Por Emiliana Zapata

Los pueblos originarios del actual territorio salvadoreño, desde la ejemplar lucha del 8 de junio de 1524 en Acaxual (Acajutla), en la cual Pedro de Alvarado recibió un flechazo en el muslo de la pierna izquierda que lo dejó cojo para toda su vida, hasta nuestros días, han mantenido una férrea resistencia y lidiado con las consecuencias derivadas  de la invasión, el saqueo y la expropiación  por parte de los españoles.

Las continuas expropiaciones  y exterminio físico

Los pueblos indígenas, además de soportar la sobrexplotación durante la Colonia, después  de la independencia de los criollos respecto a España nuevamente continuaron siendo víctimas de las clases dominantes ya que en el  gobierno de Rafael Zaldívar, entre 1881-1882, fueron promulgadas una serie de leyes de extinción de ejidos y tierras comunales que permitieron la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas.

En el siglo XX el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez implementó políticas de exterminio físico de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, lo que llevaría a un proceso de auto negación de la identidad como indígena como una medida para preservar la vida, ya que identificarse como tal era sinónimo de muerte.

Bajo los gobiernos de la derecha arenera se negó la existencia de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.

Solo letras y promesas

En los gobierno del FMLN, como producto de la lucha los pueblos indígenas, han logrado ser visibilizados, logrando obtener triunfos parciales que van desde Primer Congreso Nacional Indígena  realizado 2010, pasando por la ratificación de la reforma al artículo 63 de la Constitución, hasta la validación de la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual el gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN se comprometió a hacer el lanzamiento público.

El 31 de mayo representantes de las comunidades, pueblos y organizaciones indígenas exigieron al gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN les explicara el por qué no había sido lanzada públicamente la Política Pública para los Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual ya había sido aprobada desde el 2014; según comunicado exponen: “…hemos observado con preocupación los recientes acontecimientos que se han dado en torno a los procesos de los Pueblos Indígenas en el país, pues no logramos comprender las razones por las que se ha impedido el lanzamiento de la Política Nacional de Pueblos Indígenas que con tanto afán la hemos trabajado varios líderes indígenas, así como con varias comunidades y organizaciones originarias, que han realizado esa labor por más de 5 años mano a mano al lado de técnicos de 10 instancias del Gobierno a través de los procesos de la Multisectorial de la Secretaría de Cultura… Estamos preocupados pues es la tercera vez que se aplaza su lanzamiento, lo cual nos extraña, pues estamos conscientes que usted lo presentó como uno de sus logros en el informe del primer año de su gobierno afirmando: ‘Es importante destacar la elaboración de la Política Pública para los Pueblos Indígenas, la cual está lista para presentarse’ y lo ratificó el 13 de Junio del 2015 durante su programa ‘Gobernando con la Gente’ en Nahuizalco,…solicitamos se clarifique el panorama del Estado hacia las comunidades originarias de El Salvador, pues el no lanzamiento de la política nacional de los Pueblos Indígenas es atentatorio contra los derechos que constitucionalmente nos corresponden tal como lo indica el artículo 63 de la Constitución de la República que dice textualmente: ‘El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad’”.

Debemos exigir una política integral

Dicha política representa un avance en materia de compromiso por parte del Estado, pero como pueblos indígenas exigimos la ejecución de acciones concretas contenidas en dicha política, en donde los líderes indígenas sean los ejecutores. Todas las comunidades indígenas debemos trabajar por la unificación y exigirle el predominio del interés colectivo sobre el interés particular. Si bien dicha política representa un avance, no toca a profundidad la devolución de nuestra madre tierra y se queda corta en materia de jurisdicción indígena por lo cual debemos luchar por la instauración de tribunales de justicia indígena y popular, donde los jueces y magistrados sean electos directamente por las comunidades indígenas.