Por Marcial Rivera

En 1992 La firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador pusieron fin a más de doce años de Conflicto Armado Interno, dejando a su paso más de setenta mil muertos, desaparecidos y población desplazada. El informe de la Comisión de la Verdad señala al ejército como el principal responsable de la mayoría de violaciones a los Derechos Humanos, de la ocupación militar del campus de la Universidad de El Salvador por cuatro años; además de la existencia de cuerpos paramilitares, al tiempo que la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda también cometían distintos tipos de abusos hacia la población escudándose en la labor asignada de estar a cargo de la seguridad pública, los relatos contados por las generaciones que vivieron el conflicto armado dan fe de lo anterior, sobre todo del estigma que existía hacia la población joven, aquella que habitaba en los barrios y tugurios empobrecidos de la época. Una de las prerrogativas de la firma de la paz fue que tanto la Guardia Nacional como la Policía de Hacienda desaparecieran, dando paso a un nuevo cuerpo del Estado cuya labor consistiría en hacerse cargo de la seguridad pública.

Fracaso de planes y políticas

El tema de la inseguridad ha sido un “dolor de cabeza” para los últimos cuatro gobiernos, ninguno ha hilvanado una solución para terminar con el problema de la violencia de las pandillas. Las políticas impulsadas desde el gobierno del ex presidente Francisco Flores han consistido en represión policial, encarcelamiento masivo de miembros de pandillas, con Flores se lanzó el plan “Mano Dura”, y posteriormente durante el gobierno de Antonio Saca el plan “Súper Mano Dura”, los cuales no funcionaron, e impulsaron el robustecimiento de las pandillas, y de la actividad delincuencial.  Estos planes que en un principio tuvieron una gran cobertura mediática fracasaron, porque propiciaron la represión de la PNC, sin la prevención de violencia, ni tampoco programas de reinserción social para los pandilleros. Resulta plausible recordar que durante el gobierno de Antonio Saca se acuñó su famosa frase “A los malacates se les acabó la fiesta”, con la que pretendía transmitir la firmeza que durante su administración presidencial y con sus políticas en materia de seguridad, la actividad delincuencial terminaría, la historia no le ha dado la razón.

El gobierno de Mauricio Funes tuvo una disminución de asesinatos durante un periodo importante, producto de una tregua sobre la que al día de hoy no se conocen todos los detalles, se hizo a espaldas de la población y el tema se manejó de forma hermética. El segundo gobierno del FMLN ha reanimado la militarización que se suponía depuesta; el plan quinquenal –el documento- contempla políticas de prevención, la realidad muestra que el énfasis sigue siendo la represión policial. Un estudio llevado a cabo por el Servicio Social Pasionista (SSPAS), en 2016, 1864 jóvenes entre 18 y 29 años fueron asesinados, el aumento de batallones de combate al crimen organizado ha sido paralelo al aumento de juvenicidios que constituyen el 52.3% de los homicidios en el país, además del tema etario, debe considerarse las condiciones de vida de la población asesinada, ya que existe un componente de clase social, debido a que estos jóvenes provienen de las áreas urbanas populares. Las medidas extraordinarias impulsadas por el gobierno actual son un reciclaje de los planes gubernamentales anteriores, y lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo empeoran más. En este orden de ideas es necesario que las medidas para combatir la inseguridad dejen de tener la represión como base, y la criminalización de la juventud por su estrato socioeconómico. La PNC refleja la máscara democrática establecida con los Acuerdos de Paz.

Detengamos la militarización.

El 19 de septiembre, San Salvador amaneció militarizado. Una serie de vehículos militares y efectivos militares fueron desplazados en distintos puntos estratégicos de San Salvador, luego del anuncio del presidente Salvador Sánchez Cerén sobre las nuevas medidas de seguridad, resultó en un despliegue militar que recuerda al pasado Conflicto Armado Interno. El Presidente de la República destapo la farsa de los Acuerdos de Paz; el mismo ha pasado a ser percusor de una política de Estado que se suponía evacuada. Los trabajadores, estudiantes y campesinos debemos oponernos al abuso descaradamente abierto e impune que existe sobre la población joven y pobre.  La militarización de la seguridad pública no es la solución al problema de la violencia, para atender el problema de la inseguridad en El Salvador debe combatirse el capitalismo, al mismo tiempo demandar que se garanticen espacios de esparcimiento, de formación académica y empleo digno para la juventud. 

Por: Josué Villanueva

El solo mencionar a los Derechos Humanos en El Salvador, deja en cuestionamiento acerca de que sí, eso existe en realidad, debido a los niveles de violaciones humanas que suceden a diario, específicamente el flagelo de la violencia y delincuencia que, en concordancia con la represión de los cuerpos de seguridad estatal, se vuelven situaciones impropias de un país que se supondría haber dejado hace 25 años por sentada las bases para una democracia.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), es una institución que nació con los acuerdos de paz en 1992, con el objetivo de ’’velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos’’, pasó a formar parte del Ministerio Publico, es decir a estar unida al poder punitivo del Estado, por ende su lugar razón de ser es la preservación del orden que persigue la Fiscalía General de la Republica, y de la promoción jurídico-política de la Procuraduría General de la Republica, en tal sentido hoy en día no es extraño el silencio y pasividad mostrado por esta institución ante las ejecuciones extrajudiciales de la PNC y FAES y de la reaparición de los grupos de exterminio al interior de las instituciones de seguridad pública y defensa nacional.

IDHUCA denuncio ante la CIDH

El martes 5 de septiembre el servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), denunciaron ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el auge de casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en El Salvador. 

De los falsos enfrentamientos y las cifras al caso San Blas

Según la PNC, el año pasado hubo 407 enfrentamientos entre dicha institución y unas pocas veces soldados con miembros de estructuras pandilleriles, de los que se derivaron en número de muertes: 591 pandilleros, 8 policías y 2 soldados.  De entre 2015 a la fecha más de 1000 asesinatos han sido cometidos por agentes policiales, en cuestionables enfrentamientos, muchas de las víctimas han sido menores de edad, y tampoco todos han sido pandilleros, ni tampoco ha habido una condena por estas 1000 muertes perpetradas por la PNC.

Esto ha ocurrido en las zonas rurales y aéreas concéntricas suburbanas donde viven las familias de los estratos populares, los trabajadores de esos lugares están atrapados mediante una especie de estado de sitio, a la merced de la violencia legal y criminal. La PDDH no ha investigado las muertes en manos de la PNC, como debería, ni tampoco la FGR, porque estamos ante un Ministerio Público en su relación efectiva, usando del poder punitivo que  el estado le enviste cuando se trata de coaccionar una acción represiva en una política de orden público.

De esta forma fue perpetrada la masacre de San Blas en donde fue asesinado un trabajador en manos del Grupo de Reacción Policial de la PNC, respecto a ello se lleva un juicio contra 5 agentes del GRP que masacraron a 8 personas, de entre ellas dos menores de edad incluida una joven de 16 años, y el joven trabajador Dennis Martínez, esto ocurrió el 26 de marzo de 2015.

Esperar o tomar acción

Preocupa que las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador, FES, estén vinculadas a los continuos casos de posibles ejecuciones extrajudiciales, porque está incurriendo en un acto criminal, esto ya dejo de ser algo efímero y se ha convertido en una práctica habitual, si bien la actividad de las maras y pandillas consiste en la criminalidad y delincuencia, no por ello debe justificarse el uso desproporcional y represiva de los aparatos de Estado, porque esto hace reaparecer los modos en los que operaban los cuerpos de seguridad anteriormente, como lo eran la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, porque de la misma manera esta fuerza desmedida podría volcarse en contra de los sindicalistas, movimientos estudiantes, líderes comunales, etc., en determinadas situaciones.

Por tanto los trabajadores debemos desempeñar la seguridad en nuestros propios lugares de residencia, pero no de la mano de la PNC, porque eso nos llevaría a ser una defensa civil, es decir, en un grupo paramilitar, lo cual no aportaría ninguna solución, más bien crear nuestros comités de seguridad para defendernos de cualquier fuerza que arremeta en contra nuestra. 

Por: Alberto Castro

Las distenciones entre el FMLN y el alcalde de San Salvador, Nayib Bukeles, muestran las disyuntivas políticas dentro de dicho partido, donde la cúpula está cercando las filas de su estructura partidaria, por evitar el debilitamiento de su fuerza electoral en las futuras elecciones y para preservar su estatus quo como facción burguesa emergente. Recientemente se han difundido controversias entre la dirigencia del partido y el alcalde;  quien dijo que: ’’no hay diferencias entre el partido de Gobierno y ARENA…al FMLN solo le falta cantar la marcha de los tricolores’’, esto después de que el Consejo Municipal, compuesto por concejales tanto del FMLN como de ARENA le negaron continuar con los trabajos en algunas plazas del Centro Histórico de la capital.

Por si fuera poco,  el alcalde aprovecho la reunión que tuvo en Washington, D.C, en los EEU, con simpatizantes del FMLN para expresar que ’’El Salvador no tiene presidente’’. El FMLN por su parte, mediante un señalamiento de género le exigió disculpas públicas a Bukeles por haber agredido verbalmente a una sindica Municipal. Las diferencias entre la dirigencia del FMLN y el alcalde de San Salvador, que es miembro del partido reflejan una lucha intrínseca.

}El FMLN para neutralizar al alcalde le coartó su gestión en obras públicas, para diseminar la popularidad de la que aquel goza, en virtud que tiene aspiraciones presidenciales, pero el FMLN requiere de un elemento manejable que provenga de su estructura, es una situación de presiones mutuas, que enuncian las disputas por la carrera presidencial en el partido rosado. Si bien, las declaraciones de Bukeles encierran alguna crítica hacia su propio partido, lo que expresa no es un descubrimiento, el siempre lo ha sabido y cultivado, de otra manera no formaría parte del FMLN, se visualiza que preventivamente el alcalde intenta ganar adeptos en base a lo que las bases del FMLN desean escuchar para presionar a la dirigencia, y hacer que le concesionen sus pretensiones, o de no ser así conformar su propio partido celeste quitándole base electoral y logística al FMLN, el FMLN lo castiga fuertemente haciendo alianza con ARENA para truncar sus funciones en la alcaldía capitalina.

La metamorfosis del FMLN

Más allá de lo vertido por Bukeles, lo cierto es que, El FMLN como partido de Gobierno en sus dos periodos no realizó la transformación que prometió durante sus años de oposición, contrario a ello ha sido fiel continuador del neoliberalismo, sometido al FMI y al Banco Mundial, asegurando la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores públicos y de las amplias masas mediante la focalización de subsidios, su devenir político milita entre el deterioro fiscal y el estancamiento económico, con el gobierno de turno se ha incrementado el auge de violencia, el país está nuevamente en otra guerra civil.

Es uno de los últimos Gobiernos que queda de aquel fenómeno de gobiernos populistas que surgieron en las últimas décadas en América Latina, ligados a los negocios de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Si bien, el FMLN de hoy preserva el nombre de fundación del frente guerrillero que agrupo a las cinco guerrillas a principios de los 80s, hoy en día dista abismalmente de aquel, inclusive se diferencia de cuando fuera oposición, el presidente Sánchez Cerén sintetiza la transformación del partido, que paso de ser un comandante de las FPL a ser un político que acompañó las movilizaciones en las calles; protestó en la vía pública contra el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos, contra la guerra en Irak, contra la privatización de la salud pública y contra de la toma de posesión de la presidencia de Elías Antonio Saca. Ahora es quien ha precipitado el conflicto social del país, alimentando la violencia de las maras y pandillas mediante las medidas represivas, reincorporando a la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública, lo cual enerva la militarización y las ejecuciones extrajudiciales.

En Casa Presidencial existe un instructivo para evitar que las protestas se acerquen a los mandatarios que antes marchaban en la vía pública. El documento en el que se regula el control de las concentraciones tiene la vocación coercitiva para excusar el uso de fuerza excesiva sobre los manifestantes, este es el país que el mandatario y su partido quieren. sin embargo, las bases siguen creyendo en el ’’proceso histórico’’, un concepto efímero sin fundamento racional. Para las elecciones de diputados y alcaldes del 2018, del total de 46 coaliciones recibidas por el Tribunal Supremo Electoral, el FMLN presenta 34, y de entre sus aliados electorales están: GANA, CD, PSD, y el PDC, por si fuera poco, lleva reconocidos derechistas como candidatos, pero esto es la decadencia total del FMLN como fuerza política burguesa, sino su actualización política. En virtud de ello los trabajadores urgimos de una nueva opción política, pero no volcándonos hacia ARENA o cualquier otro instituto político burgués habido o por haber por ejemplo con Bukeles, sino que debemos empezar a discutir acerca de la posibilidad de lanzar candidaturas independientes como clase trabajadora el próximo año.

Por German Aquino

El 7 de julio del 2017 se registró un incendio en la torre tres del Ministerio de Hacienda de El Salvador; de dicho incidente fueron los trabajadores quienes cargaron con las consecuencia, siendo el resultado varias personas lesionadas y tres  fallecidas. Lo anterior dejo al descubierto la falta de condiciones que aseguren una verdadera seguridad ocupacional a los trabajadores de las instituciones públicas, municipales y de las instituciones autónomas. Dichas condiciones de inseguridad laboral se agudizan más para los trabajadores del sector privado. A pesar que existe toda una normativa jurídica que regula la higiene y seguridad ocupacional las acciones realizadas por el gobierno actual han sido insuficientes.

Trabajadores de hacienda sufren consecuencias de incendio

Han pasado ya más de dos meses desde que ocurrió el incendio en el  ministerio de hacienda, las medidas realizadas por el gobierno y las autoridades de dicho ministerio todavía no aseguran las condiciones laborales adecuadas, al respecto Roberto Gómez secretario general del Sindicato del Ministerio de Hacienda (SITRAMHA) ha manifestado: “Definitivamente no, los empleados no están en las condiciones idóneas, los compañeros están desarrollando su trabajo en estado de emergencia, por lo tanto hay hacinamiento, hay incomodidad, en muchos casos a las torres no han querido entrar”  (EDH.04/09/17).

Así mismo hace ver la falta de disposición al dialogo por las autoridades del Ministerio de Hacienda señalando: “no hay un diálogo…Mientras no se reúnan las condiciones nosotros mantenemos la posición de que las torres de Hacienda no son aptas para desarrollar el trabajo institucional. Le pedimos al Gobierno central que haga las gestiones necesarias…”. (EDH.04/09/17). Los trabajadores y las bases sindicales deben acompañar las acciones realizadas por el sindicato para exigir condiciones que aseguren la seguridad de los trabajadores y de las personas que acuden a diario a realizar trámites a dichas oficinas.

Muchas recomendaciones incumplidas

Luego del incendio en el Ministerio de Hacienda técnicos del Ministerio de Obras Públicas realizaron evaluación a los edificios estando entre las recomendaciones  bajarle peso a la torre 2, para lo cual debía reducir la cantidad de personal en el edificio, de igual manera el Ministerio de Trabajo emitió una serie de 24 recomendaciones técnicas en materia de seguridad y salud ocupacional para la torre 1 y 2 del Ministerio de  Hacienda entre las que están la   instalación de escaleras de emergencia externa, colocar en las gradas de las torres uno y dos cinta antideslizante, colocar lámparas de emergencia en las grada,  los pasillos deben permanecer en condiciones de limpieza y orden, colocación adecuada de extintores, así como de detectores de humo y sistemas de alarma, recomendaciones relacionadas al sistema eléctrico, llevar un control del mantenimiento del aire acondicionado.

 Además también recomendó tener Plan anual de capacitaciones que debe ser proporcionado a todos los trabajadores en: manipulación de extintores, evacuación, rutas y salidas de emergencia,…Plan de emergencia y evacuación el cual deberá conocer todo el personal que labore en el edificio de la torre dos, para poder actuar en caso de emergencia. (LPG. 27/08/ 2017). 

De las anteriores observaciones realizadas por Ministerio de Trabajo se inducir la inseguridad laboral en la cual realizan el trabajado diario los trabajadores públicos y privados. A la fecha muchas de estas recomendaciones no se han cumplido de acuerdo a los plazos de tiempo dados por dicho ministerio. Los trabajadores del Ministerio de Hacienda junto a SITRAMHA deben exigir que los fondos de  $129,983.58  provenientes de los seguro sean invertidos en acciones que aseguren la seguridad laboral de los trabajadores.

Seguridad y salud ocupacional debe ser parte de la lucha sindical

Los trabajadores públicos y privados no podemos continuar laborando en condiciones laborales inseguras las cuales ponen en riesgo la salud y la vida, ya ha quedo al descubierto la inseguridad laboral a pesar de que existe toda una normativa jurídica que la regula. Los trabajadores y las organizaciones sindicales de las instituciones públicas, municipales y autónomas y privadas deben hacer de la seguridad y la salud ocupaciones una reivindicación para ello deben coordinar acciones conjuntas y de ser necesario llamar a una huelga. Así mismo exigir que los comités de seguridad y salud ocupacional cumplan verdaderamente con sus funciones y que los representantes de los trabajadores mantengan informados a todos los trabajadores.