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EL SALVADOR.- El Estado salvadoreño y las víctimas del conflicto armado

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Por: Salvador Belloso.

La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 14 de febrero y transmitida en vivo en El Salvador a través de instituciones de educación superior e instituciones de Estado mediante foros, deja al estado salvadoreño con obligaciones internacionales, pero sobre todo para con las víctimas de la guerra civil; a raíz de la declaración de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, que supuso reaperturas de casos en el olvido, pese a ello, desde el mismo Estado se prepara otra medida de protección a los criminales de guerra, se trata de una Ley de Reconciliación que se basa en amnistía e imposibilidad de cárcel para los criminales tanto del ejercito como de la guerrilla. 

En la audiencia se reveló la falsedad del Estado

Durante la audiencia de la CIDH, los representantes de la Sociedad Civil como parte peticionaria, mostraron que la reparación del Estado hacia las víctimas del conflicto armado no ha llegado, ni tampoco el castigo proporcional al daño causado por criminales de lesa humanidad  que consumaron tales crímenes durante en la guerra civil.

Además fue expuesta la inobservancia de la Fuerza Armada de El Salvador a que abra y proporciones a la justicia del país sus archivos militares, con lo cual se evidencia ocultamiento de la verdad, que permita la persecución judicial de los criminales que hasta ahora gozaban del escudo llamado Ley de Amnistía, que fue un convenio político estableciendo perdón y olvido entre y para los sujetos políticos, pero no fue consultada con las víctimas.

La parte representante del Estado en lugar de reconocer sus errores, se dispuso a hacer arenga gubernamental, no parecían los representantes de un Estado que reconoce sus fallas y a asumir reparaciones e imponer castigos correspondientes, como portavoces del Gobierno Central no dejaron ni propusieron algo sensato, lo que fue desenmascarado por la Parte de la Sociedad Civil; que no vio con buen proceder el anuncio de la parte del Estado, sobre la creación de una Comisión revisora de archivos militares (parecida a la creada por el ex presidente Mauricio Funes Cartagena que no rindió resultados al encontrarse intrínsecamente viciada), donde el GOES tendría control absoluto y la Sociedad Civil quedaría limitada al interior de dicha comisión, mas volvió a instar a que se habrán los archivos militares sin más y que el acceso a ello debe ser general y no fragmentario.

En su intervención Margarette May Macaulay, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exteriorizó que abrir los archivos militares, es una obligación general no especifica, que era necesario demostrarle a la mayor brevedad posible al personal de la Fuerza Armada fuerza armada, lo desarrollado en el marco del derecho interamericano donde la Fuerza Armada Salvadoreña, no ostenta competencia, la Comisionada Antonia Urrejola solicitó al estado salvadoreño revelar los motivos para entorpecer el acceso de los archivos militares y recomendó a legislar para el acatamiento de la sentencia de la sala Constitucional que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, finalmente pidió a las partes a reunirse después de la audiencia de manera bilateral para dirimir asuntos de trabajo. Quedó abierta la posibilidad de una visita de la CIDH a El Salvador, sin dudas esto significa un avance del país hacia la justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil.

El conflicto persigue, el daño está vigente.

Después de la audiencia de la CIDH, todo parecía estar fijado para el cumplimiento de justicia y reparación del estado hacia las víctimas, sin embargo la comisión ad hoc de la asamblea Legislativa que debe buscar reemplazo a la Ley de amnistía, trabaja primordialmente en un borrador cuyo contenido conserva la esencia del perdón y olvido, lo promulgado por la fuerzas políticas de la A. L, desde los Acuerdos de Paz, esta comisión trabaja a la inversa de las organizaciones de derechos humanos del país, quienes el 7 de diciembre del 2018 pronunciaron su inconformidad con el trabajo que ha desarrollado dicha comisión, por tanto, es evidente que no trabaja en la misma sintonía de lo que requiere la sociedad salvadoreña.      

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