Por Ricardo Gonzalez

En El Salvador as Organizaciones No Gubernamentales ONG´S (ONG´S) han pasado por varios periodos  desde su surgimiento hasta la fecha pasando simples organizaciones de asistencialismo a organizaciones con carácter reivindicativo y político como fue en los años del conflicto armado en donde la  misma situación económica y social unida a la falta de atención y solución a dichos problemas por parte del Estado hiso que surgieran en El Salvador una serie organizaciones para darle solución a problemas como salud, educación,  Etc., fue así como muchas de  estas organizaciones durante el conflicto existieron de hecho (sin reconocimiento jurídico) y desligadas del Estado y de sus gobiernos, durante el conflicto por su misma vinculación este grupo de organizaciones no gubernamentales  no gozaba del visto bueno del gobierno pero  aun sin personería jurídica eran sujetas de financiamiento internacional.

Sumisión al sistema y deformación política

Actualmente en El Salvador las ONG´S son reguladas por la Ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, aprobada en 1996, a pocos años de los Acuerdos de Paz entre la Guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de la ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).  Con dicha  Ley el Estado salvadoreño buscaba  garantizar a los habitantes de El Salvador el derecho de asociarse libremente… velar por la transparencia que en el manejo de sus fondos realicen estas entidades… evitándose de esta manera el cometimiento de infracciones a las leyes del país;… fomentar la participación de la sociedad civil

Muchas organizaciones no gubernamentales ligadas a la Guerrilla del FMLN tuvieron que apegarse a las nuevas condiciones políticas  nacionales e internacionales para continuar siendo sujetas a financiamiento internacional y nacional, de esta forma  dichas organizaciones  continuaron con programas de asistencialismo social y bajaron  y controlaron  la presión social hacia los gobiernos de turnos según su conveniencia. Pasando a ser a la vez un modo vivendi de quienes las dirigen ya que además de monopolizar el financiamiento internacional pasaron también a tomar fondos públicos del Estado para su funcionamiento sobre todo aquellas ONG´S relacionadas con los partidos representados en la Asamblea Legislativa.

Proyecto de Ley de Agentes Extranjeros e intervención a ONG´S

Actualmente el gobierno del Presidente Bukele busca aprobar la Ley de Agentes Extranjeros según la cual : “Por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %... prohibiendo a la vez… Realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país, proponiendo a la vez  sanciones de pena de prisión de 2 a 5 años. Lo anterior ha sido criticado por organismos internaciones y representantes de otros Estados quienes piden no sea aprobado dicho proyecto de Ley.

Tomando como pretexto la lucha contra la corrupción bajo    investigación por el delito de peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios el día 22 de noviembre fueron intervenidos los locales de  varias ONG´S entre las que se encuentran PROCOMES), Las Mélidas, FUNDASPAD, Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas "Una Mano Amiga", PRO-VIDA, Asociación de Mujeres Tecleñas, Fundación Ambientalista de Santa Ana. Según Fiscalia "las pesquisas abarcan la asignación de fondos, la ejecución de supuestos proyectos y el seguimiento que le habrían dado a los mismos para obtener más financiamiento.”  (LPG.22/11/21).

Por la defensa de Libertad de asociación y expresión

Actualmente el gobierno de Bukele libra una lucha política contra las ONG´S vinculadas a los partidos políticos  de la  oposición sobre todo FMLN, ARENA, la finalidad es cerrar toda fuente de financiamiento que les permita continuar funcionando y viviendo de la gestión de proyectos.

Todo golpe a las libertades democráticas es condenable y debe ser rechazado por el pueblo salvadoreño, es momento que las direcciones y las bases  de las diferentes organizaciones del pueblo recuperemos el verdadero espíritu de lucha y que mediante nuestras fuerzas y recursos luchemos en defensa de la democracia salvadoreña  libre de toda injerencia internacional, si bien se está de acuerdo con el deterioro de la democracia pero tampoco estaremos de acuerdo con la intervención de imperialismo. Las representantes de ONG´S que tradicionalmente han manejado la cooperación internacional es momento que democraticen el manejo de dicho fondos y  ser transparentes en el manejo de los fondos independientemente sean de la cooperación internacional o del Estado, lo anterior también es un llamado a las ONG´S vinculadas al actual gobierno.

Por Bertha Martínez

El Fondo solidario para la Salud (FOSALUD), está adscrito  al Ministerio de Salud formando parte del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), su organismos de dirección es el cual esta  integrado por: a) El Ministro de Salud Social, quien es  el Presidente, y ejercerá la representación legal del FOSALUD; b) Un representante del Coordinador Nacional del Programa Social del Gobierno; c) Un representante del Ministerio de Hacienda; d) Un representante de la Cruz Roja Salvadoreña; y, e) Un representante del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El personal de FOSALUD  se desempeña en las diferentes Unidades de Comunitarias de Salud Familiar (UCSF) las cuales brindan sus servicios de atención medica las 24 horas, es responsable de la atención prehospitalaria atraves del Sistema Nacional de Emergencias Médicas (SEM), etc. durante la pandemia por el COVID-19  los trabajadores de FOSALUD  han sido parte fundamental teniendo que lidiar con una sobre carga laboral.

SITRAFOS en pie de lucha

Recientemente el Sindicato de Trabajadores del Fondo Solidario para la Salud (SITRAFOS) el 22 de noviembre del presente año, el sindicato junto a trabajadores  realizo acciones para exigir a la Asamblea Legislativa la aprobación de  una nivelación salarial, mediante la modificación a la Ley de Salarios, con lo cual se estaría beneficiando a más de 3,000  trabajadores. Vale señalar que los trabajadores ya están recibiendo un bono, según William Najarro, secretario de organización de SITRAFOS, “Desde el año pasado, el presidente de la República tuvo a bien reconocer nuestro trabajo como empleados de primera línea ante el covid, como un reconocimiento se nos aprobó un incentivo salarial, fue valorado y avalado por el ministro de Hacienda y en junio, él lo presentó en la Asamblea Legislativa” (DEM. 22/11/21). Por otra parte Brenda Peña Secretaria General manifesto que “…han tratado durante varios años de obtener aumento salarial de los trabajadores de Fosalud, para nivelarse con los del Ministerio de Salud, pero desde la creación de la institución, los salarios no se han cambiado. "Ningún gobierno quiso aumentarles" (DEM. 22/11/21).

Lo que busca  SITRAFOS  es que el bono que actualmente está dando el gobierno sea incorporado al salario para ello deben modificarse los techos salariales lo cual están en manos de los Diputados, de esta forma el beneficio para los trabajadores serian mayor porque se veria reflejado en el pago de aguinaldo, vacaciones, nocturnas,  festivos. Etc. Por lo cual es necesario que todos los trabajadores se unan a lucha así mismo sea apoya por los demás sindicatos del sector salud.

Según la ley la carrera docente será administrada conjuntamente por los siguientes organismos:  la unidad de recursos humanos del ministerio de educación,  dirección del centro educativo,  consejo directivo escolar,  tribunal calificador,  juntas de la carrera docente y  el tribunal de la carrera docente. para el caso de los tres últimos órganos los docentes son quienes mediante votación eligen a sus representantes. este proceso  de elecciones ha sufrido cuestionamientos por no ser democrático ya que termina imponiendo a personas afines al gobierno de turno y no defienden los intereses de los docentes. para este 26 de noviembre está previsto que se realicen las elecciones para estos organismos en donde los docentes tendrán la oportunidad de votar por aquellas personas que junto a las diferentes gremiales les aseguren luchar no importando el gobierno en turno  por  defender sus  intereses económicos, sociales, culturales y laborales de los docentes, luchar contra todas aquellas autoridades violadoras de los derechos humanos y laborales, trabajar para que las plazas sean otorgada en base a ley, así mismo asegurar    pensión justa y digna para los trabajadores docentes y administrativos del ministerio de educación, entre otros.

No a las maniobras: respeto a la ley

Diferentes organizaciones de trabajadores del ministerio de educación han creado unidad en la acción, los cuales exigen transparencia y respeto al proceso de elecciones por parte de las autoridades  manifestando que el día de ayer como parte del proceso la comisión central electoral, encargada del proceso de elección de juntas y tribunales de la carrera docente se encontraban reunidos pero la reunión quedo inconclusa debido a que representantes de la asociación nacional de educadores salvadoreños (andes 21 de junio)  abandonara la comisión, por su inconformidad con el proceso momentos después también “…los representantes del ministerio dijeron que recibieron órdenes de la ministra (carla hananía de varela) para retirarse y llevarse el padrón electoral (...), porque lo iban a poner en resguardo”, (lpg.23/11/21).

la inconformidad de andes se debe a la  exclusión de sus candidatos que optaban a propietario y suplente del tribunal de la carrera docente, la exclusión se da partir que  la comisión escrutadora nacional “..concluyó que ambos buscan reelegirse, algo que está prohibido en el artículo 74 de la ley de la carrera docente…” (lpg.23/11/21).

mediante denuncias y medidas de presión los sindicatos han logrado que las elecciones se mantengan para el 26 de noviembre, recalcando el llamado  a votar por candidatos que defiendan los intereses de los docentes asi mismo  exigen que las autoridades del ministerio  respeten la  ley de la carrera docente. si la ley prohíbe la reelección la organización sindical inconforme debe respetarla y hacer unidad de acción en todos aquellos aspectos que sean en beneficio de los docentes.

Por: Salvador Belloso

La inseguridad ha sido uno de los problemas que no a dado tregua al pueblo salvadoreño, pese a que la publicidad del Gobierno de Nayib Bukele al respecto muestra enormes avances, los niveles de violencia e inseguridad siguen siendo pare de la cotidianeidad del país, hace poco se creía que esos problemas eran ocasionados directamente por la actividad delincuencial de las maras y pandillas que operan en todo el país,  por lo que se daba el beneplácito a cualquier medida represiva que combatiera frontalmente ese flagelo, pero ahora se sabe que los problemas de violencia e inseguridad  no son solamente provocados por las maras y pandillas, existen diferentes causas como el crimen organizado, entre otros, que de la militarización del país, pese a eso hoy por hoy El Salvador sigue estando igual de inseguro que antes.

Lo mismo: represión sí, prevención no

En campaña electoral Bukele en un conservatorio desarrollado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en el 2018, a dijo que su Gobierno se apegaría al trinomio: prevención, rehabilitación y represión para hacer frente a la criminalidad, cunado echó andar el Plan Control Territorial, la política de seguridad del ejecutivo lanzada a las cero horas del 20 de junio de 2019, cambio del trinomio antedicho el cual formaba parte del Plan El salvador Seguro del Gobierno antecesor (que por cierto era palabra muerta pues su enfoque estaba orientado primordialmente en la represión), por el trinomio: control de los centros penales, interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.

Las fases en el espacio y tiempo

Este plan consta de siete fases, la primera fase iba encaminada a la ‘’recuperar territorios’’, mediante la militarización de las calles, la segunda fase en la recuperación del tejido social mediante la creación de oportunidades, la fase tres fortalecer los cuerpos de seguridad con equipo y medios. En cuanto al presupuesto económico para la andadura de las fases, tenemos que para la primera fase en un inicio el Ministerio de Hacienda había proyectado el gasto de $34 millones de dolares en el año 2019, pero se elevó a $71 millones entre el 2020 a 2021, principalmente el Gobierno previó 22 municipios para la implementación de la fase, los cuales tiene una alta presencia de criminalidad, en total son $106.7 millones para esta fase por el momento. La fase dos enfocada en el tejido social como bien cabe decir, en el 2019 tuvo el aval el Gobierno de parte de la Asamblea Legislativa de negociar el préstamo de $91 millones, el problema ha sido que al estar sujeto de aprobación le implicó retrasos, esta fase contempla en económica $158 millones en inversión social en 2019; $69.5 millones en 2020, el foco de seguridad se colocó sobre las zonas m{as violentas y peligrosas que importa el 64% de homicidios y feminicidios concentrados en 25 municipios. ; y $30.9 millones para 2021, en total hacen $258.4 millones para esta fase. La fase tres ha requerido la inyección de $109 millones en 2020, y $89.4 millones para 2021, obtenidos mediante crédito, donaciones y fondo general de la nación.

Los centros penales como enfoqué táctico

El punto de tira y encoje para la implementación de los panes de seguridad han sido los recintos carcelarios, esto porque es allí donde está el estado mayor de las maras y pandillas, allí se ha presionado y se ha negocia, en tal sentido todo comenzó con el traslado de reos de las principales pandillas para ser ubicadas en el mismo lugar, contrario a lo anterior donde estaban separadas para evitar enfrentamientos entre sus miembros ‘’Se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas en las mismas celdas, en todos los centros penales de seguridad. ¿El estado se respeta!’’. Decía el corrupto Directo General de Centros Penales , Osiris Luna. Se inhabilitó el servicio telefónico en los centros penales y sus alrededores con el propósito de evitar la comunicación desde el interior del recinto hacia el exterior, el cierre de cárceles no ha obedecido a  condiciones cuantitativas pues la población de los recintos sigue elevándose, la capacidad actual es para 18.051 reclusos pero ya se supera los 38, 000. La presión del Gobierno ofertada en la mesa es: hacinamientos o ampliaciones y liberaciones.