestos que les corresponden, otra medida sería que todos los funcionarios de alto nivel ganen un salario igual al de un obrero cualificado, eliminar gastos innecesarios de los funcionarios de alto nivel.

Por José Herrera

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 13 de julio de 2016 dieron una sentencia que dejo anulada a la Ley de Amnistía que fue la que consolido el acuerdo de paz en 1993. A menos de un mes en la Corte Suprema de Justicia el día martes 16, con 15 votos, en pleno se decidió rechazar la extradición de los militares implicados en el caso jesuitas, tal es el ejemplo del Coronel-Guillermo-Benavides quien fue condenado en 1992 por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos trabajadoras, y que ha sido uno de los beneficiados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.

Los padres jesuitas, algunos de ellos españoles de nacimiento, y sus colaboradoras; fueron asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 por un pelotón del batallón Atlacatl de la Fuerza Armada, durante la ofensiva de la entonces guerrilla del FMLN en las principales ciudades del país. Los cuatro militares que han estado en detención en 1991 fueron procesados y juzgados, pero solo el coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión, pero fue liberado el 1 de abril de 1993 del penal de Santa Ana; mientras que el resto fueron exonerados. En el momento de la masacre, Alfredo Cristiani era el presidente del país, sobre su posible implicación no se ha dicho nada.

La CSJ sin definir argumentos (en busca de escusas)

A partir del fallo, la CSJ se centró en una enredada argumentación, para justificar la impunidad de la que han de gozar los militares que se supone perpetraron este crimen, que debe ser considerado como lesa humanidad. Este hecho refleja que en el fondo se tiene una clara intención; un fallo a favor de los militares, pero no existe una clara disposición que lo justifique. El suplicatorio, a solicitud del Reino de España contra Benavides y otros, ha sido el primer tema de agenda del pleno de la Corte. El órgano de justicia, según una fuente judicial, sometió a votación la extradición, lo que dejó cero votos. Luego, se votó el rechazo a la extradición y esa decisión logró 15 votos.

Sin embargo, la CSJ no emitió resolución, ya que los magistrados tienen diferencias en la argumentación de sus votos. Votaron contra la extradición los magistrados propietarios Armando Pineda, Belarmino Jaime, Rodolfo González, Ovidio Bonilla, Óscar López Jerez, Doris Luz Rivas, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez Murcia, Dafne Sánchez de Muñoz, Elsy Dueñas y Sergio Luis Rivera; así como los suplentes Carlos Avilés, Martín Rogel, Ricardo Suárez Fischnaler y Narciso Granados. Estos últimos sustituyeron a Sidney Blanco, Florentín Meléndez, María Luz Regalado y Paula Patricia Velásquez. En la discusión hubo varios tipos de argumentos de los magistrados para rechazar la extradición. La imposibilidad de resolver una petición de extradición ya realizada hace cinco años y resuelta es uno de los argumentos que se habrían presentado.

Otro argumento es que no existe el obstáculo que se tenía para juzgar este tipo de delitos en El Salvador, ya que la ley de amnistía de 1993 fue anulada por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, lo que genera sospecha de que si el fallo de la Sala de lo Constitucional es en el fondo una maniobra para evitar la extradición. Un tercer argumento manejado dentro de la CSJ habría sido que el juez debe determinar si se trata de un crimen de lesa humanidad; podría haber hasta un cuarto argumento del doble juzgamiento a los acusados.

Niegan la extradición….

La solicitud continuó el jueves 18 en reunión de Corte Plena y la petición de extradición se analizará de manera individual para cada acusado. En el caso del coronel Benavides, la CSJ aún no decide qué pasaría con el acusado al rechazar la extradición, si el señalado se pondría en libertad o a la orden del juez salvadoreño que lo condenó. Como bien se ha podido observar la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que dejo sin efecto a la Ley de Amnistía, sin embargo paralelo a ello la CSJ dio otro fallo que libera a los implicados en el crimen del caso jesuitas, en este sentido valdría la pena cuestionar el papel que están desempañando los hacedores de justicia en El Salvador, para demandar de ellos una exhaustiva investigación y un esclarecimiento real de este y otros crímenes con el fin de mostrar la verdad que permita un auténtico juicio y castigo para los culpables.

Por David Arce

El Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) surge con finalidad de brindar seguridad social a la clase trabajadora salvadoreña. El ISSS, al igual que toda la seguridad social, se financia principalmente mediante aportaciones financieras de los trabajadores, los empleadores y el estado. Entiéndase por seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “…la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia...”. Es de resaltar que en El Salvador dicho sistema es insuficiente en aéreas como la atención médica hospitalaria debido a que no han destinado los recursos que garanticen una atención médica hospitalaria de calidad y oportuna. Así mismo los ingresos en caso de vejez, enfermedad, etc., no son lo suficientes para cubrir las necesidades básicas, agregado a ello se tiene un alto porcentaje que no goza de dicha protección.

Autoridades buscan descargar responsabilidad en trabajadores

Las quejas de los derechohabientes del ISSS son muchas las cuales van desde malos tratos por del personal hasta la falta de atención médica hospitalaria de calidad y oportuna, las autoridades buscan una salida salomónica ya que buscan trasladar su responsabilidad a los trabajadores; si bien es cierto existen personas que no realizan su trabajo de forma adecuada pero no por ello se puede generalizar y no es responsabilidad del trabajador del ISSS que no se brinda una atención adecuada.

Para bajar la presión ahora las autoridades del ISSS lanzan una nueva estrategia como es la conformación de los Comités de la Calidad y Seguridad (CODECAS) los cuales estarán integrados por un coordinador, un secretario, un vocal y un paciente el cual deberá ser parte de una asociación de pacientes, pero no se menciona que en dicho comité deba existir representación sindical, lo cual es necesario, no se debe permitir que dicho comités sea un instrumento de represión patronal.

CODECAS …. una medida a medias

Los CODECAS buscan mejorar el trato hacia el paciente, que el paciente espere menos tiempo en ser atendido al respecto el director del ISSS manifestó: “…Vamos a responder esas preguntas (de los usuarios), por qué hay horas en las que cuesta más que le despachen su medicamento, por qué en el laboratorio de tal hora a tal hora se espera tanto para tener resultados, por qué hay pacientes que no los atienden en emergencias…Si un paciente se queja que un cirujano lo atendió mal o que un médico especialista lo trató mal, el comité va a revisar el expediente del paciente y va a llamar al médico y tomará acciones, porque nadie tiene derecho a tratar mal a una persona que acude por una atención al Seguro…” Si bien es necesario corregir los abusos o los malos tratos hacia las personas que hacen uso del ISSS por parte del personal; también es necesario que se proteja al personal que hace bien su trabajado, en muchos casos y con justa razón el paciente al recibir una atención adecuada se incomoda descargando su enojo en personal inmediato, cuando es culpa de las personas que dirigen la institución al asignar los recursos necesarios.

El reducir el tiempo de espera pasa necesariamente por la contratación de más personal, o será que las autoridades solo buscan cantidad y no calidad para lo cual exigirán que el personal atienda a cierta cantidad de pacientes por hora.

Para brindar una atención de calidad y oportuna y para reducir el tiempo de espera se requiere de recurso humano que va desde el personal médico, paramédico hasta el personal de servicio, es de recordar que servicios como limpieza, alimentación, etc, ya han sido privatizados por el ISSS en donde los dueños de dichas empresas se quedan con grandes ganancias mientras a sus empleados les pagan míseros salarios lo anterior ha sobrecargado funciones del personal médico y paramédico, ya que dichas empresas no ponen el personal privado necesario, es de recordar también que el número de cotizantes a crecido y el personal operativo ha aumentado poco en relación a la demanda.

Unidad de los derechohabientes y trabajadores

Derechohabientes y trabajadores del ISSS debemos garantizar un buen trato del personal hacia el paciente y viceversa, debemos exigir que las actuales autoridades del ISSS asignen los recursos que garanticen una adecuada atención médica hospitalaria en todo el territorio salvadoreño, que se mejore la infraestructura física, que se amplié a nivel nacional los servicios que brinda el ISSS, que la consulta con especialistas de las diferentes áreas sea pronta, que existan medicamentos para todas las enfermedades y de calidad.

Por una verdadera seguridad social

Debemos exigir una verdadera seguridad social en donde además de asegurar una atención médica hospitalaria de calidad el ISSS garantice un justo ingreso, en caso de vejez, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad lo cual debe ser igual para los trabajadores públicos y privados, debemos exigir pensión justa y pago del 100% de las incapacidades.

No debemos permitir más robos e enriquecimientos a costa de la clase trabajadora basta recordar los robos realizados al ISSS en los gobiernos de arena y que al parecer han continuado.

Por Alberto Castro

La fecha del 19 de agosto de 2015 quedo registrada en la historia de ATRAMEC como el comienzo de un proceso de democratización y el regreso del funcionamiento del sindicato a manos de los trabajadores administrativos del MINED, durante la Asamblea Extraordinaria de ese día se llevaron a cabo las elecciones cuyos resultados permitieron la entrada de una nueva junta directiva, con la compañera Marta Campos a la cabeza como secretaria general, esto también marco la salida de un burócrata que llevaba 35 años dirigiendo el sindicato.

Desde que ATRAMEC se renovó, se volvió a la lucha por lograr algunas conquistas económicas y laborales que habían sido abandonadas por la anterior administración, ejemplo de ello fue la lucha encarnizada que libraron los trabajadores y su sindicato desde el inicio de este año debido al incumplimiento del aumento del 8% escalonado para este año, del 20% antes acordado. Después de una serie de protestas y una mesa de negociaciones caída se recurrió a un paro técnico de labores durante una semana, que fue la estocada final con la que el Ministro de Educación tuvo que ceder, con lo que se logró un aumento al escalafón de $60 dólares (desde entonces los ataques contra los sindicalistas se ha encarnizado).

De igual forma podemos citar la lucha junto a los trabajadores que están bajo la modalidad de los Consejos Directivos Escolares (CDE), y que por si fuera poco no están bajo ley de salarios y que padecen de todo tipo de maltrato al someterse a un modelo de contratación tan nefasto, y así sucesivamente, pues la renovación de la junta directiva implico el cambio para bien de los trabajadores y una regeneración interna que debe continuar.

Tensiones previas a las elecciones

ATRAMEC ha denunciado que el partido en el Gobierno está detrás de algunas maniobras que buscan boicotear el desempeño de los dirigentes actuales y al mismo tiempo intenta amañar las próximas elecciones internas. Tomando en cuenta que este sindicato desde que se renovó su junta directiva dejo de ser parte de la órbita del FMLN, por lo que los ataques hacia los sindicalistas no han cesado y se han incrementado en estas últimas semanas previas a las elecciones de este próximo viernes.

Así lo denuncio este sindicato en el Boletín #47 donde manifiestan algunas quejas: 1) que la computadora de la secretaria general del sindicato, marta Campos fue formateada. 2) se ha restringido y limitado el correo institucional para impedir la difusión del boletín. 3) han limitado las impresiones. 4) han suspendido el transporte oficial para poder resolver problemáticas relacionadas a lo laboral. 5) el bloqueo de las cuentas de correo del sindicato. 6) el giro de órdenes a los directores departamentales para que los afiliados que vayan a la Asamblea de ATRAMEC, deban pedir permiso personal para poder asistir. 7) que el FMLN ha enviado personal para que participe en las elecciones. 8) que el FMLN movilizara gente para que asista a votar por candidatos de dicho partido. 9) que los allegados al antiguo dirigente están causando divisiones al interior del sindicato. 10) se ha reanimado con más fuerza la persecución hacia los directivos nacionales y departamentales.

Esta es la antesala de las elecciones de ATRAMEC, un ambiente de tensión gracias a la intromisión del FMLN, que dio pie a la lucha defensiva de la actual dirigencia, la cual ha tenido un año bastante difícil al tener que resistir y repeler los ataques de la patronal, y al mismo tiempo encabezar las luchas económico-laborales de los trabajadores.

¿Quiénes deben elegir el futuro del sindicato?

Las elecciones del próximo viernes 26 de agosto, no deben ser solamente un trámite, sino una acción colectiva que refleje si se está consolidando la democracia en ATRAMEC o si se dirige nuevamente al pasado, es decir, al control político del FMLN, porque este es el verdadero peligro, pues la mayor amenaza que acecha a los trabajadores del sector público son los dictados del FMI, a los que el FMLN no desestima aplicar. Por lo tanto, lo más correcto es que los trabajadores hagan prevalecer la democracia en su propia organización; que las elecciones de ATRAMEC y el proceso democratizador sea un ejemplo para el resto de organizaciones sindicales del país y Centroamérica, la junta electa debe continuar con el proceso democratizador y con la lucha.