Por Alberto Castro

El pasado 29 de julio Casa Presidencial fue el lugar donde por última vez representantes del GOES y de ARENA se reunieron para tratar el tema del pacto fiscal. En esa reunión los miembros de ARENA expusieron que sobre la mesa debe ponerse un análisis de crecimiento económico, ingresos y gastos del Estado y el nivel de deuda con respecto al PIB. La derecha ha puesto como garante del acuerdo, que este sea con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuyos dictados han sido: aumentar dos puntos al IVA, recortar el gasto estatal y frenar todo aumento al salario mínimo.

Este organismo internacional basa sus recomendaciones en que mientras Centroamérica en los últimos 15 años ha venido creciendo un de 4.5 % del PIB, El Salvador ha crecido menos de la mitad de eso. Lo que ha repercudido en que la deuda pública, que estaba cerca del 61 % del PIB al finalizar 2015, haya aumentado y que podría hasta alcanzar un 73 % del PIB en 2021 si no se toman medidas de ajuste fiscal de manera urgente. El desarrollo de las negociaciones por el Pacto Fiscal ha de pasar previamente por una serie de medidas que son prioridad para la oposición: gasto público, austeridad y reordenamiento de gastos en los ministerios, pero por otro lado se deben resolver los puntos de inflexión que intenta imponer el FMLN, con lo que pretende conseguir un auxilio económico de carácter urgente.

Objetivos a corto, mediano y largo plazo

El Salvador arrastra un déficit anual superior a los $1,000 millones, que ha estado cubriendo con deuda es por ello que el bipartidismo debe resolver una importante tarea para la estabilidad del capitalismo en El Salvador; el pacto fiscal y Ley de Responsabilidad fiscal. El objetivo de las principales fuerzas del régimen burgués es poner freno al endeudamiento y mejorar el tétrico crecimiento anual para despegar del 2%. Esto debería permitir que el déficit de mil 200 millones de dólares de este año disminuya en 2017.

La proyección oficial es que el próximo año el gobierno requerirá -otra vez- de un poco más de mil 200 millones para acabarlo sin dejar de cumplir sus compromisos financieros. Regular la responsabilidad es la razón de esta ley, con la que se pretende lograr un ajuste fiscal que disminuya el déficit y revierta el alto endeudamiento por el que se dirige el país, esto unido a las medidas de gastos, ingresos y administrativas. El tiempo para que se desentrampe el acuerdo entre FMLN-ARENA es de vital importancia, puesto que se estima que las finanzas públicas llegaran hasta octubre, en esta medida ARENA sale más ventajoso puesto que sin dudas exige ciertas concesiones de parte del GOES para el aval de los $1,200 millones en deuda, que son los que necesita el gobierno para cumplir con todas sus obligaciones de este año.

La aprobación de este endeudamiento también está supeditada a una serie de acuerdos de corto y mediano plazo como lo es la ley de responsabilidad fiscal; aumentar en dos puntos el IVA -Arena y FMLN hablan de eximir de este aumento a los productos de la canasta básica-, un impuesto al patrimonio a personas con activos superiores al millón de dólares y una reforma de pensiones diferente a la propuesta por el Ejecutivo en febrero pasado. La Ley de responsabilidad fiscal obligaría al Estado a transparentar su presupuesto, a limitar su gasto corriente y a regular las formas de endeudamiento, como, por ejemplo, evitar contratación de Letes, que es deuda de corto plazo que obliga al Estado a pagar altos intereses. Ese tipo de deuda se emite con dos plazos: tres meses o 360 días. En un plazo de un año, hasta julio de 2017, El Salvador debe pagar 840 millones de dólares en Letes, según cifras que el Ministerio de Hacienda actualizó el 8 de julio de este año.

En el fondo solo están los intereses de clase

El Pacto Fiscal trata de un gran consenso nacional entre el bipartidismo y las diferentes fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa, en ello recae su legitimidad, donde participara todo el empresariado con el FMI.

El proletariado y pueblo salvadoreño en estos momentos solo somos parte expectante del proceso, es necesario que pongamos atención a la mesa burguesa pro medidas fiscales, para dar respuesta movilizadora a la latente amenaza que tenemos con el posible incremento del 2% al IVA, que en últimas instancias las paga el consumidor, que se congele el alza al salario mínimo y que peligren las alzas escalonadas en el sector púbico.

La burguesía procurara salvaguardar sus intereses en nombre del país entero, cargando la salida de la crisis con ajustes fiscales que en palabras concretas son golpes económicos a los trabajadores. No caigamos en esta trampa, no legitimemos sus acuerdos.