Por Concepción Elena Rodríguez

La muerte de Nathalie,  estudiante de la facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES),  destapó una serie de problemas  por los cuales atraviesan los jóvenes que después del excluyente examen de admisión de la UES logran obtener un puesto para continuar sus estudios de educación superior. Problemas como el acoso sexual, cobros indebidos, falta de calidad educativa, etc, no son exclusivos de la UES, ocurren también en las diferentes universidades privadas de El Salvador, quienes mercantilizan la educación superior. Además de las protestas y denuncias surgidas a raíz de la muerte de la estudiante de Medicina, la UES está inmersa en problemas por el no pago de salarios a trabajadores y por posibles reformas a la Ley Orgánica las cuales alterarían  el funcionamiento interno.

No al  maltrato, ni al acoso

Diferentes medios señalan la depresión  como causa del suicidio  de la estudiante,  quien   habia manifestado en una ocasión “Lo primero que me dijeron ahora al llegar al primer servicio nuevo en mi nueva rotación fue: después de siete años de medicina no sabes nada…" Lo anterior es solo una muestra de los malos tratos y violencia ejercida hacia los estudiantes que están en proceso de formación y que tiene que realizar sus prácticas en los diferentes centros médicos hospitalarios, esta es la triste realidad con la cual tienen que lidiar los estudiantes de las diferentes carreras de la Facultad de Medicina de la UES, lo cual  impacta en la salud física y mental. Por su parte los estudiantes durante la protesta manifestaron que “La humillación no es metodología de aprendizaje”, “quiero ayudar al país como buen médico, pero ustedes nos desaniman”, “la salud mental sí es un tema importante” y “mi educación no debe causarme depresión”.  El objetivo de las personas encargadas de la formación del personal médico y demás profesiones de la salud  debe ser enseñarles a los futuros profesionales, quienes en un futuro tendrán en sus manos la atención médica y hospitalaria del pueblo Salvadoreño.

La Ley debe cumplirse y ser extensiva a las demás carreras

En el 2019 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley especial para la regulación de las prácticas clínicas de los estudiantes de internado rotatorio, año social, médicos y odontólogos residentes en proceso de especialización. En dicha ley se  establece el ente regulador, derechos y deberes y otros aspectos relacionados al doctorado en medicina y odontología. En relación a esta Ley Ricardo Lara, cuestiona “.. dónde están todas esas leyes, dónde está el Instituto nacional de salud pública,.. y agrega.. se ve que el maltrato sigue siendo una realidad al interior de los hospitales, el maltrato lo podemos ver desde varios puntos de vista: está el psicológico, el sexual, actos de violencia...”  (EDH.16/03/22), siendo  mujeres las víctimas en la mayoría de casos. Dicha Ley es un  avance para los estudiantes de medicina y odontología, pero deja  fuera a los estudiantes de las demás carreras relacionadas con la atención médica hospitalaria, por lo tanto es necesario luchar para que se otorguen mejores beneficios e incluir  las otras  profesiones de la salud.

Amenazas a la autonomía de la UES

La circulación de un documento relacionado con  una aparente propuesta de reforma a la  Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (UES) y que  “…sería impulsado por el diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Javier Ayala Claros...  establece que se nombrará una Comisión de Transición que asegurará la reforma institucional integral de la UES y en forma conjunta con los titulares del Ministerio de Educación (MINED) nombrará a las nuevas autoridades universitarias… con lo cual… desaparecen los organismos que han regido el máximo centro de estudios superiores público, tal es el caso del Consejo Superior Universitario (CSU) y la Asamblea General Universitaria (AGU); además, en lo sucesivo los candidatos a rectores tendrán que ser avalados por el MINED…”(EDH.24/03/22).

Lo anterior encendió las alarmas en la comunidad universitaria y autoridades de la UES,  tuvieron que reunirse de emergencia, al respecto Juan Rosa Quintanilla, vicerrector Administrativo manifestó que “Es un documento no oficial. Y cuando digo no oficial es que no ha surgido de las autoridades universitarias, sino que recoge el interés de universitarios que seguramente han coordinado con algunos diputados de la Asamblea Legislativa, han trabajado esa propuesta…”. (EDH.24/03/22).

Pero además agregó que “…ellos ya están trabajando en la Ley Orgánica vigente para hacerle ajustes, a partir del planteamiento que el Presidente Nayib Bukele les hizo en relación a que esperaba que las reformas de la universidad surgieran de su interior y en el marco del respeto a la autonomía…”  (EDH.24/03/22), de igual manera esta la   duda: ¿a que intereses  responden  las  reformas planteadas por las actuales autoridades?ya que el actual rector  Roger Arias   en el discurso dado en el  marco del 181 años de fundación de la UES,  según medios de comunicación se acerca al del oficialismo, y  manifestó: “…Quisieran ver a la Universidad de El Salvador manifestarse en las calles, a la par de la ANEP -la Asociación Nacional de la Empresa Privada -, a la par de ARENA. ¿A cuenta de qué? Si la universidad no es chucho de finca, que cualquiera lo va a ajotar. Quisieran ver a esta institución defendiendo los intereses y los privilegios que ellos perdieron....Esta universidad se ha manifestado cuando están en riesgo las libertades, se ha manifestado cuando existen violaciones a los derechos humanos, pero no se va a manifestar para satisfacer caprichitos e intereses de nadie". (LPG.16/02/22). Si bien la UES no es chucho de finca, y no deben instrumentalizar, tampoco debe convertirse en la finca de nadie, cuando quien está al frente de esta se niega a reconocer el riesgo en que se encuentran las libertades democráticas,  plegándose  al discurso oficial. Se debe estar vigilantes de cualquier reforma venga de donde venga.

Además de las autoridades de la UES, un representante de  la Asociación Salvadoreña de Profesionales de la Universidad de El Salvador (ASPAUES), ha  manifestado que  “…le llama la atención que el documento no oficial de iniciativa de ley que ha surgido deja fuera del proceso de elección de rector al sector no profesional no docente, también al administrativo…que desaparece la autonomía administrativa en la toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo el financiero, dado que serán organismos externos de la UES los que nombrarían a funcionarios, incluso el auditor interno…”(EDH.24/03/22).

SETUES exige pago de salarios

Además de los 70 trabajadores de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador (UES-FMO),a quienes no les han pagado sus salarios de enero a marzo, existen otros cuatrocientos que también podrían verse afectados, con el pago de los salarios, en el caso de los primeros es a  “…raíz que las contrataciones son irregulares, según un examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República, en el periodo del 1 de octubre del 2016 al 31 de octubre del 2019…en el caso de los segundos es... debido a que a inicios de año la Junta Directiva no aprobó el pago de los sueldos…” (EDH.25/03/22). La Junta Directiva de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente no cuenta con los votos  de los sectores Profesional No Docente y sector Estudiantil para darle el sueldo a los 70 empleados. Por su parte el    Sindicato de Empresas de Trabajadores de la Universidad de El Salvador (SETUES), realizó acciones de hecho y exige el pago de los salarios a los trabajadores manifestando que  “El salario dignifica al trabajador y hay una retención de salarios. Hacer el llamado a los dos sectores que ellos tienen entrampado el proceso”.  (EDH.25/03/22).

Por un Foro Sindical, Estudiantil  y Popular

Al gobierno no le interesa que la juventud salvadoreña  tenga acceso a la educación superior, más pareciera que su interés  es   que los jóvenes ingresen a la fuerzas armadas. En  el  2021 el  proyecto del gobierno era pasar de  20,000 a 40,000 efectivos en cinco años. En el 2021  10,456 jóvenes presentaron solicitud de ingreso a las Fuerzas Armadas  de estos  solamente fueron  admitidos 4,935.  En materia presupuestaria para el 2022, la  FAES pasó de  $220 millones a $256.7 millones, mientras a la   UES sólo le asignaron  $123 millones.

Para el caso de la UES fueron  24,273 bachilleres que se  registraron para ingresar  en el 2022,  de estos 24,273, solo 20,387 (84 %) asistieron a la excluyente prueba de admisión, y  solo 1,098 (4.52 %) pasaron dicha prueba en la primera oportunidad, mientras 14,180 tendría una segunda oportunidad. Quedándose sin oportunidad alguna 4,882 jóvenes  bachilleres.  La  realidad es que  la UES para el 2022 solamente tenia  11,892 cupos disponibles, por lo cual las autoridades limitan bajo cualquier pretexto el acceso de  los jóvenes a la educación superior.

 La UES representa la esperanza para que la juventud salvadoreña pueda continuar los estudios de educación superior, por lo cual trabajadores, organizaciones sindicales, estudiantes, trabajadores administrativos y docentes de la UES, debemos  conformar un Foro  por la defensa de la Educación Superior y de la autonomía de la UES y luchar por:

Mayor presupuesto para la UES el cual debe garantizar el acceso a la educación superior gratuita y de calidad para todos los jóvenes debiéndose  eliminar los excluyentes exámenes de admisión.

Defensa de la autonomía Universitaria y la libertad de cátedra, venga de donde venga no se puede permitir ninguna reforma que atente contra la autonomía de la UES. Se debe democratizar la elección de los Miembros del Consejo Superior y de la Asamblea General; los estudiantes, trabajadores administrativos y trabajadores docentes deben ser quienes eligan a los miembros de dichos organismos. Toda reforma a la  Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (UES) debe ser del conocimiento, la participación, y aprobación de todos los sectores que integran la comunidad universitaria.

Denunciar y luchar contra los malos tratos, el acoso sexual y la violencia hacia los estudiantes por parte de los docentes, así mismo denunciar los  cobros  indebidos.

Por: Alberto Castro

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES), está registrada en  la historia de la República de El Salvador, por cometer actos negativos y por lo tanto carece de gestas que le decoren valor y mucho menos heroísmo, basta señalar el comienzo de la cuenta dictadura militar que dio inicio en 1931 y finalizó en 1979, pero que posterior a ello, pasó a actuar bajo parámetros de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad; aún están pendientes procesos judiciales pendiente en contra de algunos criminales de guerra que pertenecieron a  esa institución. Desde el etnocidio que casi extermina todas las comunidades nahuas en El Salvador (22 de enero-11 de julio de 1932), hasta las masacres como las del rio Sumpul (14 de mayo de 1980); El Mozote (10-11 de diciembre de 1981); y muchas otras, dan muestra del papel histórico que ha desempeñado como institución de Estado.

Los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados el 16 de enero de 1992, supusieron cambios cualitativos y cuantitativos para la FAES, en lo primero lo más significativo es cuanto a su política y doctrina que debía ser apegada a los Derechos Humanos, pasando a integrarse al remozamiento democrático en la posguerra lo cual implica sometimiento a las autoridades civiles. Cuantitativamente se impuso la reducción de efectivos militares, mediante depuración, supresión de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y servicios de inteligencia. A treinta años de los Acuerdos de Paz, la FAES ha recobrado un papel importante en la vida del país, por lo tanto, dado su reputación histórica debemos ser escépticos a ello.

¿Cómo regresaron los militares a la vida política nacional?

Fue el ex Francisco Flores quien en el año 2003 regresó los militares a las calles, lo mismo repitieron Antonio Saca, Mauricio Funes, Sánchez Cerén y ahora Nayib Bukele, cinco periodos presidenciales en 18 años de repetir la misma medida de diferentes maneras.

Lo insólito es que desde entonces las principales maras y pandillas han crecido y desarrollado al mismo ritmo que la FAES ha ido tomando mayor participación en tareas de seguridad pública, lo cual refleja que en el fondo la inseguridad favorece la aplicación militarización de la seguridad pública, pues de otra manera no podría ser posible que pese a que hace treinta años se ponía fin a una guerra civil, ahora se vitorea entre la población la presencia de efectivos militares en las calles, la aprobación no parte de un olvido de la memoria histórica, aunque mucho se podría atribuírsele al FMLN precisamente el haber sido quien profundizó la militarización y promovió  una imagen saneada de la FAES.

El visto favorable de la militarización sin resistencia se dio por la inseguridad, violencia y delincuencia de la cual aportan una gran cuota las maras y pandillas, pero quienes no son los únicos causantes.

Debemos frenar su avance

Ya vimos que hasta hace treinta años que la FAES era un actor de la vida política nacional, por lo que tenia criterio político parcial, siendo defensora primordialmente del interés de la oligarquía, ahora tiene imparcialidad en teoría mediante regulación legal, pero lo cierto es que ha cobrado mayor participación en la actividad Estatal debido a las características del actual Gobierno, dado el cambio que está teniendo el régimen de democracia burguesa al autoritarismo.

Bukele ha encontrado en los militares importantes aliados para desarrollar su proyecto, eso explica el porqué ahora hay más elementos militares desde los Acuerdos de paz, y, pese a que los EEUU recortó ayuda esto no fue impedimento para su robustez; se ha superado con  el aumento gradual en los presupuestos. Como vemos ha cobrado mayor participación en la vida política pero no cobra protagonismo pues tiene funciones determinadas, ya no hablamos solo de su injerencia en labores de seguridad pública, es útil en cualquier labor que antojadizamente disponga Bukele.

Recientemente sirvió para la confiscación y operación temporal de dos rutas de buses, esto nos demuestra que la gestión pública esta militarizada, lo demostrado en las cuarentenas por la pandemia no fue efímero y casual sino parte del plan Gubernamental basado en hacer uso ordinario de facto sobre esta institución que, como en el pasado representa una amenaza, pues es un grupo armado que representa intereses ajenos al pueblo, por lo que debemos luchar por la desmilitarización al igual que antes.

Por Rafael Martínez

El Salvador arrastra una constan ante crisis económica, la cual los gobiernos anteriores no pudieron resolver, contrario a ello terminaron endeudado más al Estado y tomando prestado  los ahorros de las pensiones de la clase trabajadora. Durante la pandemia por el COVID-19, si bien la crisis se acentuó, los precios de los combustibles bajaron y existieron  programas de asistencia social desde el gobierno central como fueron los paquetes alimenticios, bono de trescientos dólares, etc,   con lo cual  lograrían  contener  momentáneamente los efectos de la crisis y bajar presión social. En  este 2022, El Salvador se encuentra con elevados niveles de endeudamientos,  según boletín del Banco Central de Reserva a enero del  2022  preliminarmente la deuda del gobierno central ascendía a 16,969.93 millones de dólares, a la misma fecha la deuda externa rondaba por 11,161.8393 millones de dólares, a ello se le sumaria  un bajo crecimiento económico, el cual   según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)   estaría por el  3.2%, cifra  inferior al del 2021(10% ).

Unido a lo anterior están  los  elevados precios de los combustibles impactados por la invasión  de Rusia a Ucrania, lo que ha golpeado la economía de la clase trabajadora y a la clase media, todo lo anterior a llevado a un alto costo de la vida en todas las áreas,  lo cual la población está resintiendo  y a pesar de  la alta popularidad del Presidente Bukele, está llevándole a un desgaste y desencantado de la población, ante la anterior el gobierno del Presidente Bukele ha  reconocido  la crisis manifestando que…Ya estábamos en la crisis de la cadena de suministros, y ya estábamos en otras crisis, la de la pandemia. Hay tantas crisis que la gente dice, cuál crisis afecta más que otras.…el mundo se encuentra en una crisis económica. Estamos enfrentando en estos momentos una de las peores crisis que hemos visto en las últimas décadas…” (LPG. 10/03/2022). Como parte de la respuesta gubernamental anuncio una serie de medidas las cuales están oportunas, pero son insuficientes.

Reducción de los precios de los combustibles

Los precios de los combustibles han tenido constantes aumentos en estos últimos días, esto ha generado molestias en la población que se moviliza en sus propios vehículos  a sus centros de trabajo y en quienes tienen que movilizar sus productos, paliativamente para reducir los precios el gobierno anuncio la “…suspensión temporal del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) o "impuesto de guerra", con el cual se reducirán $0.16 al galón de combustible…suspensión de tres meses prorrogables de la Contribución al Transporte (COTRANS), equivalente a $0.10 por galón de combustible…se desplegarán inspectores de la Defensoría del Consumidor y de la Dirección de Minas e Hidrocarburos para supervisar las embarcaciones y gasolineras y que se mantengan octanajes, tipos y cantidad de combustible adquiridos por los usuarios…endurecer las leyes para quienes eleven precios de combustibles…”  (LPG. 10/03/2022), con ello se estaría momentáneamente frenando la elevación de los precios. Lo anterior ha permitido visibilizar la sobrecarga de impuestos hacia la clase trabajadora que compra combustible, así podemos ver que  solo con la eliminación del FEFE dejaran de recaudar  $11.52 millones  y con la eliminación del COTRANS dejar de percibir  $13.04 millones.

Además de los anteriores impuestos los combustibles tienen cargado otros impuestos como son el Impuesto al Valor Agregado  IVA (13%),  Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) ($0.20), Impuesto Especial a los Combustibles (IEC), el cual es aplicado  cuando el precio del barril de petróleo baja de los $50 no aplicado en estos momentos. Lo ideal sería que el gobierno eliminara o redujera   los impuestos de IVA y FOVIAL.

Por un menor precio al gas y un subsidio equitativo

Otro de los  aspectos que reciente la población es aumento al gas licuado, este punto ha sido también incluido  dentro de las medidas de cara a la crisis, y no es para menos, según Jorge Hernández director de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía “El 85 % de la población utiliza en sus hogares el cilindro de 25 libras, por lo que es primordial mantener una vigilancia al rubro.”. Las medidas anunciadas por el gobierno están encaminadas al establecimiento de los precios máximos de gas actualmente el precio de del cilindro de 25 libras es de $8.04, así como a la distribución de inspectores en distribuidoras de gas propano y para vigilar que estas entreguen los pesos exactos.  Dos de las medidas contempladas en el plan de contingencia consisten en mantener el subsidio al gas propano, que actualmente es de $8.04 y beneficia a más de un millón de hogares. El Gobierno absorberá el incremento de los precios internacionales, para poder conservar el precio más bajo en la región.

El subsidio está bien, es un alivio temporal; en realidad el verdadero beneficio seria la disminución de los precios, debido a que dicho subsidio es limitado y no llega a toda la población y a la larga el subsidio asegura una ganancia a los dueños de las  planta envasadora y luego es la misma clase trabajadora quien termina pagándolo por  impuestos cargados por el estado,  o al comprar la alimentación ya procesada, debido a que las personas que preparan los alimentos, las  pupuseras, tortilleras, panificadores, etc.  Ante la falta o insuficiente subsidio  para poder obtener un mínimo de ganancias que les permita subsistir y mantener el negocio se ven obligados a subir los precios o reducir el tamaño.  Ante esta crisis el gobierno debería contar con una planta estatal envasadora de gas licuado.

Canasta básica y otros rubros

Entre las acciones a tomar en cuenta por parte del gobierno en este rubro  “...se suspenderán aranceles a 20 productos durante un año: impuesto de importación o DAI a los precios de los productos; también se eliminarán aranceles al aceite, arroz, azúcar, cebollas, chile, fertilizantes, frijoles negros y rojos, harina de maíz y de trigo, leche, naranjas, maíz blanco y amarillo, papas, plátanos, repollo, tomate, trigo, alimentos para animales… se emitirá autorización de importación para agilizar la entrada de productos…” (LPG. 10/03/2022).

Además de vigilar que los precios de los productos de la canasta básica se mantenga  al momento de comprar, más que vigilar a los pequeños comerciantes, es  necesario que se vigile a   las cadenas de supermercados, ya que estos en muchos casos le compran a bajos precios a los pequeños productores agrícolas y terminan vendiéndolos a grandes precios en dichos super mercados.

 El gobierno debe tomar en cuenta al sector campesino productor se granos básicos, frutas y hortalizas, etc.,  e incentivar a la producción interna debiendo establecer un bono para quienes producen.

Transporte colectivo público y digno

Para poder transportarnos los salvadoreños hacemos uso del transporte público colectivo pero  brindado por unidades privadas,  muchas de las cuales dejaron de laboraran durante las cuarentenas por el COVID-19, el aumento de los precios de los combustibles en este 2022, les estaría golpeando nuevamente, no sería extraño que se vieran tentados a subir los precios del pasaje al ver reducidas sus ganancias. Ante posibilidad el gobierno anuncio que “…se desplegarán más agentes policiales en unidades de transporte para verificar los precios en buses y microbuses…”  (LPG.10/03/2022). A pocos días de dicho anuncio el gobierno de Bukele había capturado al empresario transportista Catalino Miranda y decomisado unidades de las rutas 42 y 152 propiedad de dicho empresario y puesto a miembros de las fuerzas armadas a suplir la necesidad de transporte hacia los sectores donde hace el recurrido dicha ruta.

Mejorar el transporte colectivo es necesidad sentida por la población, en donde se deben modernizar las unidades, la seguridad, el trato, ello en ningún momento debe significar aumentar el pasaje. Quien aumente el pasaje debe ser castigado.  Sin ánimos defender a alguien en el caso del empresario Catarino Miranda el aumento de los precios del pasaje venia desde hace años atrás, para muchos lo cuestionable es la forma como se hizo,  según Portillo Cuadra diputado de ARENA “Sí hay que hacer valer las medidas y las  leyes pero hay que cumplir los procedimientos. Eso es bien importante porque en un Estado de derecho los procedimientos determinan la forma democrática de cómo se toman las decisiones, tanto de forma gubernamental, como en la relación entre gobernantes y gobernados. Es importante que se respete la Constitución y las leyes"  (LPG. 15/03/2022). Vale señalar que si bien las unidades son propiedad privada no así las líneas,  el Estado lo que les hecho es una  concesión de dichas líneas las cuales continúan siendo públicas. Por lo tanto, en función de los intereses del pueblo trabajador el estado podría brindar el  servicio del transporte público para ello tendría que nacionalizarlo, pero no debe afectar a los personas que trabajan en dichas unidades, debe respetarle el derecho al trabajo y salario digno.

Que la crisis la paguen el gran empresariado y los altos funcionarios

El pueblo trabajador y sus organizaciones  deben  luchar por un verdadero plan anticrisis económica y democrática, puntos fundamentales son un incremento al salario de $300 en general para todos los trabajadores,  renacionalización bajo control obrero sindical de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía eléctrica, recuperación y renacionalización de empresas estatales como la producción azucarera, etc. en todos estos procesos se debe respetar la estabilidad laboral de quienes laboran en dichas empresas, fundación de nuevas empresas estatales, pero sin intervención de la empresa privada. La crisis económica no debe ser  pretexto para suprimir e irrespetar libertades y garantías democráticas, tampoco debe ser permitido hacer negocios privados  a partir de la misma crisis, ya existen antecedentes de ello en la anterior crisis sanitaria.

Por Juan Jose Martínez

Actualmente en El Salvador uno de los requisitos para poder jubilarse es tener 60 años los hombres y 55 las mujeres y haber cotizado 25 años ya sea  de forma continua o discontinua, para el caso de quienes tienen menos años cotizados al cumplir esta edad puede solicitar la devolución de  saldo. Actualmente bajo absurdos argumentos  existen propuestas que en un inicio plantean  aumentar la edad de jubilación de las mujeres la cual pasaría a los 60 años, seguramente luego aumentaría la de los hombres. De igual manera plantean aumentar el monto de cotización.

Calidad de vida y descanso digno para  quien ya trabajó

Quienes proponen aumentar los años para pensionarse argumentan que la esperanza de vida en El Salvador ha aumentado en relación a otros años, en el 2021 según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la esperanza de vida  al nacer fue de 69 años para los hombres y 78 para las mujeres. Los defensores de dicha medida juegan a su conveniencia con dicho termino ya que no toman en cuenta que la esperanza de vida de vida al nacer de quienes están laborando actualmente al momento de nacer fue inferior solo por ejemplo quienes nacieron en 1970 al momento de su nacimiento  la esperanza de vida para las mujeres fue de 58 años y la de  los hombres que fue de 52.16 años. La esperanza de vida es en el  momento de su nacimiento, por tanto ese aumento de la esperanza de vida para quienes nacieron en el 2021. También es de tomar en cuenta la calidad de vida que les espera a las personas que se jubilan, ya que la jubilación  está amarrada al tiempo laboral el cual es de 25 años. Los intereses de quienes promueven aumentar los años de jubilarse están claros cuando manifiestan que la edad de retiro debería rondar los 65 años, aproximadamente, para reducir la carga de retirarse tan joven.

La presión hacia el gobierno para que aumente los años de jubilación  es fuerte  por lo tanto como trabajadores y sindicatos se debe rechazar dicha propuesta, por el contrario se debe exigir que independientemente los años laborados los trabajadores al cumplir la edad puedan gozar de una pensión que les permita vivir dignamente. De forma encubierta la pasada Asamblea Legislativa aumento la edad y los años para jubilarse  al exigir que quienes hubiesen sacado el 25% de sus ahorros de pensiones los  paguen  o trabajar más años, por lo tanto a quienes lo hayan sacado deben eximírseles el reintegro de dicho porcentaje y si están en la edad deberán gozar de una pensión digna.

Existen muchos trabajadores laborando los cuales sobrepasan la edad y el tiempo para pensionarse pero no lo hacen debido a que en muchos casos son ellos lo que mantiene económicamente a la familia y por las míseras pensiones pagadas actualmente por las AFP.  Al respecto el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATRAMEC) manifiesta su  “…rechazo al actual sistema de pensiones que mantiene el modelo neoliberal, el cual solamente beneficia al gran capital y somete al hambre y pobreza a las y los trabajadores, es por ello que se vuelve urgente derogar la Ley SAP y aprobar un sistema público que beneficie a la clase trabajadora, con ello se lograría que cientos de trabajadores opten por disfrutar su retiro digno, mismo del cual actualmente no pueden gozar debido a las bajas pensiones que recibirían,...” (ATRAMEC. Comunicado 16/02/22). Ante lo cual dicho sindicato para él  su caso específico propone que además…de los quince días de salario básico por año trabajado… establecidos por en  el artículo 30 de la Ley del Servicio Civil  literal "B" el cual regula los montos a los el cual cuales tendrán derecho quienes  hagan uso del retiro voluntario a los comprendidos bajo el régimen del servicio civil, se...incorpore un incentivo adicional de 15 salarios del último año devengado como prestación por retiro voluntario. No debiendo suprimirse las plazas.

Que el patrón cotice más

La tasa de cotización actual a las AFP es de 15.0% de los ingresos,  de estos el trabajador aporta directamente de su salario 7.25%, mientras el empleador 7.75%, aumentar la tasa de cotización por el  momento es la segunda gran recomendación antilaboral, ya que no se dice quien pagara más. Para aumentar de manera general el fondo de pensiones lo primordial es la generación de empleos y mejorar los salarios de todos los trabajadores de la empresa privada, permitir que todos los trabajadores por cuenta propia tengan igualdad de atención y prestaciones por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social  (ISSS) y que realicen cotizaciones para su jubilación debiendo estos aportar parte de sus ingresos y otra parte de la cotización la asuma el  Estado. Se le debe cargar un impuesto previsional a las ganancias generadas  por el gran capital. La tercerización y las nuevas formas de contratación como son  los servicios profesionales y las compra de servicios en la mayoría de casos eximen al empleador que contribuya a la seguridad social por lo tanto los trabajadores contratados por dichas modalidades deben tener derecho a la seguridad social debiendo el empleador aportar a la misma.