Por Eugenio Recinos Belloso
A su llegada en el 2019, Buleke recibió el país en plena crisis fiscal, bajo crecimiento económico, alto endeudamiento y una sociedad que continua sufriendo los embates delincuencia y de la violencia social, mientras las cúpulas partidarias se repartían el botín de los fondos del Estado.
La amenaza bonapartista
En la toma de posesión Bukele anunció “medicina amarga” para el pueblo. Posteriormente, propuso su Plan de Despegue Económico (PDE) el cual contemplaría pactos fiscales y acuerdos con los organismos financieros internacionales y el Plan Control Territorial el cual es una continuidad de los planes represivos de ARENA y del FMLN los cuales demostraron ser ineficaces-
Para la implementación de dicho plan requerían fondos de los cuales adolecía teniendo que recurrir para ello a préstamo ante la negativa de la aprobación de dichos préstamos por parte de los Diputados termino tomando por asalto la Asamblea, dando así los primeros síntomas de un gobierno bonapartista y con ello debilitando así el embrión de la democracia burguesa surgido con los Acuerdos de Paz.
Mientras el pueblo se asfixiaba, Bukele se oxigenaba
Para el 2020 la pandemia por el COVID-19 era una realidad en El Salvador, el gobierno de Bukele decidió parar la actividades productivas del país para poder evitar los contagios, iniciándose así en marzo la cuarentena domiciliar obligatoria encerró a la mayoría de población y paralizo prácticamente el aparato productivo de todo el país y con ello devinieron los despidos, suspensiones de contrato, lo que para la clase trabajadora privada y para el pueblo se tradujo en hambre y disminución de la capacidad adquisitiva y así como la quiebra de muchas micro, pequeñas y mediana empresas
El Presidente Bukele, asi como logro aprovechar el discurso contra la corrupción, supo hacer un manejo mediático de este tema uniéndolo a la pandemia, usando a su favor el descontento existente por parte de la población hacia los Diputados.
Mientras el pueblo se asfixiaba no solo por los efectos del COVID-19, sino también por los efectos del cierra de los puestos de trabajo, el Ejecutivo se oxigenaba con los fondos del presupuesto, ayudas económicas de gobiernos y organismos internacionales así como de préstamo llevando al país a un histórico aumento de la deuda.
El crecimiento económico de El Salvador en el 2020 registro su peor caída la que se asemeja a la de 1982, unido a ello está el crecimiento de la Deuda pública que incluye las obligaciones adquiridas por el Gobierno Central y sus empresas estatales financieras y no financieras, así como los compromisos derivados del sistema de pensiones.
Insostenibilidad de la deuda publica
En el 2019 la deuda pública fue $19,808.35, lo cual unido al aumento de $2,817.18 millones adicionales durante el 2020 hicieron que este año la deuda incrementara a $22,625.53 millones.
Fueron los préstamos los que le permitieron al gobierno de Bukele el poder amortiguar los efectos de la pandemia mediante la entrega de $300 y de paquetes alimentarios, logrando también asi hacer negocios propios.
La oposición de los Diputados a los préstamos no fue por que les interesara que el país no se endeudara sino para bloquear dichos programas los cuales usaría electoralmente, la respuesta del Presidente fue la no entrega del FODES para evitar también que los Alcaldes hicieran obras. Al final el presidente les gano la delantera.
Mientras la deuda pública aumenta el Producto Interno Bruto (PIB) cae así en el 2020 fue $24,784 millones menor al de 2019 que fue de $28.989. Si relacionamos deuda y PIB encontraremos que la deuda representa más del 90% del PIB. Mientras tanto el Banco Mundial prevé que la economía en este 2021 se contraiga -7.2 %.
El pueblo debe conocer los compromisos del Acuerdo de Servicio Ampliado
El gobierno de Bukele enfrenta la falta de recursos es por ello que ha a pocos días de las elecciones legislativas y municipales de las cuales ha obtenido la mayoría de Diputados inicio la negociación de un acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el cual según dicho organismo es “…para ayudar a los países que se enfrentan a graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales, o a una economía caracterizada por un lento crecimiento”. Vale señalar que Costa Rica ya firmó un acuerdo similar.
Los montos de dicho acuerdo según Alejandro Zelaya del Ministro de Hacienda rondan por los $1.400 millones de dólares a tres años y que estos fondos que se erogarán anualmente y servirán para cubrir el déficit de los presupuestos. Agregando que “…no se harán ninguna medida que implique un aumento de impuestos, sino que lo harán por medio de "eficientizar" al Estado y reforzar las medidas anti evasión,…” (LPG. 4/03/2021).
Para el desembolso el gobierno se compromete a implementar ciertas medidas las cuales no son publicas todavía pero manifestó que “…se necesita una reforma integral de pensiones que esté compuesta por tres pilares, que el principal pilar se beneficie al cotizante, que beneficie al estado y a las administradoras".(LPG. 4/03/2021).
En Costa Rica, en donde ya se firmo dicho Acuerdo “… los compromisos van (algunos) de cara a 2035 e implican erradicar el déficit primario, reducir el peso de la deuda (al 50% del PIB) y la aprobación de una serie de leyes que ayuden al crecimiento económico, incluyendo una de innovación y otras que impliquen “resiliencia para el cambio climático”. (https://www.elfinancierocr.com).
Vale señalar que además de lo anterior también implementar medidas para amortiguar el golpe derivado del acuerdo.
La amenaza de eficientizar el Estado, erradicar el déficit primario y reformas al sistema de pensiones
En El Salvador de cara a dicho acuerdo hablan de "eficientizar" al Estado”, en Costa Rica se habla de “erradicar el déficit primario”. Este último es la diferencia entre los gastos corrientes del Estado y su recaudación de impuestos. Los gastos corrientes son las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, incluye los gastos de consumo y gestión operativa, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros y las transferencias de recursos que no implican contraprestación de bienes y servicios.
En realidad, estamos ante la continuidad de las políticas económicas de los organismos financieros internacionales quienes buscan la manera de asegurar que el gobierno les pague.
Dichos Acuerdos llevan implícito planes de reajustes fiscales, reducción del aparato del estado lo que ese traduce en despidos, ataques a incentivos económicos de los trabajadores, continuar concesionando servicios de la instituciones del Estado. Agregado a ello vemos que este gobierno de Bukele, ya habla de reformas al sistema de pensiones y no busca la manera de eliminar las AFP, debemos luchar para que el estado al igual que los anteriores no vean los fondos de pensiones como su caja chica.
Ya no hay excusas: Exijamos que respondan a las demandas de la clase trabajadora
Los mismos de siempre ya no podrán obstaculizar que el Presidente Bukele dicte medidas que realmente beneficien a la clase trabajadora, ya no hay escusas. La crisis y el pago de la deuda ya no deben recaer en la clase trabajadora y en el pueblo; se le debe cargar al gran empresariado. Si hay necesidad de ahorrar lo primero que debe hacer el gobierno es reducir los gastos y pagos realizados a los altos funcionarios de los tres órganos de gobierno.
Debemos oponernos a todo plan que implique despido de trabajadores independientemente su preferencia política partidaria.
