Por Ricardo Recinos

Después de muchos años   de heroica lucha del pueblo salvadoreño y a casi 12 años de conformado el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN); luego de un proceso de diálogo y negociación fueron firmados los Acuerdos de Paz entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de ARENA el 16 de enero de 1992.

Los Acuerdos de Paz   en su momento lograron poner fin al conflicto armado entre la guerrilla del FMLN y el estado salvadoreño. En el tema económico social trataron el tema de la tenencia de la tierra pero no dieron solución real a dicho problema, pero disfrazaron el robo de activos del estado mediante las privatizaciones. En materia del sistema político electoral se creó el Tribunal Supremo Electoral y la participación del FMLN vía elecciones lo cual permitiría a casi todos los firmantes de los acuerdos de paz participar en cargos de elección popular, estando entre dichos firmantes por parte del FMLN: Schafik Handal, Francisco Jovel, Salvador Sánchez Cerén, Joaquín Villalobos, Eduardo Sancho, Roberto Cañas, Dagoberto Gutiérrez, María Marta Valladares, Ana Guadalupe Martínez, Salvador Samayoa; quienes provenían de las diferentes organizaciones que conformaron el FMLN y posterior a la participación electoral en el interior del FMLN se desataron pugnas por el control del FMLN como aparato electoral.

Han pasado 25 años de la firma de los Acuerdos, después de varios años de participación electoral la dirección del FMLN logró su objetivo de llegar al gobierno. La dirección actual del FMLN lucha por lograr un espacio como clase económicamente dominante lo que le lleva a enfrentarse y pactar con dicha oligarquía y con el imperialismo. El FMLN como gobierno en vez de revertir las privatizaciones está profundizando el sistema neoliberal y aplicando recetas de los organismos financieros internacionales las que impactan negativamente a los trabajadores estatales quienes se ven obligados a luchar en defensa de sus intereses lo que les ha hecho blanco de medidas represivas, la situación para la clase trabajadora del sector privado no ha mejorado si bien recién se aprobó un aumento al salario mínimo este no está de acorde al costo de la vida.

En estos 25 años de Acuerdos de Paz, la situación para el pueblo salvadoreño en vez de mejorar empeora, las causas estructurales que originaron el conflicto se agudizan, lo poco logrado con los acuerdos de paz en el marco de la democracia burguesa se está revirtiendo, ya no se puede hablar de paz como ausencia de conflicto armado ya que si existe un enfrentamiento armado el cual cada día toma una nueva dimensión, siendo el pueblo quien sufre las consecuencias de dicha violencia por lo tanto el pueblo no vive en paz. Instituciones como la PNC van desnaturalizándose, las fuerzas armadas nuevamente han sido incorporadas a labores de seguridad.

Los acuerdos de Paz no tenían la intención de resolver los problemas del pueblo salvadoreño, así vemos como a 25 años después de los problemas económicos y sociales para el pueblo salvadoreño se agudizan, así mismo debemos enfrentar los planes neoliberales, por lo tanto las organizaciones obreras, campesinas, indígenas, populares y estudiantiles debemos luchar y buscar la unidad de acción a nivel nacional y centroamericano.

Por Alberto Castro

El pasado martes 6 de diciembre, en Cadena Nacional de radio y televisión, el presidente de la Republica, Salvador Sánchez Cerén, emitió un mensaje a la nación enfatizando los aparentes logros obtenidos por su gestión durante este 2016. El comunicado se centró sobre los temas económicos y fiscales, aunque no podía dejar de tocar el tema de la imparable violencia. Sin lugar a dudas, el Informe de Sanchez Cerén es un apologético pronunciamiento oficialista que enaltece la política del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sobre todo los lentos avances de las negociaciones en la mesa fiscal y otras instancias.

El laberinto de la crisis fiscal

En su discurso, Sanchez Cerén, el sexto presidente de este largo periodo neoliberal, dijo que el país ha crecido económicamente más que en los últimos 16 años, y destacó la importancia que tiene para el FMLN la permanencia del diálogo con todas las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa, primordialmente con ARENA. Estas negociaciones permitieron conseguir la emisión de títulos de valores por $550 millones para atender la falta de liquidez del Gobierno.

Sanchez Ceren remarcó que ’’con nuestra voluntad de dialogo alcanzamos Acuerdo Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Económico por todos los partidos políticos’’, y agregó que ’’es urgente continuar proceso de de dialogo para completar la emisión de $1,200 millones en bonos y de la reforma integral del fondo de pensiones, para un pacto fiscal que permita una solución a largo plazo en beneficio del país’’.

El FMLN insiste, implora, que necesita de todas las fuerzas políticas para enfrontar juntos la falta de recursos del aparato del Estado, porque ha demostrado su incapacidad para resolver la crisis fiscal por la vía revolucionaria. No obstante, no deja de alegar que el problema fiscal actual es a causa de ARENA. Sanchez Cerén reconoce que “enfrentamos una grave crisis de liquidez del Estado, generada por equivocadas acciones del pasado como la privatización de pensiones, la corrupción, el endeudamiento irresponsable y la baja recaudación provocada por la evasión y la elusión fiscal’’.

Para justificar la importancia de la continuidad del dialogo presentó un efímero crecimiento económico del país, diciendo que ’’en 2016, nuestro país tuvo un crecimiento económico de 2.5% siendo el más alto en los últimos 16 años, protegiendo la economía familiar con estabilidad de precios de bienes y servicios esenciales’”. Resulta patético que el presidente Sanchez Cerén celebre tal pírrico crecimiento del 0,5%, cuando en realidad la economía salvadoreña sigue estando a la zaga del resto de las economías centroamericanas, pero sobre todo el patético 0.5% no representa ninguna mejoría para el sufrimiento de las amplias masas de la población.

El Gobierno evito el impago antes del cierre de año, mediante un acuerdo logrado primeramente con su principal opositor ARENA y luego con el resto de las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa. Previamente, la posibilidad de un acuerdo fiscal había pasado por una fase de estancamiento entre las fuerzas políticas, debido a que ARENA, en la mesa de diálogo, había centrado sus exigencias sobre algunos términos de ajuste fiscal (poner límite a la deuda flotante y reducir la cobertura social para el Estado) antes de acceder a la aprobación de los $550 millones en bonos, de los $ 1,200 millones que solicitaba en GOES para el pago de la deuda de corto plazo. Pero, en esas circunstancias, la embajadora de los EEUU, Jean Manes, emitió un ultimátum a las dos fuerzas políticas, para que encontraran un acuerdo. Fue entonces que el Gobierno y ARENA obedientemente reanudaron las negociaciones que se habían roto.

De los $ 550 millones avalados por la Asamblea Legislativa, un total de 307 millones serán destinados a convertir Letras del Tesoro (Letes) en eurobonos, esto equivale al 30.48% de los $1, 007 millones de dólares que El Salvador tiene en deudas de Letes; $82 millones serán destinados para el pago del Fondo para el Desarrollo económico y Social (FODES); $50 millones para saldar deudas con proveedores y $46 millones para la cancelación del subsidio de la electricidad.

Para el 2017 ,el Gobierno del FMLN se ha comprometido nuevamente a dar seguimiento a los acuerdos establecidos con ARENA y las demás fuerzas políticas, máxime cuando las previsiones de crecimiento económico no son las más óptimas. Un duro golpe económico al país serían las probables deportaciones de los salvadoreños indocumentados que actualmente viven en los EEUU, impulsadas por el gobierno de Trump. Para seguir teniendo acceso al financiamiento de los fondos de FOMILENIO II y un nuevo TPS, la administración Trump presionará para constituir una CICIES.

En el futuro cercano se reanudaran las negociaciones para el pacto fiscal donde el arbitrio será el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas recomendaciones económicas han comenzado a ser aplicadas mansamente por el Gobierno, provocando una resistencia por parte de los trabajadores del sector de salud. Se perfila una creciente unidad de los sectores burgueses para golpear la clase trabajadora. El presupuesto del año 2017 contendrá ciertas responsabilidades sociales y laborales, para luego ir aplicando los puntos del pacto fiscal de forma gradual. Por ello las organizaciones sindicales, especialmente los trabajadores del sector público, deben presionar para que el presupuesto 2017 refleje las prestaciones sociales, laborales y económicas, pero sobre todo debemos vigilar todos los movimientos, discursos, acciones y resoluciones de la mesa fiscal.

La violencia: un mal retroalimentado por el GOES

Autocomplacido con una relativa baja de la cifra de asesinatos, el presidente Sanchez Cerén señaló los avances del Plan El Salvador Seguro: ’’en comparación con el año pasado, tendremos una reducción aproximada de 1,200 homicidios en el país’’. Admitir como cierta la afirmación del mandatario equivaldría a aceptar que se va por un buen camino, que pese a ciertas rarezas del Plan El Salvador Seguro, el problema de la violencia se está atendiendo adecuadamente. La anterior vision se hace de la vista gorda, no ve lo que en realidad está pasando.

El Plan El salvador Seguro arrancó en julio de 2015 en el municipio de Ciudad Delgado, a propuesta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). Este fue presentado el 29 de septiembre de 2014, por el presidente Sánchez Cerén como la instancia corporativa-gubernamental a través de la cual el GOES ha logrado consenso con la sociedad civil y los empresarios de la ANEP, en lo que respecta a las políticas para golpear a las maras y pandillas.

Ahora bien, el Plan El salvador Seguro inició bajo cinco ejes:

1. Seguridad en el territorio: extender la presencia policía en las zonas catalogadas como vulnerables, apoyadas por la Fuerza Armada, implementación de un sistema de video vigilancia en espacios públicos, etc.
2. Oportunidades educativas: implementación aplicada a la jornada educativa extendida en dos centros escolares y programas de vacaciones recreativas. Salud mental y reparación de infraestructuras.
3. Oportunidades laborales e inserción productiva: Eliminar la exclusión mediante el acceso a oportunidades laborales, becas de formación profesional, programas de empleo y alianzas con la empresa privada.
4. Espacios públicos remodelados, dinámicos y seguros: implica el mejoramiento de la infraestructura del espacio público, reordenamiento de comercios, paradas de buses, y obras de saneamientos ambientales.
5. Atención a víctimas: dar atención a víctimas de daños físicos o psicológicos que no reciben adecuada protección del Estado. implicaba la construcción de una unidad de atención a víctimas para mujeres víctimas de abusos.

Bajo estos cinco ejes inició en el municipio de Ciudad Delgado, el Plan El Salvador Seguro, con un monto de $1,200 millones requeridos para combatir a las maras y pandillas en los 50 municipios del país donde tienen mayor fuerza. Posterior a ello surgieron las Medidas Excepcionales siempre enfocadas para fortalecer los ejes contemplados dentro del Plan El Salvador Seguro. El martes 6 de diciembre del 2016, previo a la cadena nacional, inició la segunda fase del Plan El Salvador Seguro, que se extiende a otros 16 municipios: Ahuachapan, Izalco, Nahuizalco, San Miguel, Santiago Nonualco, Usulutan, Quezalteque, San Vicente, Chalhuapa, SanPedro Perulapan, San Miguel y Conchagua.

El optimismo con el que Salvador Sánchez Cerén ha expuesto los avances, queda extenuado con la realidad misma. La leve disminución de homicidios no refleja el cese de la violencia sino responde a otro fenómeno: el repliegue territorial de las maras y pandillas. El Presidente Sánchez Cerén ha anunciado cifras y ha dicho que su política de seguridad marcha bien, pero de manera disfrazada, su discurso más bien es la negación de una gran verdad, que el país ya está en una guerra de baja intensidad, que las estructuras ahora libran esa guerra en total desventaja con la PNC y la F.A están mutando, aquí en El Salvador, pero que por su misma composición social e ideológica no aspiran a trastocar la estructura económica, lo que les hace vulnerables y les convierte en un enorme bestia a quien el Estado pretende amaestrar, puesto que como ya dijimos, las maras y pandillas son un fenómeno social, pretender acabar con las maras y pandillas por medio del aniquilamiento es un error que se viste de sangre y esta tiñendo al país entero, atacar directamente al fenómeno social sin solucionar las causas sociales que les crean es un total fracaso, pueden extirpar el mal pero volverá en un tiempo. El Salvador según un informe de la consultora británica Verisk Maplecocroft, está en la octava posición de los países con alto riesgo de crímenes, (con una tasa de 86 homicidios por cada 100,000 habitantes). No se está dejando atrás este problema, lo que hace el FMLN es complacer a las exigencias de la burguesía y del imperialismo de aplicar una política represiva en los territorios controlados por las maras y pandillas lo que le pone más leña al fuego, los programas de inclusión del Plan El Salvador seguro son excluyentes, su sunción es atraer fuentes de financiamiento extras al GOES por medio de las ONG’S.

A manera de conclusión decimos que quienes están cargando tanto con la crisis fiscal, como con los costos económicos y sociales de la violencia es el pueblos, en este sentido el FMLN se limita a dialogar con ARENA, dándole a nuestros ojos a dichas negociación un carácter puramente burgués, en el fondo es la mesa pro status quo de las facciones de la burguesía en contienda por la hegemonía, la burguesía emergente y la burguesía oligárquica, esto marca un hito de relaciones de fuerza en todos los terrenos de disputa, económicos, sociales, ideológicos, y políticos.

Por Mario Vladimir Carranza

Las y los trabajadores del ramo de salud, nunca han estado ajenos a que el país atraviesa por una situación complicada, fiscalmente hablando; pero también tienen que la causa fundamental del problema es el sistema económico capitalista unido a los cuatro gobiernos de ARENA más los 7 años del FMLN quienes han sido los responsables directos de la actual crisis, debido a la corrupción e inoperancia en el manejo del dinero en el endeble estado, ya que los primeros con Cristiani a la cabeza adoptaron e implantaron el nefasto modelo neoliberal, pues con él salieron más que favorecidos fruto de las amañadas privatizaciones.

En cuanto a los segundos, al llegar al poder en el 2009, se dedicaron a buscar la manera de cómo acumular dinero así mismo a mantener medidas populista las cuales paliaban y ocultan los problemas del capitalismo pero no lo solucionan, para el mantenimiento de dicho programas en vez de cargárselo al gran empresariado, se lo cargaron a la clase trabajadora y clase media así mismo tuvieron que ir endeudando al estado cada vez más con organismos financieros internaciones como el FMI y otros, el cual ahora les ordena que y como tienen que hacer para estabilizar al país pero el fin es como hacer para que les paguen.

Consecuencia de lo anterior el Estado salvadoreño y el gobierno del FMLN a pesar de tanto dinero en préstamos, es incapaz de darle empleo a su pueblo, de brindarle seguridad, educación y salud de calidad. Ahora el gobierno busca que la crisis la pague la clase trabajadora y la clase media: quiere cargar más impuestos, quiere despedir empleados públicos, no quiere pagar escalafón a salud, pretende bajarle el monto a educación, ha eliminado los subsidios a muchas familias que lo necesitan y más aún está haciendo recortes en los programas de asistencia social.

Los trabajadores de salud y educación son los que en un inicio ven amenazados sus derechos, ello los ha hecho salir a la defensa de sus intereses como clase trabajadora, ante lo cual el gobierno ha respondido.

Trabajadores de salud nuevamente a la lucha

El sector salud como uno de los más importantes, por su labor social humanitaria, por su alto número de trabajador@s y por llevar a cabo las acciones de protesta más fuertes contra la intransigencia del estado, representado en el caso por doctora Violeta Menjivar, la cual sigue e intenta aplicar las indicaciones que su partido burgués el FMLN le manda y entre esas como parte del paquete del FMI está quitar el escalafón, que es la única prestación que les permite a los trabajador@s mejorar lentamente los bajos salarios que ganan al empezar a trabajar. Es por ello que las y los valientes trabajador@s no han parado de presionar con acciones coordinadas en la capital o en todo el país, para que éste les sea cancelado en un 100% al 100% de los trabajadores del MINSAL, claro exceptuando a las direcciones que por ser cuotas políticas del FMLN se les paga jugosos salarios y les otorgan el poder de hostigar, maltratar, mal informar, descontar y hasta despedir trabajador@s; un paquete completo sólo por ser satélites del partido en el gobierno, sin importar las competencias.

El lunes 21 de noviembre en cumplimiento a acuerdos tomados la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Salud, USTRASPES y el Sindicato de Trabajadores de Salud SITRASALUD, desarrollaron actividades en diferentes parte del país; entre ellas se intervino la Roosevelt a la altura del hospital Rosales y parque Cuscatlán donde los trabajadores por medio de Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, y apoyada por organizaciones de la Coordinadora Sindical Salvadoreña CSS, expresaron que las acciones no cesarán mientras no se declare que el escalafón se les pagará como lo estipula la ley y que las acciones podrían trascender hasta la huelga nacional si el gobierno no da marcha atrás con sus mal intencionadas pretensiones.

Además de las acciones realizadas en los alrededores del Hospital Rosales también se realizaron acciones en Boulevard Los Héroes por los de trabajadores del Hospital Benjamín Bloom, en hospital nacional de Zacamil, hospital psiquiátrico, y en otros departamentos como Sonsonate, a la altura del kilo. 5, en Chalatenango, San Miguel y Usulután y Usulutan, quedo demostrada la capacidad de lucha y organización con ello queda evidenciado que si puede hacer una suspensión temporal de 24 horas en todos los establecimientos de salud en donde como siempre se deben atender a todos aquellos pacientes que por su gravedad lo ameriten.

Abajo la represión de los cuerpos de seguridad

En Cuscatlán, las autoridades que se dice de la seguridad pública: PNC, contrario a los demás lugares del país, se dio un fenómeno particular en completa oposición a los intereses de la clase trabajadora. Al despuntar la mañana del 21 el secretario de la seccional de SITRASALUD del Hospital Nacional de Cojutepeque: Sigfredo Serpas se disponía a ejecutar una acción similar a las de la capital, sobre la panamericana a la altura del desvió al cantón el Carmen, acompañado de un buen grupo de trabajador@s del hospital de Cojutepeque su sorpresa fue que las autoridades de la PNC, como siempre, acompañados de los que no son de seguridad pública se empeñaron en darle completo seguimiento a todos sus movimientos para los cuales se apoyaba de vehículo de su propiedad, lo que se convirtió en un asedio hacia la persona del dirigente sindical Sigfredo Serpas y una flagrante violación al convenio 187 de OIT que respalda el sindicalismo y sus actividades. En el desarrollo de la actividad de forma no tan profesional y para justificar el acoso, le realizaron procedimiento de verificación de la legalidad de su vehículo hasta llegar al grado de fotografiarle los documentos, cosa rara, pero así mantuvieron la interrupción permanente en el desarrollo del cierre de la carretera, que los trabajador@s realizaban como protesta hacia los titulares de salud y el gobierno por negarles su único incentivo económico como es el escalafón. Debido a semejante atropello las y los trabajadores suspendieron su actividad y procedieron acompañando a Serpas, al no haber más, a que realizara la denuncia en la fiscalía general de la república del departamento de Cuscatlán en contra   de los miembros de la corporación policial que de todas formas demostraron ser fieles servidores de las y los diputados del FMLN, así como del modelo neoliberal fruto corrupto del capitalismo imperialista, que nos destruye cada vez más.

Ningún compás de espera y ninguna confianza en los partidos del régimen

En el marco de las acciones realizadas 21 de noviembre Violeta Menjívar ministra de Salud manifestó: “Cuando se hacen este tipo de protestas no se debe abandonar la salud, porque es el acceso directo de la población a la salud y está jerárquicamente por encima de cualquier otro derecho. Yo les pido a los trabajadores que se den el compás de espera. El escalafón que se va a aplicar en definitiva lo vamos a saber cuándo se apruebe el Presupuesto General de la Nación 2017 en la Asamblea Legislativa”. (LPG 22/11/17). Por otra parte, Silvia Navarrete, de SITRASALUD expreso: “Todas las fracciones políticas, a excepción del FMLN, están de acuerdo con que nuestro escalafón es una ley vigente de la República, y el Gobierno está obligado a darle cumplimiento. No vamos a permitir que se violente una ley que es una conquista de los trabajadores. Tal como luchamos para crear la ley, así vamos a luchar para defenderla”. (LPG 22/11/17).

El FMLN está maniobrando ha buscado dividir a los trabajadores y restar fuerza a la lucha haciendo ver que están garantizados   $10 millones para el escalafón de quienes ganan menos de $1,500 en realidad lo que pagaran a los que ganan menos de $1,500 no será escalafón sino más bien un incentivo que solo podrían pagarlo un año y luego quitarlo con ello estarían perdiendo el escalafón todos los trabajadores de salud.

El gobierno busca ganar tiempo pidiendo un compás de espera hasta que sea aprobado el presupuesto del 2017, en ese compás de espera podría hacer otros negocios con los demás partidos y aprobar el presupuesto aprovechando que ya se acercan las vacaciones, por lo tanto, no debemos parar las acciones y esperar hasta la aprobación del presupuesto, debemos mantenernos en pie de lucha.

Si bien es cierto los demás partidos políticos de derecha como maniobra política se han comprometido a no aprobar el presupuesto si este no contiene los fondos necesarios para el pago completo del escalafón a todos los trabajadores de salud, no debemos confiar en sus promesas, ya que en momento estos partidos políticos van estar a dónde vas le conviene y en donde mejor ganan, recordemos en sus gobierno han realizado acciones contra la clase trabajadora, recordemos los intentos de privatización de la salud por parte de los gobiernos de ARENA, la eliminación del escalafón en el ISSS. Etc.

Si a la huelga

La lucha de los trabajadores de salud es de vital importancia porque representa la oposición de los trabajadores a los primeros dictados de los organismos financieros internacionales, dicho dictados afectaran a todos los trabajadores públicos y privados, por lo tanto todas las organizaciones sindicales y trabajadores públicos deben dar una demostración de fuerzas al gobierno y convocar a una huelga de 24 horas en todas las instituciones del estado a lo cual deberán unirse todos los trabajadores.

Debemos exigir un presupuesto general de la república para el 2017 que este en función de los intereses de la clase trabajadora y de los derechos del pueblo salvadoreño, pero que los fondos de dicho presupuesto provengan de las riquezas de los grandes empresarios, no más endeudamientos.

Por Francisca Ramos

La reducción de la violencia continúa siendo una de las principales demandas de la población salvadoreño, el gobierno del FMLN busca dar solución a su manera ataca el efecto mas no la causa, el gobierno del FMLN al igual que los areneros continúan implementando acciones que no solucionan el problema.

El problema de la violencia ha evolucionado grandemente responsabilizándose de ellos a la maras y a la pandilla las cuales en su mayoría están conformadas por jóvenes, desde los gobierno areneros hasta el actual estos vienen trabajando para sembrar el odio entre los cuerpos de seguridad y los miembros de la mara y pandillas a las cuales han llegado a catalogar en el sistema jurídico burgués como terroristas, pareciera que el sueño de los gobiernos de ver un nuevo conflicto entre una parte de la sociedad y los cuerpos de seguridad se ha está haciendo realidad, vemos con frecuencia enfrentamientos armados desiguales entre la juventud que conforma las maras y las pandillas y en la mayoría de casos con los miembros de la Policía Nacional Civil, (PNC); todo apunta que el estado y su gobierno ha logrado nuevamente poner a pelear un sector de la sociedad en un primer momentos con los agentes de la PNC y luego con las represivas fuerzas armadas, en el pasado conflicto dicho enfrentamiento era en función de la búsqueda del bienestar del pueblo salvadoreño, el cual fue después traicionado por la dirección del FMLN.

Juventud víctima de la violencia

Mientras la población civil sufre las consecuencias de la violencia y la delincuencia el gobierno del FMLN saca ventaja ya que esta le sirve de válvula de escape a los diferentes problemas sociales a la vez misma le sirve para fundamentar fuentes de financiamientos ante la crisis fiscal que atraviesa.

Del accionar de los cuerpos de seguridad la juventud es quien se lleva la mayor parte en los últimos días son numerosos los casos en donde muchos jóvenes han caído víctimas de las acciones de los cuerpos de seguridad. Dicho accionar cada día polariza mas la sociedad en donde los familiares de la victimas van desarrollando el odio contra los cuerpos de seguridad. Al respecto un investigador de la Policía manifestó a un periódico: “Todos estos niños que andan entre la multitud ven al policía como un enemigo porque ha matado a su familiar o a su amigo. Estos son los niños que en el futuro van a atentar en contra de los policías. Esto está difícil, es la de nunca acabar. Porque van a querer vengarse y como no tienen logística, siempre salen muriendo. Y entonces esto vuelve a empezar, los amigos y familiares de esos van a querer venganza y así vamos a estar” (LPG 24/11/16). La situación es tal Óscar Alirio Campos coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha manifestado: “Si hay arbitrariedad en los procedimientos eso marca la vida de las personas. Hay muchos niños que recuerdan estos años cómo entraron por sus papás a la casa, esa violencia que es institucional”

De las medidas extraordinarias al plan Némesis

Todo apunta que las medidas extraordinarias no han sido capaces de llevar seguridad a la población, por el contrario, han agudizado más el problema de la violencia en donde la mayoría de jóvenes sean o no sean miembros de maras o pandillas son objetivos de pesquisas y de acciones represivas de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas, así mismo han llevado a un mayor enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad y los miembros de maras y pandillas. Ante dichos ataques el gobierno ha lanzado un nuevo plan denominado Némesis que tiene como “ ejes, entre ellos el seguimiento a los delincuentes que atentan contra los agentes policiales, la prevención (como siempre), fortalecimiento de equipo de protección para los miembros de seguridad y atención a las víctimas” (DEM. 18/11/16)

Como vemos, dicho plan busca principalmente brindar seguridad a los miembros de la PNC y de las fuerzas armadas y no a la población en general como lo manifestara Óscar Ortiz, vicepresidente de la República quien expresara: “…Hemos empezado a acorralar a los delincuentes más peligrosos, hemos golpeado fuertemente a las estructuras que se habían asentado en el territorio… No vamos a dar ningún tipo de tregua, que en este tipo de acciones desesperadas de una fracción de estas estructuras criminal no va a detener el actuar policial, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para seguir brindando seguridad a la familia salvadoreña...” (DEM. 18/11/16), Aunque las autoridades de la PNC no quieren reconocerlo las muertes de miembros de la PNC y de las fuerzas armadas ha causado cierto desconcierto en el interior de dichas instituciones.

Estudio, trabajo y salarios dignos

La violencia y delincuencia es resultado de la descomposición social que vive el país producto del excluyente y explotador sistema capitalista en donde la juventud se está llevando la peor parte ya que no se le brindar las oportunidades para continuar sus estudios o de un trabajo digno y los pocos que logran un trabajo al igual que el resto de la población tienen que sobrevivir con míseros salarios. El gobierno nuevamente se decantó por planes represivos ante los cuales dichas organizaciones responderán con más violencia en donde la clase trabajadora se llevara la peor parte, nuevamente el gobierno está condenando al pueblo un nuevo conflicto enfrentado obligando que gente de una misma clase luche con su clase; pero mientras esto sucede la rancia burguesía y la burguesía naciente acumula riquezas y los hijos de los funcionarios viven sin mayor preocupación, aparejado a lo anterior el estado sienta las bases para reprimir a la clase trabajadora cuando estas exijan sus derechos.