Por: Alberto Castro.

Nadie habría imaginado que entrado el 2022 las ilusiones de la mayor parte de la población salvadoreña, alimentada constantemente por la propaganda gubernamental llegaría a un tope donde  Nayib Bukele, está obligado a pasar de las maquetas y anuncios publicitarios a verdaderas respuestas en materia económica, pues El Salvador está en muy mala situación financiera, esto sin importar como se disfrace la realidad mediante espacios publicitarios.

Ha pasado el momento de las proyecciones de crecimiento excesivamente alteradas (10%) que auguraron un 10% luego de una década de crecer por debajo del resto de países del istmo, la entrada del Bitcóin en su momento supuso ser el medio que dinamizaría la economía y sería una alternativa a las dificultades de acceso financiero, sin embargo de las proyecciones y expectativas hemos llegado a la cruda realidad que tenemos a inicios de 2022: escasas opciones de financiamiento, crisis fiscal, déficit del Producto Interno Bruto (PIB), y la caída de criptomonedas que cae como balde de agua fría.

¿Cómo obtener financiamiento ante las adversidades?

La búsqueda de soluciones es un quebradero de cabeza en estos momentos, dicho esto no se trata de conciliar con este Gobierno sino aclarar que El Salvador tiene necesidades financieras tan grandes como también son los riesgos país que en los últimos meses alcanzó el 15%, colocándolo con el riesgo país más alto en Centroamérica y el tercer más alto de Latinoamérica, el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes ( EMBI, por sus siglas en inglés), en los últimos tres meses de 2021 y a inicios de 2022 se incrementó, por el ritmo que trae es posible que incluso crezca más, esto afecta en el sentido que dicho indicador es una orientación a los inversionistas internacionales a la hora de invertir.

El Salvador está señalado como un Estado con riesgos de caer en el impago de la deuda soberana, dicho sea de paso es preciso advertir que la deuda es cargada sobre el mismo pueblo. Estamos a merced de los movimientos especulativos financieros que se hacen a nivel internacional, por otro lado para cubrir la deuda pública el Gobierno que se caracteriza por su falta de transparencia debe lidiar con el pago de deuda y captación de fondos que no es posible sino mediante préstamos.

Al carecer de una moneda local en circulación no es posible gestionar maniobras económicas al igual que hacen los demás países del istmo, las otras formas de financiamiento mediante la emisión de Letras del Tesoro (LETES), y Certificados del Tesoro (CETES), que suponen ser un auxilio para en determinados momentos sanear dificultades fiscales, desde los Gobiernos del FMLN son una  fuente de financiamiento muy recurrente para cubrir el gasto público, en el 2020 se incrementaron en un 40%, siendo un fuerte agregado a la deuda de El Salvador.

Justo aquí donde cabe la interrogante sobre cómo afrontar el pago de la deuda pública, las opciones son variopintas pero la más perjudicial sería que destinara fondos públicos para sanearla, otra podría ser mediante otros préstamos, lo correcto sería definir una política fiscal sostenida por una reforma legal que implique mayor pago de tributos por el gran empresariado local y transnacional, pero que bajo ningún debe cargarse por medio del aumento al IVA, como sabemos es la manera legal que tienen los capitalistas de evadir impuestos al distribuirlo entre el pueblo, esto se corrobora con los propios datos oficiales donde se presenta un aumento del 51% de la recaudación fiscal donde el tributo que más aporta es el IVA que subió el 36.2%, más o menos $676 millones más que 2020. Otra vía puede ser atrae atraer inversionistas bajo acuerdos que impliquen concesiones con beneficios fiscales o de soberanía, el Bitcoincity es un ejemplo de tal empresa.

Deuda a corto plazo y limitaciones con los acreedores

Como podemos apreciar los problemas con las finanzas pasan por la gestión de administrar los riesgos de refinanciamiento de deuda elevada a corto plazo donde tienen mucho aporte los LETES y CETES, lo que obliga a buscar préstamos a bajo interés para sanear la deuda a corto plazo, deuda que por cierto supera el 85% del PIB, conseguir préstamos a bajo interés es posible principalmente con el Fondo Monetario Internacional  (FMI), el problema radica en que por el momento el Gobierno salvadoreño pasa por tener mala relación con los EEUU, donde éste tiene enorme influencia lo cual dificulta que se obtenga en amplias garantías, eso por un lado por otro las obligaciones que debe asumir El Salvador como deudor implican que debe rendir cuentas de la destinación y gastos de dichos fondos, lo cual no se apega a este Gobierno.

Volviendo a los bonos tomemos como ejemplo el que vence en 2023, este se comercializó a finales de 2021 entre 80.3 y 8.7 millones dando como ganancia el 29.6 % a quien lo compra, de modo que tal y como hemos venido desarrollando en este artículo, ante el riesgo país los inversionistas solo se arriesgan si se eleva la ganancia, esta es una garantía como acreedores que imponen al país que urge de financiamiento a corto plazo pero ofrece bonos en caída libre, poner en el mercado emisiones de deuda a corto plazo teniendo bajas calificaciones implica hacerlo con bonos a la baja y con intereses que rondan el 15%.

Pero lo peor no termina con lo antes expuesto, pues en propia voz oficial se sabe que existe un déficit presupuestario de $498 millones, además de esto se requieren de $800 millones para hacer efectivo el pago de eurobonos que vencen justamente dentro de un año, la oposición atribuye la caída de bonos a la situación política salvadoreña, como hemos venido contemplando son muchas las matices del problema de financiamiento, como los aspectos meramente de gestión financiera que se han expuesto, la política se relaciona recíprocamente con la economía, en este sentido los movimientos financieros están dotados de influencia política en el escenario de las relaciones de fuerza, no es posible tratar la economía como un fenómeno aislado.

El proyecto de paraíso Bitcoin.

El Bitcoin en un inicio supuso ser una alternativa ante los problemas de financiamiento y acceso financiero local que hemos estado esbozando, el Gobierno ha “apostado" en el amplio sentido de la expresión, al haber legalizado su circulación y promovido el uso mediante un estímulo de $30 en la billetera local llamada Chivowallet, lo cuestionable es la forma neoliberal de esta gestión,  pues se creó una empresa de propiedad privada con fondos públicos, es decir, no es estatal, he aquí lo inapropiado de este proyecto.

En la práctica la chivowallet no ha llegado a tener el uso esperado, las transacciones y pagos se hacen en dólares estadounidenses, de manera muy aislada el bitcoin encuentra eco con usuarios que minan criptomonedas, fuera de eso solo existe en la propaganda. Aunque si bien, esto no es un revés para Bukele, su visión va en el sentido de hacer del bitcoin la principal alternativa financiamiento, para lograrlo ha visionado el minado de ésta criptomoneda a gran escala a través de energía geotérmica del volcán Conchagua y la construcción de una metrópoli para convertirla en el paraíso fiscal bitcoiner  con esto la economía salvadoreña descansaría sobre la emisión de bonos bitcoin, en este sentido anunció en noviembre la emisión de un bono de mil millones en bitcoin para enero 2022, lo cual irá en función de construir Ciudad Bitcoin y comprar más tokens, pero la fecha se ha modificado, de acuerdo al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, la emisión se hará entre febrero y marzo 2022.

A tener en cuenta de cara al futuro

Hemos desarrollado de una manera sencilla y fácil de entender parte de la situación actual de la economía para así prever el panorama económico en el futuro inmediato, donde se visualiza negativamente una mejora para el pueblo salvadoreño. Dicho esto es momento oportuno para plantearnos si ante los problemas económicos y dificultades de financiamiento puede sostenerse una dictadura, no sin antes aclarar si acaso ya estamos en una y si por consiguiente puede seguirse sosteniendo.

Nayib Bukele desde un principio tenía previsto hacerse del control de la institucionalidad del Estado, el 1 de mayo 2019 dio un enorme avance gracias al control legislativo logrado con apoyo popular, con la Asamblea Legislativa asaltó la Sala de lo Constitucional y Fiscalía General de la República, luego la reforma judicial le ha servido para sacudirse a la vieja burocracia de la judicatura que por décadas estableció nexos políticos con el desplomado bipartidismo, así ha preparado el terreno para dirigir políticamente al Órgano Judicial, tiene a su merced la dirección de las tres funciones estatales, pero eso no significa que sea ya un dictador.

Para comprender el régimen actual es necesario retrotraer el momento en que emergió Bukele, como veremos coincide con el contexto de caída y hartazgo popular hacis el bipartidismo, sin esta condición no podría haber sucedido lo que ha ocurrido. La crisis del bipartidismo pudo ser superada por la democracia burguesa al brindarle al pueblo una alternativa pulcra en Bukele, el cual si bien tiene el aparato estatal bajo su dirección, sin embargo sigue sosteniendo las mismas instituciones de democracia burguesa, por lo que lo más adecuado para caracterizar al régimen es el de etapa transitoria del régimen democrático burgués al bonapartismo sui generis que está en una etapa de consolidación, aunque eso no quiere decir que pueda transformarse en una dictadura; se han establecido condiciones. El régimen se apoya en su masa de fanáticos, al respaldarse en el apoyo popular debe dar amplias concesiones de carácter popular, por lo cual necesariamente requiere de base económica para poder dar y seguirse sosteniendo, es aquí donde puede revestirse la situación que hasta el momento le ha sido favorable, cuando no pueda sostener el poder en el apoyo popular lo hará con el brazo militar.

Por: Alberto Castro

Recientemente volvió a producirse una marcha que, al igual que las del 15 de septiembre y 17 de octubre, tiene en común oposición hacia algunas de las políticas públicas del presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele, quien como podemos ver dispone del poder formal del Estado, quien además presume de tener el apoyo de la mayor parte de la población salvadoreña, tiene frente a un contrincante en gestación, al cual para desvirtuar tanto su existencia como sus criticas ha recurrido cobardemente a situarlo junto a la incipiente  oposición de las odiadas fuerzas políticas que aun hacen presencia en la Asamblea Legislativa quienes anteriormente fueran los pilares del bipartidismo que anduvo a sus anchas durante tres décadas; los principales causantes del hartazgo popular que dio luz verde al Gobierno de Bukele al cual llaman dictadura sin hacerse responsables de su corresponsabilidad.

La marcha del 12 de Diciembre refleja continuidad

El domingo 12 de diciembre la concentración se realizó en el Parque Cuscatlan desde allí partió rumbo  a la Plaza Gerardo Barrios, lugar donde se coloró la concentración final, pese a que al igual que en las marchas anteriores, hubo intento de boicot por parte del Gobierno al retener unidades de transporte mediante militares y policías, sin embargo aunque pudo reducir otra vez el conglomerado de personas,  sin embargo no impidió que se produjera la marcha que dicho sea de paso es una acción popular directamente contra acciones dictatoriales de su Gobierno, ya que aunque si bien no es un cruel tirano, todavía, ya sentó bases para actuar sin medidas.

Durante la marcha esta vez se condenaron violaciones a los Derechos Humanos, violación hacia Derechos Constitucionales, fallo del plan de seguridad y represión contra la juventud de los sectores populares, la corrupción que a todas luces  se muestra entre sus funcionarios, y se rechazó otra vez el fracaso del BITCOIN, sobre ello es necesario que se defina una postura clara que permita aglutinar para fortalecer al núcleo unificado, donde se imponen reivindicaciones políticas un tanto contaminadas de patriotismo, el problema acá es que aunque tengan  fundamentos racionales, sin embargo no es suficiente para luchar contra el autoritarismo, es necesario recoger demandas populares que voces se sabe cuáles son, por ejemplo el alza de los precios de la canasta básica, vivienda, salud, educación, etc, en concreto repeler el remozamiento neoliberal que envuelve cada una de las acciones públicas de este Gobierno.

El oportunismo del FMLN está presente

Es meritorio dar legitimidad de las marchas que hasta ahora han acontecido a la acción popular, y rechazar rotundamente las burlas de Bukele  quien intenta pasar pagina atribuyéndole esta acción a la oposición y al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, con eso sus fanáticos tienen los insumos para reproducir los ataques y atacar al segmento del pueblo consiente que no compra mentiras, no obstante es necesario advertir que FMLN quien ya no tiene ni la fuerza ni el protagonismo de antes, al contemplar este escenario intenta ponerse al frente lo cual es un peligro tan grande como la reacción misma, ya que le da credibilidad a las calumnias de Bukele y resta apoyo por parte de quienes detestan a ese partido que busca volver a ponerse la camisa de izquierda, si, después de remozar en dos periodos gubernamentales este sistema capitalista y al modelo neoliberal en favor de sectores de la burguesía ascendente y en detrimento de la clase trabajadora y pueblo salvadoreño, ahora derrotado y herido quiere vincularse a las acciones populares, esto debemos impedirlo.

Busquemos lazos de unidad

Si el FMLN está buscando cooptar el descontento social en desarrollo, se debe a la ausencia de la izquierda revolucionaria debidamente compenetrada, los resquicios de la sobrevivencia en tiempos donde la izquierda reformista  en el FMLN tuvo el Ejecutivo nos aqueja, por lo que debemos dejar a un lado el sectarismo y despojarnos de los vicios oportunistas y procurar establecer unidad en lucha para afrontar esta nueva etapa donde tenemos una dictadura en pleno acomodamiento.

Por Rebeca Solís

En El Salvador los antecedentes más próximos a los servicios de seguridad privada se remontan a los Serenos los cuales llegaron a tener una relación Orgánica con los cuerpos de seguridad pública por ello fueron incorporadas en los Acuerdos de Paz de 1992  firmados entre la Guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  (FMLN)  y el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA), señalando en dichos Acuerdos la necesidad de regular los servicios  de seguridad privada para ello…Todas aquellas entidades, grupos o personas que prestan servicios de seguridad o protección a particulares, empresas o instituciones estatales, a fin de garantizar la diafanidad de sus actividades así como su estricta sujeción a la legalidad y el respeto a los derechos humanos” es por ello que  en 1994 entró en vigencia la primera Ley relacionada con los servicios de seguridad privada, la cual fue deroga en 2000 al entrar en vigencia la nueva Ley de los Servicios Privados de Seguridad, la cual  pretende modificar la actual Asamblea Legislativa.

La industria privada de la seguridad

Los gobiernos  no han podido garantizar al pueblo salvadoreño trabajo, salarios dignos, educación, etc, lo que ha generado una mayor migración así como también aumentos de la violencia y la delincuencia,  lo que ha traído mayor  inseguridad, situación que ha  aumentado la demanda de contratación de servicios de seguridad privada.

Entre las entidades de venta  de servicios privados de seguridad están: agencias o empresas propiedad de personas naturales o jurídicas de carácter privado, las asociaciones de vigilantes y vigilantes independientes,  agencias de investigación privada, servicios propios de seguridad de las empresas o personas.

Personas  provenientes de las fuerzas armadas gubernamentales, así como también  de  la guerrilla del FMLN  y vinculadas a los gobiernos de turno  han sabido explotar a su favor el aumento de la inseguridad  creando para ello en la mayoría de casos empresas o agencias de seguridad, de las cuales inicialmente la mano de obra o empleados provenían en su mayoría  de los desmovilizados de los cuerpos de seguridad o excombatientes de la guerrilla, dicha composición de la fuerza de trabajo a la fecha ha cambiando,  debido a que ante la falta de empleos muchas personas  lo ven como una opción. 

Los dueños de estas empresas además de vender los servicios de seguridad a la empresa privada, también han aprovechado a su favor la privatización de muchos servicios de las instituciones del estado entre ellos los de seguridad, por los cual el estado  les ha pagado grandes cantidades de dinero mientras ellos pagan pírricos salarios a sus trabajadores, gran parte de los  dueños de las empresas privadas de seguridad han tenido interrelaciones políticas con los partidos políticos  que gobiernan por lo cual son ellos a quienes les terminan otorgando los contratos, solo a manera de ejemplo de los gobiernos anteriores están: SERCONSE ( ARENA), COSASE ( FMLN).

Actualmente la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS) “… aglutina a 82 empresas de seguridad, de un total de 432 registradas en El Salvador; y dan servicio a unos 18 mil clientes.”.

Que se mantengan los beneficios para los trabajadores 

Desde meses anteriores los Diputados de la Asamblea Legislativa discuten una serie de reformas a la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada en El Salvador, la propuesta inicial   contemplaba   beneficios para los trabajadores de seguridad, entre los cuales se podría mencionar: “…Seguros de vida para los agentes de seguridad que no podrán ser costeados por el trabajador…No pagar el seguro de vida por muerte o invalidez sería infracción muy grave de las empresas, castigadas con multas entre 41 y 80 salarios mínimos mensuales del sector servicios, es decir, entre $14,965 y $29,200…Serían infracciones muy graves no conceder pausas alimenticias a los agentes, lo adecuar espacios físicos con ventilación e iluminación y ergonómicos a los trabajadores, no conceder pausas y condiciones para necesidades fisiológicas de los trabajadores, no cumplir las jornadas de 8 horas diarias y 44 horas semanales en jornada diurna; o 7 horas diarias y 36 horas semanales en jornada nocturna…Serían infracciones graves el maltrato verbal, discriminación, no dar permisos para consultas médicas o no dar insumos de trabajo...” (DEM. 4/12/2021).

De todos estos puntos que beneficiarían a los trabajadores  la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada (UNASP) ha centrado su atención en lo relacionado al cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas, manifestado que “… entre las reformas que se buscan implementar se encuentra establecer jornadas de trabajo de ocho horas máximo y hasta cuatro horas extra diarias, en lugar de los turnos de 12 y 24 horas que realizan la mayoría de vigilantes privados. Planteado que ... pagando el salario mínimo más horas extras diarias", un vigilante que labore su jornada de ocho horas más cuatro extras para cumplir con un total de 12 horas al día estaría devengando al mes un total de $1,023.” (LPG. 10/09/2021). Mientras actualmente devengan en la mayoría de casos $350.

Al argumentar su posición han dejado al descubierto el negocio que representa para dichas empresas ya que según la misma UNASP “…antes del incremento al salario mínimo, cuando este era de $300, las empresas cobraban a sus clientes un promedio de $836 mensuales por el turno de 24 horas, y con el aumento al salario mínimo actualmente se cobra entre $1,000 y $1,600.” (LPG. 10/09/2021). Ahí se puede ver con cuanto se quedan los dueños de la empresa, mientras mantienen salarios muy bajos a sus trabajadores y les violentan sus derechos laborales.

LA UNASP y Diputados juegan con los trabajadores

La propuesta de la UNASP es continuar pagándoles a los vigilantes el salario mínimo  mantener  los turnos de  24 horas, no pagar  horas extra y  dar un bono entre  $100 y  $200,  mensuales en concepto de transporte y alimentación, lo  anterior pareciera ya fue acordado entre los representantes de dichas empresas y los Diputados.

El anunció de la Ley ya logró su cometido mediático, de mostrarse como los redentores de dicho sector, pero  si bien mantendrá ciertos aspectos,  los dueños de las empresas continuarán quedándose con la mayoría de lo que cobran por dichos servicios y seguramente les permitirán continuar con la sobrexplotación. Los Diputados han cedido en unos de los puntos fundamentales que implicaba una verdadera defensa de los trabajadores, así mismo han cambiado su discurso; al respecto Héctor Sales,  de Nuevas Ideas manifestó: No podemos correr en este momento y, con la idea de sacar ya la ley dejar una ley que pueda beneficiar a unos pocos y afectar a una gran mayoría. Podríamos beneficiar a 10,000 agentes de seguridad pero pudiera tener por consecuencia tener algunos despidos” (DEM.4/12/2021). Pareciera que la UNASP ha logrado su función, de defender los intereses económicos de dichos empresarios.

Mined violenta Ley

No se sabe cuales serán los resultados finales de las consultas realizadas por los Diputados. Mientras estas consultas se realizan a manera de ejemplo se puede ver como el Ministerio de Educación está realizando maniobras en contra de las personas adultas mayores que trabajan en las empresas y  violenta la Ley de los Servicios Privados de Seguridad  al imponer como requisitos en los perfiles de contratación de dichas empresas edades entre 19 y 50 años,… educación de 9° Grado como mínimo, experiencia de 2 años de experiencia en puestos similares.

Lo anterior es violatorio a la misma Ley de los Servicios Privados de Seguridad la cual establece en el Artículo 20: El personal contratado por las agencias o empresas de seguridad, para desempeñarse como agente de seguridad privada deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Ser salvadoreño o extranjero con residencia definitiva y cuando opere el principio de reciprocidad; b. Ser mayor de 18 años de edad; c. Poseer un nivel de estudios no menor de sexto grado. Al imponer dichos requisitos por fuera de la ley podría llevar a despidos de agentes por parte de los dueños de las empresas, sobre todo personas mayores.

Por un plan de lucha

Es necesario el fortalecimiento de todos los sindicatos que existen en el sector de seguridad privada, por lo cual los trabajadores de la seguridad privada deben afiliarse a los ya existentes o en caso necesario crear otros sindicatos, y  unidos se conforme una coordinadora sindical en dicho sector. Se debe exigir que  la Ley de los Servicios Privados de Seguridad que se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa prevalezca los intereses de los trabajadores y no la de los empresarios. Si en realidad los Diputados quieren el beneficio para los trabajadores deben hacer que todos aquellos trabajadores que brindan sus servicios de seguridad privada en dichas instituciones, pasen a ser empleados de dichas instituciones, lo que significaría un ahorro para  el mismo Estado y gran beneficio para los trabajadores.

La seguridad en las instituciones del Estado debe continuar siendo brindada por civiles por lo cual los sindicatos de dichas  instituciones   deben luchar para evitar todo intento de militarización de la seguridad.

Por: Alberto Castro

Es evidente que los grandes problemas que afectan a la mayor parte de salvadoreños va en sentido contrario a lo que el presidente de la República, Nayib Bukele, proyecta ante la publicidad pagada, pues desde afuera sin un análisis serio fácilmente puede creerse que este país de pronto se convirtió en uno desarrollado, un Qatar del istmo, cosa más risible ya que ni siquiera está por serlo, justamente lo contrario.  De acuerdo al informe del año pasado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador tiene su índice de desarrollo humano estancado, sigue estando en el puesto 124 por tercer año consecutivo, las probabilidades que esto haya cambiado a grandes rasgos en un año es difícil.

El Salvador sigue teniendo la inseguridad a tope al igual que hace muchos años, la canasta básica va en alza, los servicios básicos del Estado siguen sin dar cobertura eficiente, el sistema de salud pública, la educación y la vivienda actualmente son ajustados a la medida de las agendas que los organismos financieros internacionales le imponen al Ejecutivo (pese a que públicamente enaltece el sentimiento nacionalista, esto por las diferencias con los EEUU),  pero el presidente pasa página de la realidad  vendiendo humo, esta vez con el anuncio de la construcción de Bitcoin City, veamos de que se trata.

El impulso exacerbado del Bitcoin

El 21 de noviembre Nayib Bukele anunció la primera ciudad Bitcoin a nivel mundial, que se situaría en lo que es la zona costera entre La Unión y Conchagua, financiada inicialmente con fondos Bitcoin, la cual contará con plazas comerciales, restaurantes, residencias, una plaza central en forma de Bitcoin  e incluso un aeropuerto, ahora bien, al margen de características de la infraestructura urbana, resalta lo que está en el fondo que viene a ser el objetivo general de este proyecto, se trata de hacer del mismo un paraíso fiscal, siendo el único impuesto obligatorio el Impuesto al Valor Agreegado (IVA), de manera que serán exonerados todos los demás, ‘’Los únicos impuesto que va tener Bitcoin City es el IVA, la mitad se usará para pagar los bonos de la municipalidad y los demás para la infraestructura pública y el mantenimiento de la ciudad’’, dijo.

El presidente ha pasado de apostar por el Bitcoin a aferrarse a esta criptomoneda como su única salvación. El Salvador deba buscar alternativas ante la imposibilidad de hacer maniobras con la moneda local fuera de circulación, depende del dólar estadounidense, por otro lado en el último trimestre las letes y cejes ha ido en caída libre al mismo tiempo que el sistema financiero local ha reducido la de compra ante el riesgo país,  por todas estas circunstancias se hace entendible que, pese a que el Bitcoin no ha tenido un gran impacto más allá de la propaganda que así lo hacer ver, sin embargo se haya vuelto un auxilio económico de presente y futuro, desde el Ejecutivo se espera que la bitcoinización se concrete al grado que su circulación empareje y supere al mismo dólar, desde octubre El Salvador inició la minería Bitcoin por medio de energía geotérmica.

¿Paraíso fiscal?

Lo que no se asimila es que la alternativa económica pase por un laboratorio de paraíso fiscal para desde allí lograr que se fomente y generalice el Bitcoin, porque pasa por concesionar a determinados individuos y empresas un refugio descarado  donde se pueda depositar capitales en cuentas opacas gracias a la generosidad que las criptomonedas ofrecen, lo cual vendría a ser el instrumento que permita la redistribución de las rentas del trabajo y ciudadanía en general hacia el capital transnacional.

Lo novedoso del Bitcoin City radia en que ser la primera en su especie; criptociudad, pero la idea general no tiene nada de innovador, el proyecto es como cualquier otro paraíso fiscal, un lugar donde los grupos económicos operan teniendo como eje la corrupción, el sigilo bancario, velo societario, etc. Algo tan alejado de la inmensa población salvadoreña, por lo que los trabajadores y pueblo salvadoreño no debemos celebrar tal iniciativa, por el contrario, debemos combatirla y demandar al Gobierno soluciones reales para la inmensa mayoría, ignora las necesidades populares mientras prepara alianzas con cierto capital transnacional.