Por: Alberto Castro

En este articulo pretendemos dejar algunas reflexiones acerca de Nuevas Ideas (NI), partido político que revise de popularidad incluso fuera del territorio salvadoreño. Cuando Nayib Bukele daba por casi consolidado su control de todo el aparato Estatal de la República de El Salvador, teniendo fagocitada a la oposición al borde de tener en detención a ciertas figuras públicas quienes son ex funcionarios del derrumbado bipartidismo, entre ellas su ex compañera Violeta Menjivar, pese a que existe cierto descontento social a su Gobierno que puede constatarse por la movilización en dos marchas, no obstante ésta carece de una cabeza que se deba a las reivindicaciones materiales del pueblo salvadoreño, por lo que por el momento no representa problemas para su administración, por lo que al no tener oposición de afuera, la contradicción ha surgido entre sus filas.

La abrumadora bancada cyan y sus aliados

De los 84 disputaos de la Asamblea Legislativa (AL), 56 son de NI, gracias a su alianza con el bloque de partidos Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) que tiene 5, y los parásitos Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 2 y 1 respectivamente, obtiene la cantidad de 64 a favor del Presidente Bukele, logrando mayoría absoluta, gracias a ello la legislación producida en estos seis meses se ha caracterizado por aprobar a ojos cerrados la propuestas emanadas a voluntad del Ejecutivo, sin estudio y discusión previa basta con que él lo pida para que eso sea el único motivo carente de razonamiento para aprobar lo que sea.

Al respecto es necesario traer a colación la teoría clásica de la regla de la mayoría y regla de la mayoría calificada, conceptualización que abarca tanto el espectro político como jurídico que comprende dos especies de reglas de decisión; dependiendo del tipo de decisión a tomar así es el tipo de mayoría aplicable para su validez. En la Constitución de El Salvador, encontraremos tres tipos de mayorías: mitad más uno (mayoría simple); dos tercios (mayoría calificada); y tres cuartos (mayoría absoluta). Como sabemos Nuevas Ideas tiene mayoría calificada sin necesidad de ninguna alianza, y tiene la posibilidad de lograr la mayoría absoluta de manera bastante accesible gracias al entendimiento que tiene con los mencionados partidos políticos, por lo que menguar esta fuerza sería un enorme obstáculo del camino del proyecto bonapartista iniciado el 28 de febrero, perdería mayoría calificada.  

¿Conspiración entre las mismas filas?

Como bien ya se enunció lo peor que le podría pasar al proyecto bonapartista de Bukele es que se descalabre la fuerza que ha logrado en la AL, y si, como si el peor de los miedos se hiciera realidad, en sus entrañas surgió un supuesto acto de conspiración, se trata de los diputados Gerardo Aguilar (por San Vicente) y José García (por Cabañas), quienes aparentemente participaron en negociaciones con una nada más y menos que el fundador de Nuevas Ideas y ahora cabeza del movimiento PAÍS, José Rogelio García Castro, popularmente conocido como Roy García, quien según dice en el audio representa a la Embajada de los Estados Unidos de América en El Salvador, donde negocia la división de la bancada de Nuevas Ideas, a cambio de prebendas por parte de los EEUU en favor de los dos diputados.

En respuesta fueron separados del grupo parlamentario y sometidos a investigación, aunque ellos han negado ser las personas del audio de la reunión donde se dieron estas negociaciones, pero en una entrevista Roy García reconoció como cierto el audio y por ende las negociaciones y además dijo que había alguien más, se trata de Edgar Fuentes, quien no ha sido separado de la bancada. La arremetida contra los diputados no se limitó con la separación de la bancada, el 3 de noviembre fueron retirados de sus curules y posteriormente sustituidos por sus suplentes José Pío Amaya y Helen Morena Jovel de Tobar, para los próximos cinco meses. La embajada de los EEUU se ha desvinculado de Roy García y del plan conspirativo.

Nuevas Ideas dentro de la administración publica

Bajo el régimen bonapartista de Bukele, se ha dado paso del imperio de la Ley al imperio arbitrariedad, si bien las instituciones del Estado burgués salvadoreño siguen funcionando  tal y como antes, lo que ha variado es el ejercicio del poder al rebasarse los límites de las facultades discrecionales de los funcionarios públicos, dando lugar a la arbitrariedad como la forma general de los actos de la administración pública, algo que puede notarse en cualquier parte, deviene de la autonomía en la dirección política del Estado que ejerce Bukele, si bien este punto de vista se sitúa dentro del iuspositivismo, se aclara que el motivo de ello es para diferenciar el cambio del régimen de la democracia burguesa que se apostó en la posguerra al bonapartismo, desde antes y con Bukele ha existido la dictadura de la clase burguesa sobre las clase subalternas. De la sustentación de los preceptos legales adecuados a los actos de las autoridades públicas en consonancia con los principios de legalidad y seguridad jurídica, se da paso a la adopción de decisiones apegadas a premisas que no  tienen asidero  legal, todo circula en función de la voluntad del supremo dirigente de Nuevas Ideas, organización política donde no hay más participación que no sea agradar, ser útil y funcional para él. 

Una cucharada de su propia medicina

Los diputados separados de sus curules recibieron lo mismo que ellos aplicaron cuando votaron a favor del asalto a la Fiscalía General de la República, de la Sala de lo Constitucional y de la Reforma Judicial que permitió el retiro de jueces y la promoción de otros con quienes podía haber entendimiento. Se aprovecharon de la arbitrariedad la cual les alcanzó y ahora son víctimas de aquello que ayudaron a crear. Sin embargo, no se debe justificar el castigo que les fue aplicado. Como cualquier otro acto arbitrario la cesación de sus cargos no fue acorde al procedimiento constitucional.

En primer lugar se aplicó el criterio de mandato imperativo, algo expresamente prohibido por la Constitución, pues el cargo de diputados pertenece a la persona que fue electa en el cargo, no pertenece al partido político ni a los electores, la regla de ejercicio democrático permitida por la Constitución es la democracia representativa, donde da libertad en el ejercicio de sus funciones al diputado, no debiéndose al partido que lo abanderó ni a sus electores, claro que es algo que limita la participación activa de los votantes, sí, pero es  como fue concebida la Constitución actual, que impone el límite de participación democrática de las masas en el voto, es decir el ciudadano no es más que la clientela electoral cuyas facultades terminan con su participación en las urnas, luego viene el ideario que los que han resultado electos representan al pueblo, algo tan corrosivo pero que no es mayor que la imposición de sanciones sacadas de la manga de la camisa.

Los diputados en mención fueron suspendidos por decisión del grupo parlamentario de NI, pero la suspensión en el ejercicio del cargo solo puede ser cuando se da lugar a formación de causa, de conformidad a los arts. 236, 237 y 238, posteriormente pasando a quedar sometido a la autoridad jurisdiccional competente, es decir la Cámara de Segunda Instancian para que conozca en Primera Instancia. El cese del cargo únicamente procede por las causales del art. 130: Cosa juzgada por delito grave; prohibiciones del art. 128 (desempeñar cargos públicos remunerados); y renuncia sin justa causa calificada como tal por la AL.

Evitar el transfuguismo

Si bien se prohíbe el mandato imperativo, no se permite la figura del transfuguismo, sentencias de la Sala de lo Constitucional y reformas al Código Electoral han ido en la búsqueda de impedir se repitan casos como cuando nació GANA, de manera que sí se puede abandonar el partido o coalición política, pero debe mantenerse como independiente, manteniendo el programa electoral por el que fu electo (ver sentencia No 39-2016).

No tenemos representación en la AL

Bukele aprovechó el hartazgo hacia ARENA y FMLN, logrando apoyo masivo que se tradujo en las elecciones del 28 de febrero con 56 diputados, la popularidad que hoy tiene es tanta que se han reproducido en otros países de Centroamérica. Los diputados de NI se han aprovechado de eso para usurpar al pueblo, actuando y hablando en nombre de él, dicen ser la voluntad popular, falacias secundadas por los miles de fanáticos que creen en ese discurso, el que por cierto esto está diseñado para manipular, dicho sea de paso esos fanáticos tampoco son representados por la bancada cyan, ella solo representan a Bukele, aunque la popularidad de Bukele es sostenida en gran parte por los enormes gastos en publicidad, de hecho toda actuación de las autoridades está en función de eso.

Como vemos dentro de la AL existe un bloque dominante compuesto por partidos de Derecha, en el otro lo que aún queda del bipartidismo, mientras tanto la clase trabajadora y pueblo salvadoreño no tenemos representantes. NI aunque ha dicho que no es ni de derecha ni de izquierda, no obstante además de sus alianzas pregona un populismo de derecha, y como tal es la expresión que surgió de la crisis de representatividad del régimen político, el desgaste del bipartidismo fue asimilado por el Movimiento NI, gracias a ello se desconfió en lo viejo y se confió en lo nuevo, de esta manera no hubo desencanto con la urnas. Necesitamos democratizar el régimen político, que garantice auténticas formas de participación, por lo que debemos dejar de ser expectantes, menos aún ser secundadores de NI, y pasar a ser protagonistas en el ejercicio del poder político, es necesario superar esta barrera, para hacer resurgir una nueva izquierda en unidad y lucha con los demás pueblos de Centroamérica, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), se propone aportar a este propósito.

Por: Salvador Belloso

La pandemia causada por el COVID-19 implicó confinamientos a nivel mundial, y las políticas económicas para afrontar la situación fueron enfocadas en la protección del capital transnacional, cuyos efectos han sido diferentes entre los imperialismos y los países situados bajo su órbita de dominación imperial, en este contexto la situación sanitaria y social favoreció a ciertos sectores entre las grandes corporaciones transnacionales, como es el caso de las que versan sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), claro ejemplo se muestra con el crecimiento de las FAANG que, tras la nueva normalidad han salido fortalecidas. Sin embargo, El Salvador que no es un países que genere producción de TICs a gran escala, cuya economía es predominantemente de servicios, donde el crecimiento del año pasado se redujo un 7,9 % respecto al año anterior, el  déficit fiscal del 9,2 % y con más del 90 % de la deuda del PIB, lo cual lo sitúa en una situación económica extrema.

Situación previa: estancamiento y bajo crecimiento

Antes de la gestión de Nayib Bukele, la economía salvadoreña no superó en toda una década significativamente el 2.5%. Tras la crisis capitalista del 2008 los dos Gobiernos del FMLN asumieron un Estado roto por la implementación del modelo neoliberal en plena posguerra, al no poder hacer maniobras con la moneda de circulación como es el caso de los demás países del istmo centroamericano quienes mantienen en circulación sus monedas, optaron por dos formas de financiamiento: venta de CETES y LETES; y prestamos, estás medidas paliativas se volvieron rutina,   a esto debemos agregar los errores cometidos con los Tratados de Libre Comercio y políticas que abrieron las puertas a las empresas transnacionales y maquilas que al día de hoy no dejan significativas recaudaciones de impuestos, lejos de ello han puesto en desventaja en el primer caso al pequeño y mediano productor y en lo segundo ha dejado en vulnerabilidad a la clase trabajadora de maquilas al perder garantías laborales, el caso de Industrias Florenzi da fe de ello. Bukele a inicios de su gestión no fue claro públicamente sobre las medidas económicas quinquenales, se encontró en ese marco con la pandemia, por lo que para analizar a Bukele actualmente es necesario abordar dos momentos: el del confinamiento y el de la nueva normalidad.

La situación económica actual y la proyección del futuro

Las medidas económicas giran alrededor de la visión de desarrollar sectores económicos aliados, ante la diferencia que tiene con facciones de la oligarquía nacional, se ha enfocado en consensuar con grupos económicos vinculados a las transnacionales como primer grupo estratégico y seguidamente ha optado por consolidar a pequeños y medianos empresarios como  grupos potencialmente aliados a futuro, pero a diferencia del primero estos con dependencia, al respecto es importante ver que para lograrlo se vale del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), utilizado como el mecanismo por medio del cual ejercerá control mediante fideicomisos a determinados sectores. 

En esta línea la Asamblea Legislativa órgano del Estado que ahora es dependiente del Ejecutivo, le aprobó el año pasado la gestión de tres mil millones de dólares, mil de ellos consisten en un fideicomiso que da vía a la recuperación económica enfocado en gran parte hacia las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El otro fideicomiso es el que consta de los 150 millones para la implementación del BITCOIN como moneda de curso legal, esta arriesgada operación que entre tanto es una alternativa ante las dificultades de acceso financiero que tiene la mayoría de salvadoreños. Bajo estas y otras medidas el Gobierno es optimista en cuanto a la proyección del crecimiento económico del 2021, según el Banco Central de Reserva será de 9%, datos respaldados por el FMI, la proyección es dada por el organismo financiero a posteriori que se suscribiera un acuerdo con El Salvador por $1,300 millones de dólares. Esta proyección es ambigua porque se sustenta solo por la inyección económica que parte de préstamos pero no tiene base para sostenerse en el tiempo, no hay garantía que el BITCOIN dinamice la economía y que las MIPYMES se consoliden. Es la clase trabajadora quien debe tomar la dirección de la economía.

Por Antonio Recinos

Son varias las movilizaciones organizadas contra el gobierno de Bukele,  en dichas movilizaciones se ha masificado la consigna ¿Cuál es la Ruta?. Una de estas últimas movilizaciones  fue realizada el 17 de octubre del 2021 convocada    por diferentes organizaciones, como son la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, Iglesia evangélica, Pueblos Originarios y el Movimiento PAIS. Etc.

Por una parte el  gobierno de Bukele  ya empieza a preocuparle estas recurrentes movilizaciones es por ello que  la Policial Nacional Civil (PNC) desde temprana horas instalo retenes para cortar el paso de las personas que se movilizaban desde el exterior hacia la capital. Por la otra parte la moribunda oposición  del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de Alianza Republicana Nacionalistas (ARENA) han tomado un respiro al ver estas movilizaciones contra el gobierno y están buscando los mecanismos para oxigenarse.

CNTS  en defensa de la estabilidad laboral y libertad sindical

Fueron diferentes sectores los que se movilizaron el pasado 17 de octubre, cada uno con sus principales reivindicaciones, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) se movilizo bajo el lema mientras hayan despidos injustificados. Reformas laborales, constitucionales y de pensiones antitrabajadores...seguiremos en las calles protestando. Exigiendo a la vez estabilidad laboral y no es para menos, solo a nivel de ejemplo el  Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SIRAL) sindicato integrante de la CNTS denuncio que a septiembre del 2021, un aproximado de  1,700 personas trabajadoras de la Asamblea Legislativa habían sido despedidas, entre los que figuran la junta directiva del sindicato.

La Resistencia Popular y su plataforma de lucha

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP)  es un organismo en donde están integradas un total de  34 organizaciones representantes de diferentes organizaciones sindicales, estudiantes, feministas, desmovilizados de las Fuerzas Armadas,  Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), entre muchas más. En el contexto de la convocatoria Sonia Urrutia como representante del bloque manifestó que el objetivo era “…expresar “el rechazo y condena al régimen antidemocrático de Bukele, es contra de ese personaje que está hundiendo al país” (EDH. 11/10/21).

El BRRP  hizo publica ese 17 de octubre la proclama y plataforma popular de lucha en la cual expresan entre sus demandas: 1. Restitución de los derechos constitucionales de la población, así como restitución de las y los funcionarios destituidos ilegalmente de la Sala de lo Constitucional, Fiscalía General y juezas y jueces en todo el país. 2. Alto a la persecución política y al acoso a periodistas y libertad a las presas y presos políticos. 3. Encarcelamiento a los corruptos del gobierno. 4. Aprobación de una ley de agua no privatizadora.  5. Derogatoria d de la Ley Bitcoin. 6. Reducción y control inmediato de precios de la canasta básica y los insumos agrícolas. 7. Alto a a los despidos y reposición del empleo a las personas despedidas. 8 Pensiones dignas para la clase trabajadora y las personas veteranas de guerra. 9. Alto a las desapariciones y los feminicidios y justicia contra los asesinos. 10 Recorte de los gastos militares, respeto a la autonomía municipal mantenimiento de becas para la juventud y del FODES.

Todas las organizaciones coinciden en las demandas;  en donde  existen puntos que generan cierto grado de contradicción  es lo relacionado con restitución de las y los funcionarios destituidos y el llamado del Alto a la persecución política… libertad a las presas y presos políticos. Se condena el hecho que no se le siguió el debido proceso, a ambos, pero muchos de estos jueces y magistrados emitieron resoluciones o fallaron contra los intereses de los trabajadores.

Que no desvíen la ruta del pueblo

El BRRP  debe continuar fortaleciéndose e incentivando la lucha, debe ser un  instrumento de lucha del pueblo salvadoreño y evitar ser instrumentalizado por viejos partidos políticos electores como FMLN, ARENA. Etc. llamo la atención el 17 de octubre  que en tarima una de las personas representantes manifestara que había que sacar del gobierno al partido actual. La lucha no debe ser reducida meramente al espectro electoral, no solo se debe tratar de cambiar al partido de gobierno o al gobernante, lo primordial es cambiar el sistema. Es primordial que el pueblo salvadoreño continúe movilizando en defensa de la democracia y por mejores condiciones económicas y sociales.


Por Francisco Guardado

El Contrato  Colectivo de Trabajo (CCT)  negociado entre las autoridades del Instituto  Salvadoreño del Seguro  Social (ISSS) y el  Sindicato de Trabajadores del Instituto  Salvadoreño del Seguro  Social ( STISSS), para el periodo 2019-2021 fue inscrito en el Ministerio de Trabajo el 27 de mayo del 2019 fecha a partir de la cual entro en vigencia por un periodo de dos años, prorrogable automáticamente por períodos de un año, siempre que ninguna de  las partes dentro de los noventa días anteriores a su vencimiento o de sus prórrogas solicite su revisión.  A la fecha pareciera que ya finalizo la  negociación del nuevo CCT,  pero falta conocer  la inscripción  en el  Ministerio de Trabajo y la  respectiva distribución del documento a los trabajadores.

Afiliados o no afiliados al STISSS cada vez que  negocian  el CCT, están a la expectativa de lo acordado,  principalmente de las cláusulas económicas: aumento de salarios, bonos, etc. Al momento de negociar dichas cláusulas, la patronal saca a lucir su voracidad, proponiendo miserables aumentos, mientras el Sindicato hace sus respectivas propuestas, viéndose muchas veces obligado a realizar acciones de presión para hacer prevalecer sus propuestas o parte de ellas, siendo fundamental el apoyo de las bases y demás trabajadores.

Una salida política a la negociación

Requisitos fundamentales  para poder negociar el CCT son el reconocimiento legal del sindicato y  de su Junta, así mismo tener afiliados al sindicato el  51% de todos los trabajadores; en caso que no se tenga y  existen dos o más sindicatos  pueden hacerlo  de forma coaligada para alcanzar el 51%,   de no tener ese porcentaje no hay negociación de CCT.  Es de recordar que  los gobiernos del FMLN promovieron la fragmentación de las organizaciones sindicales como estrategia de subyugación.  El STISSS en la administración FMLN: Armida Franco,  tuvo un estancamiento en las afiliaciones producto de las inconformidades de las bases y la misma represión de la UNTRAC que terminaba expulsando a quienes se atrevían a cuestionarlos.

El STISSS en esta negociación del CCT venia de sufrir una estocada,  se presentaba debilitado ante la Dirección del ISSS,  fue la lucha contra la reformas de la Ley del ISSS  y la   unidad sindical creada en dicho contexto que le inyecto   fuerza y le permitió defender el CCT, debiendo necesariamente  realizar cabildeos políticos. La dirección del STISSS deberá cuidar de no cometer los errores de sus antecesores, como es el hecho de poner el Sindicato al servicio del partido de gobierno, ello no implica que a título personal sus miembros  no tengan sus preferencias políticas partidarias.

Democracia, bono e incremento de salario

La negociación de  este CCT tuvo un aspecto importante y es el hecho que la dirección actual del STISSS  después de muchos años que no lo hacía,  en esta ocasión convocó a las bases y ha todos los trabajadores del ISSS para informar, consultar y acordar aspectos relacionados a la negociación del CCT, fue así que en Asamblea General  informo respecto a las propuestas realizadas por las Autoridades del ISSS en relación al  incremento salarial y las propuestas que se tenían como STISSS.

Después de debatir propuestas el STISSS  y  las autoridades del ISSS, acordaron  un bono de $50.00 para los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre y un incremento salarial de $80.00 a partir de Enero 2022, lo cual representaría un aumento del 40% en sus prestaciones a cada trabajador.

Dicho bono ya es una realidad para la mayor parte de trabajadores, no así para quienes  se encuentran en resguardado domiciliar debido a la pandemia por el COVID-19 y  los trabajadores  interinos, queda un nuevo reto para el STISSS y es que dicho bono sea efectivo para todos, ya que es parte del CCT. Así mismo es necesario que el STISSS retome la lucha del sector profesional en lo que respecta al reconocimiento de su grado académico y justo pago.

STISSS: La Fuerza de la unidad

Existen trabajadores que han criticado el monto al incremento salarial, manifestado inconformidad y no es para menos debido a que en la reciente nivelación salarial promovida por doctora Mónica Ayala Directora del ISSS, existen sectores que poco o nada fueron favorecidos, mientras tanto ella esta recetándose un incremento de $1,794 para 2022, con lo cual ganaría  un total de $7,143.36 mensuales.

Producto de la inconformidad de ciertos trabajadores   existen quienes plantean  desafiliarse del STISSS y/o conformar nuevas sindicatos. Quien quiera desafiliarse puede hacerlo, pues existe la Libertad Sindical, pero es necesario analizar los efectos de hacerlo y los  intereses que están motivando dichos planteamientos.

Los trabajadores miembros del STISSS no  deben  caer en tácticas devisionistas que buscan debilitar al STISSS y la unidad sindical que se forjando en el ISSS, contrario a ello se debe promover que mas trabajadores se afilien al STISSS. Hasta a esta fecha la dirección actual del STISSS dirigida por Ricardo Monge ha mantenido la democracia sindical, no existe ni un solo caso de expulsión de un afiliado, por el simple hecho de pensar diferente a la dirección, por el contrario a reincorporado al STISSS a muchos trabajadores expulsados en las anteriores administraciones.

Por Ramiro Montenegro

Después de la movilización del 15 de septiembre el Presidente Bukele  dijo que en 30 días presentaría  una reforma integral de pensiones. El anunció más parecía una respuesta mediática a la  movilización del 15 de septiembre, la cual demostró: el descontento de la clase trabajadora ante el deterioro del Estado democrático de derecho burgués por parte de Bukele,  descontento por políticas gubernamentales  y el incumplimiento de las promesas de campaña, como por ejemplo el tema relacionado con las pensiones debido a que durante su campaña electoral se comprometió a mejorar los montos de las pensiones. El gobierno buscaba   calmar y desmovilizar a las masas y  evitar que dicha bandera de lucha se convirtiera en un consigna aglutinadora.

¿A qué obedece el anuncio de la reforma?

Pareciera que el Gobierno  está interesado en reformar el sistema de pensiones pero a partir de condiciones impuestas por organismos financieros internacionales para poder negociar y otorgarle más préstamos, ya que sería una forma de reducir la deuda que  tiene debido a que los gobiernos anteriores tomaron prestados   los ahorros de pensiones; a mayo de 2021 el estado había tomado  un  aproximado de $9,500 millones, (80%) de un total de  $12,812 millones que correspondía al total de ahorros de los trabajadores administrados por las AFP.

Si partimos de proyecciones de bajo crecimiento económicos y además  el  estado tiene casi todo el Producto Interno Bruto (PIB) comprometido para pago de deudas  y que necesita más préstamos para seguir poco probable que el actual gobierno reintegre o devuelva los fondos de los trabajadores prestados por las AFP. Por lo tanto si en cualquier reforma no se garantiza el pronto pago de dichos préstamos a los trabajadores y la autonomía  real de cualquier ente administrador, se corre el riesgo que dichos fondos no sean pagados a los trabajadores. Aunque por estrategia el gobierno podría mejorar los montos de las pensiones a quienes estén próximos a pensionarse y luego  congelar dichos montos los cuales unos años más tarde ya no serían acorde al costo de la vida como está pasando actualmente. Además de un posible borra saldo, el Estado se quedaría con los fondos de las nuevas cotizaciones los cuales le servirían para tener solvencia y  pagar deudas, pero compromete los fondos de los trabajadores.

Que el gobierno pague lo prestado y mejores intereses

En estos momentos en donde el Estado tomó los ahorros de los trabajadores   mediante Certificados de Inversión Previsional (CIP) y que además existe una inseguridad jurídica, seguramente muchas trabajadores  cotizantes  se opondrían a la renacionalizacion del sistema de pensiones y optarían por que se devuelvan parte o todos sus ahorros de pensiones y con justa razón. A pesar de lo anterior se debe  exigir un sistema público de pensiones bajo control de los trabajadores,  más allá  del nombre del organismo administrador, este tiene que ser un organismo   independiente del gobierno pero a la vez tripartito integrado en su mayoría por representantes de los trabajadores, el gobierno y de los empleadores.  Antes de cualquier renacionalización el gobierno debe privilegiar y asumir el pago de los préstamos de los fondos de pensiones, en realidad está es una deuda contraída por el Estado con los trabajadores y no con las AFP ya que las AFP son solo administradoras de dichos fondos de lo cual obtienen grandes ganancias.

Los ahorros de las pensiones son de trabajadores por lo tanto son ellos quienes  deben tener la libertad de decidir que hacer con sus fondos: son sus ahorros. El gobierno debe privilegiar el pronto pago a los trabajadores y no a los organismos financieros internacionales, es por ello que se debe exigir que el presupuesto general del 2022 contemple el pago del 50% de los préstamos contraídos con los trabajadores así mismo el pago de mejores intereses.

Si bien  fue  en los gobiernos de ARENA y del FMLN que el Estado obligo que los fondos de los trabajadores fueran invertidos en Certificados de Inversión Previsional (CIP) pagándoles bajísimos intereses, también el actual gobierno de Bukele se ha opuesto a que paguen mejores intereses,  fue así como 21 de abril del 2021  Veto el Decreto Legislativo  No. 864 aprobado el nueve de abril de dos mil veintiuno, que contenía  la reformas  a las disposiciones transitorias para la sustitución de certificados de inversión previsionales, emitida mediante Decreto Legislativo N° 789.  Dicho decreto fue vetado por el Presidente Bukele argumentando “…violación al artículo 226 de la Constitución de la república: principio de equilibrio presupuestario en la vertiente relativa a la planificación a partir de los siguientes considerandos: “…Que la reforma planteada· en el Decreto Legislativo No. 864, establece una tasa de interés más alta a los afiliados, a partir del año· 2023 con incrementos anuales de 0.25% hasta llegar a 0.75% en 2027, lo cual mejorará la rentabilidad de las cuentas individuales de ahorro previsional  sin embargo, este beneficio, tendrá un impacto significativo en las finanzas del Estado.  Que el incremento de 0.25% en la tasa aplicada a los Títulos Valores con las características  que establece el citado Decreto, representará para el  Estado, un mayor costo financiero en concepto de intereses, que se deberá pagar por dichos instrumentos…”

El Decreto Legislativo  No. 864   fue una maniobra de los Diputados de ARENA y del FMLN para con el ejecutivo una vez que habían perdido el control sobre el mismo y no necesariamente es porque les interesara el bienestar de los trabajadores ya que fueron ellos mismos quienes lo privatizaron y tomaron los ahorros de los trabajadores pagando mínimos intereses y largo plazo ( 2017-2047) pero pareciera que  también al  presidente Bukele al igual que sus antecesores  no le interesa que los trabajadores tengan mejores pensiones ya que  privilegia las finanzas del Estado en detrimento de los trabajadores y tampoco le interesa que se pague dicho préstamo a corto plazo.

Es momento los trabajadores exijan  al  gobierno de Bukele y a los Diputados de Nuevas Ideas una Ley que revierta la privatización del sistema de pensiones, pero que además los fondos de los trabajadores sean reintegrado a corto plazo y que ganen mejores intereses,  debiendo los trabajadores  tener la libertad de decidir si  sacan  todos o una parte de sus ahorros  de pensiones o si quieren que sus fondos continúen ahorrados en un sistema público.

No es posible que mientras el trabajador paga interés mayores al 20% anual  a la banca privada, el gobierno haya tomado  un alto porcentaje de los ahorros de los fondos de pensiones  pagándole al trabajador el  2.594% anual del 2017 al 2021 y del 4.5% anual del 2022 hasta el 2047. Solo mediante la movilización y la lucha se puede cambiar dicha realidad y exigir que la banca privada cobre intereses iguales a los que está pagando el gobierno a los trabajadores por sus ahorros de pensiones.

El gobierno todavía no tiene propuesta

Recientemente ha circulado una supuesta propuesta de reforma al sistema de pensiones, la cual  en realidad no es una propuesta de este gobierno si no una propuesta elaborada por diferentes organizaciones sindicales, la cual fue presentada a en febrero del 2020 a la Asamblea Legislativa. Dicha propuesta ha gozado de la aceptación de la población, pues  plantea en su mayoría beneficios para la clase trabajadora y la creación de  la Ley del Sistema Nacional de Pensiones, cuyo objeto es la creación del Sistema Nacional de Pensiones para los trabajadores del sector privado, público y municipal, así como para las personas mayores de setenta años, que trabajaron y no logran cumplir el tiempo laboral o que nunca cotizaron al sistema de pensiones.  Propone también crear el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (INAPS), el cual tendría…la administración del Sistema Nacional de Pensiones, destinando los recursos económicos generados por el mismo, al pago de prestaciones, para la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, de los trabajadores públicos, municipales y privados…Y estaría integrado por representantes de los trabajadores cotizantes, trabajadores pensionados, gobierno  y empresa privada.  

Esta propuesta de Ley debe ser retomada por las organizaciones sindicales, así mismo integrarse una plataforma para la transformación del sistema de pensiones  y abrir un espacio de discusión sobre la misma. A manera rápida se puede decir que el actual proyecto de Ley necesita garantizar mayor representación de los trabajadores,   estipular el periodo de todos los  representantes, que sean los  trabajadores mediante voto directo elijan al Presidente y sus demás representantes antes el INAPS y el Consejo de Vigilancia, y establecer la revocatoria de representación y del cargo a todos los miembros del INAPS y del Concejo de vigilancia que no trabajen en función de los intereses de los cotizantes y de los pensionados.

Los adultos mayores no son  el problema

Muchos han visto bien la propuesta  que las personas mayores no continúen laborando o que si están pensionadas o jubilados se le suspenda dicha beneficio,  pero en realidad no es que ellos quieran continuar laborando, son las pírricas pensiones y falta de oportunidades de empleo para los demás miembros de la familia que le obligan. En la mayoría de empleos han sido estos adultos mayores que han transmitidos sus conocimientos prácticos a las nuevas generaciones y que tuvieron que cargar con la inexperiencia del joven y sus propias responsabilidades, ahora le toca al joven. Es falso que no hay empleos debido a que los adultos no se jubilan, si no veamos la recarga laboral que existe en los diferentes centros de trabajos públicos o privados, por ello se debe exigir nuevos empleos, con salarios dignos, reducción de las jornadas laborales, reducción  de los años laborales cotizados y de la edad para pensionarse así como  mejores pensiones para las personas que se jubilaran y los pensionados. 

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