Por Francisco Martinez

Al 31 de octubre del 2020 se registraban un Consolidado de 2390 Empleados Contratados en la Asamblea Legislativa de estos 1283 corresponden a empleados del  área institucional, los demás eran empleados asignados a los diferentes grupos parlamentarios  distribuidos así:  379 (ARENA), 205 (FMLN), 183 (PCN), 244 (GANA), 75 (PDC), 11 (CD) y 10 al Diputado No Partidario.

La llegada de la nueva Asamblea Legislativa significaría violación a la estabilidad laboral y despidos de trabajadores. Según Luis Ortega Secretario General del  Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), “…1,019 plazas serían eliminadas, de un total de más de 2,000 que tiene actualmente el Órgano Legislativo…” (EDH.12/05/21).

Respecto a dichos despidos  Ernesto Castro presidente de la Asamblea Legislativa, manifestó: “Los contratos que se vencieron el 30 de abril serán dados de baja y a partir de eso; cuando alguna fracción legislativa, de acuerdo a su presupuesto, quiera contratar o recontratar serán bienvenidos… uno de los cambios que se contempla es remover a quienes fueron favorecidos con plazas fantasmas y que no cumplían con su jornada laboral como el resto de trabajadores...las personas en cargos de confianza, tampoco podrán continuar…” (https://www.asamblea.gob.sv/node/11230).

Los sindicatos pieza clave en combate a la corrupción

En su momento Luis Ortega Secretario General del  Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) manifestó: “Hemos denunciado que alrededor de 1,000 plazas fantasmas podrían haber en esta institución o más. No puedo dar un número determinado porque eso lo va a dar la investigación”.  (11/03/21). Con ello estaba confirmando y señalando la corrupción que existía en las anteriores legislaturas, cualquiera pudiese pensar que al llegar la nueva legislatura  eliminaría dichos males.

Contrario a ello nuevamente  SITRAL ha manifestado que “…el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, está despidiendo personas institucionales violando sus derechos laborales y; por otro lado, deja a “plazas fantasmas” afines a los partidos aliados del gobierno…Están dejando aquí en la Asamblea a personas que incluso no vienen a laborar, que vienen una vez o dos veces a la semana, pero a esas personas allí las están protegiendo, porque son cercanos a la administración, a las fracciones que están ahora administrando, eso no puede ser, es una violación a los derechos humanos y laborales” (EDH. 7/07/21)

Cuando SITRAL denuncio la corrupción fue bien visto, pero luego que se pronunciaran en contra de los despidos las cosas cambiaron, Ernesto Castro presidente de la Asamblea Legislativa manifestó: “Estamos para dialogar, pero con bochincheros o con amenazas no vamos a funcionar así”. La dirección de SITRAL solo tenía dos opciones defender a los trabajadores y ganarse el repudio de los Diputados o callar ante los hechos.

SITRAL en pie de lucha

Desde que se dieron los primeros despidos por parte de la actual legislatura, SITRAL  los ha denunciado y realizado acciones de protestas, para exigir respeto a la estabilidad laboral y a los derechos sindicales. Este nueve de julio nuevamente realizaron acciones como lo fue el cierre de portones de  acceso a la Asamblea Legislativa, reducción de  de labores en el Centro Cultural Legislativo  todo ello como medida de protesta ante centenares de despidos arbitrarios y, los que harán próximamente que rondan los 200 o 300 trabajadores.

La respuesta inicial  del gobierno ha sido  la intimidación mediante el envío de personal de diferentes  áreas de la Policía Nacional Civil (PNC) al respecto el sindicato vía twitter  manifestó: “Ningún tipo de intimidación policial dentendrá la luchando por los derechos laborales en la Asamblea Legislativa. Han desplegado elementos policiales como este Sr de Inspecciones Oculares, que anda fotografiando a los compañeros manifestantes.”  Además de ello enviaron grúas de la PNC con la finalidad de retirar los vehículos en los cuales se encontraban los equipos de sonido. En este caso los sindicalistas de forma valiente se lanzaron al piso para detener que les fueran retirados los equipos.

Luchar unidos

Los despidos continúan amenazando a los trabajadores del órgano legislativo, según Luis Ortega Secretario General de SITRAL "los despidos arbitrarios siguen, pero también las contrataciones excesivas". Pero además de ellos también los trabajadores municipales también han sido sacudidos por  los despidos. Por lo anterior es necesaria la unidad sindical de los trabajadores legislativos. El Sindicato de Empleados y Empleadas de la Asamblea Legislativa (SEAL) por Principio está en la obligación de luchar contra los despidos y unificar la lucha con SITRAL. Así mismo es necesaria la unidad de acción con los trabajadores municipales. Todos los sindicatos deben solidarizarse con la lucha de los trabajadores legislativos y exigir una mesa de  diálogo y negociación entre los representantes sindicales y representantes de la Asamblea legislativa debiéndose exigir   el reinstalo de los trabajadores despedidos y el respecto de los derechos laborales.

Por Salvador Flores Vásquez

En el  Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) recientemente se han dado muchos acontecimientos entre los sobresalientes están  la reclasificación, nivelación y aumento salarial, la perdida de exclusividad de la  la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para delegar  a representantes ante el Concejo Directivo del ISSS, así también está el  inicio de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) entre el Sindicato de  Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) como sindicato titular y el Sindicato  de Médicos y Trabajadoras del Seguro Social (SIMETRISSS) como observador y las autoridades del ISSS.

Como parte de su preocupación ante la situación en el ISSS el SIMETRISSS realizo el 19 de Junio una conferencia titulada “Fondo de protección de los trabajadores; actualidad, retos y futuras amenazas”, en la cual se dieron a conocer una serie de aspectos que de concretizarse representan una amenaza para los trabajadores.

Continúa descontento

La  reclasificación, nivelación y aumento salarial para muchos ha sido motivo de descontento para una parte del sector médico y de licenciados que tienen varios años de laborar en la institución;  mientras para otra parte de  ha sido bien vista ya que significo una verdadera mejora salarial a pesar del corto tiempo de laborar en la institución. Las personas que recién ingresan no tienen la culpa que no se haya M reconocido la experiencia, especialización y antigüedad de quienes laboraban, más bien se ha tratado de una maniobra de las autoridades hacia los trabajadores mayores lo cual va relacionado con el tema de pensiones.

Al respecto Rafael Aguirre Secretario General del SIMETRISSS  señaló: “En esta año ellos hicieron una reclasificación  de puestos y reajuste salarial, pero ellos al público en general le vendían la idea  de que iban a incrementar el salario entre el 30 y 40% lo cual no fue así, el salario  incremento  a lo mucho un 5% en una carteras y en otras, como jefaturas y puestos de confianza, ahí si fue alrededor del 40 al 60% entonces no hubo incremento real parejo, sino fue sesgado”.

Según el SIMETRISSS debido   a la  falta de un mejoramiento de las condiciones salariales, y el aumento de mayo pasado no cumplió las expectativas,  ha llevado a que “…los especialistas y subespecialistas contratados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para atender la salud de los cotizantes continúan abandonando o reduciendo las horas de trabajo en la institución, lo que prolonga el período de espera de consultas y cirugías a los afiliados,..” (DCL. 19/06/2021).

Por su parte el sector profesional de licenciaturas que tienen años de laborar para el ISSS continua su lucha para lograr el reconocimiento del grado académico, una justa remuneración y el reconocimiento de la antigüedad.  Para lograr sus demandas es necesaria la unidad de acción de todos los sectores, junto a los sindicatos.

Clausulas económicas del contrato colectivo en riesgo

El SIMETRISSS ha señalado que “…hay preocupación por esas amenazas, sobre todo para las prestaciones económicas como el caso del Fondo de Protección; el no haber más incremento salarial en los próximos dos años; amenazas con ropa, calzado, que le proporciona el Instituto, pero que según las negociaciones ya no se proporcionara…”.

Dichas declaraciones viniendo de una organización que está inmersa en el proceso de negociación del Contrato Colectivo de Trabajo del ISSS deben ser motivo de preocupación para todos los trabajadores del ISSS ya que las cláusulas económicas con parte medular del mismo, por lo tanto, es necesario que los trabajadores se preparen para la defensa de los mismos. La actual administración dirigida por Ricardo Monge debe pronunciarse al respecto y decir realmente lo que está pasando en la negociación, las bases del STISSS y de todas las organizaciones sindicales del ISSS deben estar apresto al llamado a la lucha. No se debe permitir que el Contrato Colectivo de Trabajo continúe desmejorando, el aumento general de salario  debe ser de $300 dólares para todos los trabajadores.

El sector profesional debe participar en el fondo de protección y en el Concejo Directivo

Según representes del SIMETRISSS la actual administración del ISSS busca apoderarse de la administración del Fondo y reducir la compensación por retiro, lo anterior debe ser rechazado por quienes están negociando el Contrato, por el contrario, debe incorporarse a la administración de dicho fondo a representantes del sector profesional. De igual manera se debe exigir la representación del sector profesional de licenciaturas en el Concejo Directivo.

Por Vladimir Carranza

El agua es uno de los sagrados elementos vitales para preservar la vida.  La defensa del sagrado elemento agua pasa necesariamente por la defensa y protección  de la madre tierra. Son varios años  en los que el gran capital salvadoreño está buscando  transformar el agua en una mercancía y monopolizar su control,  administración, comercio y distribución.

El agua dulce además del consumo en los hogares también es utilizada en gran escala para la agricultura y la industria lo cual ha puesto en riesgo su existencia ejemplo clásico ha sido el caso la  embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller) la cual después de haber agotado un acuífero en Soyapango, en el 2015 nuevamente debido a la  sobreexplotar el acuífero Nejapa/Quezaltepeque para el envasado y comercialización del agua puso en riesgo el agua para uso consumo domiciliar.

Los planes  para reformar y modernizar la administración y distribución del agua vienen desde los gobiernos areneros, pasando por los del FMLN, quienes han buscado aprobar diferentes leyes del agua, pero por diversos  motivos no lo  han logrado. Le toca el turno al gobierno  de Bukele quien   ha presentado una “nueva” Ley general de recursos hídricos,  la cual si bien reconoce el derecho humano al agua y saneamiento como “… el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible, en cantidad, calidad, continuidad y cobertura…”. Pero por otra parte deja los espacios abiertos a intereses mercantilistas en detrimento de los intereses del pueblo, lo que representa también una oportunidad para que núcleos empresariales allegados al gobierno realicen negocios con tan vital líquido.

Que es lo que pasa a ser dominio publico

Según el artículo 5 de dicho anteproyecto  conforman el dominio público: a) Las aguas continentales, insulares, estuarinas y marinas, sean superficiales o atmosféricas, así como las subterráneas, incluyendo las subsuperficiales y los estratos del subsuelo que las contienen, cualquiera que sea su condición; b) Los cauces y las riberas de corrientes naturales, continuas o discontinuas; c) Los lechos de los lagos, lagunas, embalses, esteros y marismas; d) Las playas del mar, lagos y lagunas; y e) Los terrenos inundados durante las crecidas máximas ordinarias para un período de retorno de veinticinco años de lagos, lagunas, embalses, ríos y aguas desalinizadas. f) Los acuíferos, y g) Las aguas procedentes desalación de agua del mar.

El problema no es que pasen a dominio público si quien y como administraran estos bienes. Lo anterior es de importancia tenerlo en cuenta debido a que en posteriores artículos del anteproyecto dicho dominio le puede ser cedido a la empresa privada, lo cual deja espacios  a los Asocios Públicos-Privados, despojando al pueblo de que pueda hacer uso de los bienes arribas detallados, todo  en nombre de  “…la conservación, protección, mejoramiento, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos…”. De esta forma se podría  estar limitando los usos tradicionales que muchas comunidades vienen haciendo del agua y  espacios,  entregándoselos a los empresarios ya sea con fines comerciales o turísticos.

ASA debe ser autónomo del gobierno

Los fundamentos para privatizar o meter los asocios públicos privados ha sido que el estado es un mal administrador y que los servicios que ofrecen las instituciones del estado son malos, así lo fue para los servicios de telecomunicaciones, distribución de energía eléctrica, etc, de esta forma los gobiernos areneros los privatizaron y las ganancias generadas pasaron a manos privadas.

La actual Ley general de recursos hídricos contempla la conformación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) como una institución oficial “autónoma” de derecho público, su autonomía comprenderá lo técnico, administrativo, financiero y presupuestario, con personalidad jurídica y patrimonio propio; estará adscrita al Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La cual será  la encargada de la gestión integral de los recursos hídricos que se detallaron anteriormente.

El ASA estará integrada por Un presidente,  nombrado por el Presidente de la República y  Una Junta Directiva la cual estará integrada por “El Director presidente de ASA, b) Representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); c) Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); d) Representante de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); e) Representante del Ministerio de Turismo (MITUR); f) Representante del Ministerio de Vivienda (MIVI); g) Representante del Ministerio de Salud (MINSAL); h) Representante del Ministerio de Gobernación (MINGOB); i) Representante de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento; j) Representante de las universidades públicas y privadas, acreditadas en el Ministerio de Educación; y k) Representante de la sociedad civil.

Todos los miembros de dicho organismo según la Ley deben ser nombrados  por el Presidente de la Republica por lo tanto no existe tal autonomía y se terminara aprobando lo que el Ejecutivo disponga.

Puerta abierta al sector privado

En el artículo 27 de la Ley  se establece que “…De acuerdo a los usos que se hace de los recursos hídricos y a los niveles de gestión administrativa del sector hídrico, se pueden identificar diferentes entidades públicas que administran aguas nacionales y que para efectos de la presente Ley tendrán carácter de reguladoras y serán representativos de los diferentes subsectores, siendo estos los siguientes: a) Agua potable y saneamiento: el competente en esta materia será la autoridad de agua potable y saneamiento..; b) Agua con fines agropecuarios, acuícolas y pesqueros: el competente en esta materia es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Ley de Riego y Avenamiento, Ley Forestal y Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura; c) Agua con fines hidroeléctricos y geotérmicos: …es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL); y d) Agua con fines industriales, recreativos y otros: el competente en esta materia es la ASA, a través de la aplicación de la presente Ley y sus reglamentos…”  es precisamente la  regulación de la ASA del uso industrial  y recreativo del agua un punto fundamental para el gobierno debido a que  su control abre muchas posibilidades de Asocios Públicos-Privados. 

Se puede determinar las intenciones privatizadores o de Asocios públicos privados el hecho de otorgarle al presidente de la ASA  dentro de sus atribuciones “…Suscribir convenios y compromisos en materia hídrica, con Entidades pública o privadas, nacionales o extranjeras, (Art. 16 f)  y que la “… ASA podrá otorgar las autorizaciones y permisos para el uso y aprovechamiento de las aguas marinas a entidades públicas y privadas…” (Articulo 33).  Son muchos los artículos que se refieren a autorizaciones o permisos  a entidades privadas.

Defensa de la madre tierra y un organismo democrático y autónomo de administración

Con la anterior Ley el  agua pasa a ser un recurso del Estado  quedando a disposición del gobierno  la explotación y comercialización de tan sagrado elemento, quien decidirá  a  quien dar los permisos o autorizaciones en donde no se sabe sobre qué intereses,  mientras tanto el pueblo queda como un simple espectador sin voz ni voto. Ante lo anterior se debe exigir:

Que la   Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) sea verdaderamente un organismo autónomo del gobierno, debiendo estar integrada en igualdad de proporciones por representantes sindicales, representantes de organizaciones campesinas y agricultores,  organismos locales de administración del agua, los cuales deben ser electos por los organismos de bases, debiendo existir la revocatoria del cargo cuando los acuerdos tomados sean contrarios a los intereses del pueblo. Así mismo en dicho organismo deben participar representantes de los gobiernos municipales y  del Ejecutivo. Solo de esta manera se podrá garantizar un funcionamiento transparente del organismo rector y evitar actos de corrupción.

Consentimiento libre,  previo, e informado de las comunidades en las cuales se darán   autorización  y permisos relacionados a la explotación de los recursos hídricos y  bienes inherentes a los recursos hídricos (materiales pétreos, arenas, areniscas, gravas y suelo orgánico que se encuentre en los cauces y lechos de agua) debiendo respetar el acuerdo de las comunidades.

Que se realicen verdaderas acciones para la protección de la madre tierra como es el hecho de detener todos los proyectos que impiden infiltraciones pluviales a los acuífero subterráneos, no más talas de árboles y una campaña de reforestación, que las aguas residuales sean tratadas y que estas ya no sean tiradas a los ríos.

No permitir más mercantilización  del agua, por lo tanto el agua potable debe ser  apta para el consumo humano. Y todo caso el Estado debe crear una empresa nacional  de envasado de agua debiendo estatizar las ya existentes.

Garantizar el funcionamiento de los Sistemas Autoabastecidos Agua Potable mediante un subsidio administrado por las Juntas de agua.

La defensa del sagrado elemento agua es la defensa de la vida, por lo tanto  el pueblo salvadoreño debe estar atento y exigir que cualquier ley relacionada con el agua debe ser previamente conocida y discutida. Debemos exigir una Ley del agua en donde prevalezcan los intereses del pueblo salvadoreño. 

Por: Alberto Castro.

Tras la exitosa envergadura alcanzada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2016 por su participación en el caso ‘’Cooptación del Estado en Guatemala’’, que hizo caer al Gobierno de Otto Pérez Molina, obtuvo prestigio tal que, en el Triángulo Norte, aparecieron vociferadores en pro de una tanto en El Salvador como en Honduras.

La historia es ya conocida, paralelamente bajo dirección de Washington e intervención directa de la Organización de Estados Americanos (OEA), se fundó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en enero de 2016 que fue disuelta en 2020; y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que fue contenida durante el Gobierno FMLN-Cerén, dando lugar a que se volviera una de las grandes promesas en la campaña electoral de Nayib Bukele, quien como Presidente el 6 de septiembre de 2019 le dio vida mediante un convenio entre su Gobierno con la OEA, tres meses más tarde, el 9 de diciembre la Fiscalía General de la República, junto al Comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, firmaron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica. A veintiún meses de su fundación, la CICIES ha sido abortada por el mismo Gobierno y Fiscal General de la República, quien es su lacayo, lo insólito es que el rompimiento se da justamente después que está empezara a destapar ilícitos cometidos por el Gobierno.

El 2020 fue el primer año de la pandemias donde se dio el confinamiento que duró casi tres meses, donde hubieron actos flagrantes  de corrupción como el de  Koky Aguilar, y otros probables de los que fue avisada la Fiscalía, en abril de 2021 el Comisionado Ochaeta, dio a conocer que el número de posibles actos de corrupción llegaba a doce en cinco carteras del Estado, en el mismo mes fue anunciada una contribución por dos millones de dólares por parte de EEUU.

¿La CICIES de Bukele o la CICIES de la OEA?

Al momento de darle vida a la CICIES, Bukele pasó página a las criticas aduciendo que solamente los corruptos eran opositores a su creación, ahora sus palabras pesan sobre si mismo, tal y como mantiene bajo su control la mayor parte del aparato estatal, su visión en un inicio era poder utilizarla como medio de persecución política hacia sus adversarios, y que le transparentara su imagen en la opinión pública nacional e internacional, es decir como un instrumento LAWFARE que al mismo tiempo le cubriera las espaldas.

La naturaleza de este tipo de institución es que por medio de un Convenio Internacional se da vida a la Comisión ad-hoc con carácter investigativo y amplias facultades de persecución legal en aquellos actos de corrupción dentro del aparato de Estado, que permita el desmantelamiento de los posibles nexos entre funcionarios y/o empleados públicos con el crimen organizado, etc, pero sobre todo con función autónoma respecto al Estado no obstante bajo lineamientos externos, algo incompatible con el proyecto bonapartista de Bukele.

Después de darse el rompimiento del Gobierno y la Fiscalía con la OEA, en un comunicado oficial de la Secretaria General de la OEA, denunció públicamente que el Gobierno salvadoreño intentó utilizar a la CICIES contra la oposición y para cubrir su propia corrupción, esta declaración denota el fin ineludible del convenio, es momento oportuno para analizar con seriedad la experiencia dejada por la CICIES, de cuyo restos sin dudas  Bukele creará otra hecha a su medida, sin nadie que lo señale sino que le sirva enteramente.

La burocracia y la corrupción estatal

El uso propagandístico de la lucha contra la corrupción ha resultado ser una de muchas demagogias de Bukele y su discurso de justicia es pura hipocresía, sobre los grandes problemas que padece la clase trabajadora y pueblo salvadoreño como son los problemas con las pensiones, agua, seguridad, etc, no ha dicho sino expresiones fútiles, más aun ha entorpecido mejoras y mejoras en dichos temas.

No nos dejemos embaucar dejándonos arrastrar por lineamientos de las esferas burocráticas internas y externas, en su lugar comprendamos que luchar contra la corrupción implica afrontar la lucha por dejar de ser meros espectadores y dar paso a luchar por lograr espacios de control de trabajadores de las instancias que ha día de hoy están en manos de quienes se alinean en el discurso anticorrupción sin embargo se lucran de los recursos del Estado en beneficio propio.