Por Alberto Castro

El caso de los grupos de exterminio sigue dando de qué hablar, esta vez retomamos el tema debido a la publicación de la revista Factum: ’’En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía’’, donde detalló la las operaciones de un grupos al cual le siguió la pista durante varios meses, que para la vergüenza de la institucionalidad burguesa, está dentro de la Policía Nacional Civil, PNC. Este tipo de publicaciones no es exclusivo de dicha revista, porque tanto La Prensa Gráfica como El Faro han abordado esta situación con anterioridad.

La publicación y sus repercusiones

Fueron tres meses de seguimiento a las conversaciones del grupo de exterminio al que tuvo acceso la revista Factum. La publicación en mención es extensa, detallada y da seguimiento a ejecuciones extrajudiciales y otras actividades que asemejan a las de las maras y pandillas (agresiones sexuales a niñas y al menos una extorción) perpetuadas por un grupo de agentes de la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador (FES), la FES fue creada por el Presidente Sánchez Cerén en abril de 2016. Factum desnudó públicamente al grupo de la PNC, pero no fue sino conforme a la denuncia realizada ante la Fiscalía General de la Republica por un miembro del grupo de exterminio que decidió por ciertas razones delatarles, con esto la publicación de la revista fue sustentada.

El miembro disidente proporciono basta información a los reporteros que incluye, chats de dos grupos de WHATSAPP donde participan al menos 40 agentes de diferentes unidades de la PNC (que van desde el nivel básico a unidades especializadas y varios colaboradores civiles), de contenido de audios, videos y fotografías, amenazas e inclusive la alteración de escenas donde habían ocurrido ejecuciones extrajudiciales y se habían hecho pasar según la versión oficial como enfrentamientos. Posterior a la difusión y conmoción en las redes sociales que provoco la publicación especial de Factum, en una entrevista televisiva, el director de la PNC Howard Cotto manifestó que los agentes mencionados en la publicación han sido detenidos preventivamente. Después de la publicación tanto Factum como El Faro recibieron amenazas en las páginas de redes sociales, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ordeno medidas de protección al director de la PNC para los reporteros de Factum que firmaron la publicación y para el periódico en general, por si fuera poco después de la resolución de la PDDH a las oficinas de Factum se presentaron cuatro hombres haciéndose pasar como miembros de la PDDH para pedir información de los reporteros. La FGR no se ha expresado, guarda silencio.

La mutación en PNC y demás aparatos de seguridad

Si bien, las ejecuciones extrajudiciales no son una práctica que nace con la llegada de los gobiernos del FMLN, ya que durante el segundo Gobierno de ARENA apareció la Sombra Negra, pero es necesario reconocer que es a partir de los últimos dos gobiernos que, la PNC ha tenido un cambio en su naturaleza, iniciándose bajo el Gobierno de Mauricio Funes cuando el general Munguía Payés asumió el mando en el Ministerio de Seguridad Publica, y posterior a ello continuo la incorporación de oficiales militares en la PNC y demás aparatos de inteligencia de Estado, a lo que le continua por consiguiente un trato a la problemática de violencia en el país con métodos de guerra civil; porque al frente están los militares que dirigen operaciones acorde a su profesión.

Los datos dicen mucho

Se podría decir que la violencia en El Salvador justifica el empleo de métodos de guerra civil para apabullar al accionar pandilleril, creyendo que el combate frontal contra la delincuencia significa aniquilar físicamente a través de masacres a miembros de las maras y pandillas, pero cuando vemos que a más de un año de las medidas extraordinarias y demás políticas de seguridad, los índices de homicidios no confirman que esta sea la solución, los planes de seguridad han alimentado la violencia. Para este año el promedio de asesinatos en el país es de 10.1 cada día, con esta tendencia el año cerraría con 3,700 asesinatos, es decir, 58 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo, el ’’buen vivir’’ es una aberrante burla, entre tanto en las últimas semanas se han multiplicado los asesinatos de policías, soldados y algunos de sus familiares. Tal parece que el FMLN intenta borrar todo vestigio de su pasado vinculado a las maras y pandillas, mediante la extinción física de sus miembros, sin tomar en cuenta otras pérdidas humanas de entre civiles, elementos policiales y militares. Para combatir la delincuencia hace falta atender el problema estructural crónico que radica en la exclusión social, debe garantizársele a la juventud de los estratos populares el acceso a la educación e inserción laboral. No en base a existencialismo populista que solo compra eventuales clientelas de votación, procuremos algo serio.

Por: Melvin Hernán Palacios.

Caso el calabozo, un crimen de lesa humanidad perpetrado por la fuerza armada de el Salvador  en San Esteban Catarina, San Vicente en los días 21 y 22 de agosto del año 1982.

Era la década de los años  70 y las cosas no estaban bien en el país, la tradicional oligarquía estaba en decadencia, pero con el afán de mantener el control total de las instituciones del gobierno.

El pueblo organizado, especialmente los estudiantes, maestros, campesinos y sectores de la iglesia católica que simpatizaban con la doctrina de liberación, empezaron a multiplicar la resistencia y la lucha contra aquellos gobiernos dictatoriales,  militares y  Pro-Oligarquía.

Sin embargo, aquellos gobiernos al servicio del poder económico comenzaron a reprimir sin piedad al pueblo, masacrando a estudiantes, maestros y campesinos, asesinando a cientos de sacerdotes que luchaban junto al pueblo por su liberación.

Fue así como surgieron los brazos militares de los movimientos populares que buscaron la legitima defensa de la violencia estructural de aquella época, estos grupos eran inferiores en número y en recursos bélicos para sostener una guerra, por eso adoptan una guerra de guerrillas es decir se despliegan en las zonas montañosas del país para preparar ataques desde zonas más seguras  de tal manera que esto  les garantizara la sobrevivencia en la guerra.

En la Zona Paracentral los Cerros de San Pedro fueron las primeras trincheras  de las FPL, el PRTC , RP Y LA FAL  Para responder a los incesantes  operaciones de las fuerzas armadas para eliminar a todo aquel que fuera pueblo y  exigiera justicia y dignidad.

El gobierno de el Salvador con la asesoría y apoyo  militar de los Estados Unidos de Norteamérica   decide llevar a cabo operativos de exterminios en las zonas donde se concentraban los grupos  guerrilleros.

Así fue como comenzaron asesinando al Padre Alirio Napoleón Macías un sacerdote entregado a la causa del evangelio del Cristo, posterior a este asesinato el ejército nacional comenzó aparecer en  las comunidades de San Esteban Catarina  buscando catequistas, líderes comunitarios y guerrilleros, así fue como estos hombres sedientos por asesinar comenzaron a dispararle a gente civil como el señor Mercedes Baire de 70 años un agricultor conocido en la zona, lo bajaron del caballo y lo asesinaron 1 kilómetro arriba de la zona de los chapeta, Caserío El Rincón, siguiendo esta lógica perversa asesinaron al señor Jorge Quintero   otro agricultor reconocido por la  Comunidad de los Cerros de San Pedro,  también asesinaron al músico de la comunidad de Ayalitas el señor Ricardo  Flores a este lo hicieron colgado de un árbol de la zona , si esto no fue suficiente masacraron a toda una familia de carácter humilde y pasiva entre ellas la señora Antonia y  Aidé Rivas esta última con 8 meses de embarazo.

Los pobladores al ver los incesantes crímenes que cometían la fuerza armada con sus vecinos, amigos y familiares en sus propias casas sin razón y sin causa comenzaron a realizar las primeras guindas hacia las zonas más montañosas de la zona tratando de sobrevivir.

Por otro lado el gobierno con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica decide implementar grandes operativos en los Municipio de San Lorenzo, Santo Domingo  San Sebastián, Santa Clara y San Esteban Catarina tal fue el del 17 de agosto de 1982 denominada “ Teniente Coronel Mario Azenon Palma” en este operativo participaron más de 4000 soldados de elite de las fuerzas de reacción inmediata del atlacat, el Ramón Belloso, el atonal , la quita brigada de infantería el destacamento militar número 2 y la fuerza de aviación. Como resultado un hecho de lesa humanidad más de 200 civiles  fueron brutalmente masacrados con lujo de barbarie, entre ellos niños, ancianos y mujeres embarazadas tal es el caso de: 1. Abraham Bautista Alvarado 2. Abraham Martínez 3. Abraham Martínez Portillo 4. Adrian Ayala 5. Alcides Rivas 6. Alejandro Velasco 7. Alejo Valladares 8. Arely Bolaños Rivas 9. Alirio Napoleón Carrillo Alvarado 10.Amadeo Flores 11.Ana Cecilia Sánchez Henríquez 12.Ana Daysi Portillo 13.Ana Julia Porillo 14.Ana Rivas 15.Ana Vilma Constanza 16.Ana Yancis Tiznados 17.Ángel Valladares 18.Ángela Moreno 19.Antonio Alvarado 20.Antonio Constanza 21.Antonio Martínez Portillo 22.Argelia Montoya 23.Arnoldo Carrillo 24.Berfalia Carrillo 25.Beto Bonilla 133 26.Beto Góngora 27.Blanca Carrillo 28. Brigido Portillo 29. Calixto Majano 30. Carlos Rodríguez Alvarado 31.Carmela Alvarado Rodríguez 32.Carmela Bolaños 33.Carmen Baires 34.Cecilia Sánchez 35.Clara Bautista Alvarado 36.Clara Ponce 37.Conchita Carrillo Constanza 38.Cruz Amaya 39.Cruz Bonilla 40.Chepito Bonilla 41.Daniel Amaya 42.Edgardo Rivas Bolaños 43.Efraín Palacios 44.Elías Bolaños 45.Elio Carrillo Aguilar 46.Elsa Rivas Bolaños Henríquez 47.Ernesto Antonio 48.Ester Alvarado de Bautista 49.Eulalia Orbelinda Carrillo de Aguilar 50.Eusebia Montoya 51.Eusebia Rivas 52.Eusebia Rivas de Carrillo 53.Felicita Alvarado 54.Felicita Rivas 55.Felicita Velasco Universidad de El Salvador 134 56.Fermín Barahona 57.Fidelina Alvarado 58.Flor Rivas Carrillo 59.Florentina Bolaños Rivas 60.Francisca Gudelia Carrillo 61.Glenda Azucena Ayala Palacios 62.Guadalupe Ayala 63.Gudelia Carrillo Aguilar 64.Guillermo Bonilla 65.Gumersinda Carrillo 66.Haidee Abarca 67.Haydee Alvarado 68.Hilda Ramos 69.Hipólito Valladares 70.Ignacio portillo 71.Irma Irene Alvarado 72.Ismael Carrillo 73.Jaime Alvarado 74.Jaime Bonilla 75.Jesús Alejandro Carrillo 76.José Bonilla 77.José Cruz Alvarado 78.José Lucio Palacios 79.Josefina Rivas de Bolaños 80.Juan Alberto Carrillo 81.Juan Carrillo 82.Juan Velásquez 83.Juan Antonio Montoya 84.Juan Carrillo Rivas 85.Juan Francisco Ayala Universidad de El Salvador 135 86.Juana Moreno 87.Juana Francisca Alvarado Alvarado 88.Julián Palacios 89.Laura Alvarado 90.Leonarda Alvarado 91.Leonel Rosales 92.Lidia Portillo 93.Lorena Alvarado 94.Lorena Ayala 95.Lorena Montoya 96.Lorenza de Bonilla 97.Luis Amaya 98.Manuel Duran 99.Manuel Valladares 100. Marcelina Palacios 101. Marcelina Barahona 102. María Albertina Alvarado 103. María Alicia Bonilla 104. María Inés Palacios 105. María Lorenzana Realegeño 106. María Luisa Soriano 107. María Ramos 108. Maribel Martínez Portillo 109. Marta Alvarado 110. Marta Palacios 111. Marta Santos Bonilla 112. Marta Velasco 113. Martina Rivas Bolaños 114. Martina Rivas Bolaños 115. Matilde Alfaro Universidad de El Salvador 136 116. Melvin Odilia Carrillo 117. Narda Ayala 118. Natividad Rivas 119. Neftalí Soriano 120. Ninfa Rivas Carrillo Olinda Montoya 121. Omar Rivas Carrillo Montoya 122. Orbelinda Carrillo Montoya 123. Oscar Antonio Osorio 124. Osmaro Bolaños Carrillo 125. Osmín Rivas 126. Paula Rodríguez Alvarado 127. Pedro Juan Valladares 128. Petrona Montoya 129. Porfirio Palacios 130. Quency Aguilar Carrillo 131. Reyna Matilde Villalobos 132. Rosa Palacios Rosalio Duran 133. Salvador Ayala 134. Santiago Constanza 135. Santos Constanza 136. Santos Jaime Bonilla 137. Santos Palacios Rodas 138. Santos Rivera 139. Saúl Rivas Carrillo 140. Sebastiana Rivas 141. Tomas Ramos 142. Tomasa Palacios 143. Valentín Alvarado 144. Vicenta Amaya 145. Vicenta Amaya de Alvarado Universidad de El Salvador 137 146. Victoria Rivas 147. Vidal Tiznado 148. Vilma Martínez Porillo 149. Virginia Alvarado de Amaya 150. Wilito Constanza 151. Zoila Ponce (Centro para la Promoción de los Derecho Humanos “Madeleine Lagadec”).

Los responsables de este horrible crimen son: José Guillermo García- Ministro de Defensa. Rafael Flores Lima- Jefe del Estado Mayor.  Juan Rafael Bustillo- Jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Cnel. Sifrido Ochoa Pérez- Comandante del DM2.  Cnel. Napoleón Alvarado- Comandante de la Quinta Brigada.  Tte. Cnel. Miguel Antonio Méndez- Comandante del Batallón de Infantería Ramón Belloso.

Después de los acuerdos de paz los familiares impusieron una demanda en el Juzgado de primera Instancia de San Sebastián por los delitos que contemplaba el código penal de la época como: Actos de terrorismo, asesinato de cientos de personas, daños agravados, privacidad ilegal de libertad, robo y otros estragos. Todos tipificados en el código penal vigente para la época. Sin embargo la jueza a pesar de admitir la demanda no realizo una investigación seria y prosiguió a archivar el caso. Los familiares con el apoyo del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” Impusieron un proceso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia esperando que esta realice un dictamen favorable por la  vía de la  Jurisprudencia marcada en casos similares  y considerando que es un crimen de lesa humanidad que no prescriben nunca, ni se aparta de la consecuencia Jurídica.

Por eso este pueblo marcado por la explotación, opresión y represión  exige que el estado investigue estos hechos históricos y proporcione justicia y reparación a las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

“NI PERDON NI OLVIDO, JUICIO Y CASTIGO PARA LOS ASESINOS”

Por German Aquino

Según los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presupuesto 2017 violenta la Constitución por ”…vulneración a los principios de equilibrio presupuestario y universalidad establecidos en los artículos 226 y 227 de la Constitución, debido fundamentalmente al desfinanciamiento del presupuesto producto de la subestimación de los gastos previsibles e ineludibles, tales como el pago de la deuda previsional del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), entre otros rubros”.  Además se señala que a pesar que en el presupuesto  los ingresos totales que equivalían a US$4,957,831,280, eran iguales a los egresos US$4,957,831,280, dicha relaciones de igualdad entre ingresos y egresos era ficticia, ya que no se habían incluido egresos como  el pago de la deuda de pensiones, el cual asciende a $230 millones para  2017.

Por otra parte, respecto a la demanda de declarar inconstitucional el presupuesto por la forma como fue aprobada la deuda flotante, la Sala de lo Constitucional señaló que dicho proceso no violenta la constitución. Lo anterior es una interpretación de los mismos magistrados para suavizar el golpe, pero además ha sido la forma tradicional como han venido supliendo la falta de ingresos; de esta manera todos los gobiernos han  endeudando mas al Estado salvadoreño, deudas que tiene que pagar el pueblo.

Sala busca que los funcionarios y los trabajadores carguen con la austeridad

En un comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional titulado “Sala declara inconstitucionalidades en el presupuesto del año 2017”, se  propone una serie de medidas que limitan el uso de recursos a los funcionarios públicos (partiendo de que se refiere a los funcionarios de alto nivel). Así mismo limita la transferencia de fondos a ONG´s, etc.  Pero disfrazan el hecho de que dicha austeridad también será cargada a los empleados públicos. Así por ejemplo, señala: “…en relación con los gastos totales, el monto de remuneraciones en El Salvador supera la media observada en Centroamérica, lo cual no refleja necesariamente una mejora en la calidad de los servicios y funciones estatales. Lo anterior obstaculiza seriamente la estabilidad de las finanzas públicas e impacta en el equilibrio presupuestario que establece el artículo 226 de la Constitución, por lo que deben adoptarse medidas para corregir esta infracción constitucional…”  Entre esas medidas está el congelamiento de plazas.   

La Sala repite las recomendaciones realizadas por organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), según las cuales el Estado debe congelar las plazas porque representan una carga y más grave aún, cuando culpa a los trabajadores de la mala calidad de los servicios; en realidad el hecho de que no mejore la calidad de los servicios es porque no existen las condiciones materiales para ello, y la insuficiencia de personal operativo, lo que lleva a una sobrecarga laboral sobre todo en salud y educación. Después del golpe la sala busca sobar haciendo la salvedad de que dicha medida de supresión de plazas no comprende áreas estratégicas como educación, salud, justicia y seguridad pública.

Posteriormente la sala llama a realizar una revisión del escalafón refiriendo que   “…Todos los servidores públicos beneficiados con escalafón deben mantenerlo en una proporción relativamente constante, que no genere distorsiones entre un sector laboral y otro, ni presiones fiscales desproporcionadas…”. La sala no aclara a cuánto asciende un incremento desproporcionado a partir de los escalafones; lo anterior se asemeja al argumento del FMLN para eliminar el escalafón. La sala busca mantener pírricos aumentos para los empleados públicos, similares a los realizados por la empresa privada.

Que los grandes empresarios financien el presupuesto

El gobierno de Sánchez Cerén ha tenido que lidiar con un Estado en quiebra, a la vez que con el bloqueo de toda fuente de financiamiento realizado por la derecha, y en vez de hacer que el gran empresariado cargue la crisis, ha recargado dicha crisis sobre la clase trabajadora, llegando en un momento a tomar el dinero de los trabajadores.

Debemos exigir que el financiamiento del presupuesto salga del gran empresariado, quienes deben pagar más impuestos; así mismo  una verdadera política de austeridad que implique la reducción de los salarios de todos los funcionarios de alto nivel.

Por Emiliana Zapata

Los pueblos originarios del actual territorio salvadoreño, desde la ejemplar lucha del 8 de junio de 1524 en Acaxual (Acajutla), en la cual Pedro de Alvarado recibió un flechazo en el muslo de la pierna izquierda que lo dejó cojo para toda su vida, hasta nuestros días, han mantenido una férrea resistencia y lidiado con las consecuencias derivadas  de la invasión, el saqueo y la expropiación  por parte de los españoles.

Las continuas expropiaciones  y exterminio físico

Los pueblos indígenas, además de soportar la sobrexplotación durante la Colonia, después  de la independencia de los criollos respecto a España nuevamente continuaron siendo víctimas de las clases dominantes ya que en el  gobierno de Rafael Zaldívar, entre 1881-1882, fueron promulgadas una serie de leyes de extinción de ejidos y tierras comunales que permitieron la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas.

En el siglo XX el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez implementó políticas de exterminio físico de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, lo que llevaría a un proceso de auto negación de la identidad como indígena como una medida para preservar la vida, ya que identificarse como tal era sinónimo de muerte.

Bajo los gobiernos de la derecha arenera se negó la existencia de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.

Solo letras y promesas

En los gobierno del FMLN, como producto de la lucha los pueblos indígenas, han logrado ser visibilizados, logrando obtener triunfos parciales que van desde Primer Congreso Nacional Indígena  realizado 2010, pasando por la ratificación de la reforma al artículo 63 de la Constitución, hasta la validación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual el gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN se comprometió a hacer el lanzamiento público.

El 31 de mayo representantes de las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas exigieron al gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN les explicara el por qué no había sido lanzada públicamente la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual ya había sido aprobada desde el 2014; según comunicado exponen: “…hemos observado con preocupación los recientes acontecimientos que se han dado en torno a los procesos de los Pueblos Indígenas en el país, pues no logramos comprender las razones por las que se ha impedido el lanzamiento de la Política Nacional de Pueblos Indígenas que con tanto afán la hemos trabajado varios líderes indígenas, así como con varias comunidades y organizaciones originarias, que han realizado esa labor por más de 5 años mano a mano al lado de técnicos de 10 instancias del Gobierno a través de los procesos de la Multisectorial de la Secretaría de Cultura… Estamos preocupados pues es la tercera vez que se aplaza su lanzamiento, lo cual nos extraña, pues estamos conscientes que usted lo presentó como uno de sus logros en el informe del primer año de su gobierno afirmando: ‘Es importante destacar la elaboración de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, la cual está lista para presentarse’ y lo ratificó el 13 de Junio del 2015 durante su programa ‘Gobernando con la Gente’ en Nahuizalco,…solicitamos se clarifique el panorama del Estado hacia las comunidades originarias de El Salvador, pues el no lanzamiento de la política nacional de los Pueblos Indígenas es atentatorio contra los derechos que constitucionalmente nos corresponden tal como lo indica el artículo 63 de la Constitución de la República que dice textualmente: ‘El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad’”.

Debemos exigir una política integral

Dicha política representa un avance en materia de compromiso por parte del Estado, pero como pueblos indígenas exigimos la ejecución de acciones concretas contenidas en dicha política, en donde los líderes indígenas sean los ejecutores. Todas las comunidades indígenas debemos trabajar por la unificación y exigirle el predominio del interés colectivo sobre el interés particular. Si bien dicha política representa un avance, no toca a profundidad la devolución de nuestra madre tierra y se queda corta en materia de jurisdicción indígena por lo cual debemos luchar por la instauración de tribunales de justicia indígena y popular, donde los jueces y magistrados sean electos directamente por las comunidades indígenas.