Por: Salvador Belloso.

A pocas semanas de llevarse a cabo las elecciones presidenciales, se han hecho más frecuentes las noticias sobre asesinatos de efectivos policiales, militares, y familiares de estos, a manos de las maras y pandillas, de acuerdo a informes de la PNC.

Esta vez las muertes se dan durante ataques directos estando en servicio (sin embargo, también se ha repetido el patrón anterior de asesinatos cuando están de licencia). Cabe mencionar, que estas muertes se incrementan previo a las elecciones, lo que necesariamente conduce a pensar en qué tipo de relación tiene con el proceso electoral. Sobre este tema, el subcomisionado de la PNC, Atilio Chinchilla, declaró: ’’siempre ha habido una asociación históricamente del repunte de homicidios previo a un evento electoral. Es una estrategia de las estructuras criminales, la concurrencia de un evento electoral hace que todo nivel de violencia se incremente en esta fecha’’. Derivando la aserción dada por el oficial policial, se orienta a establecer que las maras y pandillas están presionando a los aspirantes a ganar la presidencia para incidir sobre ellos tanto con votos, como para buscar algún convenio.

No cabe duda de que las estructuras de las maras desde hace no más de una década aprendieron a hacer política y moverse a través de esta en la vida nacional e internacional, incidiendo de diversas maneras en la práctica de las personas de Estado, los partidos políticos e instituciones estatales, por lo que su existencia da lugar a que  sean instrumento mediático para el lucro electoral. De igual manera, las maras saben golpear e incidir, por lo que no se debe tomar con ligereza al auge de homicidios observado. No debemos ver solo al fenómeno social ni obviar la utilidad electoral que históricamente se ha hecho de ello. 

Las elecciones y el auge de la violencia

2009 fue el año en el que el FMLN ganó por primera vez la presidencia de la republica con Mauricio Fúnes. Ese año se dio un repunte record de homicidios, siendo considerado hasta ese momento como el más violento desde 1992. Tal acontecimiento condujo a la llamada tregua concretada a mitad del periodo presidencial. Las maras y pandillas presionaron para negociar con el GOES, las maras cedieron y quedaron suavizadas para ser diezmadas por el segundo Gobierno del FMLN a punto de terminar. Estos altos y bajos en la violencia, no resuelve en absoluto el problema del cual la población siempre espera soluciones.

El gobierno se limita a presentar cifras donde expone bajas graduales en el índice de homicidios, pero no son estables. Las variantes la imponen las coyunturas electorales ciertamente. Una congruencia la notamos con las elecciones para diputados y alcaldes realizadas en el 2018, donde previo hubo otro repunte de homicidios, cuya percepción resultó amortiguada dentro de las propuestas de campaña. La seguridad pública envuelve mediáticamente la atención sobre las maras y pandillas, tras ellas están la violencia e inseguridad, sobre las cuales, se intentan mostrar cada vez los contendientes como los redentores que darán una salida al problema. En tal sentido es válido advertir que sobre las maras y pandillas operan grupos que saben utilizar su accionar delincuencial para incidir electoralmente.

Errores cometidos, incurridos y sin corregir.

El mayor responsable de los asesinatos de policías y militares es el Gobierno de turno, al repetir el esquema dejado por el ex presidente Francisco Flores; tratamiento represivo, sin tratamiento real al fenómeno social que lo causa. Desde que este último Gobierno adoptó, enlazadas a las medidas extraordinarias, las ejecuciones extrajudiciales como parte de la misma política de seguridad, no soluciono nada, muy por el contrario, puso en peligro a los elementos policiales, militares  y a sus familiares, al incitar el odio de las maras y pandillas contra las fuerzas de seguridad, estimulándoles además a responder, dejando a merced del peligro a  policías y militares dentro de una realidad donde la guerra social es apéndice de lucros electorales que se atenúan desde la Ley anti Pandillas, el endurecimiento de penas y medidas de seguridad.

Se debe condenar esta situación y demandar por una salida real, no un parche que prime dentro de lo electoral. Ante esto los trabajadores y la izquierda revolucionaria debemos plantear una salida al problema de la violencia, no debemos permitir la instrumentalización de la violencia como oferta electoral. Si fuese necesario, cualquier diálogo o negociación, con las maras y pandillas debe ser público, de cara a la nación, ante los medios de comunicación, para que sea el pueblo quien conozca y decida cuales son las medidas más adecuadas a tomar para terminar con la violencia y criminalidad.