Por German Aquino

El gobierno del FMLN ha recargado la crisis financiera a la clase trabajadora y a la clase media, parte de ello ha sido la eliminación al subsidio del agua, energía eléctrica, gas. Etc. Lo anterior han sido recomendaciones dictadas por la el FMI y la misma oligarquía salvadoreña quienes ahora se rasgan las vestiduras por el endeudamiento cosa que nos les preocupo cuando la derecha arenera gobernaba.

Como parte del compromiso del FMLN con la rancia oligarquía, el imperialismo y los organismos financieros de cara al ahorro de fondos, el gobierno ha presentado un decreto de austeridad el cual si bien contempla la reducción de ciertos gastos, también contempla una serie de medidas que van en detrimento de los trabajadores públicos y del pueblo en general.

No a la partida secreta o gastos reservados

La partida secreta es fondo con el cual han contado todos los gobiernos, dichos fondos son utilizados de forma discrecional; el gobierno no hace público en que se gasta dicho fondos ni como lo gasta. Al respecto Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE manifestó “Lo que se demuestra es que esto de los gastos reservados es tan discrecional, que puede servir para enriquecerse personalmente, para comprar voluntades. Puede servir para operaciones correctas de inteligencias, pero puede servir también para operaciones incorrectas de inteligencia”, (LPG. 17/02/17) precisamente esta podría ser una de las fuentes de enriquecimiento de funcionarios de pasados gobiernos areneros como el caso de Tony Saca. Informes señalan que “…la Presidencia de la República gastó de 2013 a 2015 $177.1 millones de las partidas secretas.” (LPG. 17/02/17). Según el Portal de Transparencia de la Presidencia, el gobierno de Sánchez Cerén había utilizado en ese rubro hasta 2016 (dos años y medio de mandato) $101.44 millones. (EDH. 1/03/2017).

La propuesta de reducción de gastos por parte del gobierno del FMLN no contempla la reducción de la partida secreta o de gastos reservados. Al respecto Roberto Lorenzana del FMLN manifestó que “este gobierno tiene los gastos reservados más bajos que los cinco gobiernos anteriores, de tal manera que la tendencia es que sigue bajando”. (EDH. 1/03/2017). Es un hecho que el FMLN al igual que arenera en su momento no debilitara sus fuentes de financiamiento. Por su parte la derecha después de muchos años que ellos hicieron uso de este tipo de fondo sin ningún escrúpulo hoy quiere que el gobierno reduzca dichos gastos. Como clase trabajadora debemos exigir la eliminación de los gastos reservados o partida secreta y en todo caso que el gobierno de cuenta en que y en quienes invierte dichos fondos, así mismo debemos desenmascarar la doble moral de la derecha arenera quienes en sus gobierno hicieron uso de dichos fondos y llevaron al país al endeudamiento.

Reducción de salarios para los funcionarios de alto nivel

Las direcciones de todos los partidos políticos del régimen han hecho de los cargos públicos sus modos vivendi en donde los altos funcionarios cobran grandes salarios y el personal operativo devenga salarios inferiores, cuando en realidad es la función del operativo la cual va a satisfacer las necesidades de la población. Existen funcionarios de alto nivel que ganan más que el Presidente de la Republica, lo que le lleva una recarga al estado. Una verdadera política de ahorro del gobierno pasa por que los funcionarios de alto nivel de todos los órganos del estado ganen igual a un obrero calificado, debemos exigir la reducción de los salarios de los Diputados y Diputadas, Ministros, Presidente de instituciones Autónomas, Magistrados, etc. Pero al personal operativo debe continuarse manteniendo y mejorando los salarios e incentivos económicos.

No más privilegios para los altos funcionarios

A pesar que el gobierno del FMLN habla de austeridad en sus proyecciones del 2017 todavía contempla el mantener el privilegio de los seguros privados para ciertos funcionarios en dichos seguros privados entre 2012 y 2016 todo el aparato estatal ha gastado $144.6 millones en primas y gastos de seguros de personas, lo cual incluye seguro de vida, médico hospitalario y de fidelidad. (LPG.02/03/17). Si se cuenta con un Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en materia de atención médica hospitalaria al igual que todos los trabajadores los funcionarios de alto nivel deben hacer uso del ISSS. Ningún privilegio para los burócratas.

No al congelamiento de plazas

El plan de austeridad propuesto por el gobierno según Roberto Lorenzana también contempla congelar plazas existentes y vacantes que se pusieron en el presupuesto de 2017.(LPG.02/03/17), esto se viene a agregar a la negativa del gobierno del impago del escalafón de los trabajadores de salud quienes hay luchado heroicamente por la defensa de dicha prestación que legalmente les corresponde. Al congelar plazas los trabajadores serán sobrecargados laboralmente, lo cual impactar en los servicios que se brinda. Las organizaciones sindicales de todos los órganos e instituciones de gobierno deben luchar por evitar que dichas amenazas se concreticen y llamar a la unidad de acción en la lucha con el objetivo de la defensa del trabajo y de las prestaciones económicas, así mismo se debe trabajar en la organización de una serie de acciones que vayan desde paros temporales hasta la huelga general. Todos los sindicatos y trabajadores públicos a luchar unidos.

Por German Aquino

La falta de recursos financieros continúa afectando al gobierno del FMLN, lo cual es producto de la crisis financiera y de los bloqueos financieros realizados con por la derecha arenera quienes con el pretexto de evitar un mayor endeudamiento del estado salvadoreño le bloquean una de las principales fuentes de financiamiento como son los préstamos. Organismos financieros internacionales con los cuales el estado salvadoreño a contraído prestamos con el afán de asegurar el pago de dichos préstamos y la misma rancia oligarquía junta a la derecha arenera le han dictado una serie de medidas al gobierno del FMLN las cuales van contra los intereses de la clase trabajadora, pero que a pesar de ello el FMLN ha decido aplicarlas.

Eliminación al subsidio al agua

El servicio de agua es de vital importancia para la vida cotidiana de toda la población, al momento la administración y distribución del agua se encuentra en manos del gobierno quien da dicho servicio a través de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), pero a pesar de ello dicho servicio es deficiente en muchas colonias del área metropolitana de San Salvador, en donde se cuenta con servicio irregular, agregado a ello el vital líquido del agua suministrado por ANDA en mucha ocasiones no es apto para el consumo de las personas, lo que obliga a la compra de agua para el consumo humano la cual es suministradas por empresas privadas.

Como medida de ahorro de recursos el gobierno del FMLN 2015 aumento la tarifa a todos los usuarios que consumían más de 20 metros cúbicos, para este año habrá un nuevo recorte al subsidio al agua utilizando para ello la misma base de datos que utilizo el Ministerio de Economía para recortar el subsidio de energía eléctrica y gas licuado, seguramente muchos trabajadores ya no gozaran de dicho subsidio. El gobierno pretende ahorra a costa de los trabajadores y la clase media, respecto a las expectativas de ahorro Marco Fortín, presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) manifestó: “Se ha determinado por la matriz del Ministerio de Economía que hay apartamentos que están en zonas donde sí se puede pagar el agua…Damos un promedio entre $6.5 y $6.7 millones mensuales en subsidio al agua. No he visto oficialmente la matriz, pero los ahorros pueden andar entre $1.5 o $2 millones al mes para ANDA” (LPG.24/02/2017).

Con el recorte al subsidio y el consiguiente aumento del agua en el 2015 el estado obtuvo un excedente de $48,109,091.20; en cuanto al uso de este excedente existen contradicción ya que por un lado dicen que lo utilizaron para compra de insumos y materiales, etc. y el presidente asegura que fueron utilizados para pagarle a la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL) por el consumo de energía eléctrica. Debemos rechazar y manifestarnos en contra de la eliminación del subsidio al agua, ya que el gobierno lo que busca es ahorrar a costa del pueblo. Si bien debemos hacer un uso racional del vital líquido del agua, el consumo de este no debe racionalizarse a la clase trabadora al exigirle que solo consuma 20 metros cúbicos, debemos exigir un eficiente servicio de agua, la cual debe ser apta para el consumo humano, debemos terminar con la comercialización del agua, es el estado quien debe proporcionar el agua apta para el consumo humano. Las organizaciones sindicales deben ser incorporadas a los organismos de toma de decisión de la de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y transparentizar el uso de los recursos financieros.

Recortes a la energía eléctrica

Además del agua, la energía eléctrica sufrirán recortes en el subsidio, para ello realizo una reforma a la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, FINET mediante dicha reforma en “…los hogares que consuman entre 1 y 60 kilovatios/hora, tendrán un subsidio de $3 como máximo y quienes consuman entre 61 y 99 kilovatios/hora solo recibirán un beneficio de hasta $4…”(EDH.200217). Estos recortes vendrán a impactar en la ya deteriorada economía de la clase trabajadora y de los sectores medios, ya que tendrán que cargar con el pago del consumo propio y del consumo del gran empresariado ya que el gran empresariado trasladara dichos costos al consumidor final.

En la actualidad la comercialización de la energía eléctrica, gracias a las privatizaciones realizadas en los gobiernos areneros, se encuentra en manos privadas siendo dichos empresarios quienes se quedan con las ganancias. Debemos exigir que la generación y la comercialización de la energía eléctrica sea renacionalizada, ello implicaría un buen ahorro al Estado.

Por Alberto Castro

El lunes 27 de febrero, se realizó la conferencia de prensa de los Sectores Laborales, agrupación sindical que es encabezada por los sindicatos de los actuales sectores en lucha, comprende a los integrantes de la INTERGREMIAL de educación y SITRASALUD. Esto se da en el contexto del corolario que enarbola al segundo proceso de paz, un falso acuerdo de país que se pasa por alto las demandas de los sindicatos independientes. El contenido de lo demandado fue el posicionamiento del grupo respecto a la segunda fase de los acuerdos de paz, por tanto, la petición fue que se les incorpore en dicha instancia. Por tal razón a continuación presentamos unas reflexiones a considerar.

Los males del capitalismo y las expectativas

En El Salvador los problemas fiscales: el bajo crecimiento económico, el endeudamiento y el gasto publico integran el contenido de la crisis económica, el GOES para afrontarla se apega al pie de la letra a las recomendaciones del FMI y del Banco Mundial, tales medidas son maniobras estructurales anti laborales; verbigracia haber colocado el techo al escalafón en salud, el proyecto de eliminación de 8, 000 plazas en educación y la eliminación de los subsidios, esto con el afán de crecer al 3%, la profundización de la degradación de la vida de los trabajadores y clase media ha sido el despertad de la efervescencia sindical, ligada a la terrible situación económica y fiscal del país, por lo que el FMLN necesita con urgencia el entendimiento con ARENA, para lógralo sin trabas acudió a la ONU, desde donde fue nombrado Benito Andión como su representante para integrar la segunda fase de paz, instancia que ha generado dudas que es necesario disipar y algunas esperanzas que no debe hacernos confiar.

El segundo proceso de paz, nace en plena lucha sindical ante las medidas tomadas por el GOES, y solo vienen en el fondo a ser en sí, el establecimiento serio de acuerdos entre las fuerzas políticas sobre la continuidad y acompañamiento de dichos ajustes, no ha sido creada para atender las demandas de la clase trabajadora, de inicio la mal llamada segunda fase de paz es exclusivista, reservada únicamente para las facciones de la burguesía representada a través de sus partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa.

Entender los objetivos y atender las reivindicaciones

Es necesario entender antes de todo que la segunda fase de paz corresponde a la mesa de negociaciones que fue establecida para lograr consenso sobre lo antes señalado, los trabajadores no hemos sido llamado a participar, por tanto el posicionamiento de los Sectores Laborales está bien, solo si se encamina en destapar el oscurantista método por ahora desconocido de la mesa, sin embargo necesitamos evitar crearnos ilusiones sobre esa instancia, y determinar intrínsecamente que se está demandando la inclusión en la mesa con el objeto de fortalecer la lucha actual, en oposición a la progresión de las medidas estructurales y procurar rascar algunas conquistas esenciales, es decir ese no debe aspirarse como un fin, sino como otro medio adicional de lucha, sin que esto signifique el abandono de la movilización en las calles. El GOES con la supervisión de la ONU aspira lograr consenso con las fuerzas políticas, para poder eludir cualquier oposición a la aplicación de los ajustes fiscales, cortándoles el apoyo de estos partidos hacia los sindicatos que están fuera de su conducción política, que son los que ahora resisten, y para consolidar su perverso plan han preparado grupos rompe huelgas para desmantelar las movilizaciones en su contra (así como sucedió en La Paz), en tales circunstancias la marcha programada para el próximo 31 de marzo con antelación amerita preparación contigua a la masiva convocatoria; estableciendo el pliego de demandas generales y las medidas de seguridad para el caso.

Para ser incluidos hay que pelear y para permanecer es necesario colocar los puntos exigidos. No obstante, no sería extraño que pese a todo al final no se incluya la representación de los trabajadores en la mesa negociadora, ello no sería una derrota si el objetivo fijado es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, para contar con la correlación de fuerzas necesaria que permita llevar a cabo un paro nacional.

Por Germán Aquino

Nuevamente la reforma al sistema de pensiones se ha puesto en la mesa de discusión entre el gobierno del FMLN y la derecha arenera, en donde también intervienen organismos financieros internacionales. En sus inicios el gobierno del FMLN planteaba una reforma al sistema que llevaría a un sistema mixto en donde lo privado y lo estatal estarían presentes por su parte el gran empresariado tradicional junto a su partido ARENA ante dicho anuncio mostro su total rechaza lanzando toda una campaña desinformativa.

A medida ha pasado el tiempo los recursos financieros se le escasean al FMLN y la crisis se acentúa lo cual le obliga a ver la manera de donde obtiene recurso, mientras tanto la derecha arenera bloquea toda posible fuente de financiamiento y es así como se presenta como la protectora de los fondos de pensiones de los trabajadores, pero en realidad lo que busca es garantizar el negocio de las AFP.

No al FMI ni al BID

La privatización del sistema de pensiones durante los gobiernos areneros fuer parte de las políticas macroeconómicas y financieras dictadas el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Nuevamente los organismos financieros internacionales como el FMI vuelven a intervenir desaprueban la propuesta de reforma del sistema de pensiones presentada por el gobierno del FMLN y exigen una pronta reforma. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la propuesta presentada por el gobierno del FMLN a través del Ministerio de Hacienda   a pesar que dejaría a los trabajadores sin sus ahorros esto no daría sostenibilidad a largo plazo.

Al respecto, Roberto Lorenzana reafirmo lo anterior manifestando “…La reforma que presentó el Gobierno es una que asegura sostenibilidad en el sistema de pensiones en el corto y en el mediano plazo…El GOES plantea pasar la mitad de los ahorros de pensiones (poco más de $4,000 millones) a un instituto nuevo, público y reducir algunos beneficios. El punto es que el sistema sea manejable para las finanzas públicas, pero el efecto sería limitado. …De alguna manera lo habíamos previsto. Esta es una medida para salir de la situación en los próximos cinco a diez años... nosotros habíamos pensado que al próximo Gobierno le podían tocar tomar otras decisiones...”(LPG.14/02/17). A pesar de lo anterior el gobierno se aprestaba a aprobar dichas reformas.

No es que el FMI o el BID busquen el beneficio para la clase trabajadora pues fueron ellos quienes ordenaron la privatización del sistema de pensiones, por el contrario, lo que buscan es continuar garantizando el negocio para las AFP para ello han recomendado aumentar el tiempo de cotización a 55 años para las mujeres y de 60 para los hombres.

El actual presupuesto del 2016 está desfinanciado el BID ha ofrecido $130millones como apoyo presupuestario en calidad de préstamos los cuales el pueblo deberá pagar después. Para hacer efectivo dicho préstamo el gobierno debe hacer un acuerdo de ajuste de fiscal, pero además deberá aceptar las recomendaciones realizadas en el tema de reformas del sistema de pensiones a lo cual parece ceder.

Por un único proyecto de ley propio de las organizaciones sindicales

Las organizaciones sindicales debemos rechazar toda propuesta de reforma que busque quitarles los ahorros a los trabajadores, no debemos permitir que eleven la edad para jubilarnos ni el aumento de cotizaciones. Etc.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las organizaciones sindicales a conformar y discutir un proyecto de Ley mediante el cual se le ponga fin a la privatización del sistema de pensiones, derogación del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) y transformar el dinero de los ahorrantes en cotizaciones al sistema de seguridad social.

Se fortalezca el funcionamiento del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), reformando sus leyes constitutivas, introduciendo la administración y el control obrero, y adecuándola a las necesidades de los trabajadores. fortalecimiento, reorganización y modernizar del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), incorporando el control de los sindicatos sobre la administración, para evitar la corrupción y el mal manejo de los fondos de las pensiones.