Por: Salvador Belloso.

En ciertos miembros del ultra derechista partido, Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, destaca su tendencioso discurso de odio que agrava el problema de la violencia e inseguridad que abruma al país, de Guillermo Gallegos a Osiris Luna, se encuentra una amalgama de ideas y propuestas cuyo contenido busca hacer que la PNC realice ejecuciones extrajudiciales (homicidios) como parte de sus tareas de seguridad, lo cual es altamente peligroso, ya que esto es una instrumentalización del flagelo, so pretexto para servirse de la PNC en la medida que logra conseguir adeptos, logrado eso, podría valerse de dicha institución como medio de coacción política hacia sus adversarios, máximo cuando está próximo de ser el partido de Gobierno. 

Vayamos de la histeria a la cordura.

Es completamente valido que, como clase trabajadora, sintamos indignación y rechacemos los métodos usados por las maras y pandillas del país, sobre todo porque su accionar va en contra de toda aspiración colectiva, pero esa no es razón suficiente para que consideremos los llamamientos a la tortura y al homicidio como sensatos y peor aún que, dejemos que sea la PNC el instrumento con el cual fanáticos del odio aspiran llevarlo a cabo.

Como es el caso de Guillermo Gallegos y el diputado, Osiris Luna, cabezas de una serie de campañas donde se promociona el homicidio y odio por parte de policías y militares hacia supuestos pandilleros, el primero dirigió ’’si te veo matar a un pandillero yo no te vi’’ y el segundo, la condecoración, previa despenalización de policías y militares que ’’ejecuten pandilleros en el cumplimiento de su deber’’, ambas retorcidas en sus cimientos, que no dan soluciones reales y efectivas, sino remiendos a la problemática de violencia e inseguridad.

En primer lugar, porque empeora la situación, si tomamos en consideración las ejecuciones extrajudiciales documentados o no en los últimos años, perpetrados por policías y militares, que si bien, algunos fueron pandilleros, pero además también hay muchos civiles, de seguirse al pie de la letra las ideas que promueven estos desequilibrados, sin dudas la tendencia de matar a la población civil iría en aumento, por lo que no debemos permitir daños colaterales bajo el pretexto del combate a la delincuencia, cuyos errores los paga la juventud pobre de las comunidades; en el fondo lo único que se estaría haciendo es criminalizar y estigmatizar aún más a la juventud de los barrios y comunidades pobres, al mismo tiempo que pone en peligro al mismo personal que trabaja en tareas de seguridad y sus familias, ya que el efecto retributivo de las maras y pandillas les convierte en el blanco de sus ataques. 

El Estado sustenta el conflicto social.

Desde el Estado se estimula a que la PNC y FAES vulneren los Derechos Humanos,  primeramente el Gobierno de turno ha sido sigiloso con respecto a los grupos de exterminio que operan al interior de la policía y Fuerza Armada, seguido, el Ministerio Publico trabaja unísono en la tolerancia de ello y por  si fuera poco en la Asamblea Legislativa los personajes públicos aquí mencionados, promueven propuestas de Ley que buscan legalizar su operatividad, todo esto es un corolario de ejercicios que exceden y buscan rebasar más lo permitido por el cuerpo normativo, el problema es que el Estado no está siendo ético en el tratamiento, ya que no apuesta a la prevención y reinserción del joven delincuente. 

Para frenar de una vez el problema de violencia y delincuencia, los trabajadores y la izquierda revolucionaria debemos plantear una salida al problema de la violencia, no permitamos que se instrumentalice la violencia como oferta electorera y máximo cuando esta busca adherirse al ejercicio de una institución como la PNC nacida con los acuerdos de paz, contrario a ello, instemos a que se realice una investigación formal, de miembros de la Policial, Fuerza Armada y funcionarios públicos que pertenecen o promueven a los grupos de exterminio, de igual manera, estimemos una posible salida definitiva al accionar de las maras y pandillas mediante la apertura de oportunidades para que jóvenes de las comunidades se reinserten y dejen de ver su hogar en las pandillas. 

Por Francisco Guardado

La negociación del  Contrato Colectivo  de Trabajo entre las autoridades del  Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)  y los representantes  del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social   está por culminar. Según el último mensaje de la comisión negociadora  en la cláusula relacionada al aumento de salarios no han alcanzado acuerdo que llene las expectativas de los trabajadores.

Cuál es la propuesta de aumento de salarios de STISSS y de la patronal

En  el último mensaje aperturado por la actual secretaria General Armida Franco y continuado por Roberto Méndez Secretario de Organización y Estadística del STISSS se menciono que después de escuchar propuesta y contrapuestas departe de la institución no fue posible alcanzar un acuerdo en materia aumento de salarios.

La actual administración del STISSS debió informar a todos los trabajadores de cuanto es la propuesta de aumento presentada por las autoridades del ISSS y cuál es la propuesta presentada por la comisión negociadora del STISSS para sí ver dicha propuesta es justa.

La incertidumbre vuelve a reinar con respecto a cuál es  la propuesta de incremento de salario que está negociando el STISSS  como sindicato titular. Lo cual da lugar a que se generen especulaciones.

Inconformidad con la actual negociación del Contrato

Con lo informado por STISSS  muchos trabajadores hacen un balance preliminar negativo de lo negociado por el STISSS y la patronal, ya que consideran que el hecho de mantener muchas cláusulas tal como están en el contrato colectivo vigente, es continuar entregando las conquistas que en el pasado fueron arrancadas a la patronal  mediante la lucha.

Esperaban que la actual Junta Directiva del STISSS  recuperara  lo entregado en la anterior negociación del Contrato Colectivo y que hubiera mayores conquistas. Se reconoce el hecho de quitar la evaluación al merito como un requisito para el bono, lograr subsidio $ 25 para trabajadores que tengan hijos los cuales requieran llevar a sus hijos a centros de desarrollo infantil. Etc. pero consideran que estos es insuficiente.

Aumento de salario de $300 para todos

Una de las cláusulas importantes para todos los trabajadores del ISSS es la relacionada al aumento general de salarios, por ello existe una gran expectativa de cuanto  será el monto que se está negociando. Las expectativas de aumento para muchos trabajadores rondan entre $250.00 y los $300.00.

No se puede permitir que se repita lo que paso hace dos años en la anterior negociación del Contrato en donde la actual la dirección del STISSS de la cual mucho son miembros actualmente  negocio un pírrico aumento de $45.00 para el 2016 y $35.00 para el 2017 que en total sumaron un total  de $80.00. Esto fue una burla para los trabajadores del ISSS pero los trabajadores no pudieron hacer mayor cosa debido a que cuando lo hicieron público ya estaba firmado

Partiendo que se estaba en un gobierno del FMLN que se decía que estaba a favor de la clase trabajadora, los trabajadores esperaban un justo aumento.

A luchar unidos

La dirección del STISSS y la comisión negociadora plantean que en materia de aumento de salarios no han podido llegar a ningún acuerdo con la patronal, debido a  que las propuestas de la patronal no llenan las expectativas de los trabajadores.

Pareciera que la actual dirección del STISSS busca explotar al máximo la negociación del aumento salarial. Después del descontento e inconformidad generada a partir de la actual negociación pretende hacer ver si lucho por el aumento pero que son las autoridades las que se negaron.

Es de señalar que el gobierno actual del FMLN tiene que ver mucho con respecto a la aprobación de un digno aumento de salario, pero de no aprobarse un digno aumento seria responsabilidad también de dicho gobierno.

Si realmente la dirección del STISSS busca un digno aumento para todo los trabajadores tiene que apelar a la lucha y no la conciliación con la patronal; por lo tanto la dirección del STISSS debe llamar lo mas pronto a la conformación de una coordinadora de lucha por un digno aumento de salarios de todos los trabajadores del ISSS.

Dicha coordinadora debe integrarse por todos los colectivos internos del STISSS y demás sindicatos u organizaciones de trabajadores del ISSS y llamar al paro de 24 horas para exigir un digno aumento de salario.

Por: Salvador Belloso.

La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 14 de febrero y transmitida en vivo en El Salvador a través de instituciones de educación superior e instituciones de Estado mediante foros, deja al estado salvadoreño con obligaciones internacionales, pero sobre todo para con las víctimas de la guerra civil; a raíz de la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que supuso reaperturas de casos en el olvido, pese a ello, desde el mismo Estado se prepara otra medida de protección a los criminales de guerra, se trata de una Ley de Reconciliación que se basa en amnistía e imposibilidad de cárcel para los criminales tanto del ejercito como de la guerrilla. 

En la audiencia se reveló la falsedad del Estado

Durante la audiencia de la CIDH, los representantes de la Sociedad Civil como parte peticionaria, mostraron que la reparación del Estado hacia las víctimas del conflicto armado no ha llegado, ni tampoco el castigo proporcional al daño causado por criminales de lesa humanidad  que consumaron tales crímenes durante en la guerra civil.

Además fue expuesta la inobservancia de la Fuerza Armada de El Salvador a que abra y proporciones a la justicia del país sus archivos militares, con lo cual se evidencia ocultamiento de la verdad, que permita la persecución judicial de los criminales que hasta ahora gozaban del escudo llamado Ley de Amnistía, que fue un convenio político estableciendo perdón y olvido entre y para los sujetos políticos, pero no fue consultada con las víctimas.

La parte representante del Estado en lugar de reconocer sus errores, se dispuso a hacer arenga gubernamental, no parecían los representantes de un Estado que reconoce sus fallas y a asumir reparaciones e imponer castigos correspondientes, como portavoces del Gobierno Central no dejaron ni propusieron algo sensato, lo que fue desenmascarado por la Parte de la Sociedad Civil; que no vio con buen proceder el anuncio de la parte del Estado, sobre la creación de una Comisión revisora de archivos militares (parecida a la creada por el ex presidente Mauricio Funes Cartagena que no rindió resultados al encontrarse intrínsecamente viciada), donde el GOES tendría control absoluto y la Sociedad Civil quedaría limitada al interior de dicha comisión, mas volvió a instar a que se habrán los archivos militares sin más y que el acceso a ello debe ser general y no fragmentario.

En su intervención Margarette May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exteriorizó que abrir los archivos militares, es una obligación general no especifica, que era necesario demostrarle a la mayor brevedad posible al personal de la Fuerza Armada fuerza armada, lo desarrollado en el marco del derecho interamericano donde la Fuerza Armada Salvadoreña, no ostenta competencia, la Comisionada Antonia Urrejola solicitó al estado salvadoreño revelar los motivos para entorpecer el acceso de los archivos militares y recomendó a legislar para el acatamiento de la sentencia de la sala Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, finalmente pidió a las partes a reunirse después de la audiencia de manera bilateral para dirimir asuntos de trabajo. Quedó abierta la posibilidad de una visita de la CIDH a El Salvador, sin dudas esto significa un avance del país hacia la justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil.

El conflicto persigue, el daño está vigente.

Después de la audiencia de la CIDH, todo parecía estar fijado para el cumplimiento de justicia y reparación del estado hacia las víctimas, sin embargo la comisión ad hoc de la asamblea Legislativa que debe buscar reemplazo a la Ley de amnistía, trabaja primordialmente en un borrador cuyo contenido conserva la esencia del perdón y olvido, lo promulgado por la fuerzas políticas de la A. L, desde los Acuerdos de Paz, esta comisión trabaja a la inversa de las organizaciones de derechos humanos del país, quienes el 7 de diciembre del 2018 pronunciaron su inconformidad con el trabajo que ha desarrollado dicha comisión, por tanto, es evidente que no trabaja en la misma sintonía de lo que requiere la sociedad salvadoreña.      

Por: Alberto Castro.

En las últimas semanas el diputado independiente, Leonardo Bonilla anuncio que iniciará la recolección el próximos mes de firmas de cara a impulsar su propuesta de reducir el número de diputados de la Asamblea Legislativa, conforme a la misma le ha continuado la campaña de apoyo desde algunos espacios de opinión y medios electrónicos, esto ocurre a pocos días de las elecciones presidenciales, cuyo resultado expresó el hartazgo popular hacia la partidocracia que, ha carcomido el ejercicio democrático salvadoreño durante muchas décadas, en tales circunstancias en aras de no desaprovechar la coyuntura, aparece esta propuesta que se disfraza de ser medida integral con la que se pretende quitar excesos al Estado, pero en concreto es populismo barato, que se vende en pleno desgaste de las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa. Es necesario que una propuesta de este tipo se tome con la seriedad necesaria, tomarlo con fogosa prisa hará que la lucha que ahora se visualiza exclusivamente en la cuantitativa mediocridad parlamentaria, nos ciegue y no peleemos por aperturar espacios para la participación democrática del pueblo, esto es en lo que objetivamente debemos centrarnos. 

Paradigma de la democracia salvadoreña.

No se debe dejar de tomar en cuenta que el tipo de ejercicio de la soberanía popular en nuestro país es Democracia Representativa, de manera que la intervención política popular en la asamblea Legislativa se limita a la participación para ejercer sufragio y delegar a los 84 diputados en su mandato quienes no se someten a Mandato Imperativo, en este momento el pueblo, como no tiene iniciativa de ley directamente, debe buscar canales de acercamiento con diputados o partidos políticos para poder llevar sus proyectos, en tales circunstancias, recortar diputados solo empeoraría esta situación,  porque con menos diputados se concentraría mas el poder, cuando lo que urge es abrir los mecanismos para que el pueblo tenga mayor participación en el ejercicio democrático, aparte de ello, se recortaría todavía más la posibilidad que los trabajadores puedan tener diputados independientes, con lo cual le daría más peso a grupos de poder con envergadura y estructura electoral solida para  hacerse de la exigua cantidad general de parlamentarios, entonces esta campaña sienta sus cimientos en una peligrosa espada de doble filo, que probablemente aparente afectar a parásitos que por años han hecho de la Asamblea Legislativa su modo de vida, pero en realidad el mayor afectado seremos los trabajadores, campesinos, estudiantes y pueblos originarios.

Hacia donde debería encaminarse la lucha

Reducir los gastos excesivos del Estado en la Asamblea Legislativa, no implica necesariamente recortar el número de parlamentarios, se puede lograr bajar salarios y ciertos beneficios a los diputados, pero eso no aporta nada en absoluto a la democratización del país, tal vez ahora solo le sirva al diputado Bonilla como plataforma electoral a futuro tal y como se menciono arriba que se funda en una medida del tipo populista. Como pueblo debemos luchar por una verdadera apertura de espacios de participación democrática, por ejemplo que para la presentación de candidaturas independientes, se eliminen las trabas que ahora están impuestas con el denuedo de favorecer a los partidos políticos que ya tienen presencia en A.L, de esta manera sería posible la procedencia del lanzamiento de candidaturas desde las organizaciones sindícales, campesinas y pueblos originarios.

Pero no todo radica en la posibilidad de tener candidatos en las elecciones, la lucha por la democratización conlleva que la iniciativa de Ley sea de acceso popular; donde de manera semidirecta se pueda tener el mecanismo de presentar iniciativas de Ley, esto requiere en consecuencia que se realicen reformas constitucionales para menguar lo antidemocrático de la vigente constitución de 1983. Además de ello debe contemplarse el plebiscito y la enmienda como forma de ejercicio democrático del Estado, aunque ahora esto parezca complejidades, lo cierto es que van más acordes a las necesidades de participación popular que necesitamos.